Portada » Historia » Transición y Democracia en España: Desde Adolfo Suárez hasta el 11M
El declive del gobierno de Adolfo Suárez se debió a múltiples factores: el aumento del paro, la violencia perpetrada por ETA en sus atentados, la presión de la oposición de izquierda, las conspiraciones militares, las traiciones dentro de su propio partido y el abandono de los poderes fácticos. Todos estos sucesos llevaron a la dimisión de Suárez el 29 de enero de 1981.
Los ánimos en el ejército eran tensos, y esa tensión aumentaba ante la actividad de ETA y la aprobación de los Estatutos de Autonomía en el País Vasco y Cataluña. La ultraderecha pedía una insurrección. El golpe se inició después de las 6 de la tarde, cuando Tejero, junto con un grupo de guardias civiles, entró en el Congreso secuestrando a los diputados y anunciando una superioridad militar para hacerse cargo de la situación. Las horas pasaban, y el tiempo estaba en contra de los golpistas, que tenían pocas esperanzas. El golpe fracasó, pero evidenció la fragilidad de la democracia española.
El 24 de febrero, Calvo Sotelo fue nombrado presidente de un gobierno presidido por la UCD. Durante esta etapa, tuvo lugar la aprobación de varios Estatutos de Autonomía, produciéndose una transferencia de competencias del gobierno central a las Comunidades Autónomas. En 1981, se produjo la aparición del SIDA y se aprobó la ley del divorcio. Una de las últimas medidas de Calvo Sotelo fue el ingreso de España en la OTAN, que era la antesala al ingreso en la CEE. Calvo Sotelo convocó elecciones anticipadas el 28 de octubre de 1982, lo que pondría fin a la etapa centrista e inauguraría la etapa socialista.
Se implementaron medidas como la devaluación de la peseta, la subida de los tipos de interés y el aumento de los impuestos. La más destacada fue el proceso de reconversión industrial, que conllevó el cierre de empresas siderometalúrgicas no rentables. Se expropió el holding de Rumasa. El objetivo era sanear la economía, pero fueron recetas duras, y tras dos años de ajustes, el crecimiento económico sería espectacular en la segunda mitad de los ochenta.
Se reformaron las Fuerzas Armadas para evitar nuevos golpes de Estado y los Cuerpos de Seguridad del Estado para que fueran eficaces en la lucha contra ETA. Se aprobó la LODE, la nueva ley educativa que creaba los consejos escolares en los centros, y se reformó el funcionamiento de las universidades para aumentar su autonomía. Se reformó la justicia, pero la ley más polémica fue la de despenalización del aborto, que fue contestada por la derecha y la Iglesia católica.
Se produjo la incorporación a la CEE (actual UE) el 1 de enero de 1986. El PSOE dio un gran viraje político respecto a la permanencia en la OTAN: Felipe González pasó del «no a la OTAN» a apoyar la permanencia en este organismo. Se celebró un referéndum y ganó el «sí».
El PSOE repitió mayoría en las elecciones de 1986. Manuel Fraga renunció como líder, abriéndose una larga crisis que acabó con la elección de José María Aznar en 1989. IU estuvo dirigida por Julio Anguita. Se configuró el Estado autonómico, pero lo más destacado fue el crecimiento económico, motivado por las medidas tomadas en la legislatura anterior. Sin embargo, aumentaron las desigualdades sociales y el paro, hechos denunciados por los sindicatos, que el 14 de diciembre de 1988 convocaron una huelga general.
El gobierno volvió a ganar por mayoría, pero con un descenso en el número de votantes. España organizó la EXPO de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona. En 1992, seguía el crecimiento económico, lo que permitió completar los planes de carreteras y dotaciones sociales. A partir de 1993, se inició una crisis económica que afectó a España debido a las inversiones de 1992. Se hundió el consumo, se disparó la inflación, etc. España participó en la Guerra del Golfo en 1991. En la lucha antiterrorista, el gobierno se vio beneficiado por la ayuda francesa y por la unión de las fuerzas políticas. Sin embargo, estalló el caso GAL, un grupo armado anti-ETA formado por policías y mercenarios que salió a la luz pública.
Algunos casos fueron financieros, otros venían de la etapa anterior, pero el que más desprestigió al gobierno fue el de Luis Roldán, acusado de una estafa millonaria al cobrar comisiones ilegales por contratar obra pública en cuarteles. El último fue la identificación de los cadáveres de los etarras Lasa y Zabala, secuestrados, torturados y asesinados, cuyas pruebas apuntaban a miembros de la Guardia Civil.
Se cedió el 30% del IRPF a las Comunidades Autónomas. Se aplicó un programa de privatización de Repsol y Telefónica, inspirado en una ideología neoliberal y en la necesidad de cumplir con los criterios de convergencia económica del Tratado de Maastricht para avanzar hacia la moneda única europea. ETA declaró una tregua en 1998 tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco en julio de 1997, y se llegó a formar un frente único a favor de la independencia. Esto provocó la ruptura del gobierno de Aznar con el PNV. También se llevó a cabo un proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas, con una reducción de efectivos.
El 12 de marzo del 2000, se celebraron elecciones generales que dieron la victoria al PP con 183 diputados. El gobierno de Aznar aprobó la financiación autonómica, pero fueron muy discutidas la Ley de Extranjería, el Plan Hidrológico Nacional (PHN), la Ley de Universidades, la LOCE y el apoyo a EE. UU. en la guerra de Irak, que fue contestado con manifestaciones en la calle. El PSOE inició una reestructuración. José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido nuevo líder, y el 1 de enero de 2002 se puso en circulación el euro. Las elecciones de 2004 dieron la mayoría a Zapatero, con 164 diputados frente a los 148 del PP. El 17 de abril fue nombrado presidente del Gobierno.
La Cumbre de las Azores fue una reunión celebrada en la isla de las Azores el 16 de marzo de 2003 entre los presidentes de EE. UU., Reino Unido, España y Portugal, previa a la invasión de Irak de 2003. En ella se adoptó la decisión de lanzar un ultimátum de 24 horas al régimen iraquí, encabezado por Saddam Hussein, para su desarme bajo amenaza de declaración de guerra. Esto desembocó en la invasión de Irak por una coalición internacional de países sin el respaldo explícito de la ONU.
Los atentados del 11 de marzo de 2004, conocidos como 11M, fueron una serie de ataques terroristas en cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid llevados a cabo por una célula terrorista de tipo yihadista, tal como reveló la posterior investigación policial, sentenció la Audiencia Nacional y reiteró el Tribunal Supremo. Fallecieron 193 personas y alrededor de dos mil resultaron heridas. Los atentados se produjeron tres días antes de las elecciones generales de 2004. Los dos principales partidos políticos españoles —Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español— se acusaron mutuamente de ocultar información relativa a los atentados por razones electorales.