Portada » Historia » Sexenio Revolucionario: Orígenes, Desarrollo y Legado (1868-1874)
El origen del Sexenio Revolucionario se remonta al 19 de septiembre de 1868, fecha en la que la escuadra concentrada en la bahía de Cádiz se sublevó contra el gobierno de Isabel II. Al mismo tiempo, Juan Prim se unió a los rebeldes y, rápidamente, se constituyeron Juntas revolucionarias en muchas ciudades españolas apoyando la rebelión. Esto provocó el aislamiento del Gobierno y la Corona, situación que se agravó con la derrota de las tropas gubernamentales en Alcolea. Tras esta batalla, sucedida el 29 de octubre de 1868, Isabel II no tuvo más remedio que partir al exilio en Francia.
Las causas que propiciaron el éxito de la Revolución española de 1868, La Gloriosa, hay que buscarlas en la crisis política, social y económica que vivía el país. La crisis política fue perceptible durante todo el reinado de Isabel II, pues este se basaba en un sistema constitucional en el que la Constitución no se cumplía y en el que la representación no existía. De los dos partidos que funcionaban dentro del sistema, era el moderado el que daba un sistemático apoyo a Isabel II, pero tras más de veinte años en el poder, se hallaba desgastado y sin nuevas ideas en su programa. La crisis social derivaba del exceso de mano de obra y la falta de oferta laboral, lo que conllevó la aparición de un proletariado urbano contrariado por sus precarias condiciones de vida. La chispa que aglutinó y movilizó a este grupo social fue la crisis económica general de 1868. La crisis económica constituye el detonante de la revolución. La Gloriosa se inició con un clásico pronunciamiento militar, que pronto adquirió el carácter de revolución. Quienes la desencadenaron y los fines que perseguían eran eminentemente burgueses; sin embargo, puede advertirse en ella una destacada participación de la masa popular descontenta.
Una vez conseguida la victoria, empezaron a aparecer divisiones dentro de los sublevados y se evidenció que en la revolución de 1868 existían diversas revoluciones y que la que se iba a imponer era la de Prim (progresistas) o la de Serrano (unionistas). El Gobierno provisional, a cuyo frente se situaron Serrano y Prim, puso rápidamente en marcha un programa de reformas. Fueron inmediatamente reconocidos la libertad de imprenta, el derecho de reunión y asociación y el sufragio universal; se aprobó la reforma de la enseñanza y la democratización de los Ayuntamientos y Diputaciones. Al mismo tiempo, se convocaron elecciones a Cortes constituyentes, hecho que se sucedió por primera vez en España mediante sufragio universal masculino -mayores de 25 años-, y que dio la victoria a la coalición formada por unionistas, progresistas y un pequeño grupo de demócratas, los cimbrios.
La Constitución de 1869 surgida de estas Cortes perfilaba un nuevo régimen de libertades muy amplio si se la compara con el resto de las naciones liberales europeas de la misma época. Incluía una amplísima declaración de derechos en donde eran novedosos el derecho a la libertad de residencia, enseñanza o culto y la inviolabilidad del correo. La monarquía se mantuvo como forma de gobierno; al rey le correspondía el poder ejecutivo y la capacidad de disolver las Cortes, pero solo ejercía su poder por medio de sus ministros, que elaboraban las leyes en las Cortes y el rey solo las promulgaba. Aprobada la Constitución de 1869, se inició un nuevo conflicto a la hora de elegir un rey, pues cada partido pretendía nombrar a un candidato que favoreciese sus intereses. Al final se impuso el criterio de Prim y fue elegido el segundo hijo de Víctor Manuel de Italia, Amadeo, duque de Aosta. Aunque realmente fue por la voluntad del general Prim, que fue quien llevó a cabo las gestiones.
El último avance legislativo de la revolución de 1868 fue la radical reorientación de la política económica. En esencia, se pretendía establecer una legislación que permitiera o facilitara la implantación del capitalismo y que protegiera los intereses económicos de la burguesía. La política económica de esta etapa se caracterizó por la defensa del librecambismo y por la apertura del mercado español a la entrada del capital extranjero. Con ello se pretendía favorecer la competencia y la libre iniciativa y transformar y rentabilizar las estructuras comerciales e industriales del país. La medida más importante para tal fin fue la Ley de Bases Arancelarias (Arancel Figuerola), aprobada en julio de 1869, que acababa con toda una tradición proteccionista de la economía española del siglo XIX. Para fortalecer esta decisión, y en un intento de unificar y racionalizar el sistema monetario, se fijó la peseta como unidad monetaria. La finalidad de este último cambio era solucionar la caótica situación de la Hacienda con una elevada Deuda Pública.
La mayor desgracia que Amadeo de Saboya sufrió fue el asesinato de su principal valedor, el general Prim, que se había mostrado como el más capaz de los líderes revolucionarios, y había sido el hombre de orden que había impuesto sensatez entre las rivalidades de las distintas facciones políticas. Con su muerte, la coalición del 68 se deshizo. Don Amadeo llegó a Madrid el 2 de enero de 1871, y su primer Gobierno, formado por una coalición de progresistas, unionistas y demócratas cimbrios, lo presidió el ex regente Serrano.