La Restauración Borbónica y el Sistema Canovista (1874-1902)

El Establecimiento del Sistema

El 3 de enero de 1874, el general Pavía puso fin a la inestable Primera República mediante un golpe de Estado. Se instauró un gobierno militar presidido por el general Serrano, pero no logró consolidarse debido a la tercera guerra carlista y la guerra de Cuba. Mientras tanto, Antonio Cánovas del Castillo preparaba la restauración de la monarquía borbónica, apoyándose en su Partido Alfonsino y en el Manifiesto de Sandhurst, firmado por Alfonso XII el 1 de diciembre de 1874. Poco después, el general Martínez Campos lideró un pronunciamiento en Sagunto que proclamó rey a Alfonso XII.

Cánovas, un político liberal moderado, diseñó el sistema canovista con el objetivo de estabilizar el país. Para ello, alejó al ejército de la política, finalizó la guerra carlista (eliminando los fueros en Navarra y el País Vasco a cambio de beneficios fiscales) y puso fin a la insurrección cubana mediante el Convenio de Zanjón (1878), que prometía la abolición de la esclavitud y la autonomía para la isla. También integró a los demócratas en la vida política y estableció un sistema bipartidista: el Partido Conservador, liderado por él mismo y apoyado por la burguesía latifundista, y el Partido Liberal, encabezado por Práxedes Mateo Sagasta e integrado por progresistas y republicanos moderados.

La Constitución de 1876 y el Turno de Partidos

Para consolidar el nuevo régimen, Cánovas promovió la Constitución de 1876, inspirada en la de 1845. Esta establecía:

• Soberanía compartida entre el rey y las Cortes.
• Poder ejecutivo en manos del monarca y el gobierno.
• Sistema bicameral con un Senado elitista.
• El sufragio no quedaba definido, dependiendo de la legislación de cada gobierno.
• España se configuraba como un Estado confesional católico, con control eclesiástico sobre la educación.

La estructura política favorecía un sistema oligárquico donde la alternancia de partidos se aseguraba mediante la manipulación electoral, controlada por los caciques y el fraude conocido como “pucherazo”.

La Regencia de María Cristina y la Crisis de 1898

Tras la muerte de Alfonso XII en 1885, su viuda, María Cristina de Habsburgo, asumió la regencia hasta la mayoría de edad de Alfonso XIII en 1902. Cánovas y Sagasta firmaron el Pacto de El Pardo para garantizar la estabilidad, acordando el turno pacífico de partidos. Sagasta gobernó hasta 1890, instaurando el sufragio universal masculino y promulgando la Ley de Asociaciones, que impulsó el crecimiento del movimiento obrero. Cánovas regresó al poder, adoptando medidas proteccionistas, pero su partido se fragmentó, lo que le llevó a dimitir en 1892.

La guerra de Cuba estalló de nuevo en 1895. Cánovas fue asesinado en 1897. Sagasta asumió el gobierno y afrontó la crisis de 1898, que culminó con la independencia de las últimas colonias españolas. En 1902, Alfonso XIII fue proclamado rey.

Oposición al Sistema Canovista

Durante la Restauración, surgieron diversas oposiciones al sistema:

• Carlismo: Aunque derrotado, mantuvo su presencia en Navarra y el País Vasco.
• Republicanismo: Apoyado por intelectuales y obreros, pero dividido en centralistas y federalistas.
• Movimiento obrero:
  • Marxismo: Representado por el PSOE de Pablo Iglesias y la UGT.
  • Anarquismo: Con dos corrientes: anarcosindicalista y violenta.
• Nacionalismos periféricos:
  • Cataluña: El catalanismo, liderado por Valentí Almirall y Enric Prat de la Riba, reclamó la autonomía en las Bases de Manresa.
  • País Vasco: Sabino Arana fundó el PNV en 1895, con un ideario ultracatólico y racista, oponiéndose a la inmigración (“maketos”) debido a la industrialización.

Las Guerras Coloniales y la Crisis de 1898

El Conflicto en Cuba y Filipinas

A finales del siglo XIX, la ineficaz política colonial de la Restauración y los intereses expansionistas de Estados Unidos llevaron a la independencia de las últimas colonias españolas: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. La economía de Cuba y Puerto Rico dependía de la exportación de azúcar y tabaco, beneficiando a España, pero generando descontento en la población local y en EE.UU. debido a los altos aranceles españoles.

Las tensiones desembocaron en la Guerra de los Diez Años (1868-1878), iniciada con el Grito de Yara, liderado por Carlos Manuel de Céspedes. La contienda finalizó con la Paz de Zanjón (1878), que prometía reformas, pero no cumplió con la autonomía esperada. En 1879 estalló la Guerra Chiquita, sofocada en 1880. En 1895, la insatisfacción provocó la Guerra de Independencia Cubana, iniciada con el Grito de Baire y liderada por José Martí, quien proclamó la independencia en el Manifiesto de Montecristi. Tras su muerte, Antonio Maceo y Máximo Gómez continuaron la lucha.

España envió al general Martínez Campos, pero fue reemplazado por Valeriano Weyler, quien implementó una dura represión con las «reconcentraciones», generando críticas internacionales. Tras el asesinato de Cánovas, Sagasta intentó instaurar la autonomía, pero la independencia ya era el objetivo principal.

La Intervención de Estados Unidos y la Guerra Hispano-Estadounidense

Estados Unidos, con intereses económicos en la región, intervino tras la explosión del acorazado Maine en 1898 en La Habana, culpando a España. Tras el rechazo español a vender Cuba, EE.UU. declaró la guerra el 19 de abril de 1898. En la Guerra Hispano-Estadounidense, el ejército estadounidense desembarcó en Guantánamo, venció en la batalla de la colina de San Juan y destruyó la flota española en Santiago (3 de julio). Posteriormente, invadió Puerto Rico.

En Filipinas, desde los años 80 existían movimientos autonomistas. En 1896, la sociedad Katipunan inició una insurrección, reprimida por el general Polavieja, quien fusiló al líder independentista José Rizal. Aunque la Paz de Biac-na-Bató (1897) parecía sofocar la revuelta, EE.UU. apoyó a los insurgentes y destruyó la flota española en Cavite (1 de mayo de 1898).

El Tratado de París y las Consecuencias del Desastre

La guerra concluyó con el Tratado de París (diciembre de 1898), por el cual España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que quedaron bajo control estadounidense. En 1899, España vendió a Alemania las islas Marianas, Carolinas y Palaos.

Las consecuencias fueron profundas:

• Económicas: Pérdida de materias primas y mercados, lo que impulsó políticas proteccionistas.
• Políticas: Desprestigio de la Restauración, críticas al sistema de quintas y al ejército. España intentó recuperar prestigio en África.
• Ideológicas: Surgimiento de la Generación del 98, que reflexionó sobre la decadencia española, y el regeneracionismo de Joaquín Costa, que propuso reformas bajo el lema “escuela y despensa”. También se desarrolló un fuerte sentimiento antiamericano.

Transformaciones Demográficas, Sociales y Económicas en la España del Siglo XIX

Evolución de la Población y las Ciudades

Durante el siglo XIX, la población española creció de 11,5 millones en 1800 a 18,6 millones en 1900, aunque a un ritmo más lento que en otros países europeos. Se mantuvo un régimen demográfico antiguo, con altas tasas de natalidad y mortalidad, esta última causada principalmente por enfermedades infecciosas y epidemias, como la del cólera en 1885. A finales de siglo, comenzó un ligero descenso de la mortalidad, tendencia que se consolidaría en el siglo XX.

La distribución de la población era desigual, concentrándose en las regiones periféricas e industriales, mientras el interior, salvo Madrid, perdía habitantes. La emigración también influyó: cerca de 1,3 millones de personas emigraron, principalmente a Cuba, Argentina y Brasil, siendo los gallegos, asturianos, vascos y canarios los más numerosos. La economía española seguía siendo arcaica y desequilibrada, con un 70% de la población activa en el sector primario.

A partir de 1860, la industrialización aceleró el éxodo rural, con una creciente migración hacia Madrid, Barcelona y Bilbao, seguidas por Valencia y San Sebastián. Este crecimiento urbano transformó las ciudades: aparecieron barriadas obreras insalubres en las periferias, se derribaron murallas para permitir la expansión y se crearon ensanches para la burguesía, como los de Barcelona (Cerdá) y Madrid (Barrio de Salamanca). La modernización también incluyó el alumbrado de gas, la llegada del teléfono y el tranvía, y el desarrollo del ferrocarril.

De la Sociedad Estamental a la Sociedad de Clases

La sociedad estamental del Antiguo Régimen dio paso a una sociedad de clases, basada en la igualdad ante la ley y la movilidad social. La clase alta, minoritaria, controlaba el poder y la riqueza, incluyendo a la aristocracia terrateniente, la burguesía industrial y financiera, y los altos cargos del Estado y la Iglesia. La clase media urbana, compuesta por comerciantes, funcionarios y profesionales liberales, era muy reducida (5%). Las clases populares, mayoritarias, estaban formadas por campesinos, muchos convertidos en jornaleros tras la desamortización, y por proletarios urbanos que trabajaban en condiciones precarias en ciudades como Barcelona y Bilbao.

Las Desamortizaciones y la España Rural

Las desamortizaciones fueron procesos de expropiación y venta de bienes que no podían ser comprados ni vendidos debido a su vinculación jurídica con instituciones como la Iglesia. Se iniciaron con las Cortes de Cádiz y se retomaron en el Trienio Liberal. Durante la regencia de María Cristina de Borbón, el gobierno progresista de José María Calatrava, con Juan Álvarez Mendizábal como ministro de Hacienda, llevó a cabo la desamortización eclesiástica, expropiando los bienes del clero regular para venderlos en subasta pública. Sus objetivos eran obtener recursos para la primera guerra carlista, fortalecer el Estado liberal, mejorar la productividad agraria y reducir la deuda pública. Espartero amplió la desamortización a los bienes del clero secular, y en 1855, la desamortización de Pascual Madoz afectó también a propiedades municipales y comunales, incrementando la recaudación estatal.

Las consecuencias fueron significativas: el 20% del suelo español fue desamortizado, consolidándose el latifundio al ser adquiridas las tierras por grandes propietarios. Los campesinos, al perder el acceso a tierras comunales, se vieron perjudicados, aumentando el número de jornaleros y agravando la precariedad en el campo. Aunque se redujo la deuda pública, la falta de inversión en modernización agrícola impidió un despegue industrial similar al de otros países.

Industrialización, Comercio y Comunicaciones

España siguió siendo un país predominantemente rural, con un 70% de su población dedicada a la agricultura y casi la mitad del PIB proveniente del sector primario. En el sur predominaban jornaleros en condiciones precarias, mientras que en el norte existían pequeños propietarios que debían complementar sus ingresos como arrendatarios. La industrialización fue tardía y desigual, obstaculizada por la inestabilidad política, la escasez de carbón de calidad, la falta de capitales nacionales y la baja demanda interna. Los sectores clave fueron el textil, concentrado en Barcelona, y la siderurgia, con Málaga como pionera, aunque Vizcaya y Asturias destacaron por su producción de hierro y carbón.

El comercio estuvo marcado por la alternancia entre librecambismo y proteccionismo. Durante la Restauración, los gobiernos de Cánovas del Castillo impusieron aranceles para proteger la industria textil catalana, la siderurgia vasca y la agricultura castellana. En el comercio interior, la unificación del mercado se consolidó con la desaparición de aduanas y la creación de la peseta en 1868, junto con el desarrollo del ferrocarril.

El ferrocarril fue la gran infraestructura del siglo XIX. La primera línea se inauguró en 1848 entre Barcelona y Mataró, seguida por la de Madrid-Aranjuez en 1851. La Ley de Ferrocarriles de 1855 impulsó su expansión, estableciendo un trazado radial con centro en Madrid. El ancho de vía, superior al europeo, dificultó la conexión con el continente, y la industria siderúrgica española no se benefició, ya que gran parte del material ferroviario se importó de Francia, Inglaterra y Bélgica. A pesar de esto, el ferrocarril facilitó el abastecimiento urbano, el transporte de mercancías y la consolidación del mercado nacional.