Responsabilidades de los Funcionarios Públicos

Responsabilidad Política

Las máximas autoridades que sean removidas o destituidas por juicio político incurren en responsabilidades por mal desempeño, delitos contra la administración pública o crímenes comunes.

• Nación (Artículos 53, 59 y 60 de la Constitución Nacional): Presidente, Vicepresidente, Ministros, Jefe de Gabinete y miembros de la Corte Suprema de Justicia. La Cámara de Diputados actúa como acusadora y la Cámara de Senadores como juzgadora.
• Provincia (Artículos 151 y 157): Gobernador, Vicegobernador, reemplazantes legales de estos y miembros del Superior Tribunal de Justicia. Cualquier habitante de la provincia puede denunciarlos ante la Cámara de Representantes.

Procedimiento de Jury

Se aplica a autoridades designadas por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara. Interviene el Jurado de Enjuiciamiento, compuesto por:

• 3 ministros del Tribunal de Justicia
• 2 legisladores sorteados
• 2 abogados del foro local

Aplica a: Jueces y defensores fiscales de 1° y 2° instancia, miembros del Tribunal de Cuentas, Contador y Subcontador de la Provincia, vocales del Consejo General de Educación.

Municipio: Comisión investigadora del Honorable Concejo Deliberante (HCD).

Responsabilidad Civil

Surge de una conducta negligente o culposa que causa daño a un tercero. Se origina por la transgresión de normas que regulan las funciones del funcionario y que causan daño a terceros. Se tramita mediante un juicio civil ante un juez civil, afectando el patrimonio del responsable, quien debe indemnizar por daños y perjuicios.

Responsabilidad Penal

Se configura por conductas dolosas, tipificadas en el Código Penal, como malversación de fondos, cohecho, violación de sellos y documentos, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, etc. Se tramita mediante un juicio penal, afectando la libertad del responsable, quien puede sufrir una condena y, accesoriamente, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Responsabilidad Administrativa

Aplica a funcionarios de mandos medios y categorías inferiores por transgresiones a obligaciones, deberes e incompatibilidades previstas en el estatuto (faltas, tardanzas, etc.). Las sanciones incluyen: advertencia, suspensión hasta 30 días, cesantía (inhabilidad por 10 años) y exoneración (inhabilidad perpetua). Se tramita mediante un sumario administrativo. En la provincia, interviene el Tribunal de Cuentas, y en la Nación, el Poder Judicial.

Responsabilidad Profesional

Según la gravedad del caso, las sanciones pueden ser: advertencia, amonestación privada, apercibimiento público, suspensión en el ejercicio de la profesión hasta por 1 año y cancelación de la matrícula. Se origina por el incumplimiento del Código de Ética. Aplica a funcionarios públicos con título profesional. Juzga el Consejo Profesional correspondiente.

Responsabilidad Contable

Se configura por perjuicios a la hacienda pública en la administración de fondos y bienes públicos.

• Estipendiarios: Personas con relación de empleo con el Estado.
• No Estipendiarios: Personas sin relación de empleo con el Estado, pero que administran fondos públicos, como representantes de asociaciones gubernamentales.
• Cuentadantes: Directores de Servicios Administrativos, responsables de cajas recaudadoras, responsables de cuentas especiales, delegados fiscales y tesoreros de los servicios administrativos en el ámbito de la administración central, directores de administración, delegados fiscales y tesoreros en los organismos autárquicos, descentralizados y poderes legislativos y judiciales.

Juicios del Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas cuenta con fiscalías en las jurisdicciones y organismos descentralizados que revisan las operaciones de los servicios administrativos, direcciones de administración, cajas recaudadoras, unidades ejecutoras, etc., y producen informes de control. Los responsables pueden presentar descargos. Una vez realizado el descargo, los 3 miembros del Tribunal de Cuentas emiten una sentencia aprobando o desaprobando la rendición de cuentas.

Juicio de Cuentas

Las fiscalías actúan como parte acusadora, mientras que el Tribunal juzga. Se indica quiénes son los responsables, quienes tienen derecho a interponer un recurso de revisión. Una vez presentado el recurso, el Tribunal de Cuentas debe emitir una segunda sentencia, rectificando o no la anterior. Si se determina la obligación de pagar una suma de dinero, se transforman en deudores de la provincia. De no pagar dentro del plazo de intimación, el Tribunal de Cuentas traslada la actuación a la Fiscalía de Estado. Si no pagan, pueden presentar un nuevo descargo en su defensa. La Fiscalía de Estado inicia un juicio ejecutivo en el Poder Judicial. Sujetos: Cuentadantes.

Juicio de Responsabilidad

Se inicia por actos, hechos u omisiones no provenientes de una rendición de cuentas y susceptibles de producir un daño a la hacienda pública, que sean denunciados al Tribunal de Cuentas o detectados por actuación de oficio de este organismo. El Tribunal de Cuentas puede convocar a cualquier funcionario que tenga o haya tenido conocimiento de la cuestión y aplicar cargos pecuniarios.

Obras Públicas

Se consideran obras públicas los bienes que sean de propiedad de la provincia, o sobre los que tenga posesión o disponga del uso, o cuyo propietario sea la Nación, un municipio o una institución con personería jurídica. La necesidad y zonas de ubicación de las obras serán determinadas por el Ministerio respectivo, y la ubicación del lugar por el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos.

Organismo responsable: El ministerio correspondiente y reparticiones autárquicas, previa licitación, el estudio y el proyecto o conjuntamente el proyecto y ejecución de la obra, con empresas y profesionales capacitados y habilitados para realizarlos, o llamar a concurso para la realización de estudios y proyectos acordando premios.

Excepciones a la Licitación

• A) Cuando el presupuesto oficial, excluidas las reservas previstas en el artículo 11 de esta Ley, no exceda la suma de Pesos $50.695.746,00, podrán ser contratadas mediante Licitación Privada.
• B) Cuando el presupuesto oficial, excluidas las reservas previstas en el artículo 11, no exceda la suma de $25.394.212,00, podrán ser contratadas mediante Concurso de Precios.
• C) Podrán ser autorizadas y adjudicadas contrataciones y compras directas cuando:
  • Existan circunstancias que exijan reserva.
  • Se trate de casos de fuerza mayor o fortuita.
  • Se demande una inmediata ejecución.
  • Se contrate con Entes oficiales nacionales, provinciales, municipales o sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria.
  • Hubiera probada escasez de los bienes a que se refiere el artículo 2.

Sistemas de Realización

Las licitaciones, las ejecuciones de obras y las adquisiciones se harán por los siguientes sistemas:

• a) Por precios unitarios.
• b) Por ajuste alzado.
• c) Por costo y costas (solo en caso de conveniencia justificada a juicio del Consejo de Obras Públicas).

Garantías

En licitaciones públicas y privadas, las ofertas deberán afianzarse en una suma equivalente al uno por ciento (1%) del importe del presupuesto oficial de la obra que se licite mediante depósito.