Art. 11: Creación de órganos administrativos

1. Le corresponde a cada Administración Pública delimitar las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización.
2. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá el cumplimiento de los siguientes requisitos:
3. Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica.
4. Delimitación de sus funciones y competencias.
5. Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
6. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros, ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de éstos.

Art. 12: Competencia

1. Es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tenga atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes.

Art. 13: Delegación de competencias

1. Los órganos de las diferentes Administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquellas. Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el BOE, en el de la CCAA o el de la Provincia según la Administración a que pertenesca el órgano delegante.

Art. 14: Avocación

1. Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimientod de un asunto cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o terrritorial lo hagan conveniente.
2. La avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a los interesados en el procedimientom si los hubiere, con anterioridad a la resolución final que se dicte.

Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso.

Art. 16: Delegación de firma

1. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materia de su propia competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos a los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependa, dentro de los límites señalados en el art.
   13.
2. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y no será necesaria su publicación.

Art. 22: Régimen

1. El régimen jurídico de los órganos colegiados se ajustará a las normas contenidas en el presente Capítulo, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Públicas en que se integran.
2. Los órganos  de las Administraciones Públicas en que participen organizaciones representativas de interés social cuenten o no con participación de organizaciones representativas de interés social podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.

Art. 23: Presidente

1. Le corresponde al presidente:
   1. Representación del órgano.
   2. Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijación del orden del día.
   3. Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates.
   4. Dirimir con su voto los empates.
   5. El cumplimiento de las leyes.
   6. Visar las catas y certificaciones de los acuerdos del órgano. (Da el visto bueno; visar es la firma abreviada por la que respondes ante un documento).

Art. 24: Miembros

1. En cada órgano colegiado corresponde a sus miembros:
   1. Recibir la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones.
   2. Participar en los debates de las sesiones.
   3. Ejercer su derecho al voto.
   4. Formular ruegos y preguntas.
   5. Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas.
2. Los miembros de un órgano colegiado no podrán atribuirse las funciones de representación reconocidas a éste, salvo que se le haya otorgado por el propio órgano.
3. En caso de ausencia o de enfermedad y cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del órgano colegiado serán sustituidos por sus suplentes.

Art. 25: Secretario

1. Este podrá ser un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública correspondiente.

1. Le corresponde al secretario del órgano colegiado:

   1. Asistir a las reuniones con voz pero sin voto si es un funcionario, y con voz y voto si la Secretaría del órgano la ostenta un miembro del mismo.
   2. Efectuar la convocatoria de las sesiones del órgano.
   3. Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano y las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.
   4. Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.
   5. Expedir certificaciones de las consultas y acuerdos aprobados.

Art. 26 Convocatoria y sesiones

1. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones y tomas de acuerdos, se requerirá la presencia del Presidente y Secretario.
2. Los órganos podrán establecer el régimen propio de convocatorias, si éste no está previsto pos sus normas de funcionamiento. Con este régimen se puede prever una segunda convocatoria y establecer el número de miembros necesarios para constituir el órgano.
3. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en el orden del día, salvo que estén todos los miembros del órgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
4. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos.
5. Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos.

Art. 27: Actas

1. De cada sesión que se celebre se levantará acta por el Secretario, que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados.
2. En el acta figurará el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. 
3. Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrán formular voto particular por escrito en el plazo de 48 horas, que se incorporará al texto aprobado.
4. Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de la responsabilidad que pueda derivarse de los acuerdos.
5. Las actas se aprobarán en la misma o siguiente sesión, pudiendo no obstante emitir el Secretario certificación sobre los acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta.

Art. 28 Abstención

1. Son motivos de abstención los siguientes:

   1. Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo.
   2. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas antes.
   3. Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.
   4. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

Art. 29 Recusación

1. La recusación se planteara por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda.
2. El día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada.
3. Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos
4. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que termine el procedimiento.

Art. 30 Capacidad de Obrar

Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones además de las personas que ostenten con arreglo a las normas civiles, los menores de edad (Por medio de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.)

Art. 31 Concepto de Interesado

1. Interesados en el procedimiento administrativo:
   1. Quienes lo promuevan.
   2. Los que puedan resultar afectados por la decisión que se adopte. (vecinos)
   3. Aquellos cuyos intereses legítimos, puedan resultar afectados por la resolución.

1. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales, serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca.
2. Cuando se derive de alguna relación jurídica transmisible, el derecho-habiente (es el sucesor de la persona interesada en el resolución de un procedimiento administrativo).

Art. 32. Representación

1. Cualquier persona con capacidad de obrar podrá actuar en representación de otra ante las Administraciones Públicas.
2. Para formular solicitudes, entablar recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna (digna de fe y crédito) o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.

Art. 35: Derechos de los ciudadanos

Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos:

b) Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.

c) A formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de audiencia, que se deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

f) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.

i) A ser tratados, con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.

j) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente.

Art. 36: Lengua de los procedimientos

1. La lengua para las tramitaciones por la Administración General del Estado será el castellano. Pero en las CCAA se podrá utilizar la legua cooficial en ella.
2. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las CCAA y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente.
3. La Administración pública instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes, etc. que tengan que surtir efecto fuera de la CCAA.

Art. 37: Derecho de acceso a Archivos y Registros

1. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los registros.
2. El acceso a los documentos que contenga datos referentes a la intimidad de las personas estará reservado.
3. El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidada de las personas figuren en los procedimientos de aplicación del Derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que, en consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus  titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo.
4. El ejercicio de los derechos que establecen los apartados anteriores podrá ser denegado cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses de terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga una ley, debiendo, en estos casos, el órgano competente dictar resolución motivada.
5. El derecho de acceso no podrá ser ejercido respecto a los siguientes expedientes:

1. Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria.
2. Se regirán por sus disposiciones específicas:

b. El acceso a documentos y expedientes que contengan datos sanitarios personales de los pacientes.

d. Los archivos que sirvan a fines exclusivamente estadísticos dentro del ámbito de la función estadística pública.

e. El registro civil y el registro central de penados y los registros de carácter público cuyo uso esté regulado por una ley.

g. La consulta de fondos documentales existentes en los Archivos Históricos.

Art. 38: Registros

1. Los órganos administrativos llevarán un registro general en el que se hará el correspondiente asiento de todo escrito o comunicación que se ha presentado o que se reciba en cualquier unidad administrativa propia. Tb se anotarán en el mismo, la salida de los escritos y comunicaciones oficiales dirigidas a otros órganos o particulares.
2. Dichos registros serán auxiliares del registro general.
3. Los registros deberán instalarse en soporte informático.
4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos  dirijan a los órganos de las Administraciones públicas podrán presentarse:
   1. En los registros de los órganos administrativos. (Ventanilla única)
   2. En las oficinas de Correos. (Sobre abierto)
   3. En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.

1. En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
2. Cada Administración pública establecerá los días y el honorario en que deban permanecer abiertos sus registros, garantizando el derecho de los ciudadanos a la presentación de documentos previsto en el art. 35.

Art. 43: Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo, excepto cuando una norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general o una norma de derecho comunitario establezcan lo contrario.

El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público, así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones.

Art. 53: Producción y contenido

1. Los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, que se producirán por el órgano competente ajustándose al procedimiento establecido.
2. El contenido de los actos se ajustará a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquellos.

Art. 54: Motivación

1. Serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:
   1. Actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
   2. Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o de aplicación de plazos.
2. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus convocatorias, debiendo quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de las resolución que se adopte.

Art. 55: Forma

1. Los actos administrativos se producirán por escrito a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.
2. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria.
3. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza tales como nombramientos, concesiones o licencias, etc.

Art. 58: Notificación

1. Se notificarán a los interesados las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses.
2. Toda notificación deberá ser cursad dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, contendrá el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran

de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso cualquier otro que estimen procedente.

Art. 59: Práctica de la notificación

1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.

La acreditación de la notificación efectuada se incorporara al expediente.

1. Procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar que esta haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fina y por cualquier medio.
2. …….
3. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente.
4. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o bien intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un tablón  de anuncio de edictos del Ayuntamiento en su último domicilio.

Si el último domicilio conocido radicara en un país extranjero, la notificación mediante su publicación en el tablón de anuncio del Consulado.

Art. 62: Nulidad del pleno derecho

1. Los actos de las Amortizaciones públicas son nulos.
   1. Los que lesiones.

1. Órganos manifiestan incompetente por razón de la materia o del territorio.
2. Los que tengan un contenido imposible.
3. Los que sean consecutivos de infracción penal.

1. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido.
   1. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. (Para las oposiciones no te puedes presentar si no has terminado de estudiar).

Art. 63: Anulabilidad

1. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.
2. Sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
3. Cuando las actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto.

Art. 68: Clases de iniciación

Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud de persona interesada.

Art. 69: Iniciación de oficio (Por una denuncia)

1. Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición de otros órganos o por denuncia.

Art. 70: Solicitudes de iniciación

1. Las solicitudes que se formulen deberán contener:
   1. Nombre y apellidos del interesado, identificación del medio preferente o del lugar que se señale a efectos de notificaciones.
   2. Hechos y razones y petición en que se concrete, con toda claridad.
   3. Lugar y fecha
   4. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresad por cualquier medio (huella).
   5. Órgano administrativo al que se dirige.

Art. 71: Subsanación y mejora de la solicitud. (Si nos falta un documento nos lo deben decir)

1. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señale el art. Anterior y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que, en el plazo de 10 días, envié los documentos que se solicitan con indicación de que si no lo hiciera se le tendrá por desistido (que no le interesa) de su petición.
2.  Siempre que no sean procedimientos selectivos (oposiciones)o de concurrencia competitiva (concurso de obras), esté plazo podrá ser ampliado hasta cinco días, a petición del interesado o iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
3. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de aquella.

Art. 74: Impulso

1. El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites.
2. En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación (inicio de actuación legal).

Art.75: Celeridad

1. Se acordarán en un solo acto todos los trámites que, admitan una impulsión simultánea y no sea obligado su cumplimiento.
2. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto.

Art. 76: Cumplimiento de trámites

1. Los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en el plazo de diez días a partir de la notificación del correspondiente acto, salvo en el caso de que en la norma correspondiente se fije plazo distinto.

Art. 77: Cuestiones incidentales

Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.

Art. 79: Alegaciones

1. Los interesados podrán en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.

1. En todo momento podrán los interesados alegar los defectos de tramitación y los que supongan paralización, infracción de los plazos preceptivamente señalados o la omisión de trámites que pueden ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto.

Art. 80: Medios y periodos de prueba

1. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimientos podrán acreditarse por cualquier medio de prueba admisible en Derecho.
2. Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordara la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a 30 días ni inferior a diez.
3. El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.

Art. 81. Práctica de prueba

1. La Administración comunicará a los interesados, con antelación suficiente, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas.
2. En la notificación se consignará el lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba, con la advertencia, es su caso, de que el interesado puede nombrar técnicos para que le asistan.
3. En los caso en que, a petición del interesado, deban realizarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, está podrá exigir el anticipo de los mismos, una vez practicada la prueba.

Art. 82: Petición

1. A efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean preceptivos por disposiciones legales, y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija.
2. En la petición de informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita.

Art. 83: Evacuación

1. Los informes serán facultativos y no vinculantes. (el que hace el procedimiento lo pide, lo hace pero no vincula, no hace el procedimiento lo que diga el informe)
2. Los informes serán evacuados en el plazo de diez días salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos de procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.
3. De no emitirse el informe en el plazo señalado, se podrán proseguir las actuaciones cualquiera que sea el carácter del informe solicitado, excepto en los supuestos de informes preceptivos que sean determinantes para la resolución.

Art. 86: Información pública

1. El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de este lo requiera, podrá acordar un período de información pública.
2. Se anunciara en el BOE de la CCAA o en el de la Provincia.

Art. 87: Terminación

1. Pondrán fin al procedimiento la resolución el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud.
2. Producirá la terminación la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. (Eje: por muerte)

Art. 109: Fin de la vía administrativa

Ponen fin a la vía administrativa:

1. Las resoluciones de los recursos de alzada.
2. Las resoluciones de los procedimientos de impugnación.
3. Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario.
4. Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición  legal o reglamentaria así lo establezca.
5. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

Art. 110: Interposición de recurso

1. Deberá expresar:
   1. Nombre y apellidos del recurrente, identificación personal del mismo.
   2. Acto que se recurre y la razón de su impugnación.
   3. Lugar, fecha, firma del recurrente y lugar que se señale a efectos de notificación.
   4. Órgano al que se dirige.
2. El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
3. Los vicio y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes  los hubieren causado.

Art. 114 Objeto

1. El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo.
2. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Plazo de 1 mes (Expreso).

Art. 116: Objeto y naturaleza

1. Los actos administrativos  que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestivamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente, ante el orden jurisdiccional contencioso -administrativo
2. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Art. 117 Plazos

1. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes.
2. Contra este recurso no se podrá interponerse de nuevo dicho recurso.

Art. 118 Objeto y plazos

1. Contra los actos firmes en vía administrativa podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó, que también será el competente para su resolución, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

• Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
• Que en la resolución hayan influido  esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.

• Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación (delito que comete la autoridad o funcionario público), cohecho (Cuando un funcionario público o

autoridad recibe por sí o por otra persona dadivas o promesas de realizar un hecho, sea o no delictivo, relacionado con el ejercicio de su cargo “Activo-> cuando le ofrecen dadivas y Pasivo-> cuando la pide el”), violencia (Acción de utilizar la fuerza y la intimidación para conseguir algo), maquinación fraudulenta (engaño que se realiza eludiendo obligaciones legales o usurpando derechos con el fin de obtener beneficios) u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme.

1. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la causa dentro del plazo de cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los demás el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.

Art. 119: Resolución

1. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la CCAA.
2. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de revisión debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resulta por el acto recurrido.
3. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la resolución se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional contenciosa – administrativa.