REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES

1. Los Titulares de los Derechos y Libertades

En la actualidad, el carácter universal de los derechos y libertades ha supuesto una modificación sustancial de la cuestión, que afecta a los siguientes supuestos:

• A) Los titulares de los derechos y libertades son los ciudadanos del país, aunque hay algunas limitaciones como:
  • Los derechos políticos, únicamente se predican de los nacionales mayores de edad.
  • La singular situación de los ciudadanos españoles que se encuentran en el exterior.
  • El problema, que afecta a determinados derechos como el derecho a la vida, de si se pueden predicar derechos fundamentales de personas concebidas y aún no concebidas.
• B) Los extranjeros. Se les suele reconocer los mismos derechos y libertades que a los nacionales. Sin embargo, nuestra Constitución limita a los nacionales el ejercicio de determinados derechos como la libertad de resistencia y de circulación, el derecho de participación política, y otros derechos constitucionales.

2. La Interpretación de los Derechos y Libertades

Nuestra jurisprudencia constitucional ha reconocido que los derechos y libertades han de interpretarse de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2. Ahora bien, cuando esa interpretación pueda alterar el sentido de los propios preceptos constitucionales o su contenido esencial, hay que conceder una clara prevalencia a la regulación constitucional, por la simple razón de que la Constitución es una norma superior, dentro de la escala normativa, a los Tratados internacionales.

3. La Clasificación de los Derechos y Libertades

La clasificación doctrinal de mayor solidez es la de Jellinek, que aparece directamente conectada con la idea de derecho público subjetivo. Este proceso se genera en dos momentos:

• EL RECONOCIMIENTO ESTATAL DE LA PERSONALIDAD
• DEPENDENCIA DE LA VOLUNTAD DEL ESTADO RESPECTO DE LA VOLUNTAD DE LOS INDIVIDUOS

Se distinguen así cuatro estatus:

• Status Pasivus: total sumisión de los individuos al imperio del Estado.
• Status Libertatis: derechos reservados a la esfera personal del individuo, que actúan como límite absoluto al poder político estatal.
• Status Civitatis: derechos políticos o de participación que significan una relación del individuo con las estructuras del Estado.
• Status Activas Civitatis: supone un paso más en la evolución, implicando que el ciudadano, dentro de los esquemas del principio democrático de la igualdad, actúa en nombre y por servicio del Estado, ejerciendo funciones públicas al recibir las correspondientes prestaciones por parte de éste.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y los planteamientos doctrinales efectuados, se adopta una clasificación que se adecua lo más posible a nuestra regulación constitucional, mediante las siguientes categorías:

• Derechos de libertad o de autonomía
• Derechos de participación
• Derechos económicos y sociales
• Deberes constitucionales
• Principios rectores de la política social y económica

4. Los Límites de los Derechos

El Tribunal Constitucional señala que los derechos no son ilimitados. Se distinguen:

• LÍMITES INTERNOS: Son aquellos que sirven para definir el contenido mismo del derecho.
• LÍMITES EXTERNOS: Son los impuestos por el ordenamiento jurídico:
  • A) Límites expresos, es decir, los límites generales y límites específicos.
  • B) Límites implícitos; Se basan en bienes constitucionalmente protegidos.

El principio general es la libertad, por lo que sus limitaciones han de ser la excepción. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional ha reducido los límites a aquellos que la propia Constitución expresamente imponga al definir cada derecho.

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LA NORMATIVA INTERNACIONAL

1. La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos responden a la necesidad de reconocer el derecho que cada persona tiene para expresar libremente sus opiniones y a formarse asimismo una opinión mediante el derecho a la información. La opinión pública libre es garantía de otras libertades: libre elección de orientación política, libertad religiosa y libertad de pensamiento.

2. El Derecho a la Información en el Marco Europeo

El Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, recogen un grupo de derechos relacionados todos ellos con los derechos de libertad de expresión y de información, como inspiración de los derechos de los Estados miembros, que habrán de acomodar su legislación a estos textos legislativos europeos.

Dentro de las Directivas comunitarias

La primera preocupación de la Unión Europea la constituye la posibilidad de que se puedan crear posiciones dominantes en el campo de la información que puedan imponer límites al pluralismo y a la libertad de información.

La Directiva sobre los servicios de comunicación audiovisual regula:

• La emisión de publicidad
• La protección del menor
• Los límites de los contenidos en relación con los derechos al honor, intimidad e imagen
• Define el servicio de comunicación audiovisual

El contenido material de la directiva hace referencia a las relaciones entre Estados, regula las disposiciones aplicables a todos los servicios de comunicación audiovisual de la Comunidad Europea y regula el derecho de réplica: sólo cabe cuando la información emitida sea falsa, y además se haya producido lesión en el honor o reputación.

3. La Libertad de Expresión y de Información en la Constitución Española

Las libertades de expresión e información no son ilimitadas. El ejercicio de estas libertades debe respetar otros derechos y valores.

La legislación anterior a la aprobación de la Constitución española era inestable jurídicamente por las facultades gubernativas en materia de secuestro y suspensión de la prensa. Por lo que cuando se aprueba la Constitución se regula la libertad de los medios de comunicación, sin ningún tipo de condicionamiento (prohibición de censura previa y secuestro de publicaciones).

En 2004, el Código de Autorregulación de la Administración y de las televisiones tiene como objeto velar por los derechos de los menores en relación con la programación que se emite en el horario infantil. En 2005 se lleva a cabo un proceso de modernización tecnológica de los medios de comunicación audiovisual (se regula la televisión digital terrestre). Y en 2006, mediante acuerdo, se extiende el respeto a los derechos de los menores también al ámbito publicitario y, por último, se aprueba una ley que regula los medios de comunicación. En esta ley se establecía que era necesario dotar a la radio y a la televisión de titularidad estatal de un régimen jurídico que garantice su independencia, neutralidad y objetividad, y que se establezcan estructuras organizativas y un modelo de financiación que les permita cumplir su tarea de servicio público con eficacia, calidad y reconocimiento público.