Tras la muerte de Fernando VII en 1833, su hija Isabel, de solo tres años, fue
proclamada reina de España. Ante la minoría de edad, su madre, María Cristina de
Borbón, pasó a ocupar la regencia del reino como Reina Gobernadora. Durante su
gobierno (1833-1840) se produjeron acontecimientos fundamentales en la Historia
de España, destacando la Primera Guerra Carlista, que enfrentó al hermano de
Fernando VII, Carlos María Isidro, y a María Cristina e Isabel II, por el trono.
1. Carlismo y guerra civil (1833-1839)
La Primera Guerra Carlista estalló en 1833 cuando el infante Carlos María
Isidro no reconocíó como a Isabel como heredera y terminó el 31 de Agosto de 1839
con el abrazo de Vergara. El origen de esta guerra surge por la confusa anulación de
Fernando VII de la Ley Sálica, que impedía gobernar a las mujeres, mediante la
Pragmática Sanción de 1830, que autorizaba dicha posibilidad. Esta primera guerra
civil española del Siglo XIX fue una lucha dinástica y civil que enfrentó a absolutistas
con liberales, al campo con la ciudad, al mismo tiempo que proclamaba la defensa
de los fueros vascos y navarros frente al creciente centralismo.
Por un lado, los carlistas contaron con el apoyo de pequeños propietarios
rurales, de buena parte del clero y, en general, de aquellos que rechazaban los
principios liberales. Defendían la monarquía tradicional absolutista, el catolicismo
conservador y el foralismo. Geográficamente, predominaban en la mitad norte y, en
especial, País Vasco y Navarra, norte de Cataluña y el Maestrazgo (Teruel).
Por otro, los liberales, también llamados cristinos o isabelinos, encontraron
más seguidores en los medios urbanos, burguésía y amplios sectores de la nobleza.
Eran partidarios de los principios liberales y, muchos de ellos, del centralismo.
Como hitos importantes de la guerra se cuentan los iniciales éxitos en el
País Vasco y Navarra del general carlista
Zumalacárregui, que murió en el sitio de
Bilbao en 1835. A pesar del cambio de signo de la guerra en dicho año, destacan los
intentos fallidos de las expediciones carlistas a Andalucía (1836) y Madrid (1837).
En el bando isabelino, una vez que el general Espartero pudo contar con tropas
suficientes, se produjo la victoria de la batalla de Luchana (1836) y el levantamiento
del asedio carlista de Bilbao. Las tensiones afloraron en el bando carlista y el general
Maroto negoció el Convenio de Vergara (1839), que incorporaba al ejército a los
oficiales carlistas y respetaba los fueros vasconavarros, lo que no impidió que la
guerra se prolongase durante un año más en el Maestrazgo, donde el general
Cabrera protagonizó una dura resistencia.
La Segunda Guerra Carlista, que no tuvo el alcance de la anterior y su
escenario se redujo principalmente a Cataluña, se inició en 1846 y terminó en 1849,
aunque este problema quedará latente y surgirá en momentos de crisis posteriores.
2. Regencia de María Cristina (1833-1840)
Varios fueron los políticos y los momentos importantes a lo largo de esta
primera regencia, como Francisco Cea Bermúdez, absolutista moderado y partidario

del inmovilismo político, en cuyo breve mandato se aprobó la actual división
provincial española (1833), obra de Javier de Burgos. El nombramiento como jefe
de gobierno de Francisco Martínez de la Rosa, liberal moderado, en Enero de 1834,
supuso el compromiso entre la Corona y los liberales, concretado en el Estatuto
Real, una carta otorgada que no hacía referencia a la soberanía nacional ni a los
derechos fundamentales y que únicamente permitía el establecimiento de unas
cortes bicamerales con escasas competencias.
En 1835 se produjo un movimiento revolucionario de los grupos más
radicales que no aceptaban el Estatuto y exigían cambios más profundos. Ante esta
situación, agravada por la guerra carlista, la Reina gobernadora se vio obligada a
hacer cambios sustanciales. Los objetivos prioritarios de los progresistas conde de
Toreno, primero, y Mendizábal, después, fueron la reforma del Estatuto Real,
terminar con la guerra carlista y sanear la economía. Para hacer posible lo anterior,
Mendizábal propuso la desamortización de los bienes de los monasterios y
conventos que, una vez expropiados, pasaron a ser considerados bienes nacionales,
además de reformar la ley electoral, establecer la responsabilidad del Gobierno ante
las Cortes, crear las Diputaciones Provinciales y reorganizar la Milicia Nacional.
La tensión política entre los liberales se fue acentuando. Mendizábal fue
sustituido por el moderado Istúriz en Mayo de 1836, lo que provocó un
pronunciamiento militar de un grupo de sargentos en La Granja de San Ildefonso
(Segovia) y que obligó a la Reina regente a jurar la Constitución de 1812 y a formar
un nuevo gobierno progresista que convocó elecciones a Cortes. Estas Cortes
Constituyentes, de mayoría progresista, fueron las encargadas de elaborar una
nueva constitución: la Constitución de 1837, caracterizada por:
1. El reconocimiento de la soberanía nacional.
2. La limitación de los poderes del monarca.
3. El establecimiento de una amplia declaración de derechos, como los de
impresión y publicación.
4. La existencia de unas Cortes bicamerales, que compartían el poder
legislativo con el Rey. El Congreso de los Diputados era elegido por
sufragio censitario y el Senado era nombrado por el Rey entre los grandes
contribuyentes.
5. Confesionalidad católica del Estado.
Aprobada la Constitución, sucesivos gobiernos moderados intentaron
paralizar la aplicación de la legislación progresista, lo que provocó nuevos
pronunciamientos. La Regente acudíó al general Espartero, jefe de los progresistas,
para estabilizar la situación, quien presentó un programa de gobierno con el que la
Reina regente estaba en total desacuerdo, lo que provocó el enfrentamiento entre
ambos y, finalmente, la renuncia y el exilio a Francia de esta última.
3. Regencia de Espartero (1841-1843)
Espartero asumíó oficialmente la regencia en 1841, cuya gestión se
caracterizó por un sentido autoritario, lo que le hizo perder el apoyo incluso de los
propios progresistas y que, al final, se encontraron solos y divididos. Frente a estos
se organizaron pronunciamientos moderados.
En 1842 estalló una revuelta en Barcelona provocada por la crisis industrial
y la aplicación de una política librecambista: el miedo a un nuevo tratado comercial
con Inglaterra que podía perjudicar a la industria textil catalana provocó una
sublevación popular ante la que Espartero reacciónó bombardeando la ciudad desde

el castillo de Montjuïc. Esta actuación le quitó el apoyo entre la clase obrera, lo
desacreditó y provocó un pronunciamiento de moderados y progresistas disidentes,
dirigido por el general Narváez. Espartero, sin apoyos, renunció a su cargo en Agosto
de 1843 y se exilió a Londres.
4. Reinado de Isabel II (1843-1868)
En Noviembre de 1843, Isabel II fue proclamada mayor de edad y asumía, por
tanto, sus funciones como reina. Espontánea y vital pero de escasa formación y muy
influenciada por la camarilla cortesana optó por dar su apoyo al sector más
reaccionario del moderantismo. Su gobierno puede ser dividido en tres etapas.
a. Década Moderada (1844-1854)
La primera etapa del reinado de Isabel II fue la llamada Década Moderada
(1844-1854), que se inició con la subida al poder del general Narváez, jefe del
Partido Moderado, lo que supuso el triunfo de la burguésía terrateniente y
financiera y la subida al poder de militares jóvenes forjados en las guerras carlistas.
De esta forma, el Ejército y la Corona se convirtieron en garantes del sistema.
La principal obra política de este periodo es la Constitución de 1845 que
plasmaba el modelo político de los moderados:
1. Soberanía compartida entre el monarca y las Cortes.
2. El monarca se reserva el poder ejecutivo, con capacidad para nombrar o
destituir ministros, posee iniciativa legislativa y tiene potestad para
disolver las Cortes.
3. Cortes bicamerales: el Congreso de los Diputados era elegido por
sufragio censitario y el Senado estaba formado por miembros vitalicios
nombrados por la Corona.
4. Restricción de derechos individuales y libertades políticas.
5. Confesionalidad religiosa del estado.
6. Centralización administrativa: los Ayuntamientos y las Diputaciones son
sometidos al poder central.
7. Supresión de la Milicia Nacional.
Por otra parte, se llevaron a cabo ciertas medidas en materia de política
interior que copiaban el centralismo moderado del liberalismo francés, que tenía a
la administración central como médula del estado y un acentuado carácter
censitario y oligárquico:
1. Aprobación de la Ley Municipal, que dispuso la designación
gubernamental de los alcaldes de las ciudades, y fortalecimiento de los
gobernadores civiles, representantes del Gobierno en las provincias y con
funciones electorales, fiscales y económicas.
2. Creación de la Guardia Civil (1844) para el mantenimiento del orden
público y la vigilancia de la propiedad privada en el medio rural.
3. Promulgación de un nuevo Código Penal (1848).
4. En educación, se fijaron tres niveles de enseñanza y se elaboraron nuevos
planes de estudios.
En economía, se produjo una reforma fiscal y de la hacienda pública,
conocida como la reforma Mon-Santillán (1845), que racionalizó el sistema
impositivo y recaudatorio mediante la centralización de los impuestos y el
establecimiento de dos impuestos fundamentales: la contribución territorial y el

impuesto indirecto de consumos, muy impopular entre las sectores más humildes
dado que gravaba los productos de uso diario. Asimismo, se impuso un sistema
unificado de pesos y medidas, con la aplicación del sistema métrico decimal; se llevó
a cabo una amplia política de obras públicas con la construcción de ferrocarriles; y,
en 1847, se creó el Banco de San Fernando, con la idea de centralizar la emisión de
moneda, y convertido en Banco de España en 1856.
Por último, cabe destacar la firma del Concordato con la Santa Sede en
1851 que intentó normalizar las relaciones con la Iglesia Católica, reconocida como
la única verdadera, y su derecho a adquirir y poseer bienes. A cambio de los bienes
desamortizados, el Estado dotaría el culto y el clero recuperaría el campo de la
enseñanza. A partir de aquí la Iglesia respaldaría a Isabel II.
b. Bienio Progresista (1854-1856).
La segunda etapa del reinado de Isabel II es la denominada como Bienio
Progresista (1854-1856).
En 1854 los moderados estaban muy desgastados por la corrupción interna
por negocios de ferrocarriles, el descontento social por la subida de los precios y por
el intento del ministro Bravo Murillo por controlar la prensa. La acción conjunta de
progresistas, moderados avanzados y demócratas (partidarios del sufragio
universal masculino), consiguió un cambio en la orientación política del Gobierno.
A finales de Junio de 1854, un grupo de generales moderados encabezados
por O’Donnell se pronunció en Vicálvaro (Madrid). Al principio, contó con pocos
apoyos pero, tras la publicación del “Manifiesto de Manzanares”, redactado por
Cánovas del Castillo y que recogía reivindicaciones como la autonomía de los
municipios, el restablecimiento de la Milicia Nacional y una nueva ley electoral y de
imprenta, propició el apoyo de progresistas y demócratas. Así, en las conocidas
como Jornadas de Julio, se constituyeron Juntas en algunas ciudades e incluso se
alzaron barricadas en Madrid. Con amplio apoyo social por la escasez de trabajo y la
crisis económica, las elecciones de Noviembre de 1854 permitieron una mayoría
progresista y Espartero fue nombrado presidente de nuevo.
Su política se caracterizó por la ampliación de las libertades políticas y la
participación electoral, así como por la elaboración de nueva Constitución de 1856
que no fue promulgada, por lo que se le conoce con el nombre de la non nata, y que
recogía, por primera vez, el libre ejercicio de otras religiones.
Promociónó el desarrollo económico mediante la Ley de ferrocarriles,
fundamental para el posterior desarrollo económico; la desamortización civil de
Pascual Madoz (1855) que puso en venta los bienes municipales de propios y
comunes y que duplicó el valor de la desamortización de bienes religiosos realizada
por Mendizábal; y la aprobación de la Ley de Sociedades Anónimas de Crédito, que
permitíó la ampliación de los negocios.
Las reformas del Bienio Progresista poco o nada repercutieron en la calidad
de vida de las clases populares. Junto a un ciclo de malas cosechas que hizo aumentar
el clima de conflictividad social, hubo también sublevaciones carlistas. Ante esta
situación, Espartero dimitíó y la Reina encargó el gobierno a O’Donnell.
c. Últimos años del reinado de Isabel II (1856-1868).
De esta forma, comenzó la tercera y última etapa del reinado de Isabel II, que
abarca dos ciclos políticos diferentes: el conocido como gobierno largo de O’Donnell

(1856-1863) y la sucesión de gobiernos moderados y unionistas en los últimos años
de reinado (1863-1868).
El gobierno largo de O’Donnell (1856-1863) fue un periodo de estabilidad
dominada por este político y su nuevo partido, la Uníón Liberal, surgido del
descontento del sistema bipartidista y la búsqueda de una tercera vía. En una
primera etapa, restablecíó por decreto la Constitución de 1845 añadiendo un acta
adicional para darle un aire más progresista pero las manipulaciones electorales
rompieron la imagen de honradez que acabó con O’Donnell y que hizo que volviese
Narváez con políticas muy conservadoras del sector neocatólico.
En este momento, existía un ciclo económico expansivo en Europa que se
extendíó por España, con el crecimiento de la banca, la expansión del ferrocarril, la
inversión del capital extranjero y la especulación inmobiliaria. En educación se
redacta la Ley Moyano, que data de 1857, la primera en regular los estudios no
universitarios en España.
Este período se caracterizó, además, por una exaltación patriótica, debido a
la participación de España en conflictos internacionales como la expedición a la
Cochinchina (1858), la guerra con Marruecos (1859-1860), en la que destacó el
general Prim, la intervención en México en apoyo al emperador Maximiliano (1861-
1862) o la guerra del Pacífico (1865-1866). Estas guerras de prestigio contentaron
al Ejército, crearon un clima de patriotismo y desviaron la atención de los problemas
sociales internos que tuvieron mucha incidencia en Andalucía, como las revueltas
demócratas y republicanas en Utrera y Arahal (Sevilla) y Loja (Granada).
El segundo ciclo de esta última etapa de Isabel II coincide con la crisis de su
reinado. Entre 1863 y 1868 se alternaron gobiernos moderados y unionistas,
pero el sistema estaba agotado. Al mismo tiempo se produjo la radicalización de
progresistas y demócratas que aprovecharon la descomposición del régimen
isabelino. La oposición se fortalecíó y el gobierno intensificó su represión: el
dirigente republicano Emilio Castelar fue destituido de su cátedra por la publicación
de un artículo contra la Reina; la protesta estudiantil en la “Noche de San Daniel”
(1865), fue sofocada por el Gobierno; y en Junio de 1866 se produjo el levantamiento
de los sargentos en el cuartel madrileño de San Gil. El general Serrano acabó con el
motín y sus responsables fueron fusilados. Además, coincidíó con la muerte de los
grandes líderes políticos de monarquía isabelina: O’Donnell y Narváez.
A ello hay que añadir otros factores de tipo económico como la crisis europea
de 1866, que afectó a España con la quiebra de bancos, empresas de ferrocarril e
industrias siderúrgicas y textiles, o de tipo político, como la escasa
representatividad del régimen, la acción represiva de los gobiernos, el súbito
enriquecimiento de las clases dirigentes y la corrupción de la camarilla de la Reina.
En 1866, toda la oposición constituyó el denominado Pacto de Ostende,
suscrito por progresistas, demócratas y unionistas, en el que comprometían a
derribar el sistema isabelino y a convocar una asamblea constituyente elegida por
sufragio universal masculino.