Portada » Historia » Regencia de María Cristina estatuto real
En 1833, tras la muerte de Fernando VII, se inició una larga Guerra Civil entre partidarios de don Carlos, defensores del absolutismo, y los defensores de Isabel II, hija de Fernando VII. Los carlistas se agrupaban bajo el lema Dios, patria y rey. Consideraban a la iglesia como una institución vertebradora. Se opónían a la centralización política y al liberalismo. Se encontraban miembros del clero y la nobleza agraria. La causa isabelina contó con el apoyo de una parte de la alta nobleza y de los funcionarios, así como un sector eclesiástico. Para hacer frente al carlismo, la regente se vio obligada a buscar la aprobación de los liberales. Por lo que tuvo que acceder a las demandas de los liberales que seguían el fin del absolutismo y del antiguo régimen.
En la zona del norte, los carlistas consiguieron una mayor influencia. Don Carlos se instaló en Navarra y formó un ejército. Un segundo foco carlista se creó en Cataluña donde perseguían a las poblaciones liberales. La debilidad del carlismo causó diferencias entre los transaccionistas, partidarios de alcanzar un acuerdo con los liberales y los intransigentes, defensores de continuar la guerra. Finalmente, el general Maroto acordó la firma del Convenio de Vergara (1839) con el general liberal
Espartero. El acuerdo establecía el mantenimiento de los fueros, así como la integración carlista en el ejército real.
La monarquía isabelina necesitaba apoyo, por lo que la regente nombró un nuevo gobierno encabezado por el moderado
Martínez de la Rosa, que propuso el Estatuto Real (1834). Se trataba de una carta otorgada para formar unas cortes con dos cámaras de carácter consultivo y subordinado al monarca. Mientras, el malestar social crecía. Al hambre y las epidemias se añadían los ataques carlistas a poblaciones protegidas por milicianos locales. Esto produjo protestas y motines, así que la regente nombró un nuevo gobierno encabezado por un liberal progresista, Mendizábal.
La evolución de la guerra no era favorable para los isabelinos. El primer objetivo de Mendizábal, fue derrotar al carlismo y buscó la ayuda del Reino Unido, Francia y Portugal. Convocó elecciones a cortes para reformar el Estatuto Real. También emprendíó la reforma agraria con la desamortización de tierras eclesiásticas y la supresión de las congregaciones religiosas, causando una división entre moderados y progresistas.
María Cristina destituyó a Mendizábal y dio el gobierno a los moderados. Esta decisión alarmó a los progresistas que iniciaron un movimiento revolucionario en favor de la Constitución de 1812. Y un motín de sargentos en La Granja obligó a la regente aceptar la Constitución de 1812. El progresista Calatrava fue llamado por el gobierno, con Mendizábal como ministro de Hacienda. Se abren así las puertas a la creación de un nuevo régimen liberal.
Los progresistas implantaron un régimen liberal y las Cortes redactaron una nueva Constitución.
La Constitución de 1837 reconocía el principio de soberanía nacional, amplios derechos de los ciudadanos, la división de poderes y la confesionalidad católica del Estado, se comprometía al financiamiento de la Iglesia católica y la introducción de una segunda cámara, el Senado. Otras leyes que culminaron fueron la Ley de imprenta, que incrementó el control sobre los periódicos y la Ley Electoral, que fijó un sufragio restringido a los mayores de 25 años.
El nuevo sistema liberal significó también el impulso de una reforma agraria.
Tuvo tres componentes esenciales:
– La abolición de los señoríos, favorecíó que la tierra pasase a manos de los antiguos señores como propiedad privada. – La desvinculación de los mayorazgos, permitíó a los propietarios vender libremente las tierras, que hasta entonces estaban unidas a una familia. – La desamortización de bienes del clero.
La desamortización de Mendizábal (1836) perseguía tres objetivos: obtener recursos para abastecer al ejército liberal, disminuir el déficit de Hacienda, mejorar las finanzas y favorecer la agricultura.
Aprobada la Constitución se convocaron nuevas elecciones, que ganaron los moderados y se sentaron los principios del régimen liberal moderado. Por un lado, era suspender el funcionamiento de la Constitución y gobernar de forma autoritaria. También, se frenó la desamortización eclesiástica. Por otro lado, se acentuó la centralización política con el proyecto de Ley de Ayuntamientos, que otorgaba a la corona la capacidad de nombrar a los alcaldes de las capitales de provincia. Los progresistas se sintieron expulsados del sistema y recurrieron a la insurrección. Y la regente María Cristina apoyó a los moderados, pero el enfrentamiento se resolvíó a favor de los progresistas, como Espartero de nuevo líder. La reina fue obligada a renunciar a la regencia y marchó al exilio (1840).
2.6. La regencia de Espartero (1840-1843) Espartero fue nombrado regente, inició su mandato con un claro impulso de las libertades. Sin embargo, pronto derivó hacia un autoritarismo, no fue capaz de cooperar con las Cortes y gobernó con su camarilla de militares afines. De este modo, Espartero perdíó popularidad. Una de sus actuaciones fue la aprobación de un arancel librecambista.
La industria textil catalana se sintió amenazada y se produjo un levantamiento en Barcelona.
Espartero bombardeó la ciudad y proclamó el estado de guerra. En 1843, un nuevo levantamiento en el que intervinieron los moderados forzó a Espartero al exilio. Las conspiraciones encabezadas por los generales Narváez y O’Donnell llevaron al poder a los moderados. Las cortes adelantaron la mayoría de edad de Isabel II y la proclamaron reina a los 13 años.
La crisis del régimen moderado precipitó el levantamiento de los progresistas. La acción se inició en Madrid, en 1854, con el pronunciamiento del general O’Donnell, un moderado. La incorporación de los progresistas al movimiento, que publicaron el Manifiesto de Manzanares, desencadenó la revuelta popular. Isabel II se vio obligada a aceptar un gobierno presidido por Espartero y con O’Donell al frente del Ministerio de Guerra. La alianza entre progresistas y moderados condujo a la Uníón Liberal, que era el reflejo del acuerdo entre O’Donnell y Espartero. Las elecciones dieron una amplia mayoría a progresistas y unionistas. Las nuevas Cortes redactaron una Constitución (1856) que no llegó a publicarse.
El gobierno progresista impulsó importantes reformas, hasta 1866 cuando se inició una crisis económica. Las Cortes aprobaron una nueva Ley de Desamortización civil y eclesiástica (1855), obra de Madoz, que afectó a los bienes del Estado, de la iglesia y de los ayuntamientos. Se aprobó la Ley General de Ferrocarriles que ofrecía ventajas a las empresas y atrajo a inversores extranjeros. Además, se completaron nuevas iniciativas, como el telégrafo, la ampliación de la red de carreteras y el desarrollo de la minería.
El nuevo gobierno tuvo que afrontar graves problemas sociales. Una crisis de subsistencias que, unida a una epidemia de cólera, acentuó el malestar social. Los motines populares se extendieron en muchas ciudades con asaltos, incendios de fincas y fábricas. El descontento social provocó una conflictividad obrera.
Los trabajadores pedían la reducción de los impuestos de consumos, la mejora de los salarios y la reducción de la jornada laboral.
Ante la conflictividad social algunos jefes militares promovieron duras medidas represivas por parte de O’ Donnell, provocaron el enfrentamiento con Espartero, que estaba en desacuerdo. La intervención de la reina, en favor de O’Donnell, proclamó el estado de guerra. Se produjeron movimientos de resistencia en defensa del gobierno progresista. Y O’Donell puso fin al bienio: cerró las cortes, suprimíó la milicia, destituyó ayuntamientos y diputaciones y anuló la libertad de prensa.
El regreso al absolutismo fue acompañado de una gran represión por parte de la oposición. El rey buscó la colaboración del sector moderado y propuso un nuevo ministro de Hacienda que impulsará una reforma fiscal para recaudar, pero esta actitud incrementó la desconfianza de los sectores más tradicionalistas de la corte, descontentos con el monarca. Entonces, Fernando VII se casó con su sobrina María Cristina de Borbón y tuvo una hija, Isabel.
El rey promulgó la Pragmática Sanción, norma que autorizaba la sucesión femenina al trono prohibida hasta entonces por la Ley Sálica.
Los conservadores consideraron ilegal la sucesión de Isabel.
Cuando en 1814 Fernando VII regresó a España, no cumplíó sus promesas de acatamiento del régimen constitucional. A través de las peticiones de los absolutistas en el Manifiesto de los Persas, procedíó al restablecimiento del Antiguo Régimen.
Tras su llegada, declaró nula la Constitución y los decretos de Cádiz e inició la persecución de liberales y afrancesados.
El rey restauró las antiguas instituciones y el régimen señorial, y rechazó emprender reformas.
Entre el campesinado se mantuvo la resistencia a pagar determinadas rentas señoriales y los diezmos. Los sectores adinerados, reclamaban que se respetase la propiedad de sus nuevas adquisiciones. Finalmente, en las ciudades, el malestar era continuo entre artesanos, jornaleros, pequeña burguésía… Todo ello favorecía la reivindicación liberal y constitucional, y estimulaba los pronunciamientos militares como método para acceder al poder.
En 1820 triunfó un pronunciamiento en favor de la Constitución encabezado por el coronel Rafael de Riego al frente de una compañía de soldados. La acción de los liberales en las ciudades obligaron al rey a aceptar la Constitución de 1812. También se formó un nuevo gobierno que permitíó el regreso de liberales y afrancesados, y convocó elecciones que fueron ganadas por los liberales. Las nuevas cortes iniciaron una importante obra reformista lo que permitíó el aumento de la prensa. El principal objetivo del trienio fue asegurar la abolición del Antiguo Régimen y para ello se tomaron las siguientes medidas:
Y las tierras se convirtieron en mercancías, lo que favorecíó las relaciones entre propietarios y campesinos.
-Aprobar una reforma eclesiástica.
Se llevó a cabo una desamortización de tierras del clero que pasaron al Estado, para conseguir recursos para la Hacienda pública y potenciar la producción agraria.
–
Eliminar los gremios y aprobar la libertad de industria.
Para mantener el orden público y defender el régimen constitucional se instauró la Milicia Nacional, un cuerpo de ciudadanos armados formado por clases medias urbanas. También se procedíó a una nueva división del territorio en provincias.
Se promulgó el primer código penal y se planteó la educación en tres grados.
Las reformas dieron lugar a la oposición de la monarquía y de los absolutistas. Asimismo, el descontento de los campesinos se tradujo en protestas y levantamientos. Los antiguos señores eran ahora los nuevos propietarios y los campesinos se convertían en arrendatarios o jornaleros que podían ser expulsados de las tierras si no pagaban. La nobleza tradicional y la iglesia perjudicadas por la supresión del diezmo y los privilegios estimularon la revuelta contra los gobernantes del Trienio. Finalmente, las tensiones se produjeron también entre los liberales que se dividieron en dos:
-Los moderados que eran partidarios de reformas más favorables a las élites sociales (nobleza y burguésía propietaria) que no provocarán conflictos con el rey.
-Los progresistas o exaltados planteaban la defensa de las libertades, el desarrollo de la Constitución y la necesidad de reformas más próximas a las clases medias.
El triunfo del liberalismo en España alarmó a las potencias que habían formado la Santa Alianza con el objetivo de intervenir militarmente ante cualquier amenaza liberal. Las demandas de ayuda de Fernando VII dieron lugar a la formación de un ejército francés, los Cien Mil Hijos de San Luis, con el fin de restablecer el orden tradicional. Las tropas liberales se enfrentaron a los invasores sin éxito. Tras la ocupación de Madrid, se nombró un Consejo de Regencia y un gobierno absolutista.
Fernando VII inició la persecución de los liberales e implantó un régimen de terror.
En las elecciones de 1844 el general Narváez formó nuevo gobierno, con el objetivo de cerrar la etapa revolucionaria e implantar un nuevo régimen basado en la autoridad, el orden y la represión. Se trataba de crear un sistema liberal moderado que garantizase el dominio de la oligarquía (la gran burguésía). Para ello elaboró la Constitución de 1845, que asentaba los principios del moderantismo.
La Ley electoral establecíó un sufragio censitario restringido al 1 % de la población, eso facilitaba la intromisión del gobierno en las elecciones y el falseamiento de los resultados.
Para mejorar las relaciones del Estado con la iglesia se firmó un Concordato con la Santa Sede por el que el Papado reconocía a Isabel II y aceptaba el proceso desamortizador. El estado se comprometía al sostenimiento de la Iglesia y reconocía el catolicismo como religión oficial del estado. Todo ello, llevó a la iglesia a aceptar un liberalismo moderado, a respaldar a la reina Isabel y a distanciarse del carlismo. Además se creó una reforma fiscal para aumentar los ingresos del Estado , se aprobaron el Código Penal y el Código Civil.
Se procedíó a la reforma de la Administración pública del Estado y de la Administración provincial y municipal.
De esta manera, el alcalde de los municipios y provincias eran elegidos por la corona. Para el mantenimiento del orden público se creó la Guardia Civil y se impulsó el servicio militar obligatorio.
Los gobiernos moderados no consiguieron dar estabilidad política al Estado. Los carlistas protagonizaron un nuevo levantamiento en Cataluña en apoyo de Carlos VI. Por otra parte, las divisiones internas del moderantismo propiciaron la inestabilidad de los gobiernos. La marginación de las Cortes culminó en la reforma de 1852 por la cual el gobierno de Bravo Murillo, enfrentado a Narváez, establecía un sufragio más restringido que podía suspender las Cortes y gobernar por decreto. Ello provocó la oposición de un sector de los moderados.
En medio del conflicto bélico, la Junta Suprema Central puso en marcha una convocatoria de Cortes. Sin embargo, la Junta no pudo sobreponerse a las derrotas militares por lo que fue reemplazada por el obispo Orense y terminó de organizar las Cortes, que se convocaron en Cádiz. Finalmente, se acordó que las Cortes eran unicamerales y se inauguraron en Septiembre de 1810.
Los liberales consiguieron un importante triunfo al aprobarse la soberanía nacional, es decir, que ejercían el poder en representación de los ciudadanos que formaban la nacíón. Acordaron la división de poderes y reconocían a Fernando VII como rey de España.
Durante más de tres años, las Cortes aprobaron una serie de leyes y decretos, así como la primera Constitución de la España contemporánea, lo que permitíó sentar un nuevo sistema liberal y acabar con el Antiguo Régimen. En sus artículos se definían los derechos del ciudadano, las libertades civiles y la igualdad jurídica y fiscal.
Se establecía el sufragio universal masculino para mayores de 25 años.
También garantiza la seguridad del domicilio, los derechos penales y la abolición de la tortura. La estructura del Estado correspondía a una monarquía limitada, basada en la división de poderes.
El poder legislativo recaía en las Cortes cuya función era elaborar las leyes. El monarca era la cabeza del poder ejecutivo que poseía la dirección del gobierno
Y el poder judicial era competencia de los tribunales. La Constitución reconocía la confesionalidad del Estado, establecía la enseñanza primaria obligatoria, la creación del ejército nacional y el Estado en provincias y municipios.
Además, se abolíó el régimen señorial.
Las tierras se mantuvieron en manos de los señores y se intentó iniciar la reforma agraria, mediante la venta de terrenos y bienes comunales. También se introdujeron medidas próximas al liberalismo económico, con la finalidad de impulsar la producción y el comercio.