Función Social y de Servicio Público

El concepto de servicio público

Bajo la expresión contenidos de servicio público integramos, en un primer nivel que más o menos manejamos todos (profesionales de medios, investigadores y hasta público en general), toda aquella programación diseñada bajo parámetros que atienden a las necesidades básicas de una sociedad democrática: respetuosa de los derechos ciudadanos, protectora de los menores y promovedora de los derechos de la mujer y de la diversidad cultural, plural en contenidos, compensatoria de las desigualdades sociales, etc. Son conceptos que debieron alumbrar siempre las prácticas de radiodifusión en España, desde que en su momento se concibiera dicho servicio como servicio público esencial. La llegada de las televisiones privadas y la laxitud en la aplicación de las leyes han hecho que finalmente este concepto haya quedado diluido y vaciado de contenido real. Más allá de las idas y vueltas sobre la bondad del término servicio público, conviene aclarar que no es un principio moral o ético al que los programadores puedan voluntariamente atenerse para diseñar sus contenidos, sino un principio básico que debe alumbrar la programación (la pública y la privada). En este sentido, el servicio público se asienta en principios jurídicos respaldados por la legislación.

Algunas líneas básicas del servicio público

• Elaborar una programación respetuosa con los derechos humanos, protectora de los menores y promovedora de los derechos de la mujer, de los hábitos saludables, de la diversidad cultural, plural en contenidos, compensatoria de las desigualdades sociales, preventiva de conductas antisociales, etc.
• Asegurar la mejora de bienestar social de la población.
• Programar espacios vinculados con los intereses de grupos minoritarios.
• Difundir arte y cultura y motivar a la población a un consumo cultural.
• Promover una más amplia participación ciudadana (derecho de acceso incluido).
• Socializar las ventajas de la sociedad digital a través de la televisión.
• Evaluar la rentabilidad social de una televisión de servicio público.
• Prever el aprovechamiento social, educativo y cultural desde la fase de diseño de los programas.
• Hacer participe en el debate sobre el servicio público al conjunto de la ciudadanía.
• Crear los organismos necesarios de tutela y control que garanticen la prestación del servicio público.

10 razones para fomentar la alianza entre ciudadanía y radiotelevisión pública

1. La radiotelevisión pública es el punto de apoyo sobre el que gira el sistema mediático. Por ello, una radiotelevisión pública que ejerza como referente y que goce de legitimación y apoyo social, influye positivamente en la calidad del resto de medios.
2. Los medios comerciales navegan en una deriva progresiva hacia la maximización de beneficios y la defensa (o al menos, no ofensa) de intereses empresariales diversos.
3. La radiotelevisión pública es uno de los pilares del Estado del Bienestar, ligado a la protección pública frente a contingencias materiales como la salud, el empleo o la edad avanzada y que, complementariamente, desarrollaron legitimidad estatal para ofrecer acceso equitativo a la educación, la cultura o la información. La radiotelevisión pública se inserta en este proyecto junto a las escuelas, las bibliotecas o los museos.
4. La radiotelevisión pública encaja a la perfección con la noción de Esfera Pública, inspirada por Habermas (1981), es decir, el espacio en el que los ciudadanos debaten y deliberan racionalmente sobre el Bien Común.
5. La radiotelevisión pública debe acercarse al ciudadano para alcanzar legitimación social y de diversificación de audiencias en tiempos muy competitivos.
6. Las corporaciones de radiotelevisión de servicio público están multiplicando sus servicios en la red, por lo que se están transformando en Corporaciones de Medios Públicos, liderando los procesos de convergencia tecnológica.
7. Si Internet crea comunidades, la televisión crea sociedad y espacio público. Los medios públicos tienen el potencial de conectar lo uno y lo otro, de «crear espacios públicos en este mundo virtual y conectarlos con los del mundo real» (Díaz Arias, 2009:13).
8. La radiotelevisión pública puede y debe, por tanto, ofrecer una versión de lo que está pasando, que sea más rica en puntos de vista, y leal al ciudadano.
9. La radiotelevisión pública debe ser fundamental en el control de las actividades de las élites no solo políticas, sino también empresariales.
10. La radiotelevisión pública debe afrontar el reto de ofrecer periodismo y contenidos de calidad que den cobertura de interés a TODA la ciudadanía, haciendo así de contrapeso al resto de cadenas.

El derecho de acceso

El derecho de acceso está recogido en la Ley de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal. En esta Ley se reconoce a los grupos sociales y políticos significativos la facultad de utilizar los medios de comunicación de titularidad pública para transmitir y difundir sus ideas al conjunto de la sociedad. Para garantizar el derecho constitucional de la ciudadanía a difundir ideas, informaciones y opiniones. El Consejo de Administración de RTVE ha establecido unas directrices donde se recogen los requisitos que deben cumplir los grupos sociales y políticos significativos, en cumplimiento de su función de servicio público y como mecanismo de garantía del pluralismo en los contenidos de la Corporación (web RTVE). En lo que atañe al Derecho de Acceso proponemos: conformarlo como un eje esencial de la oferta del servicio público y uno de los garantes de la calidad democrática en nuestro país; en espacios específicos de acceso (reformando profundamente el reglamento actual), en la programación general y en los servicios interactivos; a escala estatal y territorial. Los Consejos Sociales serán el corazón de ese derecho de acceso democrático, dedicado a impulsar y controlar permanentemente el ejercicio de esta participación pública sistemática. El servicio público de radiotelevisión debe trasponer al mundo on line las funciones clásicas del servicio público y facilitar el acceso universal a contenidos digitales, con un auténtico Plan Estratégico para la Era Digital, (…) con creación de una comunidad de espectadores y usuarios comprometidos con los valores del servicio público (“Ciudadanos por el Servicio Público Multimedia”), con influencia real y directa en la orientación de sus contenidos y servicios, consultados periódicamente para los nuevos servicios para testar su valor añadido público diferencial.

Transparencia

La transparencia debe ejercerse no solo respecto a los organismos de control internos y externos del servicio público, sino también frente a los ciudadanos que constituyen sus auténticos propietarios. Y debe incluir los aspectos financieros (fuentes, costes…), las retribuciones y las contrataciones externas, y ser garantizada por auditorías sistemáticas y rigurosas.

Otras cuestiones: Equilibrio, descentralización y apoyo a la producción independiente

La descentralización de la producción y de la oferta audiovisual es una misión axial del servicio público, como apoyo a la diversidad de lenguas y culturas españolas y por su propio impacto económico sobre el desarrollo regional, pero debe combinarse con el estímulo de una producción «propia» e «interna» sólida. El servicio público debe ser una herramienta capital en la cooperación cultural exterior de España y una plataforma esencial en la proyección de las culturas españolas hacia el mundo entero (TVE internacional).

Modelo federal

En consecuencia, proponemos abrir un proceso paulatino de constitución de abajo a arriba de una estructura federal del servicio público (al estilo de la ZDF alemana), con un progresivo camino de integración voluntaria entre las RTV.AA. y RTVE, en condiciones de cogestión, o de asociación y coordinación.

Gestión y control

De la Corporación con sistemas y garantías democráticas, liberándola del mal endémico de estar dirigida por los partidos en el poder.

Financiación

Frente a los recortes sustanciales experimentados por el servicio público en los últimos cinco años, que han deteriorado gravemente la capacidad y el peso social del servicio público, es preciso aplicar estrictamente las recomendaciones europeas sobre una financiación suficiente, estable y responsable, ceñida al coste neto de las misiones del servicio público (Capítulo IV).

Consejo Audiovisual

Creación de un Consejo Audiovisual como gran regulador y vigilante del sistema audiovisual entero, independientes orgánicamente de los departamentos estatales, competente en los servicios lineales y no lineales. Compuesto por 7 miembros, propuestos cada uno al menos por tres grupos parlamentarios, elegidos por el Parlamento por seis años por mayoría reforzada de dos tercios, de entre profesionales que acrediten al menos cinco años de experiencia en el campo audiovisual, tras una audiencia de evaluación parlamentaria, irrevocables. Entre sus competencias figurarían: la convocatoria y concesión vinculante de las licencias comerciales (que deben pasar de nuevo a diez años); el cumplimiento de las obligaciones legales europeas y españolas; el seguimiento y control del servicio público y el control último del derecho de acceso.