TEMA 1: EL RÉGIMEN DE LA RESTAURACIÓN Y EL SISTEMA CANOVISTA

1. LOS ORÍGENES DE LA RESTAURACIÓN El fracaso del sistema democrático del Sexenio y la fuerza de los grupos favorables a un cambio de régimen político fueron los factores que precipitaron la caída de la República e hicieron posible la vuelta al trono español de los Borbones.Muchos españoles estaban decepcionados con la experiencia de los años de la monarquía de Amadeo y de la República. La imagen que tenían de esta etapa era muy negativa: guerras continuas, caos económico, desórdenes, gobernantes débiles e incapaces, avances carlistas y serias amenazasddesintegración para la unidad del Estado español a causa de las insurrecciones cantonalistas.Lossectores conservadores más adinerados y también la mayoría de los ciudadanos pertenecientes a las clases medias rurales y urbanas solo deseaban tranquilidad, estabilidad, orden y paz(todo lo que no habían encontrado durante los agitados años del Sexenio).No faltarodemócratas e izquierdistas que acabaron por repudiar los «ensueños utópicos», los «extravíos idealistas» y el radicalismo demagógico. Los sectores más poderosos e influyentes de la sociedad española también estaban decididos a liquidar el régimen democrático para restablecer la monarquía borbónica. La burguesía buscaba tranquilidad y orden para la buena marcha de sus negocios, mientras que los terratenientes reclamaban disciplina y un gobierno enérgico que garantizara la seguridad de sus propiedades. Aunque buena parte de los oficiales y mandos del ejército había favorecido directa o indirectamente el triunfado la revolución de 1868, seis años después, la mayoría de los consideraba que la situación había sobrepasado lo aceptable y observaban horrorizados la posible desmembración de España en la bacanal cantonalista.El clero y los católicos también se sentían amenazados por las reformas anticlericales de los republicanos.Los propietarios peninsulares de plantaciones en Cuba.Se oponian a cualquier reforma autonomista o antiesclavista en Cuba y se movilizaron para derribar la República financiando el movimiento alfonsino.
2. LOS FUNDAMENTOS Y LA PRÁCTICA DEL SISTEMA CANOVISTA. La ideología de Antonio Cánovas del Castillo.
Despues del golpe del general Martinez Campos restableciendo la monarquia borbonica,Antonio Canovas del Castillo se hizo con el control de todo, asumió el gobierno y  logró que los generales alfonsinos aceptaran sus directrices y su liderazgo. Cánovas del Castillo pasó a convertirse en el verdadero creador del sistema político que funcionó de manera inalterable durante toda la época de la Restauración.Este malagueño de nacimiento era un destacado hombre de pensamiento también un hombre de acción que siempre se interesó por las pugnas políticas.Fue militante de la Unión Liberal y en 1864.Con 36 años llegó a ser nombrado ministro del gobierno de ODonell. Despues,Cánovas alcanzó la dirección del grupo monárquico que pretendía restaurar en el trono a la dinastía borbónica. Las características ideológicas más destacadas de su pensamiento político eran el conservadurismo, la defensa de las libertades, la fidelidad a la institución monárquica, el rechazo a la democracia, el antiigualitarismo y el antisocialismo.
Resultaba imprescindible lograr que el pleno reconocimiento de las libertades individuales fuera compatible con el mantenimiento del orden y la disciplina social que hacían posible el desarrollo económico. Admiraba el sistema político liberal y monárquico de Gran Bretaña e intentó tomar el éxito y la estabilidad británicas como el modelo a imitar para nuestro país.Consideraba que la monarquía no era una simple forma de gobierno, era la médula de la nación española y la única institución que podía mantener unidos los distintos territorios peninsulares.Queria 1monarquía renovada que pudiera convertirse en el símbolo del progreso moderno y de la reconciliación entre todos los españoles.Era necesario apartar al rey de los asuntos de gobierno, y hacer de Alfonso XII un «Rey Soldado» capaz de impedir los pronunciamientos militares y de evitar la intervención de los generales en la vida política.Cánovas se mostraba contrario al sufragio universal y pensaba que la democracia abriría inevitablemente las puertas a la revolución y a la anarquía social.Entendía que la diversidad y la desigualdad eran inevitablesy frente a los revolucionarios marxistas y anarquistas, porque representaban la encarnación del mal y amenazaban todo aquello que más valoraba Cánovas: la paz social, la propiedad privada («esencia de la existencia humana y raíz de esa planta magnífica que apellidamos civilización»), la familia y el catolicismo. justificaba el uso de la fuerza («represión preventiva») como medio de defensa contra el avance del socialismo. Cánovas era liberal y radicalmente antiabsolutista. El obsoleto carlismo suponía una imprudente oposición al espíritu de los tiempos modernos y a la tendencia que se imponía en los países europeos más avanzados. Aunque estimaba la tradición, siempre estuvo dispuesto a facilitar las reformas y a efectuar los cambios necesarios para «pasar de lo viejo a lo nuevo sucesiva, gradual y racionalmente» con el propósito de alcanzar un equilibrio entre los valores tradicionales y las novedades modernas. Asimismo, tenía el convencimiento de que cualquier limitación a la tolerancia y a la libertad religiosa podía contribuir al aislamiento internacional de España y obstaculizar el necesario entendimiento con los partidos demócratas e izquierdistas. En cualquier caso, Cánovas poseía un concepto utilitarista y funcional del catolicismo, pues la religión debía servir de freno social y de instrumento político para garantizar el orden y la subordinación de la clase trabajadora e impedir las revoluciones.
Además, su carácter pragmático («la política es el arte de lo posible», «en política todo lo que no es posible es falso») le impulsó a practicar el compromiso con los adversarios ideológicos y a buscar siempre el acuerdo con los partidos de izquierda («gobernar es transigir»). En 1897, Cánovas fue asesinado de tres balazos por el anarquista italiano Michele Angiolillo cuando se encontraba descansando en un balneario guipuzcoano.
2.2. El proyecto político canovista.
A finales de 1874, Cánovas se proponía construir un nuevo sistema político monárquico, liberal y representativo -pero sin democracia- que pudiera asegurar la tranquilidad social, consolidar la paz y evitar la repetición de las guerras, acabar con las sublevaciones militares, poner fin a las insurrecciones revolucionarias, impedir el triunfo del carlismo antiliberal, impulsar el desarrollo material e industrial y modernizar nuestro país para acercarlo a Europa. Sin embargo, comprendía que la consecución de estos objetivos imponía una imprescindible rectificación de los errores cometidos durante el reinado isabelino mediante la introducción de algunas novedades.
En primer lugar, Alfonso XII reemplazó a Isabel II, quien no debía recuperar la corona porque su pasada conducta personal y política había quedado bajo sospecha. Por este motivo, Cánovas -que jamás simpatizó con la antigua reina- obligó a Isabel II a renunciar a sus derechos al trono en favor de su hijo en 1870. El nuevo monarca era un adolescente de 17 años de edad, simpático, inteligente, liberal y poco religioso, que hablaba varios idiomas, había estudiado en París, Viena e Inglaterra y -lo más importante de todo- que carecía de enemigos y deseaba convertirse en un rey constitucional «a la inglesa».
En segundo lugar, Cánovas fundó un nuevo Partido Conservador en sustitución del antiguo grupo moderado. Esta operación resultó muy complicada porque fue necesario superar las resistencias del sector más revanchista del moderantismo, que pretendía imponer un intransigente retorno a la situación anterior a la revolución de 1868 con la intención de aniquilar a los progresistas, restablecer la Constitución de 1845, prohibir la libertad religiosa y prolongar sin concesiones el predominio moderado característico de la época isabelina.
En tercer lugar, Cánovas pretendía terminar con el militarismo «que había traído muchos males a España», y poner fin a los «nefastos pronunciamientos» y a las continuas intromisiones de los mandos del Ejército en las cuestiones políticas.
El fundamento del nuevo sistema político concebido y pilotado por Cánovas constaba de cuatro elementos divididos en dos grupos: 4

a) Por una parte, la Corona y las Cortes, que eran las dos instituciones básicas y esenciales que componían el eje del régimen al compartir la soberanía y el poder legislativo para crear-como deseaba Cánovas- una fórmula política equidistante entre el absolutismo y la democracia.
b) El segundo par de elementos estaba formado por los dos partidos políticos encargados de asumir el protagonismo de la actividad política y ejercer el poder turnándose periódicamente al frente del gobierno: el Partido Conservador canovista y el Partido Liberal creado por los antiguos progresistas. Esto demostraba la disposición de Cánovas a compartir el poder con quienes habían sido sus enemigos políticos más recientes, es decir, los revolucionarios antiborbónicos de 1868. El propósito declarado de esta maniobra planificada por Cánovas consistía en garantizar la estabilidad del sistema y de las libertades, erradicando los vaivenes políticos extremos y los violentos conflictos entre partidos que habían caracterizado la historia española entre 1814 y 1874. Para lograr todo esto, el nuevo sistema debía asentarse sobre la tolerancia ideológica, la convivencia pacífica entre las diferentes opciones partidistas y la participación en el poder de los diversos grupos políticos.
2.3. La Constitución de 1876.
El mecanismo político-institucional canovista tuvo su formulación legal en una nueva Constitución aprobada en 1876. Unos meses antes, Cánovas convocó en una reunión a más de 500 destacados políticos de diversas tendencias conservadoras y liberales para que colaboraran en la elaboración de unas bases comunes mínimas para la nueva Constitución. El anteproyecto del texto fue preparado por una comisión presidida por Manuel Alonso Martínez, pero el auténtico inspirador de esta Constitución -la de más larga vigencia temporal de la historia española- fue Cánovas. Sin embargo, su contenido era escasamente original, pues presentaba notables semejanzas con los principios y la estructura orgánica de las constituciones de otros países europeos monárquicos, liberales y desarrollados como Bélgica e Italia. Las características más destacadas de este texto constitucional eran:
? La afirmación del principio de soberanía compartida por las Cortes con el Rey en sustitución del principio de soberanía nacional reconocido por la anterior Constitución de 1869. El derecho regio a ostentar la soberanía junto con los representantes de la nación reunidos en las Cortes se justificaba porque la Corona era considerada una institución histórica anterior a la Constitución.
? El establecimiento de unas Cortes bicamerales compuestas por el Congreso de Diputados y el Senado. Sin embargo, estas dos cámaras legislativas presentaban una composición muy diferente. Los diputados eran elegidos por los votantes mediante sufragio restringido hasta que, en 1890, se introdujo la elección por sufragio universal masculino. Por el contrario, existían tres categorías de senadores: los designados personalmente por el rey con carácter vitalicio (aunque de hecho su selección fue casi siempre consensuada entre los dos partidos turnantes), los «senadores por derecho propio» (entre los que se encontraban los grandes de España y las altas jerarquías militares y eclesiásticas) y los senadores electos por sufragio restringido. Así pues, el Senado quedó bajo el control de los grupos sociales y económicos minoritarios y más poderosos (aristócratas, latifundistas, generales, obispos y ricos hombres de negocios). Es importante destacar que las Cortes ya tenían capacidad para controlar la actuación gubernamental, porque los reglamentos internos de ambas cámaras reconocían explícitamente la responsabilidad del gobierno ante los parlamentarios y contemplaban el voto de censura.
? La ampliación de las atribuciones del rey, que tenía potestad para designar al jefe de gobierno, vetar la aprobación de las leyes, nombrar senadores, disolver las Cortes, otorgar indultos y asumir el mando supremo del Ejército. Además, el rey debía realizar el papel de mediador para solucionar los posibles conflictos que pudieran surgir entre el Gobierno y las Cortes, o entre los dos partidos turnantes. En cualquier caso, estas preeminentes funciones no se diferenciaban de las atribuciones que entonces poseían los monarcas de Italia (designación de ministros y senadores), de Bélgica (mando militar, nombramiento de ministros y disolución del parlamento) o de Gran Bretaña (derecho de veto, aunque jamás fue ejercido por el rey británico). Sin embargo, como correspondía a una monarquía constitucional y a pesar de que la letra del texto constitucional español no lo mencionara, el rey reinaba pero no gobernaba, estaba sometido a la Constitución y las decisiones gubernamentales eran adoptadas en la práctica por el Consejo de Ministros.
? El reconocimiento de todos los derechos y libertades individuales fundamentales, cuya garantía hizo posible que incluso los grupos políticos enemigos del régimen de la Restauración -como republicanos, socialistas, anarquistas, carlistas y nacionalistas vascos o catalanes- pudieran organizarse, editar periódicos y libros, mantener locales de reunión, concurrir a las elecciones y hacer propaganda con plena libertad de movimientos.
? La afirmación de la libertad religiosa y el reconocimiento del catolicismo como la religión oficial del Estado español.
? La desaparición del sufragio universal conseguido tras el triunfo de la Revolución de 1868.
5 2.4. El turno de partidos.
La práctica del turnismo bipartidista fue uno de los rasgos esenciales que caracterizaron el funcionamiento del sistema político español durante todo el periodo de la Restauración. Según esta práctica, el Partido Conservador canovista y el Partido Liberal -cuyo origen ideológico se encontraba en el progresismo y cuyo líder era Práxedes Mateo Sagasta- llegaron a un acuerdo para repartirse el poder y alternarse en el gobierno cada dos o tres años. Los objetivos que conservadores y libera les pretendían alcanzar por medio de este turno pactado eran:
a) Evitar que ninguno de los dos partidos quedara excluido del poder y tuviera la tentación de recurrir a los pronunciamientos militares y a las insurrecciones revolucionarias para acceder al gobierno, tal y como había sucedido durante el reinado de Isabel II entre moderados y progresistas.
b) Asegurar la estabilidad del sistema político acabando con las continuas convulsiones y los bruscos virajes políticos acontecidos durante los años del Sexenio.
c) Impedir que los grupos extremistas y hostiles a la monarquía liberal -tanto de izquierdas (republicanos, socialistas) como de ultraderecha (carlistas) – pudieran avanzar o hacerse con el poder. En cualquier caso, los partidos turnantes llevaron a cabo, con respecto a carlistas y republicanos, una táctica que combinaba la atracción (integrando a los más moderados, transigentes y dispuestos a aceptar las reglas del juego del sistema) y la marginación (aislando y reprimiendo a los más exaltados, revolucionarios, violentos e irreductibles).
d) Mantener el orden socioeconómico en beneficio de las clases dominantes (burguesía, aristocracia).
La manipulación fraudulenta de los resultados electorales fue la única forma de asegurar que este reparto del poder -acordado entre los dirigentes conservadores y liberales- se llevara a efecto sin sorpresas. Con el mismo propósito, ambos partidos intentaron eliminar la participación política de los ciudadanos y fomentaron su desmovilización y su indiferencia por las cuestiones públicas. Así pues, como el artificio turnista se asentaba sobre la continua falsificación de todas las elecciones, el sistema parlamentario representativo quedó convertido en una pura ficción. Los votantes no eran quienes decidían la composición de las Cortes, sino que el rey nombraba un jefe de gobierno que recibía el decreto de disolución de las Cortes, convocaba nuevas elecciones y «fabricaba» fraudulentamente los resultados electorales deseados, de forma que la mayoría de los diputados fueran favorables al gobierno. El rey encargaba alternativamente la formación de gobierno a uno de los dos partidos, que así se relevaban y se repartían el poder de manera negociada. Sin duda alguna, el rey desempeñaba un protagonismo central como motor del cambio político en sustitución del electorado (como hubiera sucedido en un sistema verdaderamente democrático) y de los pronunciamientos militares (como había ocurrido en el pasado más inmediato en nuestro país).
En consecuencia, ni conservadores ni liberales se mostraron demasiado receptivos a las demandas colectivas. Rara vez tuvieron en cuenta los intereses de la opinión pública y ni siquiera atendieron las peticiones procedentes de los más poderosos grupos de presión económicos, porque no necesitan ni sus votos ni su respaldo para ganar las elecciones y gobernar.
A pesar del mantenimiento del turno, la competencia y las rivalidades entre conservadores y liberales fueron permanentes, ya que el partido que estaba en la oposición siempre se impacientaba y deseaba alcanzar el poder para «comer del turrón del presupuesto», disfrutar de los cargos públicos y repartir puestos entre amigos y partidarios cuanto antes; mientras que el partido que ocupaba el gobierno siempre intentaba prolongar algunos meses más su estancia el poder. Sin embargo, y al margen de estos roces, en los dos partidos turnantes existían escasas diferencias ideológicas, puesto que ambos coincidían en lo fundamental y se declaraban a favor de la monarquía borbónica, de la defensa de las libertades y del modelo económico capitalista basado en la propiedad privada.
El turnismo, pues, estaba predeterminado por el acuerdo tácito entre los sectores políticos y sociales que poseían el poder, es decir, por lo que se vino en llamar la oligarquía y el caciquismo. La oligarquía estaba formada por los dirigentes políticos de ambos partidos, estrechamente relacionados con los terratenientes y con la burguesía adinerada. A su servicio estaba el cacique, una persona de gran poder económico en la comarca o pueblo; y éste empleaba su poder para dominar políticamente a los habitantes de su zona de influencia.
La situación que acabamos de exponer demuestra el desfase existente en la época entre la España oficial, la de la legalidad constitucional, y la España real, la de la oligarquía y el caciquismo. El fenómeno era propio de una sociedad mayoritariamente rural, subdesarrollada y analfabeta, en la que se daba una fuerte dicotomía entre el campo y la ciudad. Por eso, y pese a su corrupción, hay quienes han visto el caciquismo, no como un sistema impuesto por la Restauración, sino como la única práctica natural capaz de articular políticamente el Estado decimonónico, al conseguir el enlace de las oligarquías nacionales -los políticos de Madrid- con los caciques comarcales y locales. 6 Por las mismas razones también hay quién afirma que el turnismo y su secuela política, el caciquismo, no es un fenómeno exclusivo de España, sino algo típico de la Europa mediterránea, como muestra el «rotativismo» portugués y el «transformismo» italiano entre la «destra» y la «sinistra».
Durante la década de 1890, la práctica cíclica del turnismo pacífico bipartidista conservador-liberal se mantuvo con una precisión casi matemática: en 1890 gobernó Cánovas, en 1892 gobernó Sagasta, en 1895 retornó Cánovas a la presidencia del gobierno, en 1897 asumió el poder Sagasta, en 1899 se formó un gobierno presidido por Francisco Silvela (que había pasado a liderar el Partido Conservador tras el asesinato de Cánovas en 1897) y en 1901 nuevamente el liberal Sagasta se encargó de las responsabilidades gubernamentales.
Sin embargo, a lo largo de estos últimos diez a del siglo XIX, el sistema canovista comenzó a mostrar síntomas de agotamiento y de mal funcionamiento porque los diferentes gobiernos -tanto conservadores como liberales- no se atrevieron, quisieron o supieron solucionar los graves problemas que más preocupaban a los españoles. Algunos de los problemas que ponían de manifiesto la ineficacia, la insuficiencia y los defectos más evidentes del sistema de la Restauración creado por Cánovas en 1875 eran la persistencia del analfabetismo (los gobernantes destinaron cantidades insignificantes para la extensión de la educación primaria), la continuación del déficit y del endeudamiento estatal, el mantenimiento del sistema de reclutamiento militar discriminatorio, la ausencia de reformas sociales efectivas (como pensiones de jubilación para los ancianos y seguros de accidente y de asistencia sanitaria para los obreros) y por último, la ausencia de verdaderas instituciones democráticas como consecuencia de la persistencia del turnismo y del fraude electoral que impidieron la libre participación de los ciudadanos españoles en la toma de decisiones políticas.
2.5. Los partidos durante la Restauración.
Durante este periodo, los partidos conservador y liberal poseían una mínima estructura organizativa. Casi todas sus actividades políticas se realizaban en tomo a los «círculos», denominación que recibían los lugares donde los correligionarios de las agrupaciones locales de cada partido mantenían sus reuniones y tertulias, celebraban sus banquetes y organizaban sus discursos propagandísticos.
Del mismo modo que había sucedido en la época isabelina, la procedencia de los hombres que se dedicaban a la política profesional era muy variada. Algunos eran famosos abogados, prestigiosos profesores, ricos terratenientes, triunfadores hombres de negocios, populares periodistas o banqueros. Otros eran comerciantes, empresarios industriales y, en ocasiones, varias cosas al mismo tiempo. Además, los dirigentes políticos más destacados siempre mantuvieron estrechas relaciones -vínculos familiares, negocios compartidos y continuos contactos personales en casinos, conferencias y fiestas- con los individuos más ricos y poderosos que formaban la elite económica de la burguesía y la aristocracia del país.
En realidad, los dos partidos turnantes funcionaban como conglomerados compuestos de distintas facciones que se formaban alrededor de los líderes o «primates» más importantes. Por este motivo, las rivalidades personalistas, las disidencias y el transfuguismo fueron fenómenos muy frecuentes.
El Partido Liberal Fusionista -verdadera denominación del grupo liberal- fue creado en mayo de 1880 para agrupar a las distintas tendencias, hasta entonces dispersas, del liberalismo democrático e izquierdista. Su dirigente era el veterano político Práxedes Mateo Sagasta -un antiguo revolucionario antiborbónico y presidente del gobierno durante la República en 1874- que poco después se reconvirtió al monarquismo y se comprometió a aceptar a Alfonso XII como rey. El Partido Liberal (donde pronto recalaron numerosos ex republicanos y ex revolucionarios) siempre fue bastante heterogéneo, motivo por el cual los conservadores se referían burlonamente a este grupo como «olla de grillos» o «mosaico de cien piezas». Ocuparían el poder por primera vez en 1881 y nuevamente en 1885 tras la muerte de Alfonso XII (la regencia fue ocupada por su mujer Maria Cristina de Habsburgo, embarazada ya del futuro Alfonso XIII) cuando procedieron a aprobar varias importantes medidas que significaron la realización de las principales aspiraciones ideológicas como fueron la ampliación de la libertad de expresión y cátedra, la nueva ley de asociaciones que permitió la completa legalización de las organizaciones obreras y sindicales y la restauración del sufragio universal masculino para los mayores de 25 años.
Por su parte, dentro del Partido Conservador -y aunque este grupo político presentaba una mayor cohesión bajo el poderoso liderazgo de Cánovas- también fueron surgiendo varias facciones personalistas en torno a destacados dirigentes como Francisco Silvela, Francisco Romero Robledo y Alejandro Pidal.
2.6. El caciquismo.
Durante todo el periodo de la Restauración y siguiendo la estrategia turnista, el partido que ocupaba el gobierno -ya fuera conservador o liberal- manipulaba siempre los procesos electorales en colaboración con los líderes del otro partido del turno con la intención de garantizar el reparto negociado del poder. En la práctica, esto 7 se llevaba a cabo mediante una operación llamada «encasillado», consistente en la elaboración de un listado (donde cada casilla correspondía a uno de los diferentes distritos electorales) que posteriormente era rellenado con los nombres de los candidatos a diputados preferidos por el gobierno quienes, de este modo, tenían ganada la elección antes de producirse las votaciones. Por supuesto, el gobierno reservaba un número suficiente de diputados al partido turnante que se encontraba temporalmente en la oposición.
Sin embargo, el control de todas las votaciones en cada uno de los pueblos y ciudades de España era bastante complicado y para asegurar los resultados electorales deseados por el gobierno resultaba imprescindible la intervención de los «caciques». Esta era una palabra de origen americano usada para designar a los jefes caribeños precolombinos que ejercían un poder arbitrario sobre la comunidad indígena. En la España del siglo XIX este término también comenzó a utilizarse para denominar a los individuos más poderosos e influyentes de cada localidad, que casi siempre solían ser los mayores terratenientes, los propietarios de las fábricas locales, los prestamistas o los comerciantes más prósperos. La mayoría de los caciques eran grandes latifundistas que aprovechaban su posición económica dominante sobre renteros, colonos, aparceros y jornaleros asalariados para extender y afianzar su control sobre toda la comunidad rural. El entramado caciquil formaba una especie de tupida red piramidal y jerarquizada, de manera que en su interior podían distinguirse varios niveles diferentes de importancia e influencia:
a) Los caciques que ocupaban las posiciones de poder más altas eran también los grandes dirigentes de los partidos políticos, que además desempeñaban con frecuencia cargos como ministros en los diferentes gobiernos.
b) Por debajo de ellos se encontraban los caciques que habían logrado extender su predominio sobre una gran localidad o una comarca entera.
c) En el nivel inferior estaban los pequeños caciques de pueblo y también aquellos individuos (como los farmacéuticos, veterinarios, secretarios municipales, notarios o médicos rurales) que, por estar en contacto continuo con los vecinos, realizaban tareas como agentes intermediarios y satélites al servicio de los caciques más importantes.
La autoridad de los caciques locales derivaba de su superioridad social, de sus propiedades y, lo que es más importante, de su capacidad para mantener las oportunas «amistades políticas» que pudieran proporcionarles buenos contactos para obtener favores de la Administración, del gobierno y de los jueces. El principal medio empleado por los caciques para imponer y aumentar su influencia y su predominio era el reparto de favores personales entre aquellos que se mostraban fieles y sumisos -por agradecimiento o por temor- a sus deseos e instrucciones. Así, los caciques utilizaban su influencia para recomendar, enchufar y colocar a sus protegidos en todo tipo de empleos municipales y públicos como serenos, carteros, barrenderos, bedeles, oficinistas, bomberos o guardias. Conceder permisos laborales, facilitar los documentos necesarios para la apertura de un negocio, gestionar indultos para presos, obtener autorizaciones para edificar, rebajar impuestos, saldar deudas por prestamos, conseguir sentencias judiciales favorables, acelerar el traslado de cuartel para un recluta o incluso librar del servicio militar a un mozo mediante la simulación de una enfermedad eran otros de los múltiples favores que podía proporcionar un cacique para beneficiar a sus leales seguidores. Además, los caciques podían facilitar favores colectivos y su intervención solía ser imprescindible para que un pueblo consiguiera una carretera nueva, un pantano, una línea de ferrocarril, un puente, una universidad o fondos para la reparación de una iglesia o una escuela. En consecuencia, los caciques actuaban también como protectores capaces de solucionar los problemas y atender las peticiones de sus protegidos. Sin embargo, el afán de perjudicar a los rivales y el abuso cotidiano sobre los ciudadanos fueron siempre característicos de la actuación de los caciques, cuya regla era «para los enemigos la ley, para los amigos el favor». Sin duda alguna, uno de los efectos más graves del caciquismo fue la extensión de la corrupción a todos los niveles.
Desde el punto de vista político, el papel de los caciques consistía en controlar las elecciones en los pueblos y municipios rurales donde ejercían su influencia para «fabricar» y garantizar de modo fraudulento los resultados fijados en el «encasillado» por los dos partidos turnantes. El método caciquil más habitual para controlar las elecciones-con el respaldo en todo momento de la Guardia Civil, de los gobernadores civiles, de los jueces y de los alcaldes- consistía en una combinación de persuasión, presión, intimidación, coacción y amenazas sobre los votantes. Aunque el recurso a la violencia física fue muy excepcional, hubo algunos casos, como los que tuvieron lugar en varios pueblos de León durante las elecciones de 1881 (numerosas personas resultaron apaleadas y heridas de arma blanca) y en la provincia de Burgos, donde una de las personas encargadas de trasladar las actas electorales a la capital resultó asesinada en 1891. La compra de votos -se pagaba entre 5 y 15 pesetas a cada elector- solo aumentó de forma significativa tras la introducción del sufragio universal masculino en 1890. En las ciudades, los caciques aprovechaban su control sobre los ayuntamientos para obligar a todos los empleados municipales (desde los guardias hasta los jardineros y los carteros) a votar en pelotón entregándoles sobres y papeletas marcadas previamente con contraseñas para conocer su voto. En cualquier caso, los grandes núcleos urbanos fueron los únicos distritos 8 electorales que fueron quedando paulatinamente libres y al margen -al menos parcialmente- de las manipulaciones caciquiles.
Algunos de los factores que hicieron posible la persistencia del caciquismo en España hasta el segundo decenio del siglo XX fueron:
a) La excesiva concentración de poderes en manos del gobierno, puesto que podía cambiar, trasladar y destituir a jueces, alcaldes y funcionarios para nombrar otros adictos y asegurar su docilidad e inhibición antes de cada elección. Convertir a los alcaldes en «muñecos» al servicio de los intereses del gobierno resultaba clave para trucar las votaciones, de forma que cualquier oposición de los ediles a los deseos gubernamentales era castigada.
b) La sumisión, la docilidad y el apático conformismo de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles. Esto hizo posible que el gobierno y los caciques ocuparan el espacio abandonado por un electorado pasivo y masivamente abstencionista (la participación en las votaciones jamás sobrepasó el 20%). Este desinterés de la ciudadanía fue observado y recriminado por muchos intelectuales cono Miguel de Unamuno (que hablaba de «resignación africana»), Ángel Ganivet (que lamentaba la «abulia colectiva») y Joaquín Costa quien, encolerizado, llegó a calificar de «eunucos» a los españoles.
c) El aislamiento y la incomunicación de muchas zonas rurales también favorecieron los manejos caciquiles, ya que los caciques ejercían un poder temible, cercano y visible mientras que -por el contrario- los ministros, las Cortes y el rey quedaban muy distantes, en una época en la que desde muchos pueblos se tardaban horas e incluso días en hacer un viaje hasta Madrid o hasta la capital provincial más cercana.
2.7. La obra política de la Restauración en el reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina
Ya hemos comentado cómo la pacificación social fue el principal objetivo de la política interior de la Restauración. Para conseguirlo, Cánovas procuró, desde el primer momento, llegar a un consenso con los principales poderes fácticos de la nación: el ejército y la Iglesia.
El ejército y el trono se reencontraron después de las discrepancias del Sexenio. Alfonso XII, al igual que otros monarcas europeos, fue un «rey soldado», que asumió el espíritu y la jefatura del ejército y marcó la pauta a seguir por sus sucesores. El ejército, por su parte, abandonó la práctica del «pronunciamiento», se marchó a sus cuarteles y se profesionalizó. En resumen, el civilismo o poder civil se impuso al militarismo o poder militar.
La Iglesia y el Estado también se reconciliaron. Al restablecerse la confesionalidad de este último, la Iglesia recobra su antiguo prestigio e influencia, sobre todo en el campo de la enseñanza. Incluso el Papa, León XIII apoyó decididamente la consolidación de la Restauración. El posibilismo de Cánovas permitió la libertad de cultos y otras confesiones religiosas pudieron instalarse en el país, algo que no fue bien visto por amplios sectores de la Iglesia. No obstante, no faltaron las fricciones y el anticlericalismo se intensificó en ocasiones.
Las empresas fundamentales del sistema canovista fueron la terminación de las guerras carlistas y la pacificación de Cuba. Con el concurso del propio Alfonso XII, el ejército logró vencer los núcleos carlistas del Maestrazgo, Seo de Urgel y del Norte, obligando a Carlos VII en 1876, a huir a Francia. Más dificultades entrañaba la pacificación de Cuba, que ardía en guerra desde hacía diez años. Magnífica fue la actuación del general Martínez Campos, que consiguió la paz en 1878, merced al Convenio de Zanjón.
Desde otro ángulo, merece destacarse la labor legislativa llevada a cabo desde una concepción centralista de la organización del Estado. Así, surgieron la Ley Municipal y Provincial (1882) y se actualizaron los Códigos de Comercio (1885) y Civil (1899).