Década moderada 1844-54

EL gobierno estuvo presidido por Narváez que impuso una política basada en los principios del liberalismo moderado. Su pretensión era clausurar la etapa revolucionaria y normalizar el funcionamiento de las instituciones liberales, y crear una legislación básica que tenía que basarse en el predominio del orden y de la autoridad, combinando la reforma política. Contaron con el apoyo de la burguésía terrateniente, de la corona y el ejército.

La constitución de 1845: Recogíó las ideas básicas del Modernismo: la soberanía conjunta entre el rey y las cortes, ampliación del poder ejecutivo del rey y la disminución del su poder legislativo; restricción del derecho al voto y constitución de un senado no electivo. Los ayuntamientos, las diputaciones quedaron sometidos a la administración central y fue suprimida la Milicia Nacional. Además, se declara España como estado católico y se acuerda el mantenimiento de la iglesia. El rey era quien nombraba a los ministros, tenía el poder de vetar leyes, disolver las cortes y designar el senado.

Un decreto de 1845 reguló la libertad de imprenta, cosa que significaba el control gubernamentalmente sobre la prensa. En 1846 la aprobación del sufragio censitario muy restringido que no superaba el 1% de la población.

Se aceptó el sistema de distritos uninominales que favorecían el predominio del voto rural sobre el urbano que facilitaba la intromisión del gobierno en las elecciones y el falseamiento electoral.

En 1851 se firmó el Concordato de la Santa Sede, en la cual se establecía la suspensión de la venta de los bienes eclesiásticos y la devolución de los bienes no vendidos. A cambio, la Santa Sede reconocía a Isabel II, mientras que el Estado se comprometía al mantenimiento del culto y se le concede a la iglesia competencias en educación y se reestablecen las ordenes regulares.

Reformas administrativas. Los modernistas querían consolidar la estructura del nuevo Estado liberal bajo los principios del centralismo, la uniformidad y la jerarquización. Por una parte, el gobierno emprendíó la necesaria reforma discal con la Ley de Mon-Santillan 1845 con la centralización administrativa y la contribución directa según la propiedad, para aumentar los ingresos de la hacienda pública. La unificación legislativa con la aprobación del Código Penal 1846 y la elaboración de un proyecto de código civil que recopilaba las leyes anteriores. Por otra parte, se emprendíó la reforma de la administración pública con la reorganización de los cargos del Estado y la creación de una ley de funcionarios que regulaban el acceso. Y la Ley de administración local de 1846 que dispuso que los alcaldes de municipios de más de 2000 habitantes y las capitales de provincia serían nombrados por la corona, y el resto de alcaldes por el gobernador civil. En el País Vasco y Navarra se mantuvieron los ayuntamientos por miedo a una segunda guerra carlista.

La segunda guerra carlista (1846-1849). El pretendiente es Carlos Luis de Borbón hijo de Carlos Isidro que había abdicado en él en 1845. Las tropas son dirigidas por Cabrera y Tristany que se hacen fuertes en Cataluña, Navarra y País Vasco, pero son derrotados por Gutiérrez de la Concha. Apoyados por la iglesia rural y por los campesinos. También se conoce como la guerra dels matiners
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En 1845 se aprueba la Ley Pidal: creación de los institutos de segunda enseñanza. También se adoptó el sistema métrico decimal. Se disolvíó la Milicia Nacional y se creo la Guardia Civil en 1844.

La crisis del gobierno moderado. Inestabilidad en el gobierno debido a las camarillas que provoca que la política este al margen de la vida parlamentaria.

El autoritarismo se acentuó durante el gobierno de Bravo Murillo de 1852 que propuso una reforma constitucional que transformaba el Estado en una dictadura tecnocrática, ya que contemplaba la posibilidad de gobernar por decreto y de suspender de manera indefinida las cortes, a la vez que restringía todavía mas el censo electoral. Así, despreciaba el sufragio y el parlamentarismo y consideraba que una administración eficiente y el fomento de riqueza eran las únicas condiciones para un buen gobierno. En definitiva, la desaparición del régimen parlamentario y volver a un sistema parecido al del Estatuto Real.

La propuesta fracasó y se acentuó la descomposición interna del partido y aumentó el descontento de amplias capas sociales. De esta manera una nueva revolución de 1854 permitíó que los progresistas volvieran al trono.