Capacidad Económica

La capacidad económica actúa como presupuesto habilitante y límite para la tributación. En sentido positivo, exige que se graven los hechos indicativos de capacidad económica. En sentido negativo, excluye que se graven hechos que no suponen manifestación de capacidad económica.

• Sentencia del Tribunal Constitucional 221/1992, 11 de diciembre, FJ4º: el principio de capacidad económica “quebraría en aquellos supuestos en los que la capacidad económica gravada por el tributo sea no ya potencial sino inexistente o ficticia”.
• POTENCIAL (?) FICTICIA: Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (sentencia TC febrero 2017, en caso de pérdidas, inconstitucional).
• ¿Qué hechos son indicativos de capacidad económica? Principio de normalidad: supuestos que normalmente son indicativos de capacidad económica: titularidad patrimonio, percepción renta, consumo, circulación de riqueza… ¿y el que vende la casa por necesidad?: Cuando no existe capacidad económica y sin embargo, un hecho aparece tipificado como hecho imponible la solución viene dada por vía de exenciones o bonificaciones.
• Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1983: Es constitucionalmente admisible que el Estado, y las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, establezcan impuestos que, sin desconocer o contradecir el principio de capacidad económica o de pago, respondan principalmente a criterios económicos o sociales orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de intereses públicos que la Constitución garantiza. Basta que dicha capacidad económica exista, como riqueza o renta real o potencial en la generalidad de los supuestos contemplados por el legislador al crear el impuesto, para que aquel principio constitucional quede a salvo.
• Debe tenerse en cuenta la denominada exención del mínimo vital en la configuración de los hechos imponibles (la existencia de una cantidad que no puede ser objeto de gravamen porque está destinada a satisfacer las mínimas necesidades vitales de su titular).
• Es el criterio por el que se determina la intensidad de la contribución que cada uno debe aportar al sostenimiento del gasto público (especialmente en el caso de los impuestos).
• La capacidad económica es una exigencia predicable de todo el ordenamiento tributario y opera singularmente respecto a cada persona.

Principio de Reserva de Ley

• Artículos 31.3, 133.1 y 2, 133.3 de la Constitución, artículo 8 de la Ley General Tributaria (LGT).
• En un Estado Constitucional cumple una doble finalidad, pero siempre garantista:
  1. Garantizar el respeto al principio de autoimposición, de modo que los ciudadanos no pagan más tributos que aquellos a los que sus legítimos representantes han dado su consentimiento.
  2. Una finalidad garantista del derecho de propiedad, porque con el inicio del constitucionalismo -principios del S. XIX- el tributo se consideraba una injerencia del Estado en las economías privadas y frente a esa injerencia se adoptó como medida de contención el que su establecimiento se realizara por ley.
• Actualmente, este principio es asimismo el instrumento para asegurar a los ciudadanos un tratamiento uniforme (herramienta al servicio de la generalidad y la igualdad).
• La Reserva de Ley en materia tributaria tiene carácter relativo: No todo aquello relacionado con el tributo debe ser regulado por ley, sino el establecimiento del tributo (la creación ex novo del tributo) y los elementos esenciales del tributo y todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado (artículo 133.3 CE).
• Se regula por Ley (artículo 8 LGT): hecho imponible, devengo, base imponible, base liquidable, tipo de gravamen, presunciones que no admiten prueba en contra, pagos a cuenta e importe máximo, obligados tributarios, exenciones, reducciones, bonificaciones, recargos, intereses, etc.
• Constituye un límite no solo para el poder ejecutivo (se prohíbe al ejecutivo que en el ejercicio de su potestad normativa, vía reglamentos, interfiera en en un ámbito jurídico reservado al acuerdo mayoritario de la voluntad expresada en el parlamento), sino también para el propio poder legislativo, porque el poder legislativo no puede renunciar de estas funciones.
• Importancia de la Ley como fuente del Derecho. Conexión con principios de jerarquía normativa y seguridad jurídica. Solo el Parlamento puede determinar los elementos esenciales del tributo.
• Se predica tanto de los tributos estatales como de los tributos propios de las CCAA. Exigencia impuesta por la Constitución a las Cortes Generales y a los Parlamentos regionales. No a los Municipios (no pueden aprobar Leyes, pero una ley deberá reconocerles una intervención en su establecimiento o en su exigencia).