LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA. LA MONARQUÍA DE Juan Carlos I A TRAVÉS DE SUS GOBIERNOS

EL GOBIERNO DE UCD (1978-1982)

Los primeros pasos de la democracia están amenazados por terrorismo y el golpismo militar. ETA intensifica su actividad con el objetivo de que el gobierno acepte la de independencia de Euskadi, completándose su acción a través de un partido político, Herri Batasuna, respaldado por más del 15% de los votos en las convocatorias electorales. A este terrorismo de ETA se suma el de otros grupos como el FRAP y el GRAPO. El objetivo de estos grupos es romper la credibilidad de la naciente democracia y provocar la actitud golpista de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad del Estado, contra los que dirigen sus atentados.
Tras la aprobación de la Constitución se convocan elecciones legislativas y Suárez rentabiliza su actuación como promotor de la reforma obteniendo un nuevo triunfo electoral. Sin embargo, poco después se produce el triunfo de la izquierda en las elecciones municipales, tras el pacto entre el PSOE y el PCE.
El gobierno de Suárez se somete a un duro desgaste, incrementado por el proceso de descentralización autonómica que recoge la Constitución en sus artículos 143 y 151. Las diferencias entre gobierno y oposición se acentúan. El PSOE comienza una dura crítica que culmina con la presentación de una moción de censura contra Suárez, pero no prospera. Además Suárez afronta la progresiva desintegración de su propio partido, al que le falta unidad ante problemas como la ley del divorcio, reforma fiscal o el terrorismo.
En el ejército los rumores de conspiración son casi permanentes y el clima de descontento impulsa a algunos jefes militares a conspirar contra la democracia. De hecho, la dimisión de Suárez en Enero de 1981 y los insultos recibidos por los Reyes en su visita a Guernica por parte de pro-etarras, hacen que diversos militares programen un Golpe de Estado argumentando el “estado de necesidad” en que se encuentra España. Así, el 23 de Febrero, durante el debate de investidura del nuevo Presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, un grupo de Guardias Civiles bajo el mando del teniente coronel Antonio Tejero ocupa el Congreso y secuestra a los diputados. Mientras, en Valencia, las tropas comandadas por el general Jaime Milans del Bosch salen a la calle y toman la ciudad. En los cuarteles de toda España se viven momentos de tensión hasta que la intervención televisada del Rey pidiendo el acatamiento del orden constitucional acaba de convencer a los indecisos de las escasas probabilidades del éxito de un Golpe de Estado.
El fracaso tiene como consecuencia la revitalización de la democracia: manifestaciones multitudinarias populares y la renovación política del espíritu de consenso.
A partir de 1979 se inicia una fase negativa de la economía española: alza de precios, bajo crecimiento del PIB, déficit de la balanza de pagos, aumento del paro, etc. A lo que se une la propia desintegración de la UCD. Ante tal situación, Calvo Sotelo convoca elecciones anticipadas en Agosto de 1982 que dan la victoria por mayoría absoluta a los socialistas. La normalidad con la que se produce la alternancia permite considerar esta fecha como el final de la transición y el inicio de la consolidación de la democracia.

EL GOBIERNO DE LOS SOCIALISTAS (1982- 1996)

Los socialistas llegan gracias a una serie de factores como la unidad del partido; la popularidad de su líder, Felipe González; un programa electoral progresista y renovador que incluye la promesa de crear 800.000 empleos; la renovación ideológica de sus dirigentes, que aceptan la monarquía como forma de Estado; el proceso de descomposición de la UCD; o, el fracaso obtenido por los comunistas que se unen a otros grupos afines en una coalición denominada Izquierda Unida.
Los socialistas emprenden una serie de reformas económicas y políticas que buscan la salida de la crisis económica, la incorporación del país al contexto europeo y la consolidación de la democracia. En política económica aplican un duro reajuste que olvida promesas electorales sobre el empleo, adoptando medidas de saneamiento para controlar la inflación y el gasto público, acometiendo la reconversión industrial de grandes empresas públicas, cerrando industrias, jubilando anticipadamente a muchos trabajadores a pesar de los violentos disturbios que éstos protagonizan, entre otras cuestiones. Por otro lado, se amplía el gasto público para la creación de servicios estatales. Así mismo se aplican programas de promoción de empleo aunque continuó creciendo el paro.
A partir de 1986 se reactiva la economía, se produce la incorporación a la Comunidad Económica Europea y la reducción de barreras comerciales permitieron atraer inversiones extranjeras. Los sindicatos (CCOO y UGT) aceptan la contención salarial y contienen la conflictividad obrera a cambio de una mayor inversión en el gasto público; como esto no se hace, en 1988 las centrales sindicales organizan una huelga general con seguimiento masivo, dejando al país literalmente paralizado. Es la respuesta social a las medidas del gobierno en materia laboral y a los ajustes económicos.
El interés por crear el Estado del bienestar hace que el gobierno preste una especial atención a la sanidad las pensiones y la educación. Se amplía la cobertura sanitaria a todos los ciudadanos, multiplicándose los gastos e imponiéndose una racionalización de su administración. La percepción de las pensiones se universaliza, se eleva su cuantía y se codifican las prestaciones de desempleo que, en Andalucía y Extremadura, tienen una especial importancia por la aplicación del PER (Plan de Empelo Rural).
Así mismo, se intentan consensuar cuestiones como la reforma educativa con la intención de mejorar las titulaciones universitarias y organizar la enseñanza en pública, privada y concertada, ampliándose la enseñanza obligatoria a los 16 años. (LODE y LOGSE). En las obras públicas, los resultados más destacados son la red de autopistas y autovías, así como la mejora de las infraestructuras de Barcelona y Sevilla con motivo de los eventos de 1992 (Olimpiadas y Exposición Universal).
La política antiterrorista no logra acabar con la actividad criminal de ETA, que reduce sus atentados pero los hace más mortíferos a través de explosiones de coches-bomba como el de los almacenes Hipercor de Barcelona con 21 muertos (1987). Francia colabora con las autoridades españolas en la lucha etarra, mientras que los pactos de Ajuria Enea firmados por todas las fuerzas políticas consiguen aislar a los violentos.
Simultáneamente actúan los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación) que asesinan a personas vinculadas con ETA. En política exterior se negocia la entrada en la CEE (1986) y la incorporación definitiva a la OTAN. La gestión socialista alcanza su plenitud en las celebraciones de 1992, en los que la nueva España democrática logra un amplio reconocimiento internacional. Sin embargo, el país sufre una grave crisis: se pierden empleos, no se cumplen los criterios económicos de convergencia económica con respecto a Europa, aparecen los primeros escándalos de corrupción (Filesa, Banco de España, Banesto, los fondos reservados), el caso GAL pone en evidencia que el Ministerio del Interior lo había arropado y salen a la luz los papeles del CESID poniendo de manifiesto que políticos, periodistas y hasta el propio rey habían sido sometidos a escuchas ilegales.
En las elecciones de 1993 vuelven a triunfar los socialistas, aunque con mayoría relativa. De ahí que busquen pactos con los nacionalismos moderados (PNV y CiU) a cambio de concesiones en el proceso de descentralización autonómica. En este ambiente, el Partido Popular, nacido de la renovación de Alianza Popular (grupo de derecha liderado por Fraga Iribarne) y con un nuevo presidente en la persona de José María Aznar, se hace progresivamente con parcelas de poder controladas desde hacía más de una década por los socialistas: las elecciones europeas, las municipales, las autonómicas…

EL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR (1996-2004)

 
En 1996, se celebran elecciones donde el PP supera al PSOE en sólo 300.000 votos. José María Aznar, apoyado por el PNV y CiU, se inviste presidente del gobierno. La gestión comienza con la concesión del 30% del IRPF a las comunidades autónomas y un amplio programa de privatizaciones en empresas públicas (CAMPSA, Telefónica, Correos, etc.). El objetivo prioritario es cumplir las condiciones de Maastricht: control del déficit público y la inflación. Desde 1996 se inicia una recuperación económica, las cifras de desempleo mejoran de forma notable, los escándalos políticos de la época anterior desaparecen y las amenazas de retorno de la derecha intransigente al poder se esfuman en buena medida.
El Partido Popular modera su imagen y se presenta ante los españoles como un partido de centro-derecha basado en ideas neoliberales. Los frutos no se hacen esperar y, entre otros logros, se consigue la integración de España a la zona euro, moneda común puesta en circulación en Enero de 2002. Todos estos elementos hacen que el Partido Popular logre una holgada mayoría absoluta en las elecciones de 2000.
Sin embargo el período 2000-2004 no va a ser tan fructífero, sobre todo por la aplicación de una serie de medidas antipopulares que producen un fuerte desgaste del gobierno. De hecho, el decidido apoyo a la política antiterrorista promovida por EE.UU. Y la entrada en la Guerra de Irak, bajo el pretexto de hacer frente a la amenaza islámica de Sadan Hussein, suponen la reacción de los partidos de izquierdas, que organizan campañas de desprestigio contra el gobierno, con el amparo de los medios de comunicación afines. Pese a ello, los números económicos españoles son los mejores de toda la democracia, en una etapa sin precedentes reconocida incluso por el resto de los países miembros de la Uníón Europea.
Las estrategias frente a ETA se intensifican: se firma del Pacto Antiterrorista con el PSOE, gracias al cual se consigue ilegalizar a los grupos proetarras; las fuerzas de seguridad, aliada con la francesa, asfixian a los dirigentes políticos de Herri Batasuna; y los jueces aplican medidas correctivas para los presos.
Pero el 11 de Marzo de 2004 se produce uno de los mayores ataques terroristas. En las cercanías de la Estación madrileña de Atocha, varias bombas hacen estallar diversos trenes produciendo más de 200 muertos y 1000 heridos. La tensión y el nerviosismo protagonizados por el gobierno en las horas siguientes, previas a las elecciones convocadas para dos días después, hacen que pierda toda credibilidad.

EL GOBIERNO DEL PARTIDO SOCIALISTA (2004-2008)

Las elecciones de Marzo de 2004 dan la victoria al Partido Socialista, de la mano de un nuevo líder, José Luis Rodríguez Zapatero, apoyándose en IU, los nacionalismos moderados (PNV, CiU, CC) y otros más radicales (ERC). Los socialistas consiguen rentabilizar una creativa y original campaña publicitaria en torno al lema ‘ZP=Zapatero Presidente’, al tiempo que capitalizan las opiniones contrarias a la Guerra de Irak y al atentado terrorista de Madrid, haciendo valer a su favor el descrédito protagonizado por los Ministros de Aznar ante la opinión público. El Gobierno de Zapatero inicia un ambicioso programa de reformas sociales (legalización del matrimonio gay, interrupción del embarazo, paridad de sexos en todos los ámbitos), autonómicas (reformas estatutarias de Cataluña, Valencia y Andalucía) y educativas (LOE), mientras que en economía mantiene un criterio continuista con la anterior etapa. Los contactos con ETA ponen en peligro el consenso político entre los grupos mayoritarios al romperse el Pacto Antiterrorista y forzarse la interpretación de la Ley de Partidos (liberación del etarra de Juana Chaos y participación política de la izquierda abertzale en las elecciones municipales de 2007 con el partido ANV).
En Marzo de 2008 se celebran elecciones, con nueva victoria del PSOE (42,87%). En ellas no participan casi 40 listas procedentes de ANV, perdiendo fuerza Izquierda Unida (sólo 2 diputados). El período se caracteriza por la adopción de medidas ante la importante crisis económica y financiera de contexto internacional.