Fundamento Constitucional de la Contribución al Gasto Público

¿Cuál es el fundamento constitucional para contribuir al gasto público?

El fundamento constitucional para contribuir al gasto público se encuentra en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, tanto de la Federación como de los Estados y Municipios en los que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Esto significa que:

• Todos los mexicanos tienen la obligación de contribuir al gasto público.
• Esta contribución debe ser proporcional a sus ingresos y capacidades económicas.
• Debe ser equitativa, lo que implica un trato igualitario para quienes se encuentren en la misma situación fiscal.

Las leyes fiscales son las que establecen la forma y los términos específicos en que se debe cumplir con esta obligación. La contribución al gasto público es fundamental para el funcionamiento del Estado, ya que permite financiar servicios públicos esenciales que benefician a toda la ciudadanía, como la educación, la salud, la seguridad, la infraestructura, entre otros.

Fundamento en el Código Fiscal de la Federación (CFF)

¿Cuál es el fundamento en el CFF para contribuir al gasto público?

El fundamento en el Código Fiscal de la Federación (CFF) para contribuir al gasto público se encuentra principalmente en su artículo 1°. Este artículo establece que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas.

Este principio del CFF retoma y reglamenta lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, reiterando que la contribución debe ser proporcional y equitativa. El CFF y las leyes fiscales específicas (Ley del ISR, Ley del IVA, etc.) detallan cómo se calculan y pagan los impuestos.

Esta obligación asegura el financiamiento necesario para los servicios públicos esenciales. Por ejemplo:

• Un trabajador (persona física) contribuye mediante el Impuesto Sobre la Renta (ISR), generalmente retenido de su salario.
• Una empresa (persona moral) paga impuestos como el ISR sobre sus utilidades y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la venta de bienes o servicios.

El incumplimiento de esta obligación puede acarrear consecuencias como multas, recargos y otras sanciones fiscales establecidas en el propio CFF.

Definición de Persona Física (Punto de Vista Fiscal)

Desde el punto de vista fiscal, una persona física es un individuo, un ser humano, que realiza actividades económicas (como prestar servicios profesionales, realizar actividades empresariales, arrendar bienes, obtener salarios, etc.) y, por lo tanto, adquiere derechos y obligaciones fiscales ante la autoridad (como el SAT). Estas obligaciones incluyen inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), presentar declaraciones, pagar impuestos y, en ciertos casos, emitir comprobantes fiscales digitales (CFDI).

Definición de Persona Moral (Punto de Vista Fiscal)

Desde el punto de vista fiscal, una persona moral es una entidad jurídica creada por un conjunto de personas físicas (socios o accionistas) o por otras personas morales, que se unen con un fin común, generalmente lucrativo o no lucrativo (como sociedades mercantiles, asociaciones civiles, sociedades civiles). Esta entidad tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, distintos de los de sus integrantes. Al igual que las personas físicas, las personas morales tienen obligaciones fiscales propias, como inscribirse en el RFC, llevar contabilidad, presentar declaraciones, pagar impuestos y emitir CFDI.

Recursos Fiscales

¿Qué es un recurso?

Un recurso, en el ámbito legal y administrativo, es un medio o herramienta que la ley concede a las partes involucradas en un procedimiento (como un contribuyente o la propia autoridad) para impugnar una resolución o acto administrativo con el que no están conformes. El objetivo principal de interponer un recurso es solicitar a una instancia competente (que puede ser la misma que emitió el acto o una superior) que revise la decisión, y, en su caso, la modifique, revoque o anule, buscando corregir posibles errores de procedimiento, de fondo o violaciones a la ley.

¿Cuál es la naturaleza de un recurso?

La naturaleza de un recurso es ser un medio de defensa legal y un mecanismo de control de la legalidad de los actos de autoridad. Su esencia es revisora y correctiva. Permite que las decisiones administrativas o judiciales sean reexaminadas para asegurar que se ajusten a derecho y sean justas.

Al relacionarlo con el recurso de revocación (previsto en el CFF) y el recurso de inconformidad (mencionado en diversas leyes, como la Ley del Seguro Social o la LGRA), ambos comparten esta naturaleza. Son manifestaciones específicas de los recursos administrativos:

• El recurso de revocación se interpone generalmente ante la misma autoridad que emitió el acto impugnado (o su superior jerárquico dentro de la misma entidad), buscando que esta reconsidere su propia decisión.
• El recurso de inconformidad suele presentarse contra actos de organismos fiscales autónomos (como el IMSS o el INFONAVIT) o en materias específicas como responsabilidades administrativas, y puede ser resuelto por una instancia diferente o superior.

Ambos buscan garantizar el derecho de audiencia y defensa de los afectados, permitiendo una revisión de los actos antes de acudir, si es necesario, a instancias judiciales.

¿Quién puede presentar el recurso de revocación CFF?

De acuerdo con el Código Fiscal de la Federación, el recurso de revocación puede ser presentado por los interesados, es decir:

• Los contribuyentes directamente afectados por el acto o resolución.
• Los responsables solidarios.
• Terceros que acrediten un interés jurídico afectado por el acto.

Aunque el texto original menciona a las autoridades fiscales, estas no interponen el recurso de revocación contra sus propios actos; más bien, son la instancia ante la cual se presenta y la que resuelve dicho recurso.

¿Contra qué procede el recurso de revocación CFF?

Según el artículo 117 del CFF, el recurso de revocación procede contra:

1. Resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que:
   • Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos.
   • Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley.
   • Dicten las autoridades aduaneras.
   • Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas excepciones específicas.
2. Actos de autoridades fiscales federales que:
   • Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que estos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización por cheque recibido en tiempo y no pagado.
   • Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución (PAE), cuando se alegue que este no se ha ajustado a la Ley, o se determinen el valor de los bienes embargados.
   • Afecten el interés jurídico de terceros (en casos específicos previstos por la ley).

De acuerdo con el artículo 1 del Reglamento del CFF, ¿quiénes son considerados autoridades fiscales?

Conforme al artículo 1 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, se consideran autoridades fiscales, para efectos de la aplicación del CFF y las leyes fiscales federales:

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
• El Servicio de Administración Tributaria (SAT), como órgano desconcentrado de la SHCP.
• Las entidades federativas que tengan celebrado convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, respecto de las funciones y materias objeto del convenio.
• Los organismos fiscales autónomos (como el IMSS y el INFONAVIT), en lo relativo a la determinación y cobro de las contribuciones y accesorios de su competencia.
• Otras unidades administrativas u organismos descentralizados a los que las leyes les confieran facultades en materia fiscal federal dentro del ámbito de su competencia.

Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA)

Menciona 3 ejemplos de faltas administrativas no graves, de acuerdo con el artículo 49 de la LGRA

El artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) establece diversas conductas que constituyen faltas administrativas no graves para los servidores públicos. Tres ejemplos son:

1. Incumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto (Fracción I). Por ejemplo, no realizar las tareas asignadas en tiempo y forma sin causa justificada.
2. No denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir que puedan constituir faltas administrativas (Fracción II). Por ejemplo, un servidor público que presencia un acto de corrupción menor por parte de un compañero y no lo reporta a sus superiores o a la autoridad competente.
3. No atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público (Fracción IV). Por ejemplo, ignorar una orden directa y legal de un jefe para realizar una tarea específica relacionada con su puesto.

Nota: Los ejemplos proporcionados en el texto original estaban incompletos o mal redactados; se han sustituido por ejemplos claros basados en el artículo 49 de la LGRA.

¿Qué es el recurso de inconformidad (en el contexto de la LGRA)?

Dentro del marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), el recurso de inconformidad es un medio de defensa que pueden interponer los servidores públicos presuntamente responsables o los denunciantes contra ciertas resoluciones emitidas durante el procedimiento de responsabilidad administrativa. Específicamente, procede contra la resolución que admita o deseche pruebas ofrecidas, o contra la calificación de la falta administrativa como no grave (Artículo 109 y 209 LGRA). Permite solicitar a la autoridad resolutora o a una instancia superior (según el caso) que revise dicha resolución.

Nota: El texto original lo definía de forma genérica; se ha contextualizado a la LGRA según la pregunta siguiente.

De acuerdo con el artículo 109 de la LGRA, ¿qué requisitos debe contener el escrito del recurso de inconformidad?

El artículo 109 de la LGRA establece los requisitos que debe contener el escrito mediante el cual se interpone el recurso de inconformidad (específicamente contra la calificación de la falta como no grave, según el contexto del Capítulo II del Título Cuarto):

• El nombre del recurrente (servidor público presuntamente responsable o denunciante).
• El domicilio que señale para oír y recibir notificaciones.
• La resolución que se impugna (en este caso, la calificación de la falta administrativa).
• Los agravios que le causa la resolución impugnada (los argumentos por los cuales considera que la resolución es incorrecta o ilegal).
• Las pruebas que ofrezca para acreditar sus agravios, relacionándolas con los hechos constitutivos de los mismos.

Nota: Los requisitos listados en el texto original eran genéricos y no correspondían exactamente al artículo 109 LGRA; se han ajustado conforme a dicho artículo. La firma es un requisito general de los escritos, aunque no se mencione explícitamente en esta lista específica.

Plazos y Diligencias en el CFF

De acuerdo con el artículo 12 del CFF, ¿cuáles son los plazos fijados?

El artículo 12 del CFF establece las reglas generales para el cómputo de los plazos fijados en días por las disposiciones fiscales. Indica que:

• Se incluirán solamente los días hábiles.
• No se contarán los sábados, los domingos ni el 1 de enero; el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; el 1 y 5 de mayo; el 16 de septiembre; el tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; el 1 de diciembre de cada 6 años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal; y el 25 de diciembre.
• Tampoco se contarán los días en que tengan vacaciones generales las autoridades fiscales federales (excepto cuando se habiliten días inhábiles).
• Los plazos se cuentan a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del acto o resolución administrativa.

El CFF y otras leyes fiscales establecen plazos específicos para diferentes obligaciones y procedimientos. Los ejemplos mencionados en el texto original (30 días y 5 días) son comunes, pero no son los únicos ni están definidos genéricamente en el artículo 12, sino en otras disposiciones:

• Plazo general para presentar declaraciones: Suele ser mensual (día 17 del mes siguiente) o anual (personas morales en marzo, personas físicas en abril), pero varía según el impuesto y régimen. Un plazo de 30 días hábiles es común para interponer el recurso de revocación (Art. 121 CFF) o para cumplir requerimientos de información.
• Plazo para subsanar errores u omisiones: La autoridad puede otorgar plazos específicos en requerimientos; un plazo de 5 días no es una regla general fija en el Art. 12, aunque puede aparecer en requerimientos específicos o procedimientos particulares. Por ejemplo, el Art. 17-K del CFF menciona 3 días para manifestar lo que a derecho convenga respecto a la cancelación de sellos digitales.

Es crucial consultar la disposición específica que regula el acto u obligación para conocer el plazo exacto aplicable y cómo computarlo según las reglas del artículo 12.

De acuerdo con el artículo 13 del CFF, ¿cuál es el horario y las condiciones para la práctica de diligencias?

El artículo 13 del CFF regula la práctica de diligencias por parte de las autoridades fiscales. Establece lo siguiente:

• Horario Hábil: La práctica de diligencias debe efectuarse en días y horas hábiles. Conforme al artículo 12, los días hábiles son todos los del año, excepto sábados, domingos, y los días festivos oficiales mencionados anteriormente, así como los periodos vacacionales generales de la autoridad. Las horas hábiles son las comprendidas entre las 7:30 y las 18:00 horas.
• Habilitación de Días y Horas Inhábiles: Una diligencia iniciada en horas hábiles puede concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. Además, la autoridad fiscal puede habilitar días y horas inhábiles cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realice actividades por las que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles. También se puede solicitar la habilitación para asegurar la contabilidad o bienes del contribuyente.
• Condiciones Generales: Aunque el artículo 13 se centra en el horario, otras disposiciones del CFF y la Constitución establecen condiciones para las diligencias (como visitas domiciliarias o notificaciones), incluyendo:
  • Deben realizarse generalmente en el domicilio fiscal del contribuyente o en el lugar señalado para tal efecto.
  • Deben constar por escrito y estar debidamente fundadas y motivadas.
  • La autoridad debe identificarse plenamente.
  • Se deben respetar los derechos fundamentales de los contribuyentes.
  • Se debe levantar un acta circunstanciada de los hechos ocurridos durante la diligencia.

El cumplimiento de estas formalidades es esencial para la validez legal de las actuaciones de la autoridad fiscal.