1.5. La sociedad Española de Participaciones Industriales

La estructura de las empresas españolas se vio modificada debido a la reestructuración del sector público empresarial en Julio de 1995, desapareciendo el INI y el INH y creándose la sociedad estatal de participaciones industriales (SEPI) y la agencia industrial estatal (AIE). Esta reforma tenía como objetivo separa las empresas con beneficios (SEPI) de aquellas en proceso de reconversión, que necesitaban un control financiero especial (AIE).

Inicialmente el SEPI tenía carácter de tenedor de acciones y se hizo cargo de la deuda histórica del INI. El SEPI tiene capacidad para endeudarse. La AIE pasó a englobar las empresas del INI en proceso de reconversión, pudiendo recibir subvenciones pero sin capacidad de endeudamiento.

En Septiembre de 1997, la SEPI absorbíó a la AIE para sanearla y poder cumplir el criterio de déficit público marcado de cara a la uníón monetaria europea. En 2001 se integró en la SEPI Radio Televisión Española y las empresas de antiguo Grupo Patrimonio.

1.6. Problemas actuales de la política industrial

En 1963 se inició el movimiento liberalizador de la industria, con el establecimiento de nuevas fábricas y la ampliación y traslado de las antiguas. Gracias a la liberalización de las importaciones de bienes  del plan de Estabilización la industria se modernizó. Durante la década de 1960 se produjo un crecimiento espectacular de las exportaciones industriales al Mercado Común.

Dentro de la CEE, la industria sufríó transformaciones, ganando en productividad y resistiendo la penetración en el antiguo mercado nacional español. Entre 1986 y 1991 vendría un crecimiento debido a la presencia de fuertes multinacionales. Este ingreso en la Comunidad supuso que España entrare por fin en el proceso de globalización pasando a operar en un mercado mundial, cayendo las barreras del proteccionismo, de no proceder así surgiría el problema de la deslocalización.

 El problema de la deslocalización estriba en los altos salarios españoles (aunque en buena parte es inevitable), que no resisten los competitivos salarios de los países emergentes, luego es necesario aumentar la productividad, mayores jornadas laborales mayor inversión en I+D, mejor organización del trabajo o innovación con nuevos productos.

Otro de los problemas de la industria española es su dimensión y sus capacidades tecnológicas, en un mercado exterior de fuerte competencia tras el euro.

Dimensión: En España predominan pequeñas y medianas empresas (PYMEs), si bien más flexibles frente a crisis, tienen difícil acceso a la tecnología punta mermando su competitividad. En política oficial se creó  el IMPI, cuya función es asesorar y estudiar los problemas de las PYMEs industriales y el SGR para la prestación de garantías para obtener créditos.

Tecnología: Por otro lado, España es tecnológicamente dependiente, siendo muchos de sus productos producidos bajo patente o con licencia, o por las propias multinacionales. Esta dependencia supone pues frenos a la exportación debido a la propiedad de las patentes. El estado, por su parte, además de contar con el CDTI  y el CISC invierte en I+D aunque en escasa cantidad si lo comparamos con los países más desarrollados. Desde su ingreso en la CE, España participa activamente en programas de desarrollo tecnológico pero no tiene plena conciencia sobre la necesidad de más investigación propia y la educación de investigadores.

La crisis energética industrial comenzó en el 73 a escala internacional, haciéndose patente en España en el 75. Pero debido a la transición democrática las medidas para afrontarla no alcanzaron inmediatamente un planteamiento global. El gobierno del PSOE insistíó en la política de reconversión industrial mediante un real decreto ley centrándose en las empresas sectoriales de reconversión y en los fondos de promoción de empleo y buscando zonas de urgente reindustrialización afectadas por la crisis. En paralelo a todo esto, se produjo la desprotección arancelaria tras el ingreso en la CE, el bajo nivel de la propia tarifa exterior comunitaria respecto a terceros países y la recesión internacional a partir del 89 acentuada por la Guerra del Golfo. Todo esto agravó aún más los problemas de la reconversión.

Podemos por lo tanto decir que se produjo una triple crisis. Empezando por la energética, debido al aumento del precio del barril de crudo que provocó una contracción del consumo de toda clase de bienes y servicios, disminuyendo el volumen de producción, contrayéndose la oferta, cerrándose fábricas y aumentando el paro. La crisis energética se tradujo en una crisis industrial y esta hizo que muchas empresas no pudieran devolver sus préstamos y créditos, cerrándose bancos y producíéndose una crisis financiera. Con el cambio de gobierno, cambió la planificación estratégica dándose énfasis a lo nuclear y dándose los primeros pasos para la privatización de las grandes empresas estatales energéticas.