Portada » Formación y Orientación Laboral » Normativa Laboral y Administración: Aplicación y Jurisdicción en España
Los reglamentos son normas jurídicas de rango inferior a la ley, dictadas por el Gobierno, los ministros y otros órganos con potestad reglamentaria. Desarrollan las leyes y tienen un rango inferior a ellas. Por ejemplo, el Reglamento de los Servicios de Prevención.
El convenio colectivo es un acuerdo escrito y libremente negociado entre quienes representan a los trabajadores y a las empresas para regular las condiciones de trabajo y las normas de convivencia laboral en las empresas o en los distintos sectores económicos.
El contrato de trabajo es un acuerdo entre los trabajadores y las empresas, y manifiesta la voluntad de ambas partes de obligarse a la relación laboral. Ningún contrato puede establecer condiciones menos favorables para el trabajador o contrarias a lo establecido en las normas jurídicas básicas y en los convenios colectivos.
La costumbre es la norma de conducta nacida de la reiterada y constante práctica social, y considerada obligatoria por la comunidad. Solo se aplicará en defecto de disposiciones legales, a no ser que cuenten con una remisión expresa, es decir, cuando es la propia ley la que remite a esta costumbre local y profesional para precisar el alcance de sus propias disposiciones. La característica de «local» se refiere a cada localidad, pero no a costumbres comarcales o provinciales, ya que la costumbre de una localidad puede no ser válidamente alegada en otra. La característica «profesional» hace referencia a que la costumbre ha de ser utilizada para los trabajadores y las empresas de una determinada rama de la producción, el oficio o la profesión.
Las normas jurídicas se aplican e interpretan de acuerdo con el principio de jerarquía, que establece que «las normas de rango inferior no pueden contradecir a las de rango superior». A la hora de aplicar e interpretar correctamente las normas de carácter laboral, se han de tener en cuenta los siguientes principios:
La Constitución española establece que es competencia del Estado legislar sobre los criterios y principios básicos en materia laboral y de Seguridad Social. Estos principios básicos son idénticos en todo el territorio nacional para evitar la discriminación por razón de pertenencia a una comunidad autónoma u otra.
La Administración laboral tiene como principales funciones desarrollar la política laboral mediante los órganos del Ministerio de Trabajo y las consejerías de las comunidades autónomas, y velar por el cumplimiento de la normativa laboral mediante la Inspección de Trabajo.
Para resolver los conflictos que pueden surgir en materia laboral y de Seguridad Social, se deberá acudir a los juzgados y tribunales con jurisdicción específica en el ámbito social o laboral. En las reclamaciones más habituales, previamente se deberá realizar una conciliación ante un organismo administrativo (Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, SMAC).
Los órganos jurisdiccionales laborales están ordenados jerárquicamente, de mayor a menor rango, de la siguiente forma: