Portada » Ciencias sociales » Modernización Estatal, Políticas Sociales y Desafíos de Gobernanza Contemporánea
Los cambios necesarios a menudo no se implementan porque quedan en manos de burocracias antiguas resistentes a la transformación. La modernización del Estado no es un fin en sí misma, sino un requisito fundamental para adecuarlo a las nuevas estrategias de desarrollo y optimizarlas.
El Estado debe adecuarse a las nuevas estrategias de desarrollo, ya que estas no se generan en el aire y necesitan una base proporcionada por una institucionalidad adecuada, normas, entes reguladores, etc. Si bien el Estado modernizado tiende a ser más pequeño en ciertas áreas, debe mejorar su capacidad de catalización, es decir, de articulador y preventor, más que ser un mero controlador del mercado.
Las características de la estatidad, enunciadas en un orden arbitrario (ya que cada Estado puede adquirirlas en una secuencia diferente), son las siguientes:
El término capitalismo designa un tipo de sociedad construida en el marco de la Revolución Industrial. Se caracteriza por la concentración del capital en un sector social, la burguesía, en detrimento de otro que solo posee fuerza de trabajo, el proletariado.
La relación entre política social y capitalismo es inherente al nacimiento de la primera. La profundización del capitalismo a fines del siglo XIX y principios del XX, impulsada por la Revolución Industrial, generó un aumento de la población en zonas industrializadas (migración campo-ciudad). Esto creó condiciones precarias de vida y trabajo para la población inmigrante, fenómeno conocido como la “cuestión social”.
Ante esta situación, que afectaba a una gran cantidad de personas, los Estados se vieron en la necesidad de establecer acciones para mejorar sus vidas, marcando así el nacimiento de las políticas sociales. Estas tienen una estrecha relación con el modelo económico, ya que un modelo determinado deriva en estructuras específicas. En el caso del capitalismo, esto puede generar exclusión (de quienes no pueden integrarse al mercado). Por lo tanto, la política social en un modelo capitalista tenderá a buscar la integración de estas personas al mercado.
Tanto las políticas económicas como las sociales tienen algo en común: ambas son políticas públicas, es decir, acciones implementadas desde el Estado y dirigidas a un ámbito de la sociedad. Las primeras se relacionan con la regulación del mercado y las estrategias de desarrollo económico, mientras que las políticas sociales (PS) están dirigidas a mejorar la calidad de vida y a proveer condiciones de bienestar para la sociedad en su conjunto.
Las estrategias de desarrollo (tanto en Chile como en el mundo), guiadas por paradigmas neoliberales, han tenido consecuencias en el bienestar social, generando problemas como la inequidad en la distribución de los recursos y núcleos duros de pobreza. De esta manera, las políticas económicas tienen un impacto directo en las condiciones de las cuales se hace cargo la política social. Por ejemplo, la regulación del sueldo mínimo tiene como secuela cambios en la demanda laboral, lo cual puede traducirse en aumento o descenso del empleo, afectando directamente los ingresos que una familia percibe y empeorando o mejorando las condiciones de vulnerabilidad del núcleo familiar.
Las políticas económicas se relacionan con las necesidades y situaciones a las que el Estado da prioridad de atención. Podemos observar que, a inicios del siglo XX, la presión ejercida por los obreros debido a sus condiciones de vida y trabajo obligó al aparato estatal a tomar acciones de protección.
El sistema binominal, a diferencia de los sistemas de mayorías absolutas, tendía a atenuar las diferencias, centrando las discusiones entre dos polos principales (no necesariamente tan opuestos entre sí). En el sistema político chileno (Nota: este sistema ya no está vigente, pero se describe su funcionamiento histórico), se observaba que el parlamento se encontraba dividido principalmente entre la Concertación de Partidos por la Democracia (centro-izquierda política) y la Coalición por el Cambio (centro-derecha).
Dada esta repartición del Congreso, los cambios en políticas de Estado, que necesitaban un cierto cuórum para su modificación, se hacían difíciles. Era necesario un acuerdo entre los polos políticos, mediado por las negociaciones entre opositores y oficialistas. Por el carácter de estas negociaciones, el consenso político tendía a centrarse en reformas más que en cambios de fondo.
El Estado subsidiario, a diferencia del Estado de bienestar, es un Estado reducido en tamaño. Se fundamenta en dos premisas básicas:
En Chile, el Estado subsidiario se consolidó principalmente durante la dictadura militar (desde 1973) y ha persistido con modificaciones. Se observa que la entrega de bienestar por parte del Estado es altamente focalizada, utilizando criterios como la Ficha de Protección Social (o instrumentos posteriores) para acceder a beneficios. Además, se constata la incorporación de privados en ámbitos clave de las políticas sociales como educación, salud, vivienda y seguridad social.
La burocracia, según Bitar, es inherentemente racional. Implica organizar la gestión pública mediante la división social del trabajo, la departamentalización y la jerarquización.
Sin embargo, la jerarquización a menudo genera una cultura institucional de resistencia al cambio, fomentando el conservadurismo y obstaculizando la innovación.
Desde una perspectiva sistémica constructivista, se entiende que los sistemas sociales (incluidas las organizaciones públicas) observan realidades y construyen su propia realidad a través de dichas observaciones e interacciones.
Miguel Anselmo Bitar presta especial atención a la etapa de constitución de la agenda dentro del ciclo de las políticas públicas, considerándola determinante. La agenda pública define las prioridades sobre temas de interés público que generan debate, siendo un paso previo a la toma de decisiones.
En Chile, el discurso presidencial del 1 de junio (anteriormente 21 de mayo) marca tradicionalmente el inicio de la agenda legislativa. Funciona como un «mapa de navegación», aunque la agenda es muy susceptible a la contingencia. En cierto modo, la agenda pública puede verse como un reflejo del programa de gobierno.
Según Margarita Rozas, alrededor de 1930, la respuesta inicial del gobierno a las demandas obreras provino de instituciones religiosas o privadas de beneficencia, con tareas asistenciales y medios limitados.
A medida que las presiones del movimiento obrero crecieron, el Estado incorporó estas funciones a un sistema de políticas sociales, especializándolas y creando nuevas instituciones estatales. Rozas subraya que la efectividad de las políticas sociales es crucial para mantener el acuerdo entre clases, ya que su insuficiencia puede agudizar las luchas sociales.
La gestión social, según Bitar, busca proponer modelos alternativos a los tradicionales para mejorar la eficiencia interna y el impacto externo de políticas, programas y proyectos sociales. Esto resalta la importancia de la equidad y la justicia social para superar la desigualdad.
Las nuevas tendencias en gestión pública entienden las organizaciones como sistemas sociales complejos, promoviendo un enfoque sistémico.
De manera similar, Eugenio (Nota: se asume un autor distinto o un énfasis particular) señala que la gestión social busca alternativas para mejorar la eficiencia interna y el impacto externo de las intervenciones sociales, vinculando esto a la equidad y la superación de la desigualdad.
Coincide en que las tendencias actuales apuntan a ver las organizaciones públicas como sistemas sociales complejos y a gestionar desde una perspectiva sistémica.