6.1. Reinado de Isabel II (1833-1868): 1°Guerra carlista.
Evolución política, partidos y conflictos. El estatuto real de 1834 y las constituciones de 1837 y 1845

A la muerte de Fernando VII en 1833 sin ser aprobada la Pragmática Sanción en Cortes, su hermano, Carlos María Isidro, reclama el trono y se autodenomina ‘’Carlos V’’. Como Isabel, primogénita del rey, aún es una niña, su madre, la reina María Cristina, asume la regencia y atrae a los liberales a su bando. Mientras que los carlistas encuentran apoyos en la nobleza, la Iglesia y las zonas rurales, los isabelinos son apoyados por la burguésía y las zonas urbanas. Así se desencadena la Primera Guerra Carlista (1833-1840). Los carlistas toman fuerza en Cataluña y la zona vasconavarra; ‘’Carlos V’’ ordena al general
Zumalacárregui que tome Bilbao, ciudad que cae ante el asedio carlista en el que muere el propio general. Se llevan a cabo expediciones para reclutar adeptos a la causa carlista, aunque no tienen el éxito esperado – ‘’Carlos V’’ llega a las puertas de Madrid, pero tiene que retirarse por falta de apoyos. En 1836, el general Espartero toma las riendas del ejército liberal y marcha sobre las zonas carlistas hasta la rendición del general Maroto y la firma de la Rendición de Vergara (1839), que mantiene los fueros vasconavarros y permite la inserción de los oficiales carlistas en el ejército liberal con su graduación. Para el general Cabrera, líder de los carlistas en Cataluña, esto es una traición, por lo que continúa con la guerra y reclama los fueros catalanes hasta su derrota en 1840. Debido a este conflicto, la Hacienda se resiente por los continuos gastos de guerra, la monarquía se inclina hacia el liberalismo y los generales cobran protagonismo en la vida política.

El liberalismo está dividido en moderados y progresistas. La reina regente apoya a los moderados, que en 1833 entran en el gobierno.
Ese año, Francisco de Burgos crea la división provincial para hacer circunscripciones más pequeñas y facilitar el gobierno del país. En 1834, se aprueba el Estatuto Real, pero no convence a los moderados, pues no quita ningún poder a la monarquía.

Tras el Motín de La Granja (1836), los progresistas forman gobierno. Ese año se produce la desamortización de tierras eclesiásticas de Mendizábal, ministro de Hacienda, aunque no entraremos en más detalles porque hay un tema específico para este punto. Se promulga la Constitución de 1837, menos avanzada que la de 1812:
establece menos libertades; el sufragio es restringido (vota un 5 % de la población); la soberanía es nacional; se establece una separación de poderes; el Parlamento es bicameral (Congreso y Senado); la religión oficial es el catolicismo; y se establece un fuero único (salvo los vasconvarros). Debido a una serie de escándalos financieros, la reina regente es sustituida por el general progresista Espartero, que gobierna de forma muy autoritaria. En 1843, el pronunciamiento del general moderado Narváez le obliga a dimitir, e Isabel II es nombrada mayor de edad, comenzando así su reinado efectivo y la Década Moderada (1844-1854).

En esta etapa se crea la Guardia Civil para parar la delincuencia en áreas rurales; la reina se casa con Francisco de Asís de Borbón; y estalla la Segunda Guerra Carlista (1848-1850), en la que se derrota a ‘’Carlos VI’’ y al general Cabrera, que reclaman los fueros catalanes. Se aprueba la Constitución de 1845, que establece la soberanía compartida por el monarca y las Cortes; una división de poderes; otorga amplios poderes al monarca; y restringe más el sufragio (vota el 0,8 % de la población). En 1851 se firma un Concordato con la Santa Sede por el que la Iglesia se compromete a apoyar la causa liberal a cambio de que no se le quiten más tierras, además de luchar contra los recién nacidos marxismo y anarquismo.

Las políticas llevan a la radicalización de los progresistas, que se dividen en demócratas (exigen el sufragio universal masculino) y republicanos (desean eliminar la monarquía). En 1854, el general O’Donnell da un pronunciamiento (‘’La Vicalvarada’’) con el que comienza el Bienio Progresista (1854-1856). En este periodo, con Espartero al frente del gobierno, se produce la desamortización general de Madoz (1855) – aunque hay un tema concreto para este punto – y se aprueba la Ley de Ferrocarriles (1855) – permite la inversión extranjera, en especial de compañías francesas, inglesas y belgas, para la construcción de la red ferroviaria. De 1856 a 1868, los moderados de Narváez y los unionistas de O’Donnell se alternan en el gobierno. La crisis económica mundial de 1864 hace que las compañías extranjeras retiren sus inversiones, lo que deriva en una crisis social al empeorar las condiciones laborales de los trabajadores. Además, se produce una crisis política: todos los partidos (menos moderados y unionistas) firman el Pacto de Ostende (1866), en el que acuerdan destituir a la reina y convocar elecciones democráticas. A la muerte de O’Donnell, la Uníón Liberal se suma al Pacto; en 1868, los generales Prim, Serrano y Topete lideran un Golpe de Estado (‘’la Gloriosa’’) contra Isabel II, que huye del país tras la batalla de Alcolea entre golpistas e isabelinos – que se salda con la victoria de los golpistas. De esta forma da comienzo el Sexenio Democrático (1868-1874).

6.2. Reinado de Isabel II (1833-1868): Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz. De la sociedad estamental a sociedad de clases.

Con la llegada de los progresistas al gobierno en 1836, el ministro de Hacienda progresista Mendizábal impulsa la desamortización de tierras de la Iglesia, con varios objetivos: aprovechar las tierras para que sean explotadas y aumentar la producción, incrementando también la recaudación de Hacienda para la guerra contra los carlistas y captando adeptos al liberalismo. Se someten las tierras a una subasta pública en la que se puede pagar con deuda pública, lo que permite reducir la deuda estatal, pero también reduce la recaudación final – aparte de que las tierras se venden por mucho menos de su valor real debido al caciquismo. Los principales compradores son los nobles y la gran burguésía, que no se preocupan por invertir en nuevas técnicas para mejorar su productividad, por lo que no se produce un aumento real de la producción agrícola (‘’cambian de manos muertas’’). Al no lograrse la consecución de los objetivos propuestos, es más difícil captar fieles al liberalismo.

En 1855, en pleno Bienio Progresista (1854-1856), Madoz, ministro de Hacienda del gobierno, impulsa una segunda desamortización de tierras que incluye, además de las pertenecientes a la Iglesia, las comunales que son propiedad de los ayuntamientos. Los objetivos de esta medida son similares a los de la desamortización de Mendizábal: vender las tierras para que sean cultivadas y así aumentar la producción y la recaudación de Hacienda para la construcción de la infraestructura ferroviaria. Sin embargo, se subastan lotes muy grandes de tierra que resultan muy caros y que se pueden pagar con deuda pública, a lo que se suma el caciquismo – por lo tanto, solo los pueden comprar unos pocos nobles y burgueses, la recaudación de Hacienda no es la esperada (la deuda del Estado se reduce) y las tierras no se pagan por su valor real. El aumento de producción es poco significativo, pues no se invierte en mejorar la productividad de las tierras con nuevas técnicas al no ver la necesidad de hacerlo – si no aumenta la población, no se incrementa la demanda. Esto, sumado al hecho de que la gran burguésía invierte en comprar tierras en vez de ‘’arriesgar’’ su capital en industria hace que no se produzca una auténtica revolución industrial en España. Los grandes perjudicados de esta medida son los jornaleros, pues ya no disponen de las ayudas de la Iglesia y de las tierras del común para subsistir cuando no pueden trabajar; de esta forma, mucha gente recurre a la delincuencia para poder sobrevivir.

El primer gran intento de acabar con el Antiguo Régimen se da en la Constitución de 1812, al otorgar amplias libertades de oficio, comercio y asociación y suprimir los mayorazgos y los señoríos – dotando a las personas de una mayor movilidad social y de una mayor libertad al dejar de estar al servicio de sus señores. Se establece una separación de poderes, reemplazando al modelo absolutista que concentra todos los poderes del Estado en la figura del rey, y la Iglesia comienza a perder importancia al suprimirse la Inquisición y sentarse las bases para la desamortización de sus tierras (algo que, como ya hemos visto, se da en 1836 y 1855). Sin embargo, el reinado de Fernando VII (exceptuando el Trienio Liberal) supone un parón en el proceso de acabar con el Antiguo Régimen; es el reinado de Isabel II el periodo en el que se consolidan los cambios iniciados por la Constitución de Cádiz. Las Constituciones de 1837 y 1845, a pesar de no ser tan avanzadas como la de 1812, consolidan medidas como la eliminación de las estructuras del Antiguo Régimen (señoríos, mayorazgos, absolutismo, etc.) y la implantación del sufragio (aunque restringido) para elegir a los representantes en las Cortes y de un fuero único para todo el Estado (salvo los vasconavarros). Con todas estas medidas legales, se logra pasar de una sociedad estamental con muy poca movilidad social entre los tres estamentos que la conforman (nobleza, clero y pueblo llano) y con privilegios para dos de ellos (nobleza y clero) a una sociedad de clases en la que el dinero es el medio de movilidad (clase alta formada por nobles con títulos honoríficos, la gran burguésía adinerada y altos cargos estatales; clase media formada por una pujante burguésía comerciante e industrial; y una clase baja formada por jornaleros, proletarios, campesinos, etc.). En esta nueva sociedad no hay clases privilegiadas, y surgen dos nuevos grupos, mencionados anteriormente, que tomarán mucha fuerza: la burguésía adinerada gracias a sus negocios e inversiones por un lado, y los proletarios (obreros que intercambian su fuerza de trabajo por un salario) por otro.

6.3. Sexenio Democrático (1868-1874): constitución de 1869. Evolución política: Gobierno provisional. Reinado de Amadeo de Saboyá y primera República.

En 1866, todos los partidos políticos, salvo los moderados y la Uníón Liberal, firman el Pacto de Ostende para derrocar a Isabel II; a la muerte de O’Donnell, los unionistas se suman al Pacto. En 1868, los generales Prim, Serrano y Topete lideran un Golpe de Estado, ‘’la Gloriosa’’; tras la derrota de los isabelinos en la batalla de Alcolea, la reina se marcha del país, y se establece un gobierno provisional dirigido por Serrano.

La primera acción del nuevo gobierno es convocar elecciones libres y democráticas para elegir la forma de gobierno: a pesar de que sale un Parlamento muy dividido, hay mayoría monárquica, por lo que Prim comienza a buscar en Europa un candidato al trono que presentar ante las Cortes. Se aprueba la Constitución de 1869, que establece amplias libertades, la soberanía popular, una separación de poderes, el sufragio universal masculino, un Parlamento bicameral, cierta libertad religiosa (aunque se prohíbe la manifestación pública de otras confesiones), y un fuero único (salvo los vasconavarros). Comienza la Guerra Larga de Cuba (1868-1878) con pequeñas revueltas criollas que se van extendiendo. En 1870, Prim propone a Amadeo de Saboyá como candidato al trono, obteniendo el respaldo de las Cortes; sin embargo, Prim es asesinado, dejando al nuevo rey sin su principal apoyo en la política española.

El reinado de Amadeo I (1871-1873) está marcado por la inestabilidad: se producen varios intentos de Golpe de Estado, huelgas y manifestaciones obreras, y se forman dos gobiernos, el primero con Zorrilla y el segundo con Sagasta a la cabeza. El rey tiene tan pocos apoyos en el país porque su padre, el rey Víctor Manuel II, le había quitado los Estados Pontificios al Papa durante la unificación italiana. En 1872 estalla la Tercera Guerra Carlista (1872-1876), con ‘’Carlos VII’’ y el general Cabrera reclamando los fueros catalanes. Por todos estos motivos, el rey decide abdicar para él y toda su descendencia en 1873, y abandona España.

Se proclama la Primera República por la abstención de los monárquicos en la votación para elegir a un nuevo rey, aunque es muy débil: en apenas un año de existencia tiene 4 presidentes (Figueras, Pi i Margall, Salmerón y Castelar). Con Figueras, centralista, se producen huelgas y manifestaciones obreras, un intento de Golpe de Estado y elecciones a Cortes Constituyentes que le obligan a dimitir por el triunfo de los federalistas. Con Pi i Margall, federalista, hay un intento de Constitución non-nata, y se ve rebasado por la radicalización del movimiento cantonalista y el surgimiento de las guerras entre cantones (pequeñas repúblicas dentro de la República española). El Golpe de Estado del general Pavía expulsa a Castelar y establece un segundo gobierno provisional dirigido por Serrano; se mantienen las formas republicanas (República Ducal), aplica medidas represivas y envía a distintos generales a acabar con las guerras que sufre el país. El general Martínez Campos, vencedor en la guerra contra el cantón de Cartagena, da un Golpe de Estado el 29 de Diciembre de 1874 para imponer la vuelta de la monarquía bajo la figura de Alfonso XII, hijo de Isabel II.

7.1. La Restauración Borbónica (1874-1902): Cánovas del Castillo y el turno de partidos. La Constitución de 1876.

La inestabilidad del Sexenio Democrático había dejado a España extenuada, por lo que empiezan a cobrar fuerza los monárquicos liderados por Antonio Cánovas del Castillo, que defienden la vuelta de los Borbones en la figura del príncipe Alfonso, hijo de Isabel II. En el Manifiesto de Sandhurst (cuyo autor material es Cánovas) Alfonso reclama el trono y expone sus propósitos conciliadores; el 29 de Diciembre de 1874, el general Martínez Campos da un Golpe de Estado que impone la restauración de la monarquía, y el 9 de Enero de 1875 el rey toma posesión del cargo.

Fijándose en el sistema inglés, Cánovas idea un turno pacífico de partidos en el que su formación, el Partido Conservador, y el Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta se alternan en el gobierno. Frente a una crisis de gobierno, el rey pide la dimisión del presidente, nombra a un candidato del partido de la oposición y se convocan elecciones en las que, mediante métodos como el caciquismo (un cacique influye en el votante en zonas rurales mediante comentarios y extorsiones más o menos veladas) y el pucherazo (amaño de los votos en las ciudades), siempre obtiene mayoría holgada en las Cortes. De esta forma, formaciones como los carlistas y los republicanos siempre van a tener algo de representación, pero nunca van a gobernar; también surgen otros grupos que se oponen a este bipartidismo, como el regionalismo catalán y el gallego, el nacionalismo vasco y los partidos obreros (como el Partido Socialista Obrero Español, fundado por Pablo Iglesias en 1879).

Se aprueba la Constitución de 1876, basada en las de 1845 y 1869, y suficientemente flexible para que ambos partidos puedan gobernar con ella (aunque es eminentemente conservadora). Establece un Parlamento bicameral; mayores prerrogativas para el rey (puede nombrar y cesar al presidente del gobierno); la soberanía compartida por el rey y las Cortes; un sufragio restringido; cierta libertad religiosa (aunque se prohíbe la manifestación pública de otras confesiones que no sean la católica); amplias libertades (aunque después cada partido las regula cuando está en el gobierno); y un fuero único, suprimiendo los fueros vasconavarros tras la derrota de los carlistas en la Tercera Guerra Carlista en 1876.

La Paz de Zanjón (1878) pone fin a la Guerra Larga de Cuba y promete una cierta autonomía a la isla, que nunca llegará a hacerse realidad. De 1875 a 1898, se aprovecha la estabilidad del sistema de la Restauración para expandir la red ferroviaria y llevar a cabo una tímida e incompleta revolución industrial.

A la muerte de Alfonso XII en 1885, Cánovas y Sagasta firman el Pacto de El Pardo para dar estabilidad al sistema, por el cual Cánovas dimite y comienza el gobierno largo de Sagasta (1885-1890). Durante esta etapa, con María Cristina de Habsburgo como regente, se aprueba el sufragio universal masculino y se legalizan los partidos y sindicatos obreros (Ley de Asociaciones de 1887).

7.2. La Restauración Borbónica (1874-1902): Los nacionalismos catalán y vasco y el regionalismo gallego. El movimiento obrero y campesino.

En Cataluña, surge un Renaixença que opta por la recuperación de la lengua, cultura y costumbres catalanas. En 1886, Almirall defiende en Le Catalanisme la creación de una formación que agrupe todas las fuerzas que desean la autonomía catalana. Prat de la Riba funda la Lliga Regionalista Catalana, un partido catalanista de carácter conservador, apoyado por la burguésía industrial, que aspira a la autonomía de Cataluña.

El principal artífice del nacionalismo vasco, Sabino Arana, habla de las 7 provincias vascas, idealiza su historia, defiende su cultura y rechaza su españolización. Cuando la Constitución quita los fueros vasconavarros en 1876, año de la derrota de los carlistas, muchos de ellos pasan a formar parte del Partido Nacionalista Vasco (PNV) de Arana, definíéndolo como una formación combativa, ultracatólica, conservadora, independentista y con apoyos en la nobleza, la Iglesia y las zonas rurales.

En un principio de carácter cultural (O Rexurdimento) y con unos tímidos planteamientos políticos, el regionalismo gallego tiene menos peso que los dos movimientos anteriores, y se crea la Asociación Regionalista Gallega para recuperar la lengua y las tradiciones gallegas.

El segundo gobierno provisional de Serrano había prohibido las asociaciones obreras, que pasan a operar en la clandestinidad. Con Sagasta en el gobierno la presión comienza a reducirse hasta que se legalizan durante el gobierno largo (1885-1890) con la Ley de Asociaciones de 1887. La diferencia entre sindicatos y partidos obreros es que los primeros exigen mejoras laborales directas en fábricas y empresas, mientras que los segundos desean llevar a cabo estas mejoras a través de leyes en el Parlamento. Pablo Iglesias funda el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1879 – obtiene su primer escaño en Cortes en 1901 – y el sindicato Uníón General de Trabajadores (UGT) en 1888. El PSOE pertenece a la Primera Internacional, pero tras la expulsión de los anarquistas en 1889, pasa a formar parte de la Segunda Internacional, que reivindica el 1 de Mayo como día de los trabajadores, la jornada laboral de 8 horas, eliminar el trabajo infantil y mejoras en fábricas y empresas. En España, encuentran apoyos en las principales zonas industriales y urbanas, como Madrid, País Vasco y Cataluña. El anarquismo, creado por Bakunin y traído a España por Fanelli, gana fuerza en zonas rurales como Andalucía y exige una autogestión y la sustitución del Estado por una confederación de comunas. Surge la Federación Regional Española, y en 1910 se crea el sindicato Confederación Nacional del Trabajo (CNT), en contraposición a la Federación Anarquista Ibérica (FAI), que cobrará mucha fuerza. No obstante, algunos exaltados como la Mano Negra perpetran atentados para reivindicar sus ideas con el uso de la fuerza.

En respuesta a la creación de los partidos y sindicatos obreros, contrarios a la Iglesia, el padre Vicent funda los Círculos Católicos para ‘’apartar a los obreros de la taberna’’. Sin embargo, no tienen mucha implantación, ya que se les tacha de amarillistas y de ponerse más de parte del empresario que del trabajador. En 1891, el Papa León XIII insta a los liberales en su encíclica Rerum novarum a que hagan reformas para el pueblo y así luchar contra el marxismo y el anarquismo.

Los carlistas siempre tienen algo de representación en las Cortes, aunque nunca gobiernan; se dividen en Partido Carlista (formado por los carlistas más intransigentes) y Comunión Tradicionalista (cuyos miembros son algo más moderados).

7.3. El problema de Cuba y la guerra entre España y Estados Unidos. La crisis de 1898 y sus consecuencias económicas, políticas e ideológicas.

Bajo el reinado de Fernando VII (R,. 1814-1833) se habían perdido gran parte de las colonias, salvo Cuba, Puerto Rico y Filipinas principalmente. Cuba es la colonia más rica y está directamente administrada desde España, lo que hace que los criollos (blancos adinerados de origen español nacidos en América) instiguen revueltas para reclamar acceder a los puestos de gobierno, invertir en industria y comerciar con países cercanos como EEUU. A pesar de participar en ‘’la Gloriosa’’ en 1868, no reciben concesiones desde España, lo que desencadena la Guerra Larga de Cuba (1868-1878). La Paz de Zanjón (1878) promete cierta autonomía a la isla, que no se hace realidad. Al fracasar varias reformas de años posteriores, estalla la Guerra Chica (1895-1898) en la parte oriental de la isla, instigada por el Partido Revolucionario Cubano de José Martí y su Frente de Liberación Nacional, que desean la independencia. El general Martínez Campos es enviado a acabar con la guerra, aunque poco pueden hacer sus soldados contra las fuerzas revolucionarias cubanas, mejor preparadas y apoyadas por EEUU. Después, Martínez Campos es reemplazado por el general Weyler.

Tras el hundimiento del acorazado Maine, EEUU le declara la guerra a España, logrando una victoria aplastante en la batalla de Santiago de Cuba (1898). En Filipinas, EEUU, necesitado de puertos para comerciar en Asía, apoya la causa del Partido Independentista Filipino y derrota a los españoles en la batalla de Cavite (1898). El Tratado de Versalles (1898) pone fin a la guerra y ratifica la pérdida para España de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Guam y Palaos; poco después, vende a Alemania las Carolinas y las Marianas.

A raíz del desastre del 98, surgen movimientos culturales y literarios, como la Generación del 98, en los que impera el pesimismo derivado del momento histórico. El regeneracionismo, encarnado por Joaquín Costa, es más optimista y propone soluciones a la situación del país. En Oligarquía y caciquismo, Costa asegura que los problemas de España son la oligarquía dirigente, distanciada de los intereses del pueblo, y el caciquismo, que no permite a la gente expresarse con libertad. En Escuela y Despensa, propone soluciones al atraso del país, como una formación obligatoria y profesional, la creación de industrias alimentarias cerca de las huertas, y un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos (construcción de pantanos, confederaciones hidrográficas, etc.).

Entre 1895 y 1902, varios gobiernos conservadores liderados por Francisco Silvela y Antonio Maura llevan a cabo reformas influidas por las ideas de Costa: se establece el Ministerio de Instrucción Pública (1900), se crean escuelas de primeras letras en todos los pueblos y se promulga una Ley del Trabajo que prohíbe trabajar a niños menores de 12 años. Muchos hacendados coloniales regresan a España e invierten sus capitales en industria, lo que provoca una mejora en los sistemas de transporte que beneficia a la creación de escuelas – los pueblos están mejor conectados; se convocan oposiciones a maestro, creando miles de puestos de trabajo; y aumentan los sueldos de los trabajadores al eliminarse la mano de obra infantil.

En esta época cobra importancia la Institución Libre de Enseñanza, fundada por Giner de los Ríos en 1876; influida por los ideales krausistas, defiende la importancia de la bonhomía, la formación práctica y la libertad de cátedra y de opinión en la enseñanza.

8.1. Evolución demográfica y movimientos migratorios en el Siglo XIX. El desarrollo urbano

En 1900, España era un país atrasado social y económicamente y con un régimen demográfico antiguo.
En las primeras décadas del siglo XX se inició un proceso de transición demográfica propio de las sociedades contemporáneas.

A diferencia de la mayoría de los países europeos, en España el crecimiento demográfico es moderado.
De 10,5 millones de habitantes a principios del Siglo XIX a 18,5 millones para finales.

La tasa de natalidad era del 35%, siendo especialmente alta en zonas rurales donde se necesita más mano de obra y las formas de vida son más tradicionales. La tasa de mortalidad también era alta, del 29 %, sobre todo la mortalidad infantil. Se debe a un atraso socioeconómico y a una elevada mortalidad catastrófica (serie continuada de guerras, las crisis de subsistencia y a las pésimas condiciones higiénicas que favorecen las epidemias, como las de fiebre amarilla y cólera). De esta forma, la tasa de crecimiento vegetativo era de un 8 % y la esperanza media de vida es de unos 35 años. La distribución de la población en los tres sectores del trabajo era desigual y predominaba el sector primario con un 70 % de la población dedicada al campo.

Solo Cataluña, gracias a la industrialización y al mayor desarrollo económico, presentará un crecimiento demográfico más parejo al resto de países europeos.

Se inicia entonces un proceso de transición hacia un modelo demográfico moderno que comienza con un descenso de la mortalidad catastrófica. Esta mortalidad era contrarrestada por una alta natalidad, pero la casi igualdad entre ambas tasas no permitíó un gran crecimiento de población.

Durante el segundo cuarto del Siglo XIX, la población española aumentó gracias a las mejoras en alimentación, en medicina y a la introducción de medidas higiénicas, no obstante, estuvo condicionada por una crisis de subsistencias. Además, se produjeron varios episodios epidémicos responsables de la alta mortalidad en España.

La evolución demográfica estuvo acompañada de movimientos migratorios y un proceso de urbanización.
 La tendencia migratoria fue más alta en la segunda mitad de siglo. Se diferencia entre migraciones exteriores e interiores.

El destino de las emigraciones exteriores son países de América Latina, como Argentina y Brasil, o África, como Argelia, y suponen la descongestión del medio rural. Además, se suman los exilios de afrancesados, liberales, carlistas y republicanos. Las migraciones interiores suelen corresponder al éxodo rural, campesinos que se van del campo a las ciudades, principalmente del litoral mediterráneo, debido al estancamiento agrario y a las expectativas de una vida mejor. Por tanto, el centro de España perdíó población, excepto Madrid por ser la capital.

El crecimiento urbano estuvo ligado a las transformaciones derivadas del liberalismo, de la industrialización, y las desamortizaciones, que favorecieron un trasvase de población del campo a la ciudad.

Ciertas reformas administrativas de los gobiernos liberales, como la división provincial de Javier de Burgos (1833), dio impulso a las ciudades escogidas como capitales de provincia, beneficiándose se servicios complementarios. Durante el siglo se aprecia un crecimiento urbano. Así, vemos que las ciudades con más de 10 mil habitantes pasan de 34 en 1800 a 210 en 1900.

Este crecimiento trajo consigo la creación de suburbios periféricos: barrios obreros, pobres, desorganizados y sin servicios ni infraestructuras. Así como, bien a la construcción de planificados ensanches burgueses. Como el de Cerdá en Barcelona y el de Centro en Madrid. Incluían amplios jardines y palacetes burgueses que, a diferencia de los suburbios, no estaban masivamente poblados.

8.2. La revolución industrial en la España del Siglo XIX. El sistema de comunicaciones: el ferrocarril. Proteccionismo y librecambismo. La aparición de la banca moderna.

El proceso de industrialización en España fue lento y tardío respecto a Europa. 
La agricultura que no ofrece materias primas suficientes, no hay mano de obra para la industria hay escasez de capitales y falta de iniciativa de la burguésía que solo quería invertir en valores seguros. El bajo nivel de vida no facilita la demanda de productos industriales. Hay dependencia técnica y financiera del exterior, y el proteccionismo que elimina la competitividad y el ahorro de costes. Los sectores más industrializados eran el textil y la siderurgia.
 

Cataluña aprovecha su tradición textil para modernizarse desde comienzos de siglo gracias a una agricultura próspera, una población con mayor capacidad de consumo y una burguésía más dinámica, de forma que comienza la industrialización del sector textil algodonero que sustituye a la lana. Se introduce la máquina de vapor, el modelo fabril de producción y varios adelantos técnicos. Como no se dispone de algodón ni carbón, es necesario importarlo, lo que aumenta los costes y no permite la exportación de manufacturas. Sin embargo, gracias a las medidas proteccionistas, Cataluña carece de competitividad extranjera. Con una gran expansión hasta mitad de Siglo XIX, el sector textil catalán proporcionará beneficios suficientes para la inversión en otras actividades, por lo que será la zona más moderna y próspera del país.

A principios de siglo la siderurgia española se desarrolla principalmente en el sur, entre los años 60 y 80 pasó a Asturias debido a sus yacimientos de carbón, aunque de baja calidad. Hacia 1870 el País Vasco lleva a cabo una renovación tecnológica. Exporta hierro, lo que le permite reinvertir en altos hornos, y que despegue la siderurgia vasca. A finales de siglo, también firman las leyes de minas, por el crecimiento de la minería.

El nivel de industrialización y el avance de la siderurgia facilitan la llegada del ferrocarril a España. El gran impulso de las construcciones de ferrocarriles se dio con la Ley General de Caminos de Hierro en 1855. Se crearon sociedades anónimas que construían y explotaban diferentes tramos de red y sacaban sus acciones a la Bolsa. La red de ferrocarriles se dispone radialmente en torno a Madrid. Aunque la crisis de 1866 afectó gravemente al sector ferroviario, el ferrocarril supuso un incentivo de la siderurgia y la minería, la integración del mercado nacional, y facilitó el desplazamiento de personas e intercambio de mercancías.

Para eliminar la competencia de los productos importados que son más baratos y de mejor calidad que los españoles, se adoptan medidas proteccionistas que imponen caros aranceles a los productos extranjeros. Están a favor del proteccionismo los moderados, la burguésía textil catalana, los industriales siderúrgicos vascos y los cerealistas castellanos. Los progresistas y demócratas son partidarios del librecambismo (elimina esos impuestos arancelarios). España mantuvo la protección de los productos nacionales a lo largo de todo el Siglo XIX, excepto en periodos como el Bienio Progresista por medidas librecambistas. La crisis de final de siglo y la llegada masiva de productos más baratos reforzó el proteccionismo con el arancel de Cánovas (1891).

Una multitud de bancos entraron en bancarrota al principio del Siglo XIX (Banco Nacional de San Carlos, Banco de Isabel II, etc.) rebautizándose y fusiónándose resultando en el Banco de España. En 1857 se fundan el Banco de Bilbao y el Banco de Santander. Hasta la crisis de 1866 se produjo una importante expansión del sistema bancario y el Banco de España tiene el monopolio de la emisión de billetes, válidos en todo el territorio. A finales de siglo se crearon numerosos bancos comerciales no oficiales, como Banesto y las Cajas de Ahorros. El comercio estaba dificultado por la variedad de pesos, medidas y monedas. Finalmente, en 1868 se creó la peseta, pero no se generalizó hasta finales de siglo.