Portada » Historia » Manifiesto por la huelga general de Agosto de 1917 selectividad
La Monarquía afrontaba el triple desafío de las Juntas de Defensa, la Asamblea de Parlamentarios y el movimiento obrero.
Un buen número de oficiales del ejército se organizaron en Junio de 1916 en Juntas de Defensa, para oponerse a los proyectos de reforma que podrían afectar a sus intereses profesionales. Muchos de ellos veían con resentimiento como los oficiales destinados en Marruecos ascendían rápidamente por méritos de guerra. Provocaron la dimisión del gobierno. Otro de los pilares del sistema de la restauración se rompía: los militares volvían a aparecer en la política.
Por otro lado, cuando el presidente del gobierno, Eduardo Dato, clausuró las Cortes ante el temor de una huelga general, el líder de la Lliga de Catalunya, Cambó, convocó en Julio de 1917 en Barcelona una Asamblea de Parlamentarios catalanes que exigían la convocatoria de elecciones a Cortes constituyentes con la finalidad de promover una reforma de la Constitución que limitara los poderes del rey. Republicanos y socialistas se unieron a la Asamblea de Parlamentarios
El impacto de la I Guerra Mundial agravaría la tensión social, debido a que el incremento de las exportaciones españolas a los países en conflicto disparó los beneficios empresariales, pero provocó una gran inflación y una profunda pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, que no vieron incrementados proporcionalmente sus salarios. Los dos sindicatos adoptaron una estrategia unitaria y convocaron una huelga general el 18 de Diciembre de 1916 y amenazaron, ya en Marzo de 1917, con convocar una huelga general indefinida, en demanda de cambios sociales, políticos y económicos, sin duda influenciada por el triunfo de la revolución rusa.
Ante la convocatoria de una nueva huelga general por los socialistas, en Agosto de 1917, las fuerzas de la derecha temieron un estallido revolucionario.
La huelga general de 1917 fracasó, pero el movimiento obrero no dejaba de crecer y la UGT y la CNT ampliaban su militancia. Al periodo comprendido entre 1918 y 1920 se la ha llegado a denominar como el “trienio bolchevique”, un periodo salpicado de huelgas, motines y manifestaciones.
La agitación del movimiento obrero dio paso al reconocimiento de algunos derechos sociales, como la jornada de ocho horas. Tras la conocida huelga de la fábrica “La canadiense”, Cambó y los catalanistas aparcaron la cuestión autonómica y apoyaron el empleo de medidas de fuerza contra el movimiento obrero. Se trató de una verdadera guerra social que alcanzó su apogeo en 1921. Para combatir a los pistoleros anarquistas el gobernador de Barcelona, el general Martínez Anido, aplicó la famosa “ley de fugas”, mediante la que se ejecutaba a los anarquistas detenidos con el pretexto de supuestas fugas. En 1921 fue asesinado el presidente del gobierno, Eduardo Dato, a manos de un pistolero anarquista.
Por toda España se extendíó la organización de “somatenes” armados por la patronal, y se promovíó la creación de sindicatos no revolucionarios, de inspiración religiosa, denominados “Sindicatos Libres”.
Al acabar la I Guerra Mundial, se reiniciaron las operaciones contra los rebeldes dirigidos por Abd-el-Krim.
El general Berenguer estaba al frente de un ejército mal preparado y equipado, en el que destacaban los Regulares y la Legión.
En el verano de 1921, las tropas españolas se embarcaron en una acción mal planificada y dirigida por el general Fernández Silvestre, una operación desde la comandancia de Melilla hasta la de Alhucemas. Los choques con las cabilas rifeñas concluyeron con una retirada desordenada y la masacre de las tropas españolas. Se trataba del Desastre de Annual, que costó más de trece mil muertos, entre ellos el general Fernández Silvestre. Hubo grandes protestas en el país y los republicanos y socialistas se apresuraron a reclamar el abandono de Marruecos.
La presión de la opinión pública llevó a la formación de una comisión militar que investigara sobre los acontecimientos. Su resultado fue el Expediente Picasso. El expediente ponía en evidencia enormes irregularidades, corrupción e ineficacia en el ejército español destinado en África. El expediente no llegó a suponer responsabilidades políticas ni criminales. El 13 de Septiembre el general Miguel Primo de Rivera dio un Golpe de Estado y establecíó una dictadura militar.