Límites de los Derechos Fundamentales

Los derechos fundamentales no son absolutos o ilimitados.

Límites Internos

Sirven para definir el contenido propio del derecho, sus fronteras, el contorno del derecho; cuándo estamos ante el derecho y cuándo estamos ante una realidad distinta.

¿Cómo se determina el ámbito delimitado por un derecho fundamental? Principalmente, se acude a la interpretación de la disposición constitucional que lo recoge. Esta puede excluir a priori determinadas conductas del espacio protegido; por ejemplo, el art. 21 de la Constitución Española (CE) no protege toda reunión, sino únicamente la reunión pacífica y sin armas.

Límites Externos

Se imponen por el ordenamiento jurídico al ejercicio de los derechos en protección de otro derecho o bien constitucionalmente protegido. Pueden ser establecidos por la propia Constitución. El legislador puede limitar los derechos fundamentales siempre que sea para proteger otros derechos o bienes constitucionales.

Condiciones para la Justificación Constitucional de la Medida Limitadora

La medida limitadora debe satisfacer las siguientes condiciones para su justificación constitucional:

• Previsión legal: La medida que limite el derecho debe estar prevista por ley.
• Fin constitucionalmente legítimo: La medida debe responder a un fin constitucionalmente legítimo.
• Juicio de proporcionalidad: La medida debe superar un juicio de proporcionalidad, lo que implica que debe ser:
  • Idónea: Adecuada para conseguir el fin propuesto.
  • Necesaria: No debe existir otra medida menos gravosa para alcanzar el mismo fin.
  • Proporcional en sentido estricto: Debe existir un equilibrio entre el beneficio obtenido con la medida y el perjuicio causado al derecho fundamental.

Control de Constitucionalidad

Recurso de Inconstitucionalidad

Regulado en los arts. 32 a 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC).

Están legitimados para interponerlo:

• El Presidente del Gobierno.
• El Defensor del Pueblo.
• 50 Diputados.
• 50 Senadores.
• Los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas (CC. AA.).
• Las Asambleas Legislativas de las CC. AA.

Este recurso puede ser planteado de forma directa o abstracta:

• Vía Directa: Los órganos legitimados pueden presentar el recurso directamente ante el Tribunal Constitucional (TC) sin tener que pasar por un procedimiento previo.
• Vía Abstracta: El recurso se presenta por la presunta inconstitucionalidad de una norma, sin necesidad de un caso concreto ni una afectación personal. Se plantea de manera abstracta sobre la constitucionalidad de la norma en sí misma. El TC debe decidir si la norma impugnada es compatible con la CE sin que exista un conflicto personal específico.

Procedimiento

Este recurso debe interponerse en un plazo de 3 meses desde la publicación oficial de la ley, disposición o acto con fuerza de ley impugnado (o 9 meses si lo interponen los órganos autonómicos en caso de conflicto de competencias). La impugnación debe referirse a leyes o disposiciones normativas con rango de ley que se consideren contrarias a la CE. Una vez interpuesto, el TC deberá resolver si la norma es conforme o no con la CE.

Cuestión de Inconstitucionalidad

Es un mecanismo mediante el cual un juez o tribunal ordinario plantea una duda sobre la constitucionalidad de una norma con rango de ley aplicable al caso que está juzgando y de cuya validez dependa el fallo. Se eleva al TC para que este se pronuncie.

• Vía Indirecta: La cuestión no se plantea de manera directa por los órganos legitimados para el recurso, sino que surge dentro de un proceso judicial específico y es elevada por el juez o tribunal que conoce del caso. Esto significa que el control de constitucionalidad es indirecto, ya que el TC no conoce directamente del caso, sino a través del planteamiento de la cuestión por parte del tribunal ordinario.
• Vía Concreta: La cuestión siempre está vinculada a un caso concreto. El tribunal que plantea la cuestión lo hace en el marco de un proceso judicial específico donde debe aplicar una norma que considera que puede ser contraria a la CE.

Procedimiento

El juez o tribunal competente, una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, debe plantear la cuestión especificando la norma cuestionada y los preceptos constitucionales que considera infringidos. Al plantear la cuestión, debe suspender provisionalmente el procedimiento judicial que está llevando a cabo hasta que el TC resuelva. El Tribunal Constitucional, al recibir la cuestión, la admitirá a trámite si cumple los requisitos y dictará sentencia sobre la constitucionalidad de la norma cuestionada. Los efectos de la sentencia del TC vincularán a todos los poderes públicos y tendrán efectos generales (erga omnes) desde su publicación en el BOE.

Supuestos de Especial Trascendencia Constitucional (Recurso de Amparo)

El recurso de amparo requiere, para su admisión, que el recurrente justifique la especial trascendencia constitucional del recurso. Según la LOTC y la jurisprudencia del TC, cabe apreciar esta especial trascendencia, entre otros, en los siguientes supuestos:

• Cuando el recurso plantee un problema o una faceta de un derecho fundamental susceptible de amparo sobre el que no haya doctrina del TC.
• Cuando el recurso dé ocasión al TC para aclarar o cambiar su doctrina, como consecuencia de un proceso de reflexión interna, por el surgimiento de nuevas realidades sociales o de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental.
• Cuando la vulneración del derecho fundamental que se denuncia provenga de la ley o de otra disposición de carácter general.
• Si la vulneración del derecho trae causa de una reiterada interpretación judicial de la ley que el TC considere lesiva del derecho fundamental y crea necesario proclamar otra interpretación conforme a la Constitución.
• Cuando la doctrina del TC sobre el derecho fundamental que se alega en el recurso esté siendo incumplida de modo general y reiterado por la jurisdicción ordinaria, o un órgano judicial incurra en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina del TC.

La sentencia que ponga fin al recurso de amparo tendrá uno de estos dos pronunciamientos:

1. Otorgamiento del amparo: Si se reconoce la vulneración del derecho fundamental, declarando la nulidad de la decisión, acto o resolución que impidieron el pleno ejercicio de los derechos protegidos, y, en su caso, reconociendo el derecho y restableciendo al recurrente en su integridad.
2. Denegación del amparo: Si no se aprecia la vulneración del derecho fundamental alegado.