Portada » Historia » Las Desamortizaciones en España: De Mendizábal a Madoz
La desamortización es considerada una medida liberal progresista, aunque ya había empezado a ser aplicada en el siglo XVIII, con la venta de los bienes de los jesuitas, expulsados de España por Carlos III en 1767. Con Godoy, las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal se hicieron desamortizaciones, pero las más importantes son la de Mendizábal y la de Madoz. La desamortización supone, primero, la posesión por parte del Estado de esos bienes, con el fin de que dejen de ser de «manos muertas» (fuera del mercado) para convertirse en «bienes nacionales»; y segundo, la puesta en venta, mediante subasta. Lo obtenido de ello lo aplicaría el Estado a sus necesidades.
A partir de 1833 la desamortización se hizo ineludible. La guerra carlista obligó a buscar recursos con urgencia, ya que la deuda había alcanzado niveles altísimos. Además, el clima anticlerical que se difundió por el país, por el apoyo de los frailes carlistas, lo que facilitó la decisión. En 1836 se publicó la desamortización de Mendizábal. Aunque al principio sólo afectó a los conventos, en 1841 afectó también a las tierras del clero secular. Se subastaron todos sus bienes, hasta sus enseres. El proceso duraría hasta 1845, cuando las ventas fueron detenidas por los moderados.
Pero Mendizábal quería también convertir las tierras en propiedad privada, sujeta al mercado, y transferirlas a compradores enriquecidos, para que apoyasen al bando cristino. Además, se les permitía pagar con títulos de deuda, lo que fue una ganga para los especuladores porque su valor nominal no coincidía con su valor real. Otro beneficio sería una mayor credibilidad de la Hacienda, que podría solicitar nuevos préstamos. Por otro lado, impedían a los campesinos adquirir propiedades; no podían pagar esas cantidades. El resultado fue que se amortizó sólo una parte de la deuda y una enorme masa de tierras pasó a manos de las clases dirigentes. El decreto desamortizador se convirtió en la auténtica bestia negra para la Iglesia.
En 1855, durante el Bienio Progresista, se aprobó una nueva ley, la desamortización de Madoz. Por ella se ponían en venta todas las tierras restantes de la Iglesia (rompiendo el concordato de 1851) y las de propios y baldíos, es decir, las tierras de los ayuntamientos. Esta vez el proceso fue más rápido, y se amortizó mucha más deuda. Sin embargo, el procedimiento utilizado fue una copia del de la anterior: las tierras pasaron de nuevo a manos de los inversores y antiguos terratenientes. De este modo se acentuó el proceso de concentración de la propiedad agraria en manos de la oligarquía. Además, la desaparición de las tierras concejiles perjudicó a los campesinos, para los que habían sido tradicionalmente una fuente de ingresos. Había dos diferencias con respecto a la desamortización de Mendizábal: el dinero obtenido se dedicó a la expansión del ferrocarril, y el Estado no era el propietario de este dinero, sino los ayuntamientos.
En España, los estamentos (nobleza, clero [privilegiados] y pueblo llano [no privilegiados]) dejaron de existir cuando las nuevas leyes del Estado liberal impusieron la igualdad jurídica de todos los ciudadanos, que ponía fin a los privilegios otorgados por el nacimiento, los títulos o la pertenencia al clero. En el nuevo sistema liberal todos los grupos sociales seguían las mismas normas. Sin embargo, el liberalismo censitario limitaba el derecho al sufragio y a la participación política. Los ciudadanos quedaron definidos por su pertenencia a una determinada clase social, que venía determinada por su nivel económico y no por su propiedad y no por el linaje. Este proceso de cambio fue lento por la falta de una importante industrialización, por el peso de la gran propiedad agraria y por el poder de los grupos privilegiados del Antiguo Régimen, como la nobleza y el clero.