Portada » Historia » Las Desamortizaciones Eclesiásticas en España: Impacto y Consecuencias
El 2 de septiembre de 1841, el recién nombrado regente, Baldomero Espartero, impuso la desamortización de bienes del clero secular, proyecto que elaboró Pedro Surra Rull. Esta ley durará escasamente tres años y al hundirse el partido progresista la ley fue derogada. Si bien, se reconoció la titularidad de las propiedades ya desamortizadas, situación aceptada por la Iglesia tras la firma del Concordato de 1851.
La desamortización de 1855 de Pascual Madoz, ministro de Espartero, tuvo mayor alcance, mediante la Ley de desamortización general de 1855, que suponía la desamortización del resto de bienes de las comunidades religiosas y del clero secular que todavía quedaban, así como las propiedades del Estado, incluidas las propiedades de las «órdenes militares», Calatrava, Alcántara, Santiago y Montesa, y de los Ayuntamientos. Fue la que alcanzó un mayor volumen de ventas y tuvo una importancia superior a todas las anteriores, sin embargo los historiadores se han ocupado tradicionalmente mucho más de la de Mendizábal. Su importancia reside en las grandes repercusiones que tuvo en la sociedad española. La ley fue suspendida con el siguiente gobierno moderado, pero fue reanudada por los unionistas. En 1867 se habían vendido en total 198.523 fincas rústicas y 27.442 urbanas. El estado ingresó 7.856.000.000 reales entre 1855 y 1895, casi el doble de lo obtenido con la desamortización de Mendizábal. Este dinero se dedicó fundamentalmente a cubrir el déficit del presupuesto del Estado, amortización de Deuda pública y obras públicas, reservándose 30 millones de reales anuales para la reedificación y reparación de las iglesias de España. Tradicionalmente se le ha llamado al periodo que tratamos desamortización civil, nombre inexacto, pues si bien es cierto que se subastaron gran número de fincas que habían sido propiedad comunal de los pueblos, lo cual constituía una novedad, también se vendieron muchos bienes hasta entonces pertenecientes a la iglesia, sobre todo las que estaban en posesión del clero secular. En conjunto, se calcula que de todo lo desamortizado, el 30% pertenecía a la iglesia, el 20% a beneficencia y el 50 % a las propiedades municipales, fundamentalmente de los pueblos.
El proceso desamortizador produjo importantes consecuencias: