Portada » Historia » Las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812 y el Reinado de Fernando VII: Un Recorrido por la Historia de España
A finales de 1810, la Junta Central se disolvió y transfirió sus poderes a una Regencia de cinco miembros, que convocó a las Cortes de Cádiz. Reunidas en septiembre de 1810, se otorgaron poderes ilimitados y representaron la primera revolución burguesa en España, asumiendo la gobernanza del país, la dirección de la resistencia y la convocatoria de Cortes extraordinarias.
Estaban formadas por 300 diputados elegidos por votación indirecta y divididos en:
Proclamaron rey a Fernando VII y promovieron la transformación de la sociedad con libertad económica, igualdad jurídica y un sistema parlamentario y constitucional.
Sus reformas incluyeron:
La Constitución de 1812, proclamada el 19 de marzo de 1812 y conocida como «La Pepa», fue el resultado del compromiso entre liberales y absolutistas, aunque favoreció más a los primeros. Contaba con 384 artículos, estuvo en vigor en 1812, 1820-1823 y 1836, e influyó en las constituciones de los nuevos países americanos y en el ciclo revolucionario de 1820.
En conclusión, fue el primer intento serio de organizar el Estado bajo principios liberales.
Durante el periodo de 1808 a 1814, las mujeres fueron excluidas del ámbito político, ya que la Constitución de 1812 no las reconoció como ciudadanas y el Reglamento de las Cortes prohibió su acceso a las sesiones. Sin embargo, se reforzó su rol en el ámbito doméstico y social, asignándoles responsabilidades en la educación, beneficencia y asistencia social.
Algunas mujeres de la alta nobleza mantuvieron la tradición de los salones franceses, rebautizados como «tertulias» para evitar ser vistas como antipatrióticas. Dentro de la burguesía, unas pocas lograron destacar en la prensa liberal, como María del Carmen de Silva, directora de El Robespierre español.
Durante la Guerra de Independencia, algunas mujeres participaron en la lucha, como en el sitio de Zaragoza, pero la mayoría apoyó el conflicto desde tareas de avituallamiento, costura o enfermería, integrándose en asociaciones patrióticas. Aunque fueron excluidas del concepto de ciudadanía, su papel fue clave en la construcción de la nación.
Cuando Fernando VII regresó a España en 1814, el país enfrentaba graves problemas debido a la guerra, como el colapso económico y la destrucción agrícola, además de la persistencia de privilegios del Antiguo Régimen, como las exenciones fiscales de la aristocracia y las trabas legales a la industria y el comercio. A nivel político, la lucha entre liberales y absolutistas se intensificó, ya que los sectores privilegiados no estaban dispuestos a perder sus derechos. Fernando VII, con escasa capacidad para gobernar, se encontró con un país profundamente dividido y en crisis.
Comenzó con el retorno de Fernando VII como rey absoluto tras la derrota de Napoleón, poniendo fin a la primera fase de la revolución liberal. Con el apoyo de los absolutistas y el «Manifiesto de los Persas», Fernando VII firmó el Decreto del 4 de mayo de 1814, anulando la Constitución de Cádiz de 1812 y restaurando el absolutismo, junto con instituciones como los señoríos, consejos, gremios y la Inquisición. Su reinado se caracterizó por una política errática y represiva, con persecuciones a afrancesados y constitucionalistas.
La crisis económica se agravó con la pérdida de las colonias americanas, lo que provocó quiebras bancarias y déficit público. La oposición vino de militares liberales que intentaron pronunciamientos contra el absolutismo, como Espoz y Mina, Porlier y Lacy, la mayoría de los cuales fueron ejecutados.
Comenzó con el pronunciamiento de Riego en Cabezas de San Juan, lo que obligó a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812. Se celebraron elecciones municipales y a Cortes, y los liberales se dividieron en:
La época estuvo marcada por la conspiración del rey contra el liberalismo, la influencia de sociedades secretas y la contrarrevolución absolutista, que creó la Regencia de Urgell en 1822. Finalmente, Fernando VII pidió ayuda a la Santa Alianza, que envió a los Cien Mil Hijos de San Luis, liderados por el Duque de Angulema, quienes derrotaron a los constitucionalistas y restauraron el absolutismo, poniendo fin al Trienio Liberal.
Comenzó con la restauración del absolutismo tras la intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis. Fernando VII anuló toda la legislación liberal, persiguió a los liberales y creó las Juntas de Fe, aunque no restauró la Inquisición. A nivel económico, impulsó reformas fiscales con López Ballesteros, elaboró el primer presupuesto general del Estado (1828) e implementó políticas proteccionistas.
En sus últimos años, enfrentó una doble oposición:
El problema sucesorio se agudizó cuando Fernando VII promulgó la Pragmática Sanción (1830), permitiendo reinar a su hija Isabel II. Tras su muerte en 1833, su esposa María Cristina asumió la regencia, provocando el inicio de la Primera Guerra Carlista, ya que los partidarios de Don Carlos rechazaron la legitimidad de Isabel II.