Fracturas dentro del Régimen

La evolución del régimen franquista provocó tensiones internas entre las distintas familias políticas por motivos de las leyes de los años 60 y 70. En 1968 se abrió la posibilidad de crear asociaciones que permitieran cierto pluralismo político dentro del régimen. Fraga Iribarne se mostró a favor por considerar que era necesario adaptar el régimen a la realidad social. Los inmovilistas, llamados el búnker, como Girón de Velasco, querían mantener el régimen nacido en la guerra civil. Y los conservadores, como Carrero Blanco, solo aceptaban cambios si no modificaban los principios fundamentales.

El decreto ley que aprobaba el estatuto jurídico del decreto de asociación política en 1974 no satisfizo a nadie. La clase política franquista creó asociaciones para cuando Franco no estuviera. La pugna por el poder entre tecnócratas y falangistas sirvió para airear escándalos financieros como el de Matesa, caso de corrupción en una empresa de maquinaria textil. La publicación de la noticia al amparo de la Ley de Prensa de Fraga Iribarne molestó a los sectores más conservadores del régimen y llevó a Franco a formar un nuevo gobierno.

El Gobierno de Arias Navarro

La confirmación de Carlos Arias Navarro como presidente fue criticada por representar la continuidad del franquismo. No parecía adecuado para liderar el proceso de reforma y cambio. Algunos ministros de este primer gobierno despertaron cierta esperanza de un cambio que no se produjo. Arias Navarro defraudó las expectativas democráticas de la sociedad.

El inmovilismo del Gobierno favoreció la conflictividad laboral y la confrontación política. Los medios de comunicación hicieron eco de huelgas y protestas, y sufrieron secuestros y cierre de sus publicaciones. El indulto a los presos en noviembre fue insuficiente y benefició a pocos presos políticos. El Gobierno de Arias Navarro tramitó el proyecto de ley de reforma de la ley constitutiva de las Cortes, que quedó sin aprobarse. Sí que lo fue el proyecto de Ley de Asociaciones que permitía la creación de asociaciones políticas al margen del Movimiento Nacional, pero no entró en vigor porque era incompatible con el Código Penal vigente.

El Gobierno de Adolfo Suárez

El rey nombró nuevo presidente de Gobierno a Adolfo Suárez en sustitución de Arias Navarro. En esta decisión tuvo un importante papel el presidente de las Cortes, Torcuato Fernández Miranda. La designación de Suárez sorprendió tanto a la oposición como a los propios reformistas, que la calificaron de grave error. Suárez había desempeñado cargos en el régimen.

El nuevo presidente de gobierno actuó con realismo y asumió que la sociedad española debía alcanzar la libertad y por ello aceleró las reformas. Así, trató de atraer a la oposición democrática, neutralizar a los sectores más inmovilistas y ganarse a la opinión pública. Adolfo Suárez despenalizó las asociaciones políticas y reguló el derecho de huelga. Aprobó la amnistía parcial en julio de 1976 que fue insuficiente, por lo que tuvo que ser ampliada en octubre de 1977 mediante un pacto político con la oposición y dejaba impune la represión de la dictadura franquista.

En octubre de 1976, Coordinación Democrática, junto con otras plataformas de Cataluña, Galicia, Canarias, Baleares, Valencia, País Vasco y otros grupos minoritarios de tendencia liberal y socialdemócrata formaron la Plataforma de Organismos Democráticos (POD).

Los sindicatos aprovecharon el ambiente reivindicativo para reforzar sus posiciones. Crearon la Coordinadora de Organizaciones Sindicales (COS), que agrupaba a CC.OO., UGT y USO, y convocaron una huelga general el 12 de noviembre a favor de sus reivindicaciones económicas. Las elecciones sindicales de principios de 1978 dieron la victoria a CC.OO.

La convocatoria de numerosas manifestaciones, entre las que cabe incluir los recitales de música (Paco Ibáñez) mostró la fortaleza y protagonismo de la sociedad civil que reclamaba reformas políticas, sociales y mejoras económicas. La movilización, los lemas de amnistía para los presos políticos, las libertades y la autonomía constituyeron un factor de presión política y laboral que obligaron al gobierno a acelerar el proceso reformista. Este proceso creó tensiones con los sectores más inmovilistas. El vicepresidente de Asuntos Militares, Fernando de Santiago y Díaz de Mendivil, se enfrentó al resto del gobierno y dimitió esperando una reacción militar favorable, que no se produjo. Su sustitución por el general Manuel Gutiérrez Mellado fue clave en el proceso democrático. Las reformas desde la legalidad franquista avanzaban entre fuertes tensiones, diferencias y acuerdos.

La Ley para la Reforma Política

Para avanzar en las reformas había que desmontar el régimen franquista y acabar con sus instituciones. Suárez presentó la Ley para la Reforma Política a las Cortes con el fin de que fuera aprobada. Su objetivo era:

• Recuperar la soberanía popular.
• Establecer unas Cortes cuyos miembros fueran elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto.
• Defender los derechos fundamentales e inviolables de la persona.
• Reconocer el pluripartidismo.

La aprobación de la reforma era indispensable para desmantelar la legalidad franquista y poder construir la legalidad democrática. La ley, con rango de fundamental, fue debatida y aprobada con 435 votos a favor y sometida a referéndum popular el 15 de diciembre de 1976.

La Legalización de la Oposición Democrática

El buen resultado del referéndum reforzó al gobierno, que, de acuerdo con la oposición, suprimió el Tribunal de Orden Público (TOP). Restableció libertades, convocó elecciones democráticas, legalizó los partidos políticos, disolvió el Movimiento Nacional, y creó una nueva Administración del Estado.

Desde la muerte de Franco los partidos políticos seguían siendo ilegales pero actuaban con relativa tolerancia. El PSOE celebró su XXVII Congreso en Madrid en diciembre de 1976. Los líderes socialistas europeos lo apoyaron con su presencia, y Felipe González se dispuso a participar en el juego electoral. Santiago Carrillo, líder del PCE fue detenido en Madrid y a los pocos días puesto en libertad. El Decreto Ley de 8 de febrero reguló el modo en que los partidos podían ser legalizados. Se legalizaron hasta 78 partidos.

Suárez y los líderes de la oposición pactaron la ley electoral y la convocatoria de elecciones para el 15 de junio. La legalización del PCE fue uno de los escollos más difíciles con que se encontró el gobierno. En septiembre de 1976 Suárez había prometido al ejército que no lo legalizaría, pero el compromiso de los comunistas de aceptar la legalidad y las instituciones españolas eliminó cualquier obstáculo. El PCE fue legalizado, por decreto ley de 9 de abril de 1977, lo que molestó a los inmovilistas y a los militares hasta el punto que el ministro de La Marina presentó su dimisión como rechazo a la política del gobierno.

Adolfo Suárez formó y lideró la coalición de Unión de Centro Democrático (UCD). A su derecha quedaba Alianza Popular (AP), liderada por Manuel Fraga. En Cataluña se constituyeron el Pacte Democràtic per Catalunya (PDC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); en el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Euskadiko Ezkerra (EE). El PSOE y el PCE fueron los referentes de la izquierda.