La Restauración y el regeneracionismo en España: siglo XIX y XX

A finales del siglo XIX, los fundamentos de la Restauración fueron puestos en cuestión por el regeneracionismo, una corriente ideológica que denunciaba, tanto los vicios del sistema –bipartidismo, turnismo y fraude electoral-, como la existencia de una oligarquía que controlaba los destinos del Estado. De esta forma, el modelo de monarquía liberal basado en la vigencia de la Constitución de 1876 y la alternancia pacífica entre conservadores y liberales fue puesto en cuestión por una serie de propuestas de modernización política, económica y social planteadas por los regeneracionistas. De manera progresiva, tanto la clase política española como la monarquía fueron aceptando los postulados del regeneracionismo. Incluso, al alcanzar la mayoría de edad Alfonso XIII (1902), los partidos dinásticos estaban encabezados por miembros de ese movimiento: Antonio Maura dirigía el Partido Conservador y José Canalejas el Liberal. Precisamente el primero de ellos puso en marcha, entre 1907 y 1909, un programa de reforma del sistema parlamentario, la llamada “revolución desde arriba”. Antonio Maura ideó también un proyecto de ley de administración local en el que se pretendía dotar de mayor autonomía a las corporaciones municipales. Además, en el texto se abría la puerta a la creación de mancomunidades y a la ampliación de las competencias provinciales. Por último, cabe destacar aquellas disposiciones de corte económico y social, como la política de intervención estatal para el fomento y la protección de la industria nacional, la creación del Instituto Nacional de Previsión, la legalización del derecho a la huelga y la ley de descanso dominical. Durante su etapa como presidente del Consejo de Ministros (1910-1912), José Canalejas realizó un importante esfuerzo para democratizar el sistema y ampliar sus bases sociales. Además, también desarrolló una importante política socio-laboral, donde destacaron medidas como la reducción de la jornada laboral, la prohibición del trabajo femenino nocturno, la ley de accidentes de trabajo y la supresión del impuesto de consumos. También debe mencionarse la llamada “Ley Candado” (1910), con la que pretendía profundizar en la secularización del Estado.

Las turbulencias políticas que marcaron el Sexenio Democrático

, unidas a la solidez del sistema de la Restauración en sus primeros compases, condenaron al ostracismo a las fuerzas de oposición. De esta manera, hasta comienzos del siglo XX los partidos republicanos y nacionalistas se mantuvieron al margen de la vida política del país, excluidos de los órganos de decisión. Ahora bien, el progresivo desgaste del modelo ideado por Cánovas permitió que, con el paso de los años, su fuerza y apoyos se incrementaran notablemente. A comienzos del siglo XX, los grupos republicanos constituían la fuerza de oposición mas importante a la monarquía liberal y a los partidos dinásticos. De entre sus partidarios destacaban los intelectuales y amplios sectores de las clases medias, quienes identificaban el ideal de república con la democratización real del país. Además, su progresiva apertura a las reformas sociales relacionadas con la forma de vida de los obreros, les permitió ganar partidarios entre la clase trabajadora. Esa orientación hacia postulados de corte democrático y social obtuvo sus primeros frutos en las elecciones de 1903. En esos comicios las fuerzas republicanas, que concurrían en una candidatura conjunta (Unión Republicana), obtuvieron unos buenos resultados. Sin embargo, la falta de entendimiento entre los grupos que conformaban esa coalición, condujo escisión del ala más radical. De esta manera, en 1908, Alejandro Lerroux fundó el Partido Republicano Radical. De entre los nacionalismos del primer tercio del siglo XX, el catalán fue el que contó con mayor fuerza e implantación en el territorio. El escenario político en ese territorio estuvo dominado por la Lliga Regionalista, un partido de corte burgués fundado en 1901. De hecho, en su programa no se prestaban atención a las reformas sociales y, quizá por ese motivo, no contaba con el apoyo de la clase obrera, más proclive al republicanismo. Los miembros de la Lliga consideraban que se debía compatibilizar la regeneración política y la modernización económica con su reivindicación de autonomía. Eso les permitió colaborar en numerosas ocasiones con los gobiernos del turno, ya fueran conservadores o liberales.

La política española con respecto a Marruecos durante el primer tercio del siglo XX

, distinguiremos dos fases o marcos temporales bien diferenciados. En primer término se abordará el periodo que va de 1904 a la Semana Trágica (1909), siendo objeto de la segunda parte el estudio de la primera mitad de los años veinte, con sucesos como el Desastre de Annual (1921) y el Desembarco de Alhucemas (1925). Después de la pérdida de las últimas colonias en el año 1898, la intervención en Marruecos pasó a ser uno de los principales ejes de la política exterior española. La clase política, y la sociedad en su conjunto, percibieron el establecimiento de un protectorado al otro lado del Estrecho como una forma de salir del aislamiento internacional y recuperar el prestigio nacional perdido tras el conflicto con los Estados Unidos. Ahora bien, no fijaron las respectivas zonas de influencia con Francia hasta la Conferencia de Algeciras de 1906. En ella a España le correspondió la zona norte, que incluía la riqueza minera del conflictivo territorio del Rif. En 1909, como consecuencia del recrudecimiento de los enfrentamientos entre las tropas españolas y los rifeños, el gobierno decidió enviar refuerzos mediante la movilización de los reservistas barceloneses. Esto desencadenó una oleada de protestas, que alcanzaron su máximo nivel de tensión con la huelga general y las manifestaciones acaecidas en los días en que las tropas embarcaban. En este contexto, se produjo en Marruecos la emboscada en el Barranco del Lobo, con numerosas bajas entre los soldados españoles. La principal consecuencia de este acontecimiento fue la transformación de la huelga en una protesta con barricadas y grupos armados que se enfrentaron a las fuerzas del orden en Barcelona. El gobierno actuó con rapidez y excesiva dureza para poner fin a la revuelta, lo que llevó a Alfonso XIII a pedir la dimisión al presidente Antonio Maura. El otro marco temporal objeto de análisis va de 1921 a 1925. En el primero de esos años, el gobierno español tomó la decisión de someter de forma definitiva su zona del protectorado, por lo que el general Silvestre inició la ocupación de la región de Yebala, en el sector central del Rif. Sin embargo, las tropas españolas, con el fin de ocupar rápidamente la bahía de Alhucemas, se internaron demasiado en un territorio montañoso que, además, estaba alejado de sus bases de aprovisionamiento. De esta manera, el líder rifeño Abd el-Krim derrotó a los españoles en Annual, donde murieron y desaparecieron unos 10.000 soldados, entre ellos el propio general Silvestre. Además de la pérdida de buena parte del territorio ocupado en los años anteriores, el desastre de Annual tuvo importantes consecuencias políticas. De entre ellas, sin lugar a dudas, cabe destacar el golpe de Estado de Primo de Rivera, que puso fin al sistema parlamentario. En gran medida el cambio de régimen se debió a la necesidad de ocultar el contenido del informe sobre las responsabilidades de Annual elaborado por una comisión presidida por el general Picasso. Durante la dictadura, ante la dificultad para recuperar las zonas perdidas, España optó en un primer momento por una política de contención para impedir la expansión de la zona rebelde. Posteriormente se llegó a un acuerdo con el gobierno francés para organizar una acción conjunta que, en 1925, hizo posible que se desarrollará una gran operación de desembarco en Alhucemas. En los meses que siguieron a ese acontecimiento, los rebeldes rifeños no dejaron de retroceder hasta la rendición final de Abd el-Krim en 1927 ante las tropas francesas.

La crisis económica y política en España durante el primer tercio del siglo XX

, durante el verano de 1917 el régimen de la Restauración vivió uno de sus momentos más críticos. Confluyeron en el tiempo tres conflictos que serán objeto de análisis en los siguientes párrafos. En primer lugar se ha de hacer referencia a la crisis militar, que se materializó en la formación de las Juntas de Defensa. El problema se originó por el malestar que había generado, dentro del ejército, el proyecto de reforma militar del gobierno. Pues este incluía la reducción del número de oficiales y una modificación en el sistema de ascensos. Este descontento, que afectaba principalmente a los militares jóvenes, se puso de manifiesto con la aparición de las Juntas de Defensa y el manifiesto que estas presentaron al gobierno en junio de 1917. Finalmente, la intervención de Alfonso XIII a favor del ejército terminó por frustrar el proyecto reformista. La crisis militar fue seguida de otra de carácter político, que tuvo como principal exponente a la Asamblea de Parlamentarios. En el origen hemos de situar la interpretación que algunos grupos de oposición –republicanos, socialistas y nacionalistas- hicieron del suceso de las Juntas de Defensa. La debilidad del gobierno fue vista como una nueva señal de la creciente debilidad del Régimen de la Restauración y, por tanto, una oportunidad para reformar el sistema de forma integral. A esto se ha de añadir el cierre de las Cortes y la suspensión de las garantías constitucionales decretada por el gobierno conservador de Eduardo Dato. Como respuesta a esas medidas, el líder de la Lliga Regionalista, Francesc Cambó, convocó a todos los senadores y diputados a formar en Barcelona una Asamblea de Parlamentarios. En su reunión del mes de julio, los representantes acordaron formar un nuevo gobierno provisional y dotar al país de una nueva constitución donde se abriera la posibilidad a la autonomía de algunos territorios. Sin embargo, el escaso respaldo de los distintos partidos políticos a la Asamblea –asistieron únicamente setenta de los setecientos sesenta senadores y diputados- terminó por condenar al fracaso las diversas iniciativas de sus miembros. Por último, abordaremos la crisis social, que tuvo su momento álgido en la huelga general del mes de agosto. Previamente, en marzo de 1917, la UGT y la CNT, que por entonces eran los sindicatos que agrupaban a un mayor número de trabajadores, suscribieron un manifiesto a favor del establecimiento de una república democrática. De esta manera, con el fin de terminar con la monarquía y el sistema político de la Restauración, convocaron una huelga general para el verano. Sin embargo, esta únicamente tuvo cierta incidencia en algunos sectores industriales de Madrid, Barcelona, País Vasco y Asturias. Aún así, los disturbios obligaron a que el gobierno recurriera al ejército, cuya intervención provocó más de setenta muertos. Además, el número de detenidos, entre los que se encontraban los miembros del comité de huelga, se elevó a los dos mil.

La dictadura de Primo de Rivera

se presentó como un régimen temporal dirigido a solucionar, en un corto margen de tiempo, los principales problemas que padecía el país. Ahora bien, dentro del estatismo propio de unas estructuras autoritarias, el sistema evolucionó, siendo posible distinguir dos fases bien diferenciadas dentro del mismo: el Directorio Militar (1923-1925) y el Directorio Civil (1925-1930). En la primera de esas dos etapas se disolvieron las Cortes y se decretó el estado de guerra, quedando en suspenso la Constitución de 1876. Además, se prohibieron las actividades de sindicatos y partidos políticos, al tiempo que se establecieron fuertes medidas represivas contra los grupos anarquistas, comunistas y nacionalistas. En lo relativo al gobierno local, los ayuntamientos quedaron disueltos, siendo sustituidos por las llamadas juntas de vocales asociados. Estos cargos, estrechamente vinculados al sistema caciquil propio de la Restauración, eran designados por los mayores contribuyentes del municipio. Sin lugar a dudas el gran éxito de la dictadura en ese primer periodo fue la victoria en el conflicto marroquí, que comenzó a fraguarse en 1925 con el desembarco de Alhucemas. La ofensiva conjunta acordada entre España y Francia permitió someter a los rifeños liderados por Abd el-Krim, pacificando así el protectorado. Precisamente ese año se inauguró la segunda fase de la dictadura, en la que un gobierno de carácter civil sustituyo al militar. Con esa medida, Miguel Primo de Rivera pretendía mantenerse en el poder durante un periodo de tiempo más largo y, a su vez, manifestaba su deseo de establecer un régimen político de corte autoritario siguiendo el modelo de la Italia de Mussolini. Con ese fin había fundado en 1924 la Unión Patriótica, un grupo político de derechas que, mediante la propaganda, debía lograr apoyo popular para la dictadura. Primo de Rivera profundizó en la construcción de su proyecto político con la convocatoria de la Asamblea Nacional Consultiva en 1926. Este organismo, compuesto por representantes del Gobierno, la Administración del Estado y la Unión Patriótica, tenía como objetivo elaborar una nueva ley fundamental. Se trataba, al fin y al cabo, de una institución totalmente controlada por la dictadura y, por tanto, con escasa capacidad real de decisión. A las cuestiones políticas hemos de añadir las de carácter económico y social. Sobre las primeras es importante señalar que España se aprovechó de la coyuntura expansiva del periodo que conocemos como los felices años veinte. Los objetivos económicos de la dictadura fueron, fundamentalmente, impulsar el desarrollo de la industria nacional a través de la concesión de ayudas y una marcada política proteccionista. Ese intervencionismo estatal en la economía culminó con el fomento de las obras públicas y la creación de monopolios de titularidad pública, de entre los que destacaron CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos) y la CTNE (Compañía Telefónica Nacional de España). En el ámbito social hay que destacar que, en gran medida gracias a la represión ejercida por las fuerzas de orden público, la conflictividad obrera fue escasa. A esto también contribuyó de manera decisiva la legislación laboral y las políticas sociales iniciadas por una dictadura de claro corte paternalista. De hecho, las medidas de Primo de Rivera contaron con el apoyo de la UGT, el principal sindicato socialista. Ahora bien, la dictadura fue perdiendo apoyos de manera progresiva a partir de 1926; especialmente, aunque pueda resultar paradójico, entre los militares. Esto se debió, fundamentalmente a la aprobación por parte del gobierno de la normativa que reformaba el procedimiento de ascenso por antigüedad. A esto hemos de añadir la oposición al régimen por parte de los intelectuales, periodistas y otros grupos sociales que, de manera mayoritaria, se adhirieron al republicanismo. De esta manera, ante la falta de apoyos y consciente de haber perdido la confianza del rey Alfonso XIII, Miguel Primo de Rivera presentó su dimisión en enero de 1930.