Elecciones y gobierno provisional: El 12 de abril de 1931 se celebraron las elecciones municipales en España mediante sufragio universal masculino. Las candidaturas republicano-socialistas triunfaron en las grandes ciudades, en 41 de las 50 capitales de provincia. El 14 de abril, los concejales de Eibar proclamaron la República y, a lo largo del día, lo hicieron los concejales de Valencia, Sevilla, Oviedo, Zaragoza y Barcelona. Ante esta nueva situación, el rey Alfonso XIII decidió abandonar el país partiendo hacia el exilio. En Madrid, los representantes de los partidos firmantes del pacto de San Sebastián constituyeron un gobierno provisional, y el mismo día se proclamó oficialmente la Segunda República Española. Los miembros de ese gobierno representaban las principales fuerzas de la conjunción republicano-socialista: republicanos conservadores, socialistas y nacionalistas. Al margen de la coalición quedaba la derecha monárquica. El gobierno provisional convocó elecciones a cortes constituyentes para el día 28 de junio. Paralelamente, el gobierno decretó una serie de medidas de extrema urgencia: concesión de una amnistía general para los presos políticos, proclamación de libertades políticas y sindicales, y designación de altos cargos de la administración, la reforma del ejército, negociaciones con catalanes y vascos. Las promesas de cambio de la nueva República contaron con un amplio apoyo popular, pero con la animadversión de los grandes propietarios agrícolas, la iglesia y parte del ejército. Las elecciones generales del 28 de junio dieron la victoria a la coalición republicano-socialista.

La constitución de 1931: Los diputados electos formaron las nuevas cortes republicanas, que ratificaron como jefe de gobierno a Niceto Alcalá Zamora. La constitución de 1931 fue muy avanzada para su tiempo. Tenía un marcado carácter democrático y progresista. En el artículo primero se define a España como una república de trabajadores de todas las clases que se organiza en un régimen de libertad y justicia. El estado se configuraba de forma integral, pero se podían constituir gobiernos autónomos en ciertas regiones. El poder legislativo residía plenamente en las cortes, constituidas por una sola cámara; el ejecutivo recaía sobre el gobierno y el judicial en unos jueces independientes. Se reconocía una amplia declaración de derechos y libertades y se garantizaba la igualdad absoluta ante la ley, la educación y el trabajo sin discriminación étnica. Se estableció el voto desde los 23 años y se concedió el voto a las mujeres. Además, se hacía una afirmación de la laicidad del estado. La constitución fue aprobada por amplia mayoría, aunque existían profundas discrepancias entre la izquierda y la derecha.

Reformas del bienio de izquierdas: Uno de los primeros objetivos de la República fue limitar la influencia de la iglesia y secularizar la sociedad española. La constitución estipuló la no confesionalidad del estado, la libertad de cultos y la supresión del presupuesto de culto y clero. También se permitió el divorcio y el matrimonio civil. Además, el temor a la influencia que las órdenes religiosas ejercían en la educación llevó al gobierno a prohibirles dedicarse a la enseñanza. El proceso se completó con la ley de congregaciones que limitó la posesión de bienes a las órdenes religiosas y la posibilidad de disolución en caso de peligro para el estado. La Compañía de Jesús fue disuelta y sus bienes nacionalizados. Los sectores católicos percibieron la nueva legislación como una agresión al catolicismo. Los acontecimientos del 11 y 12 de mayo de 1931 incendiaron conventos y edificios religiosos, provocando que se incrementaran esos temores. La actitud manifiestamente hostil del cardenal Segura y del obispo de Vitoria provocó que el gobierno dictase su expulsión del territorio español.

Modernización del ejército: Azaña impulsó una reforma que pretendía crear un ejército profesional y democrático. Para ello, se creyó necesario reducir los efectivos militares, acabar con la macrocefalia y asegurar su obediencia al poder civil. Con esta finalidad, se promulgó la ley de retiro de la oficialidad que establecía que todos los oficiales en activo debían prometer su adhesión a la República, pero se les daba la posibilidad de retirarse con el sueldo íntegro. Más de la mitad aceptó la oferta. Además, se suprimieron algunos rangos tradicionales, se clausuraron las capitanías generales, desaparecieron los tribunales de honor y el consejo supremo de justicia militar, así como la prensa destinada únicamente al ejército. Posteriormente, se creó la Guardia de Asalto, fuerza del orden fiel a la República. Esta reforma fue recibida por los africanistas como una agresión a la tradición militar y poder del ejército; el golpe de Sanjurjo evidenció el malestar.

Reforma agraria: Fue el proyecto de mayor envergadura iniciado por la República. Se pretendía poner fin al predominio del latifundismo y mejorar las condiciones de vida de los jornaleros. En 1931, de los 4 millones de personas que trabajaban en la agricultura, 2 millones eran jornaleros. Una serie de primeros decretos establecieron la prohibición de rescindir los contratos de arrendamiento. Fijaron la jornada laboral en 8 horas y establecieron salarios mínimos. La ley de reforma agraria tenía como objetivo la modernización de la agricultura y permitía la expropiación sin indemnización de las tierras de una parte de la nobleza. El Instituto de la Reforma Agraria contaba con un presupuesto anual para indemnizar a los propietarios expropiados y se encargaba de facilitar el asentamiento de familias campesinas. La ley de la reforma agraria originó un considerable aumento de la tensión social, sobre todo entre los grandes propietarios.

La reforma del estado centralista: En Cataluña, Francesc Macià había proclamado la República Catalana. La negociación entre el gobierno provisional de la República y los dirigentes políticos catalanes permitió la anulación de esta decisión a cambio de la formación de un gobierno provisional (Generalitat) que elaboró un estatuto de autonomía (Núria) que fue aprobado por referéndum y aprobado por las cortes en septiembre de 1932. En el País Vasco, nacionalistas del PNV y carlistas aprobaron un estatuto (de Estella), pero tuvo la oposición de la izquierda y socialistas al considerarlo poco democrático y confesional. En octubre de 1936 fue aprobado, y José Antonio Aguirre fue elegido primer lendakari. En Galicia, el 28 de junio de 1936 se intentó realizar un proyecto de estatuto que nunca fue aprobado por las cortes.

Obra educativa y cultural: Otra reforma importante fue la de la enseñanza. Por un lado, el objetivo primordial era promover una educación liberal y laica. El centro de su actividad fue la enseñanza primaria y así se crearon 10,000 escuelas y 7,000 plazas para maestros, mientras el presupuesto de educación se incrementó un 50%. Se adoptó un modelo de escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita. Por otro lado, para mejorar el nivel cultural de la población, se promovieron campañas culturales llamadas misiones pedagógicas que llevaban a las zonas rurales bibliotecas, teatro, cine.

Las reformas laborales: El socialista Largo Caballero inició una serie de reformas para mejorar las condiciones laborales. Se aprobó la ley de contratos de trabajo que regulaba la negociación colectiva y la ley de jurados mixtos. Se estableció jornadas de 40 horas semanales y se aumentaron los salarios. Estas reformas provocaron la oposición de las organizaciones patronales.

Economía desfavorable: El cambio de régimen coincidió con la fase más grave de la depresión económica mundial. La crisis internacional agravó los ya tradicionales problemas internos de la economía española: paro agrícola, déficit de balanza comercial. El aumento generalizado de los salarios industriales y agrícolas que decretó el gobierno no se correspondió con un crecimiento de la productividad e hizo descender los beneficios empresariales. Esto dio lugar a un aumento del descontento del empresario industrial y grandes propietarios agrícolas. Por último, el gobierno optó por una política orientada a disminuir el gasto público para reducir el déficit heredado de la dictadura de Primo de Rivera. Pero tuvo repercusiones desastrosas al reducirse simultáneamente la inversión pública y privada.

La conflictividad social: La lentitud de las reformas emprendidas provocó el descontento de los trabajadores. La voluntad revolucionaria de los partidos y sindicatos de izquierda agudizó los enfrentamientos. Las huelgas, insurrecciones y las ocupaciones de tierras fueron en progresivo aumento. En 1932, los anarquistas propiciaron una sublevación de mineros en Cataluña y en 1933 de campesinos en Andalucía. La posterior represión solía ser muy dura. Estos hechos provocaron un desgaste del gobierno que se vio desacreditado por las duras represiones policiales adoptadas para establecer el orden público. En este contexto, algunos sectores del ejército pretendieron aprovechar el descontento generado entre los grupos conservadores de la sociedad. El general Sanjurjo protagonizó un golpe de estado en agosto de 1932 para provocar el cambio de la República a la derecha, pero fracasó. En 1933 se creó la UME con participación activa en el golpe de julio de 1936.

Bienio conservador: Las elecciones generales se celebraron el 18 de noviembre. Fueron las primeras en España en las que votaron las mujeres. La izquierda se encontraba desunida, mientras que la derecha se presentó unida y organizada. El resultado fue la victoria de los partidos de centro-derecha, lo cual inauguró el bienio conservador (bienio negro). El nuevo gobierno, presidido por Lerroux, inició su mandato paralizando una buena parte del proyecto reformista. Se frenó la reforma agraria. La cuestión agrícola enfrentó también al gobierno central con la Generalitat de Cataluña por la ley de contratos de cultivo. Por otro lado, el gobierno central también se enemistó con los nacionalistas vascos, al paralizar en las cortes la discusión del proyecto de estatuto vasco impulsado por el PNV. El gobierno intentó contrarrestar la reforma religiosa aprobando un presupuesto de culto y clero. Además, se aprobó la amnistía para los sublevados con Sanjurjo. Esto produjo la radicalización del PSOE y la UGT. El sector de Largo Caballero propuso dejar de colaborar con las fuerzas burguesas y propició la revolución social frente al sector de Prieto. La izquierda interpretó la entrada de la CEDA en el gobierno como una deriva hacia el fascismo. Se produjeron manifestaciones para defender las reformas sociales. En Asturias, los mineros protagonizaron una revolución social que fue reprimida por la legión al mando del general Franco. La represión fue durísima: 1,000 muertos, 2,000 heridos y 5,000 detenidos. Las consecuencias de la revolución de octubre fueron notables. La CEDA aumentó su influencia en el gobierno. Se suspendió el estatuto de autonomía a Cataluña, se anuló la ley de contratos de cultivo, se devolvieron las propiedades a los jesuitas y se nombró a Gil Robles ministro de la guerra y a Franco jefe de estado mayor. Una crisis de corrupción estalló en 1935; el gobierno se vio afectado y en febrero de 1936 se convocaron nuevas elecciones.

El estallido de la guerra civil: El 17 de julio de 1936, en Melilla, el jefe militar de la legión se alzó en armas contra la República. Parte del gobierno y de las fuerzas de seguridad se mantuvieron fieles al gobierno y sofocaron el levantamiento en buena parte de España. La sublevación triunfó prácticamente en toda la España interior y en zonas donde predominaba la gran propiedad. El alzamiento fracasó donde las fuerzas obreras y de izquierdas tenían mayor peso: en las zonas industriales. En Madrid, Barcelona y Valencia fracasó después de varios días de lucha callejera entre fieles y sublevados. Al cabo de una semana, el golpe no había triunfado, pero dividió a España en dos bandos. El bando de los sublevados, constituido por militares conservadores, monárquicos de derechas y grupos católicos. Los leales a la República fueron las clases populares y la pequeña burguesía. Defendían la legitimidad republicana y encargaban las fuerzas políticas y sociales que habían dado apoyo a las reformas del bienio progresista. La guerra civil fue el enfrentamiento entre grupos dominantes de la España de la restauración burguesa y obreros que querían establecer un sistema político democrático. La guerra de España fue un acontecimiento que apasionó y dividió a gobernantes y medios de comunicación. La opinión democrática progresista mundial apoyó la República, mientras que las fuerzas conservadoras de las democracias apoyaron a los sublevados y veían en el alzamiento de Franco un freno al comunismo. El catolicismo estuvo a favor de los rebeldes. Ambos bandos recurrieron al exterior para buscar apoyos. La política de no intervención perjudicó a la República, al negar a un estado soberano y legítimo el derecho a adquirir armas. Largo Caballero tuvo que comprar armas a la URSS mediante las reservas de oro de España. En el bando republicano, las brigadas internacionales prestaron una gran ayuda en tropas a la República. Los sublevados recibieron la ayuda de Alemania e Italia, que enviaron la aviación cóndor alemana y la unidad Corpo Truppe Volontarie italiana.

La promulgación de la II República (1931-1936) hay que inscribirla dentro de la grave crisis política que vivió España en los primeros cuarenta años del siglo XX. La República suponía para gran parte de la población española una oportunidad para democratizar y modernizar el Estado mediante un amplio programa de reformas económicas y sociales; sin embargo, nació en circunstancias difíciles. En el ámbito internacional, el mundo debía hacer frente a la crisis más grave del capitalismo tras el crac bursátil de 1929. Además, en Europa, el fascismo había comenzado su escalada y ponía en peligro a los sistemas democráticos. Sin embargo, en España, la falta de tradición democrática, la incesante conflictividad social, heredada del periodo anterior, y la inestabilidad política (provocada por los sectarismos de izquierda y de derecha) provocaron que, finalmente, en julio de 1936, desembocara en una terrible contienda que dejaría profundas huellas en la sociedad, derivando en la instauración de una dictadura personalista durante casi cuatro décadas (1939-1975), hasta la muerte del general Franco. Solo entonces se abriría un proceso de transición que consolidaría la democracia en España. Pese al entusiasmo con que fue recibida la República por el pueblo, ésta no consiguió el consenso pacífico de todos los españoles y la crisis se ahondó hasta llegar a una ruptura violenta: la Guerra Civil (1936-1939) que enfrentó a los españoles durante tres años.