La Dimensión Internacional de la Guerra Civil Española

Desde su inicio, la Guerra Civil Española tuvo una gran repercusión internacional. El conflicto se percibió como una confrontación entre las fuerzas democráticas, con un componente revolucionario, y los regímenes fascistas en ascenso. Se consideró a España como un microcosmos donde se libraba el enfrentamiento armado que muchos temían se extendiera a nivel mundial.

La opinión democrática progresista mundial apoyó a la República, al igual que los partidos obreros y la URSS. Por otro lado, las fuerzas conservadoras de las democracias (Francia y Reino Unido), y los gobiernos fascistas (Italia y Alemania) vieron en el alzamiento de Franco un freno a la expansión del comunismo. El régimen filofascista portugués de Salazar también fue un fiel aliado de los sublevados. El catolicismo tradicional se alineó con los rebeldes, y el papado finalmente se pronunció a favor de Franco.

Tanto los sublevados como el gobierno de la República buscaron apoyo en el exterior. Sin embargo, los gobernantes de las democracias (Francia, Reino Unido y Estados Unidos) actuaron con extrema prudencia por temor a una posible expansión del conflicto por Europa. El Reino Unido abogaba por una política de apaciguamiento ante la Alemania nazi. Francia se sometió a estas exigencias e impulsó la creación de un Comité de No Intervención, con sede en Londres, al que se adhirieron 27 países. La política de no intervención constituyó una gran injusticia para la República y una de las causas de su derrota, al negar a un Estado soberano y legítimo el derecho a adquirir armas para defenderse de una insurrección.

El Bando Republicano: Guerra y Revolución

El Desplome del Estado

La necesidad de recurrir a las organizaciones políticas y sindicales de izquierda para enfrentar el golpe de Estado originó una nueva estructura de poder popular. El gobierno decretó la disolución del ejército tradicional y la creación de batallones de voluntarios, donde se integrarían las milicias populares.

En el verano de 1936, el poder del Estado se desplomó casi por completo y fue sustituido por organismos que buscaban imponer un nuevo orden revolucionario: consejos, comités y juntas. En algunas zonas, los comités se unificaron para formar consejos regionales. Estos se encargaban de organizar las columnas de voluntarios para el frente, el orden público, la economía y la colectivización de la propiedad privada.

Se desató un violento movimiento anticlerical y antiburgués, con saqueos e incendios de iglesias, asaltos a propiedades, detenciones de empresarios y grandes propietarios, e incluso asesinatos de religiosos y personas consideradas sospechosas. Estas acciones fueron protagonizadas por grupos incontrolados de tendencia anarquista.

El Gobierno de Largo Caballero (1936-1937)

A finales del verano de 1936, los milicianos no lograban detener el avance de los sublevados, y las fuerzas republicanas eran conscientes de la necesidad de un gobierno capaz de unificar esfuerzos para ganar la guerra. Se formó un gobierno de concentración, presidido por Largo Caballero, secretario general de la UGT, con la participación de republicanos, socialistas y, por primera vez, comunistas. También se integraron al gabinete cuatro ministros anarcosindicalistas, un hecho sin precedentes a nivel mundial.

Su proyecto consistía en crear una gran alianza antifascista, recomponer el poder del Estado eliminando juntas y comités, reconociendo los consejos regionales, y dirigir la guerra militarizando las milicias de los partidos y creando el Ejército Popular. Sin embargo, Largo Caballero enfrentó graves problemas con los comunistas y los anarcosindicalistas. La enemistad con los comunistas y los anarcosindicalistas, que insistían en las colectivizaciones y se resistían a integrar sus milicias en el ejército regular, debilitó al gobierno.

Los problemas que finalmente debilitaron al gobierno de Largo Caballero estallaron en Barcelona a principios de mayo (Hechos de Mayo). Las fuerzas del gobierno de la Generalitat intentaron desalojar a los anarquistas del edificio de Telefónica, que habían ocupado y desde donde controlaban las comunicaciones. Esto derivó en un enfrentamiento en las calles de Barcelona entre militantes de la CNT y el POUM contra militantes del PSUC, ERC y la UGT, que apoyaban al gobierno. El conflicto resultó en más de 200 muertos, la derrota de los anarquistas y poumistas, y una grave crisis de gobierno.