LA CREACIÓN DEL ESTADO FRANQEl 1 de abril de 1939 terminaba la guerra civil iniciándose la construcción de un nuevo Estado en el que Franco era el generalísimo de los ejércitos, jefe del Estado, del gobierno y del partido único imponiendo una dictadura personal que suprimió derechos y libertades, represora y sin una ideología elaborada.

Se dotó de símbolos, leyes e instituciones fascistas inspiradas en el modelo italiano y alemán que evolucionó según la situación internacional y los cambios de la sociedad española buscando garantizar su permanencia y continuidad y su figura era exaltado por las instituciones del Estado, la Iglesia y la prensa. Desarrolló una concepción centralista del Estado aboliendo los estatutos de autonomía e impuso la españolización en los territorios con influencia nacionalista. El nuevo Estado había nacido sin legalidad por lo que se cubrió con Leyes Fundamentales promulgadas según las necesidades y evolución del régimen.

Como base ideológica el régimen se apoyó en el ejército, que gozó de privilegios y muchos ministros fueron militares, garante del orden teniendo jurisdicción los tribunales militares sobre delitos políticos manteniéndose el estado de guerra hasta 1948, en la Iglesia que bendijo y legitimó moralmente la sublevación y puso las bases del nacional catolicismo imponiendo sus normas de conductas religiosas y morales y controlando la educación y en la Falange, esencial por su carácter político e ideológico, utilizada para controlar la opinión pública e imponer los ideales del franquismo aunque su poder inicial fue disminuyendo tras 1945 reducido a la organización sindical y al Consejo Nacional del Movimiento, órgano consultivo del Jefe del Estado.

La dictadura fue respaldada por la burguesía, los terratenientes y los hombres de negocios y gran parte de las clases medias y de los católicos.

El gobierno formado el 8 de agosto de 1939 reunía las tendencias ideológicas del régimen y emprendía la tarea de consolidar el Estado, cuya estructura se asumía en el Movimiento Nacional.

En 1942 se crearon las Cortes mediante la Ley Constitutiva de las Cortes para dotar al régimen de apariencia representativa pero era un órgano consultivo al servicio de Franco. Los procuradores representaban a la élite del régimen: miembros de la Falange, sindicato, alcaldes de ciudades importantes, ministros, jerarquía eclesiástica o personas elegidas por el jefe del Estado. Este sistema fue denominado democracia orgánica.

Tres años después se aprobaron la Ley del Fuero de los Españoles que recogía los derechos de los españoles, limitados a la obediencia al régimen y establece la confesionalidad católica del Estado y la Ley de Referéndum Nacional que permitía someter a consulta popular las decisiones del gobierno o de las Cortes.

En el plano territorial, se mantuvieron los gobernadores civiles en cada provincia que elegían a los alcaldes y en el plano militar se instituyó un gobernador militar por provincia y se restablecieron las Capitanías Generales.

En el marco de relaciones laborales se aprobó en 1938 el Fuero del Trabajo, fundamento del sindicalismo vertical inspirado en la Italia fascista estableciéndose un sindicato único bajo la jefatura de la Falange que agrupaba de forma obligatoria y corporativa a obreros y patronos en las distintas ramas de producción, se prohibía la huelga y el despido libre. El sindicalismo se concebía como un instrumento al servicio del régimen. En enero de 1940 la Ley sobre la Unidad Sindical y la Ley de Constitución de Sindicatos dieron forma a la Organización Sindical Española.

La Ley de Sucesión en la jefatura del Estado (1947) abría la posibilidad a una futura sucesión de don Juan Carlos, hijo de don Juan, educado en España bajo los principios del Movimiento Nacional debido a que don Juan había defendido el restablecimiento de la monarquía parlamentaria en el Manifiesto de Lausana (1945).

En cuanto al control social, el franquismo sometió a los españoles a un control completo utilizando la propaganda para exaltar al dictador  y para adoctrinar a la población e imponer un estilo de vida conforme con los valores franquistas y la censura que empobreció el desarrollo cultural e intelectual del país. La formación político-ideológica estuvo a cargo del Frente de Juventudes y la Sección Femenina. En las escuelas se implantó la asignatura de Formación del Espíritu Nacional. Las asociaciones estudiantiles quedaron integradas bajo el único sindicato, el Sindicato de Estudiantes Universitarios (SEU). En la escuela se cantaba el Cara al Sol, el retrato de Franco aparecía por todas partes al que había que saludar con el brazo en alto.

La Iglesia colaboró con la maquinaria represiva del régimen y emprendió la tarea de recatolizar España. En el plano económico, el objetivo del régimen franquista era establecer un sistema autárquico para empezar la reconstrucción.

En el ámbito industrial se aprobaron la Ley de Protección y Fomento de la Industria Nacional y la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional creándose el INI para fomentar y nacionalizar la industria, surgiendo empresas como Iberia o SEAT o la nacionalización de Telefónica o RENFE.

En la agricultura el atraso técnico y la autarquía disminuyeron la producción deteriorándose el nivel de vida de la población, elevó la inflación y frenó el crecimiento provocando escasez, pobreza y hambre lo que obligó al gobierno a imponer el racionamiento mediante cartillas y la creación del Servicio Nacional del Trigo. Se desarrolló el mercado negro.

Unos 500.000 españoles se exiliaron a Francia por miedo a la represión, instalados en campos de concentración en condiciones infrahumanas, regresando casi la mitad una vez iniciada la segunda guerra mundial mientras otros decidieron sumarse a la resistencia francesa acabando algunos en campos de concentración nazis. Otros marcharon a Latinoamérica, fundamentalmente a México, sobre todo políticos e intelectuales.

Se aprobaban la Ley de Responsabilidades Políticas (febrero 1939) con efecto retroactivo que juzgaba a los que habían apoyado a la república desde 1934, la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940) y la Ley de Seguridad del Estado (1941) instalándose el miedo en la sociedad española.

El número de presos llegó a 200.000 en 1940 utilizándose como prisión campos de concentración, plazas de toros o escuelas donde se las torturaba provocando muertes frecuentes o se les utilizaba como esclavos para la reconstrucción para redimir penas y unos 30.000 fueron ejecutados por consejos de guerra. El ejército fue el encargado de la represión de delitos políticos hasta 1963 cuando se creó el Tribunal de Orden Público (TOP). Fueron depurados los funcionarios, empleados de instituciones, intelectuales y profesores que hubieran tenido relación con la República y algunos rectores universitarios fueron fusilados. Se prohibieron las peculiaridades regionales, culturales y símbolos nacionalistas y se confiscaron los bienes de los exiliados y contrarios al régimen, de partidos y sindicatos. La Ley de Represión del Bandidaje y el Terrorismo (1947) se aprobó para luchar contra el maquis que desapareció hacia 1952. A pesar del estricto control político y la represión, las huelgas y movimientos estudiantiles se convirtieron en instrumentos de protesta contra el régimen.

En el ámbito exterior Franco se declaró neutral aunque deseaba entrar en la guerra esperando recibir parte del imperio colonial francés en África y siempre que Hitler satisficiera las necesidades españolas que consideró excesivas. En Hendaya (octubre 1940) ambos firmaron un protocolo secreto por el que España se comprometía a entrar en la guerra sin precisar fecha y daría apoyo logístico a los alemanes y meses después Franco se reunió con Mussolini en Bordighera, (Italia) en la que el dictador español insistió en sus pretensiones sin haber acuerdo.

En  junio de 1941 Franco cambió el estatus de neutral por el de no beligerante y tras la invasión de la URSS por Alemania en 1941 decidió enviar a la División Azul. Pero en 1943 España se declaraba de nuevo neutral retirando la División Azul y la victoria final de los aliados en 1945 obligó al dictador a cambiar su discurso, disimular los rasgos fascistas del régimen y sustituir a su gobierno, desplazando a la Falange y potenciando al sector católico con la entrada de Martín Artajo para el ministerio de Asuntos Exteriores en sustitución de Serrano Suñer.

Pero México y Polonia denunciaron a España por lo que en la Conferencia de San Francisco (junio de 1945) se aprobaba una resolución de condena y en la Asamblea General de la ONU (diciembre de 1946) se excluía a España de la organización, recomendando la salida de los embajadores coincidiendo con el cierre de frontera con Francia. En 1947 Estados Unidos excluyó a España del Plan Marshall quedando aislado, recibiendo solo ayuda de Portugal y Argentina.

Sin embargo con la Guerra Fría España se convertía en un posible aliado anticomunista para Estados Unidos que, junto a las presiones de los países latinoamericanos y árabes posibilitaron que la ONU revocase la condena de 1946 en noviembre de 1950, el regreso de los embajadores, que España ingresara en la FAO (1951), la UNESCO (1952) y en la ONU (1955) y que llegaran los primeros créditos rompiéndose el aislamiento.

En 1953 España firmaba el Concordato con la Santa Sede por el que la Iglesia conseguía importantes privilegios económicos, jurídicos y educativos, y se defendía la unidad religiosa de España y el Pacto de Madrid con Estados Unidos que consistía en la asistencia económica, la ayuda para la defensa mutua y el suministro de material de guerra a cambio de la cesión española de las bases de Rota, Zaragoza, Morón y Torrejón de Ardoz.

 La nueva situación internacional y las dificultades económicas obligaron a Franco a cambiar el gobierno en 1951 dando entrada a ministros reformistas como Ruiz-Giménez o Muñoz Grandes y en 1957 a los tecnócratas del Opus Dei con tendencia más moderna en lo económico, destacando el ministro López Rodó que impulsó la modernización de la administración lo que ponía fin a la autarquía y al establecimiento de  medidas liberalizadoras que dieron un fuerte impulso a la economía y se aprobó la Ley de Principios del Movimiento en 1958 por lo que el grado de representación ciudadana se sustentaba sobre la familia, el municipio y el sindicato intentando lograr mayor credibilidad ante Europa.