Concepto: La autodefensa en el proceso penal moderno se refiere al conjunto de derechos que la ley concede al investigado o encausado para que pueda enfrentarse a los cargos en su contra. El investigado no es un mero objeto del proceso penal, sino un sujeto con derechos y titular del derecho a la libertad. Su participación en el proceso debe entenderse como el ejercicio de su derecho a la defensa. En caso de duda, se debe optar por priorizar este derecho fundamental.

Derechos del Investigado en la Prestación de Declaraciones

Fundamento: El investigado o encausado es quien mejor conoce los hechos, por lo que su declaración es esencial para descubrir la verdad. Sin embargo, su declaración debe rodearse de una serie de garantías. Cuando el imputado es sometido a cualquier declaración, esta debe interpretarse como una oportunidad para defenderse, y no como un medio para obtener su confesión. Esto no implica que no pueda confesar, pero su confesión debe hacerse con todas las garantías y puede servir para dictar sentencia condenatoria.

El artículo 406 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) establece que la confesión no exime al Juez de Instrucción de practicar las diligencias necesarias para conocer la verdad. La confesión no es la prueba reina del proceso penal, y el juez debe verificar su verosimilitud. La confesión debe realizarse en condiciones de plena libertad de conciencia y autodeterminación, tanto en la voluntad de declarar como en el contenido de la declaración.

Derechos Concretos del Investigado

1. Derecho a Ser Informado de la Acusación

   • El objetivo de la declaración es garantizar la defensa del investigado. Por lo tanto, debe ser informado de los cargos en su contra con suficiente detalle, según exige el artículo 118.1a) de la LECrim. Esta información debe ser clara, comprensible y formulada en términos precisos, accesibles a una persona sin conocimientos jurídicos. Además, debe proporcionarse en un idioma que el imputado entienda, y si no es así, debe proporcionársele un intérprete a cargo del Estado (art. 520, 2 d)). Este derecho incluye la asistencia en declaraciones y en el juicio, la presencia en conversaciones necesarias con el abogado y la traducción de documentos esenciales para la defensa.
   • La información debe ser completa y no puede limitarse a determinados hechos, omitiendo otros relevantes para la defensa. Debe abarcar las razones por las cuales se considera imputado al sujeto y las pruebas disponibles. Esta información debe darse antes de la declaración, nunca durante o después. El imputado también debe ser informado de sus derechos, para que pueda hacer uso de ellos y decidir correctamente sobre su conducta.

2. Derecho a Guardar Silencio

   • Todo investigado tiene derecho a guardar silencio cuando es interrogado en un proceso penal. Este derecho implica la negativa a declarar en su totalidad o a responder a algunas preguntas. Guardar silencio no puede interpretarse en su contra ni considerarse una admisión de culpabilidad. Sin embargo, la jurisprudencia a veces ha interpretado que la negativa a declarar refuerza la versión de las partes acusadoras, especialmente en casos con cargos muy determinantes.

3. Derecho a No Declarar Contra Sí Mismo y a No Confesarse Culpable

   • Este derecho concede al investigado la posibilidad de mentir. Si la Constitución y la LECrim reconocen este derecho además del derecho a guardar silencio, es porque tienen contenidos diferentes. Si una persona culpable decide hablar, probablemente ofrezca una versión de los hechos no ajustada a la realidad. De lo contrario, solo tendría la opción de guardar silencio. Aunque no se puede afirmar que exista un derecho constitucional a mentir, la Constitución y la LECrim no permiten que el juez o el Estado valoren negativamente la mentira del imputado.
   • El descubrimiento de una coartada falsa no puede ser considerado automáticamente como prueba de culpabilidad. Esto se debe a dos razones: el derecho del imputado a mentir y que descubrir la falsedad de una versión solo confirma que es falsa, pero no que la versión contraria es verdadera. Para confirmar esta última, sería necesario practicar otras pruebas. Por ejemplo, si una persona acusada de homicidio declara que estaba en otro lugar en el momento del crimen, descubrir la falsedad de esta coartada solo confirma que no estaba en ese lugar, pero no que estaba en el lugar del crimen. Se necesitarían pruebas adicionales para demostrar esta afirmación. Sin embargo, la jurisprudencia permite dictar sentencia condenatoria si se descubre una coartada falsa junto con una serie de indicios.

Requisitos de la Declaración

1. Condiciones del Interrogatorio

   • El artículo 389 de la LECrim dispone que las preguntas deben ser directas, prohibiendo preguntas capciosas (dirigidas a engañar al imputado) o sugestivas (aquellas que implican una respuesta). El investigado debe entender plenamente la pregunta para decidir libremente su respuesta. Se prohíbe todo interrogatorio que no garantice la idoneidad física y psíquica del sujeto interrogado (como en casos de cansancio o fatiga). En tales casos, la declaración debe interrumpirse hasta que cesen estas condiciones. El artículo 393 de la LECrim exige registrar el tiempo invertido en el interrogatorio.

2. Métodos Prohibidos de Interrogatorio

   • Métodos Psíquicos: Se prohíben preguntas capciosas o sugestivas, coacciones, amenazas con medidas inadmisibles, engaños y promesas de ventajas no previstas legalmente.
   • Métodos Físicos: Se prohíben torturas, malos tratos físicos, interrogatorios en condiciones de cansancio o fatiga relevantes y la provocación deliberada de abstinencia (de tabaco, alimento, alcohol, drogas, etc.). Un ejemplo sería obtener una confesión de un drogadicto mediante el ofrecimiento de sustancias.
   • Métodos Técnicos, Químicos o Psiquiátricos: Se prohíben el uso de detectores de mentiras, hipnosis y suero de la verdad.

Otros Derechos del Artículo 118 de la LECrim

• Derecho a Examinar las Actuaciones: El investigado tiene derecho a examinar las actuaciones judiciales con la debida antelación para preparar su defensa, incluido el atestado, salvo en casos de secreto sumarial.
• Derecho a Actuar en el Proceso Penal: El investigado puede actuar en el proceso penal para ejercer su derecho de defensa.
• Derecho a Asistencia Jurídica Gratuita: El investigado tiene derecho a asistencia jurídica gratuita si no puede costear un abogado.
• Derecho a Designar Libremente Abogado: El investigado puede designar libremente a su abogado, salvo en los casos previstos en el artículo 527 de la LECrim.

Conclusión

En resumen, la autodefensa y los derechos del imputado son fundamentales en el proceso penal moderno. Estos derechos garantizan que el investigado pueda defenderse adecuadamente de los cargos en su contra y que su participación en el proceso sea justa y equitativa. La ley establece una serie de garantías para proteger estos derechos, desde el momento de la declaración hasta el juicio, asegurando que el proceso penal respete los principios de justicia y equidad.