A partir de 1830 España solo contaba con las colonias de Cuba y Puerto Rico en el
Caribe y con las Filipinas y algunas otras pequeñas islas en el Pacífico.
Cuba era la principal posesión española y concentraba numerosos intereses y negocios
españoles y un gran flujo de emigración procedente de la metrópoli. La vida económica
de la isla se basaba en una agricultura de plantación, esencialmente de azúcar de caña,
café y tabaco para la exportación. Esta actividad constituía una importante fuente de
ingresos para el Estado y algunas empresas españolas.
La política arancelaria que impónían los gobiernos españoles convertía a las islas en
unos mercados cautivos. Obligadas a comprar a elevados precios los productos
españoles, fundamentalmente el trigo castellano y los tejidos catalanes, la legislación
española les dificultaba la exportación hacia Europa o Estados Unidos.
El caso de Filipinas fue distinto porque la población española era escasa y los intereses
económicos españoles se basaban en la producción de tabaco. Las Filipinas estaban
controladas por un contingente del ejército y contaban con una gran presencia de
órdenes religiosas.
A nivel político estos territorios recibían un trato colonial y no tenían ningún derecho a
enviar representantes a las Cortes españolas ni a tener instituciones de gobiernos o a
intervénís en la elaboración de las leyes que afectaban a las islas.
En la Paz de Zanjón de 1878 se pactaron medidas destinadas a facilitar la paulatina
autonomía cubana, la abolición de la esclavitud y la presencia de diputados cubanos en
el Parlamento español. En la isla, el sector más intransigente, opuesto a las reformas
en integrado por españoles y por los grandes latifundistas azucareros, formó el Partido
Uníón Constitucional, mientras que los grupos más progresistas, principalmente
criollos partidarios de la autonomía crearon el Partido Liberal Cubano.
La mayoría de los políticos españoles eran contrario a conceder la autonomía a Cuba.
El plan de Reformas Coloniales elaborado por el ministro Antonio Maura fue rechazado
por la oposición de su propio partido, el conservador en las Cortes.
El malestar de la población cubana se incrementó a partir de 1891, cuando España
introdujo en Cuba un impuesto a la importación de productos no procedentes de
España, el llamado Arancel Cánovas. Esta medida incomodó a Estados Unidos, que
adquiría la mayor parte del azúcar y el tabaco isleño, pero debía pagar fuertes
aranceles por los productos que vendía Cuba.
El incumplimiento de los compromisos de la Paz de Zanjón, el nuevo arancel y el apoyo
de Estados Unidos hicieron que, en 1895, se reiniciara el conflicto cubano.
La
insurrección tenía en José Martí fundador del Partido Revolucionario Cubano a su líder
más conocido en Antonio Maceo y Máximo Gómez a sus principales dirigentes
militares.
Los intentos de España por poner fin al conflicto combinaron el diálogo en el caso del
general Martínez Campos, con una fuerte represión, en el caso del general Weyler.
España envió casi 200000 soldados a la isla, muchos de los cuales enfermaron o
murieron a causa de las enfermedades tropicales y la falta de medios sanitarios. A
pesar del elevado contingente, las tropas españolas no lograron derrotar militarmente
a los insurgentes cubanos, mucho más adaptados a la lucha en zonas tropicales y a la
guerra de guerrillas.
En España, el asesinato de Cánovas en 1897, dio lugar a un imprevisto cambio de

Gobierno

Sagasta, el nuevo presidente, inició una estrategia de conciliación: destituyó
al general Weyler, decretó la autonomía de Cuba, el sufragio universal masculino, la
igualdad de derechos entre insulares y peninsulares y la autonomía arancelaria. Sin
embargo, las medidas llegaron demasiado tarde para convencer a los partidarios de la
independencia.
El malestar provénía del descontento de la población con los métodos de la
administración española y el excesivo poder de las órdenes religiosas. El
independentismo fraguó en la formación de la Liga Filipina, fundada por José Rizar en
1892, que exigía la expulsión de los españoles y la confiscación de sus latifundios.
La insurrección se inició en 1896 y se extendíó por la provincia de Manila. El capitán
general Camilo Polavieja llevo a cabo una política represiva, condenando a muerte a
Rizal a finales de 1896. El nuevo gobierno liberal de 1897 nombró capital general a
Fernando Primo de Rivera, quien promovíó una negociación indirecta con los
principales jefes de la insurrección, la cual dio como resultado una pacificación
temporal del archipiélago.
La política española había intentado evitar un enfrentamiento con Estados Unidos. Por
su parte, la opinión pública y la mayoría de los políticos estadounidenses eran
favorables a la intervención militar en Cuba.
La insurrección cubana presentó la ocasión para mostrar el apoyo abierto de Estados
Unidos a los independentistas cubanos. En 1897, el nuevo presidente McKinley, que
enviaba armas a los rebeldes, se mostró decidido a intervenir directamente en el
conflicto.
Estados Unidos utilizó como pretexto la explosión y hundimiento, a comienzos del año
de su buque de guerra Maine.
La negativa de España a renunciar a la isla y a acatar el ultimátum estadounidense
inició el enfrentamiento entre ambos. Como extensión del conflicto ese mismo año se
reanudó la insurrección en Filipinas.
En España se subestimó el potencial militar de Estados Unidos, que destruyó
fácilmente la flota española en dos breves combates, Santiago de Cuba y Cavite. Este
desastre no dejó al gobierno español otra alternativa que pedir la paz.
El Tratado de París se firmo el 10 de Diciembre y España cedíó Cuba, Puerto Rico y
Filipinas a Estados Unidos. Las últimas colonias en el Pacifico se vendieron a Alemania
en 1899. Con ello se perdían los últimos restos del antiguo Imperio colonial español en
América y Asía