Portada » Historia » Historia del movimiento obrero en España y el sistema político de la Restauración
En la década de 1830 se crean las primeras asociaciones obreras en España, mientras que a mitad de siglo aumentan las huelgas en Valencia, Madrid y Andalucía, teniendo lugar en 1855 la primera huelga general.
Más tarde, en Londres (año 1864), se funda la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) o Primera Internacional, que constituyó el primer intento de agrupar a todos los trabajadores para conseguir su emancipación y luchar contra el capitalismo. Dentro de la misma, lucharon entre sí dos ideologías: el marxismo y el anarquismo, cuyas ideas se habían extendido entre el proletariado español durante la Revolución Gloriosa. Pocos años después, en 1870, se celebraría en Barcelona el primer congreso de la Federación Regional Española (FRE) de la AIT.
Al hablar acerca de las mencionadas ideologías, por una parte, encontramos que el marxismo (cuyo máximo exponente fue Karl Marx) llega a España de manos de Lafargue, triunfando mayoritariamente en Madrid, Asturias y País Vasco. Pese a que no renunció a la lucha revolucionaria y al uso de herramientas políticas, sí descartaba la acción terrorista. Tras la expulsión del grupo madrileño marxista de la FRE, en 1870, esta corriente estaría representada por la recién fundada Nueva Federación Madrileña, base para el posterior PSOE.
En 1879, Pablo Iglesias Posse fundaría el propio PSOE, partido obrero que buscó la revolución social, pasando este a formar parte de la II Internacional (igual que su sindicato, fundado en 1888, UGT, que buscó el reconocimiento legal de la huelga y la mejora de las condiciones laborales a través de la negociación entre patronos y obreros). Algo más de tres décadas más tarde, en 1910, el PSOE lograría el primer diputado socialista del parlamento español.
Por otro lado, la corriente anarquista (Bakunin como máximo representante) llegaría a España gracias a Giuseppe Fanelli y a la par que la AIT. Dicha corriente tendría gran peso en el país, sobre todo en las zonas de Cataluña, el Levante y Andalucía. Su estrategia inicial consistió en la acción directa, alejada de los escenarios políticos y buscando una revolución social total. Asimismo, siguió una trayectoria sumamente violenta (especialmente en el campo andaluz) durante la Restauración, protagonizando atentados como el de Liceo en Barcelona (1893) o el asesinato de Cánovas (1897), por lo que el anarquismo sería perseguido duramente por las fuerzas del orden.
Parte de los anarquistas, tras estos atentados, evolucionó progresivamente hacia la postura anarcosindicalista, que propugnó la acción de masas y buscó la fundación de organizaciones de carácter sindical, como la Central Nacional de Trabajadores (fundada en 1910). Esta nueva tendencia impulsaría innumerables huelgas con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del proletariado español.
El 1 de diciembre de 1874, Alfonso XII, hijo de Isabel II, declara en el Manifiesto de Sandhurst su disposición de reinar para los españoles desde su exilio en Gran Bretaña. Ese mismo año, el general Martínez Campos dirigirá también el pronunciamiento de Sagunto que pondrá fin a la I República Española.
El nuevo régimen político sería diseñado por Cánovas del Castillo, que se propuso acabar con los problemas de la monarquía de Isabel II tales como el intervencionismo del ejército y los nuevos enfrentamientos políticos. Sin embargo, no se trataba de un sistema democrático ya que no reconocía el sufragio universal. Este sistema se fundamentó en la creación de una Constitución moderada (la Constitución de 1876) y de un sistema bipartidista en el que dos partidos, liberales y conservadores, se alternasen pacíficamente en el poder (turno dinástico o pacífico).
Para aplicar el turno dinástico, se hizo uso de métodos poco legítimos como el fraude electoral, ya que, a través de trampas y la abstención o la corrupción generalizada, se lograba el resultado electoral deseado (pucherazo). A ello hay que sumarle la popularización del caciquismo, consistente en influenciar a la población rural dirigiendo sus votos a los encasillados.
La Constitución de 1876, aunque de claro carácter conservador, se redactó con cierta flexibilidad para que los dos partidos del turno pudieran gobernar de manera estable y favorecer así la estabilidad política. Estableció una soberanía compartida entre las Cortes y el rey, en la que este último ejercía la jefatura del ejército, elegía al jefe de gobierno y ocupaba un papel moderador por encima de los partidos políticos, entre otras competencias. El poder legislativo, por su parte, recaía en unas Cortes bicamerales, quedando el tipo de sufragio a decisión del gobierno. Asimismo, se mantenía la independencia del poder judicial. También recogió una amplia declaración de derechos y libertades individuales, como los de imprenta, asociación y expresión, aunque estaban sujetos a cambios por parte del partido gobernante. Por último, destaca también el carácter centralista del sistema, que ponía ayuntamientos y diputaciones bajo el control del gobierno y garantizaba la vigencia de las mismas leyes en todo el país.