Incapacidad Temporal (IT)

Definición: Situación en la que se encuentra el trabajador cuando está impedido temporalmente para el trabajo debido a enfermedad, accidente o período de observación profesional, mientras el trabajador recibe asistencia sanitaria de la Seguridad Social.

Situaciones determinantes de la IT:

1. Debidas a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no laboral.
2. IT por contingencias comunes, aquellas en que pueda encontrarse la mujer en caso de menstruación incapacitante.

Menstruación incapacitante secundaria: Incapacidad derivada de una dismenorrea generada por patología previamente diagnosticada. No requiere periodo mínimo de cotización. El subsidio se abona a cargo de la Seguridad Social desde el día de baja en el trabajo.

Interrupción del embarazo, voluntario o no: No requiere periodo mínimo de cotización. El subsidio se abona a cargo de la Seguridad Social desde el día siguiente al de la baja en el trabajo. El salario correspondiente al cese íntegramente a cargo del empresario.

Gestión de la mujer desde el día primero de la semana 39, salvo que se encuentre en situación durante el embarazo:

• Periodo de carencia:
• Menor de 21 años a la fecha del inicio del descanso: Ninguno.
• Entre 21 y 26 años: 90 días dentro de los 7 años anteriores o 180 días en toda la vida laboral.
• Mayor de 26 años: 180 días dentro de los 7 años anteriores o 360 en toda la vida laboral.

Prestación económica:

Derecho al subsidio corresponde al INSS o a la mutua colaboradora con la Seguridad Social.

Beneficiarios:

Personas incluidas en el régimen general que reúnan los siguientes requisitos:

1. Estar afiliado y en alta o situación asimilada.
2. Reunir periodo de carencia.
3. IT derivada de enfermedad común: tener cotizados 180 días dentro de los 5 años anteriores al hecho causante.
4. IT derivada de accidente no laboral, enfermedad profesional y accidente de trabajo, menstruación incapacitante secundaria e interrupción voluntaria o no del embarazo no exige periodo mínimo de cotización.

Duración:

Enfermedad profesional: 180 días prorrogables por otros 180 días cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad.

Extinción:

• Plazo máximo de 545 días.
• Por alta médica por curación o mejora.
• Dado de alta al trabajador.
• Reconocimiento de la pensión de jubilación.
• Fallecimiento del trabajador.

Sujeto responsable del pago:

• Días 1, 2, 3: nadie.
• Días 4 al 15: empresario.
• A partir del día 16: pago delegado.

Gestión y control:

Para acceder a la asistencia sanitaria y declaración de IT es necesario la prescripción por parte de los servicios médicos oficiales de las partes médicas de baja. En los procesos derivados de contingencia común se efectuará por el médico del servicio público de salud. En los servicios de contingencias profesionales: Servicios médicos de la mutua colaboradora, servicios médicos de la propia empresa o el médico del servicio público de salud. Entre los 365 y 545 días la emisión de las partes corre a cargo del INSS. El INSS, ISM y mutuas, a través de su personal médico, ejercen control.

Incapacidad Permanente (IP)

Definición: Situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescriptivo, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas que disminuyan o anulen su capacidad laboral.

Solicitud:

El trabajador deberá presentar la solicitud dirigida a la Dirección Provincial competente de la entidad gestora de la provincia en la que tenga su domicilio.

Resolución y notificación:

El Director Provincial de la entidad gestora dictará resolución expresa y la notificará en el plazo de 30 días desde la recepción de la solicitud. Si se producen contradicciones en las declaraciones, se podrá solicitar un informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y este debe emitirse en el plazo de 15 días máximo.

Requisitos de las prestaciones:

• Cuando el beneficiario provenga de una situación de incapacidad temporal, el hecho causante de la prestación será el de la fecha en que se agotó aquella de la que se deriva la incapacidad permanente.
• En los supuestos en los que la IP no esté precedida de una IT o que esta no se hubiera extinguido, se considerará producido el hecho causante en la fecha de la emisión del dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades.

Periodos de carencia:

• Incapacidad permanente parcial: Si el trabajador es mayor de 21 años se exige tener cotizados a la Seguridad Social 1800 días en los 10 años inmediatamente anteriores a la extinción de la IT de la que se derive, computándose por entero los 18 meses, la duración máxima en esta situación, aunque no se haya agotado. Y para los trabajadores menores de 21 años en la fecha de su baja por enfermedad común deberán tener cotizados la mitad de los días transcurridos entre los 16 años de edad y la iniciación del proceso de IT de la que se deriven, más todo el periodo, agotado o no, de la IT.
• IPT, IPP Y GI:
• Si es menor de 31 años de edad: (Período genérico de cotización: La tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 16 años y la del hecho causante.
• Si tiene 31 años o más: Período genérico de cotización: Un cuarto del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió los 20 años y la del hecho causante, con un mínimo en todo caso de 5 años.
• Periodo específico de cotización: Un quinto del periodo de cotización exigible debe estar comprendido: En los 10 años inmediatamente anteriores al hecho causante o en los 10 años inmediatamente anteriores a la fecha en la que cesó la obligación de cotizar, si se accede a la pensión desde una situación de alta o asimilada, sin obligación de cotizar.

Duración:

Las pensiones de IP tienen carácter vitalicio, salvo la IP Parcial (art. 196.2, 3 y 4 TRLGSS). Sí se pueden ser revisables (revisión de grado de incapacidad). Se perciben en 14 mensualidades (excepto las derivadas de riesgo profesional que son 12 mensualidades).

Dinámica de la prestación:

El Art. 6.3 del Real Decreto 1300/1995 establece como momento de la calificación de la IP el de la resolución del Director Provincial del INSS y el Art. 13 de la Orden de 18/01/96: El momento en que cumpliese los requisitos de alta y cotización previa es el del agotamiento de la IT, salvo que las dolencias no estén consolidadas o cuando la IP no derive de ella, en cuyo caso será la fecha del dictamen propuesta del EVI.

A) Incapacidad permanente parcial:

La prestación consiste en una indemnización a tanto alzado. La cuantía de la indemnización es igual a 24 mensualidades de la base reguladora que sirvió para el cálculo de la IT de la que se deriva la permanencia. En los supuestos en que no existiera IT previa, por carecer de tal protección el beneficiario, se tomará como base reguladora la que hubiera correspondido por IT, de haber tenido derecho a dicha prestación.

B) Incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez:

Las bases reguladoras de las prestaciones por contingencias comunes son diferentes para los distintos grados de incapacidad permanente. La base reguladora de las prestaciones por contingencias profesionales es común para todos los grados de IP (excepto IP parcial), determinada por la disposición adicional 11 del RD 4/1998. Dicha base reguladora pretende adecuar el importe de la prestación al salario realmente percibido por el trabajador.

• Salario diario más antigüedad, multiplicado por 365 días.
• Importe de las pagas extraordinarias.
• Complementos salariales del año anterior al hecho causante / número de días trabajados en el año anterior x 273 (o días laborales).

Incapacidad permanente total:

• Regla general: Pensión vitalicia del 55% de la base reguladora que, excepcionalmente, podrá ser sustituida por una indemnización a tanto alzado (84 mensualidades) siempre que el beneficiario fuese menor de 60 años.
• Incapacidad permanente cualificada (mayores de 55 años): Aumento del 20% de la pensión en relación a las circunstancias sociales y laborales del trabajador para mayores de 55 años (art. 6 del Decreto 1646/1972, de 23 de junio, para la aplicación de la Ley 24/1972 de 21 de junio, en materia de prestaciones del Régimen General de la Seguridad Social). Derivada de enfermedad común: La pensión no puede ser inferior al 55% de la base mínima de cotización para mayores de 18 años, base que se calcula dividiendo entre 112 las bases de cotización de los 96 meses anteriores al hecho causante (art. 197.1.a TRLGSS).

Incapacidad permanente absoluta:

Se calcula en base a las mismas reglas que las señaladas para la IP total para determinar la base reguladora y la prestación es una pensión vitalicia del 100% de la base reguladora.

Gran invalidez:

La base reguladora se calcula igual que IPT e IPA y en función de la causa determinante.

Riesgo durante el embarazo

Definición: En los supuestos en que, debiendo la mujer trabajadora cambiar de puesto de trabajo por otro compatible con su estado, en los términos previstos en el art. 26.3 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados.

Beneficiarios:

• Estar afiliada y en alta en alguno de los regímenes de la Seguridad Social, incluso el de empleados de hogar si la trabajadora presta sus servicios para un hogar con carácter exclusivo y tener el contrato suspendido.

Prestación:

La prestación es un subsidio del 100% de la base reguladora de la IT por contingencia profesional. En los supuestos de guarda legal por menores de 12 años o de cuidado de personas con discapacidad o familiares, la prestación se calcula conforme a la base que corresponde a la reducción de jornada. En cambio, si se toma el 100% de la base para los supuestos de reducción de jornada por cuidado de menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave, sí se calcula con el 100% de la base, como si no existiera reducción de jornada.

Dinámica:

Se produce el día en que se inicia la suspensión del contrato y se abona durante el periodo de suspensión, necesario para la protección de la seguridad o de la salud de la trabajadora y/o el feto.

Prestación en los supuestos de contrato a tiempo parcial:

1. La base reguladora diaria es el resultado de dividir la suma de las bases de cotización durante los 3 meses inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de la suspensión laboral entre el número de días naturales comprendidos en dicho periodo. De ser menor la antigüedad de la trabajadora, la base es el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas entre el número de días naturales a que estas corresponden.
2. El subsidio se abona durante todos los días naturales en que se mantenga la suspensión del contrato por la situación correspondiente.
3. En el certificado de empresa, que se ha de aportar junto con la solicitud del subsidio, ha de reflejarse la cuantía de la base de cotización correspondiente a los 3 meses anteriores a la suspensión del contrato.

Causas de extinción:

• La suspensión por nacimiento y cuidado del menor.
• Cuando la trabajadora se reincorpora a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su estado.
• La extinción del contrato de trabajo en virtud de las causas legalmente establecidas.
• La interrupción del embarazo.
• El fallecimiento de la beneficiaria.

Tramitación:

Se inicia a instancia de la trabajadora mediante solicitud dirigida a la Dirección Provincial de la entidad gestora de la provincia en que tenga su domicilio la interesada o ante la mutua que corresponda. La solicitud se realiza en modelos normalizados establecidos por la Administración de la Seguridad Social y debe contener la fecha de suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo, los datos relativos a la actividad desempeñada por la trabajadora afectada, su categoría profesional y función y descripción del trabajo concreto, así como el riesgo específico que presenta para el embarazo.

Riesgo durante la lactancia natural

Definición: Aquella en que se encuentra la trabajadora durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo, con mantenimiento de la obligación de cotizar en los supuestos en que, debiendo ésta cambiar de puestos de trabajo por otro compatible con su situación, dicho cambio de puesto no resulte técnica u objetivamente posible, o pueda razonablemente exigirse por motivos justificados. Se protege a la trabajadora cuando el puesto de trabajo genera un riesgo para la lactancia natural de hijos menores de 9 meses.

Dos condiciones:

1. Que las condiciones de trabajo influyen negativamente en la salud de la mujer o del hijo.
2. Que se suspende el contrato por riesgo durante la lactancia natural.

Duración:

El subsidio se abonará durante el periodo necesario para la protección de la salud de la trabajadora y/o hijo, como máximo hasta que este cumpla los 9 meses, salvo que la beneficiaria se haya reincorporado con anterioridad a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su situación.

Causas de extinción:

• Tras cumplir el niño 9 meses de edad.
• Reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo o a otro compatible con su estado.
• Extinción del contrato de trabajo en virtud de causas legalmente establecidas o cese en el ejercicio de la actividad profesional.
• Interrupción de la lactancia natural.
• Fallecimiento de la trabajadora o hijo lactante.

Tramitación:

El procedimiento se inicia a instancia de la trabajadora, mediante un informe médico que deberá solicitar al facultativo del servicio público de salud, en el que se acredite la situación de lactancia natural. Con el citado informe y certificado de la empresa sobre la actividad desarrollada y las condiciones del puesto de trabajo, la trabajadora solicitará la emisión de la certificación médica sobre la existencia de riesgo durante la lactancia ante la entidad gestora o colaboradora que corresponda. Si la entidad gestora o colaboradora considera que no se produce la situación de riesgo durante la lactancia, denegará la expedición de la certificación médica solicitada, comunicando a la trabajadora que no cabe iniciar el procedimiento dirigido a la obtención de la correspondiente prestación. Una vez certificado el riesgo, si no ha sido posible el cambio de puesto de trabajo, la empresa declara a la trabajadora afectada en situación de suspensión del contrato por riesgo durante la lactancia.

Jubilación

La prestación económica por causa de jubilación, en su modalidad contributiva, será única para cada beneficiario y consistirá en una pensión vitalicia que le será reconocida en las condiciones, cuantía y forma que reglamentariamente se determinen, cuando, alcanzada la edad establecida, cese o haya cesado en el trabajo por cuenta ajena.

Requisitos de la prestación:

Tienen derecho a la pensión de jubilación en su modalidad:

• Estar afiliadas y en alta o situación asimilada al alta en la fecha del hecho causante: Art. 165.1 y 205.2 y 3 TRLGSS. Para acceder a la pensión de jubilación se exige, con carácter general, que la persona se encuentre afiliada y vinculada a la Seguridad Social mediante la realización de una actividad laboral.
• Tener cumplida la edad reglamentariamente exigida:

A) Jubilación ordinaria:

Para su fijación se han de tener en cuenta dos parámetros: La edad cronológica del causante y las cotizaciones acreditadas a lo largo de su actividad laboral. Ambos parámetros se van incrementando paulatinamente durante el periodo transitorio. La edad ordinaria se fija en años y meses.

B) Personas con discapacidad:

Posibilidad de reducir la edad de jubilación para las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 65% o igual o superior al 45%, siempre que se trate, en este último caso, de discapacitados reglamentariamente determinadas respecto a las que existan evidencias contrastadas que determinan de forma generalizada una reducción significativa de la esperanza de vida.

Prestación:

Se exige tener un periodo mínimo de cotización de 15 años, de los cuales 2 años deberán estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho, o a la fecha en que cesó la obligación de cotizar si se accede a la pensión desde una situación de alta o asimilada al alta en la que no existía obligación de cotizar.

Jubilación anticipada:

Requisitos:

1. Condición de trabajador a tiempo completo.
2. Edad mínima.
3. Antigüedad en la empresa: Tiene que prestar servicios en la empresa durante 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial. A tal efecto se computará la antigüedad acreditada en la empresa anterior a la que se está vinculado en el momento de la jubilación si ha mediado una sucesión de empresa, o cuando se acredita tal antigüedad, en empresas pertenecientes al mismo grupo de empresa.
4. Reducción de jornada del jubilado parcial en determinada proporción, siempre manteniendo ciertos niveles de cotización: Estará comprendido entre un mínimo de 25% y un máximo de 50%, o del 75% si el contrato de relevo es a jornada completa ya por tiempo indefinido, siempre que se acrediten el resto de requisitos. Dichos porcentajes se entenderán referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.
5. Periodos de carencia: 33 años de cotización efectiva, sin que pueda tenerse en cuenta la parte proporcional de pagas extras. A estos exclusivos efectos, solo se computará el periodo de prestación del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria o el límite máximo de 1 año.

Muerte y supervivencia

Se consideran causas de estas prestaciones:

• Quien fallece por causa debida al accidente o la enfermedad profesional, siempre que se determine que la muerte no se produjo por el trabajo que se realiza.
• Quienes tengan reconocida por tales contingencias una incapacidad permanente, cuando se trata de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.
• Si no se dan esos supuestos, debe probarse que la muerte ha sido debida al accidente de trabajo, siempre que el fallecimiento haya ocurrido dentro de los 5 años siguientes al accidente o, en caso de enfermedad profesional, se admitirá tal prueba cualquiera que sea el tiempo transcurrido.
• Los perceptores del subsidio por incapacidad temporal y los pensionistas por incapacidad permanente y jubilación, siempre que se pruebe la conexión causal anteriormente referida.
• Los trabajadores que hayan desaparecido con ocasión de un accidente de trabajo, en circunstancias que hagan presumir su muerte y sin que hayan tenido noticias suyas durante 90 días naturales siguientes al del accidente, con efectos desde la fecha del accidente, salvo el auxilio por defunción.

Auxilio por defunción:

El fallecimiento del causante da derecho a la percepción inmediata de un auxilio por defunción para hacer frente a los gastos del sepelio o quien los haya soportado. Para causar el derecho a esta prestación, el causante debe encontrarse en alta o situación asimilada al alta al tiempo de su fallecimiento. Por tanto, no se puede causar esta prestación desde la situación de no alta, ni pueden causar esta prestación los trabajadores desaparecidos, por la razón obvia de la inexistencia de sepelio, que precisamente es el gasto que se pretende indemnizar.

Beneficiarios:

• El cónyuge superviviente.
• El superviviente de una pareja de hecho.
• Los hijos.
• Los parientes del causante que convivan con el fallecido habitualmente.

Pensión de viudedad:

Será necesario acreditar un periodo de cotización que varía según la situación laboral del fallecido y de la causa que determina la muerte.

• En alta o asimilada al alta: 500 días dentro de un periodo ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento o 15 años a lo largo de toda la vida laboral.
• En no alta: 15 años a lo largo de toda la vida laboral.
• Pensionistas: No se exige periodo de cotización.

Beneficiarios de la pensión de viudedad:

• Cónyuge.
• Separados, divorciados y personas cuyo matrimonio fuere declarado nulo.
• Pareja de hecho en el momento del fallecimiento.

Pareja de hecho:

• Inscripción como pareja de hecho en uno de los registros específicos existentes en las Comunidades Autónomas o en los ayuntamientos del lugar de residencia o la formalización de documento público en el que conste la constitución de la pareja, con una antelación mínima de 2 años respecto de la fecha del fallecimiento del causante.
• Que en esos 2 años ningún componente de la pareja tenía impedimentos para contraer matrimonio ni tenía vínculo matrimonial, ni pareja de hecho con otra persona.
• Convivencia estable y notoria durante al menos 5 años anteriores al fallecimiento (este requisito no es exigible si existen hijos comunes).

Ingreso Mínimo Vital (IMV)

Nace para garantizar un determinado nivel de ingresos a los hogares en situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas, con carácter indefinido, manteniéndose mientras se den las causas que originaron su concesión. Se configura como un “derecho subjetivo” a una prestación de naturaleza económica que garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Beneficiarios:

• Personas integrantes de una unidad de convivencia.
• Las personas cuya edad sea al menos 23 años que no se integran en una unidad de convivencia y no estén unidas a otra por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, salvo caso de divorcio.
• Las mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual pueden ser beneficiarias sin que se les exija el requisito de la edad.

Requisitos:

• Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos un año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. No se considerarán las estancias en el extranjero superiores a 90 días al año o estancias en el extranjero motivadas por causa de enfermedad.
• No se exige el periodo de residencia a:
• Menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, reagrupación familiar, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
• Personas víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.
• Mujeres víctimas de violencia de género.
• Encontrarse en situación de vulnerabilidad económica por carecer de rentas, ingresos o patrimonio suficientes. Se estará en situación de vulnerabilidad económica cuando los ingresos del solicitante individual o de la unidad de convivencia, correspondientes al ejercicio anterior, sean inferiores en 10 euros a la cuantía mensual de la renta garantizada con esta prestación que corresponda en función de la modalidad y del número de miembros de la unidad de convivencia.

Prestación económica:

Beneficiario individual:

100% del importe anual de las pensiones no contributivas fijada anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, dividido por 12. Ha de sumarse un complemento del 22% cuando el beneficiario individual tenga un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.

Unidad de convivencia:

Renta para el beneficiario individual se incrementa en un 30% por cada miembro adicional a partir del segundo hasta un máximo del 220%. Se añade un complemento del 22% a la cuantía establecida para beneficiario individual, en el caso de que la unidad de convivencia incluya alguna persona con un grado de discapacidad del 65% o más.

Unidad de convivencia monoparental:

A la cuantía mensual se añade un complemento de monoparentalidad equivalente a un 22% de la renta garantizada mensual individual.

Cuantía:

Corresponde a la persona beneficiaria individual o a la unidad de convivencia. Viene determinada por la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada y el conjunto de todas las rentas e ingresos de la persona beneficiaria o de los miembros que componen esa unidad de convivencia del ejercicio anterior, siempre que la cuantía resultante sea igual o superior a 10 euros al mes. Se actualiza con efectos del día 1 de enero de cada año, tomando como referencia los ingresos anuales computables del ejercicio anterior.

Nacimiento y duración:

El hecho causante de la prestación, así como sus efectos económicos, se produce en la fecha de presentación de la solicitud. El derecho se mantiene mientras subsistan los motivos que dieron lugar a su concesión y que se cumplan los requisitos y obligaciones. Por ello, todas las personas beneficiarias, integradas o no en una unidad de convivencia, están obligadas a poner en conocimiento de la entidad gestora competente, en el plazo de 30 días naturales, aquellas circunstancias que afecten al cumplimiento de tales requisitos u obligaciones. El cambio en las circunstancias personales de la persona beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital o de alguno de los miembros de la unidad de convivencia, puede comportar la disminución o el aumento de la prestación económica mediante la revisión correspondiente por la entidad gestora. La modificación tendrá efectos a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha en que se hubiera producido el hecho causante de la notificación.

Gestión:

Entidad gestora del INSS, aunque a través de sendos convenios, Navarra y País Vasco asumen la gestión del IMV. De manera análoga pueden colaborar las entidades del tercer sector de acción social de carácter estatal que adquieren la condición de mediadores sociales del IMV.

Solicitud:

Se inicia previa solicitud del interesado, en modelo normalizado presentada preferentemente en la sede electrónica de la Seguridad Social, a través de aquellos otros canales de comunicación telemática que el INSS, País Vasco, Navarra o la Comunidad Autónoma, en su caso, tenga habilitado al efecto.

Tramitación:

Recibida la solicitud de la prestación, el órgano competente, con carácter previo a la admisión de la misma, procede a comprobar si los beneficiarios que vivan solos o formando parte de una unidad de convivencia, en función de los datos declarados en la solicitud presentada, cumplen el requisito de vulnerabilidad. Frente a la resolución de inadmisión, que debe ser dictada en el plazo de 30 días, se puede interponer reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, cuyo objeto se limita a conocer sobre la causa de inadmisión. La admisión de la solicitud no obsta a su desestimación.

Protección social complementaria

Definición: Conjunto de medidas heterogéneas específicas -ad hoc- para la protección de las necesidades sociales como la Seguridad Social e inespecíficas -valen para cubrir necesidades sociales o no, como los seguros- previstas en nuestro ordenamiento jurídico y otorgadas por un tercero (sean entes públicos o privados) para prevenir y corregir las necesidades o riesgos sociales, fijados con antelación y, en cuanto tales, típicos y propios de un Estado social y democrático de derecho.

3 pilares:

1. Protección pública a través de la Seguridad Social.
2. Previsión social complementaria colectiva (empresa).
3. Previsión social complementaria individual.

Servicios sociales:

Prestaciones complementarias de protección social pública, protección social de tipo técnico (en especie o in natura) asociada a los riesgos de la discapacidad, atención especializada // tercera edad: sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.

Mejoras voluntarias:

La previsión social en la empresa nace como prolongación a las prestaciones que ofrece el sistema público de la Seguridad Social.

Instrumentos:

• Colectivos: Convenio colectivo o acuerdos de empresa.
• Individuales: Contrato individual de trabajo.

Modalidades:

1. Mejora de las bases: posibilidad permitida por el legislador. Lo más parecido serían los convenios especiales. Es una infracción muy grave incrementar indebidamente las bases de cotización para provocar un aumento de las prestaciones.
2. Tipos de cotización adicionales: permitida por el legislador pero no utilizada en la práctica.
3. Mejora directa de las prestaciones: Permitida por el legislador y empleada en la práctica.

Mejora voluntaria en la prestación por desempleo:

No suelen encontrar este tipo de mejoras en convenio colectivo. Se pueden incluir estas mejoras en el marco de procesos temporales de reestructuración empresarial. Así, por ejemplo, en caso de suspensiones contractuales o reducciones temporales de jornada concurriendo causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. En estos casos, estando el contrato vigente, se percibe el desempleo y la empresa podría comprometerse a mejorar su cuantía.

Nacimiento y cuidado del menor:

Las prestaciones de cuidado del menor, con carácter general (salvo la no contributiva), ascienden al 100% de la base reguladora, de manera que la mejora, si se asocia al salario, solo favorecerá a los trabajadores cuyo salario supera la base máxima de cotización. También podría favorecer a las mujeres trabajadoras que, por no cumplir el periodo de carencia, reciben la prestación de cuidado de menor no contributiva, pues en tal caso solo perciben el monto del IPREM.

Elementos personales:

• Promotor.
• Partícipes.
• Beneficiarios.