Portada » Historia » Evolución Política y Social en España: De la Segunda República al Franquismo
La Segunda República se proclamó el 14 de abril de 1931, tras el éxito republicano en las elecciones municipales. Estas elecciones tuvieron un carácter plebiscitario de apoyo o rechazo a la monarquía. Alfonso XIII abandonó España y los representantes de los partidos firmantes del Pacto de San Sebastián constituyeron un Gobierno Provisional. Este gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes para elaborar una nueva Constitución y formar un nuevo Gobierno.
La primera reunión de las Cortes tuvo lugar en el Congreso de los Diputados el 14 de julio de 1931, como homenaje a la Revolución Francesa. Julián Besteiro fue elegido presidente de la Cámara. La redacción de la nueva Constitución fue el objetivo de la comisión de Cortes, presidida por Jiménez de Asúa (PSOE). En agosto se inició el debate de la nueva Constitución, que fue aprobada el 9 de diciembre por mayoría, al no haber votos en contra.
La aprobación de algunos artículos de la Constitución provocó la dimisión de Miguel Maura como ministro de la Gobernación y del presidente del Gobierno, Alcalá Zamora.
Durante la elaboración de la nueva Constitución, se debatió la inclusión de la mujer en el derecho al sufragio. Clara Campoamor fue su más firme defensora. Entre quienes se opusieron a dar el derecho a voto a la mujer destacó Victoria Kent, temerosa de que la inclusión de este derecho trajera como fruto resultados favorables a la derecha, por considerar que la mujer estaba muy influida por el clero. Finalmente, se incluyó el derecho a voto de la mujer en la Constitución de 1931, aunque la primera vez que ejercieron este derecho fue en las elecciones del 19 de noviembre de 1933, que abrieron paso al bienio Radical-Cedista.
El primer gobierno constitucional se formó el 15 de diciembre de 1931 bajo la presidencia de Manuel Azaña. Los radicales de Lerroux no participaron en este Ejecutivo, pues veían con preocupación la permanencia de los socialistas en él.
En cuanto a la política en torno a la propiedad, las masas proletarias rurales deseaban la distribución de la tierra. La exasperación de los jornaleros se manifestó en numerosos sucesos. El proyecto de ley de reforma agraria fue aprobado en 1932, con el objetivo de la desaparición del latifundismo. Se creó el Instituto para la Reforma Agraria. La fórmula de indemnización a los propietarios situó el coste de la operación en cantidades a las que las arcas republicanas no podían hacer frente. Como consecuencia, la reforma adquirió un ritmo muy lento y supuso una afrenta para las esperanzas de los campesinos.
La reforma del ejército fue más que necesaria, ya que de ella dependía la supervivencia de la República. Azaña se mantuvo como Ministro de la Guerra. Para ello, colocó a capitanes generales de su confianza y permitió que los militares no leales pasaran a la reserva, sin disminución de sueldo. Se creó la Guardia de Asalto.
La República trató de aminorar la influencia de la Iglesia católica en la sociedad y la educación. Entre las leyes que afectaron a la relación Iglesia-Estado, destacan:
El desarrollo de los principios constitucionales dio satisfacción a las fuerzas nacionalistas catalanas. Se aprobó en las Cortes el Estatuto de Autonomía de Cataluña. La Generalitat quedó integrada por tres instituciones: el Parlamento, el Presidente de la Generalitat y un Consejo Ejecutivo. Francesc Macià fue elegido presidente de la Generalitat y Lluís Companys, presidente del Parlamento. Al Estado español le correspondía la defensa nacional, las relaciones internacionales y el mantenimiento del orden público.
Los dirigentes republicanos adoptaron un modelo de escuela laico, público y gratuito. El objetivo era la sustitución de la acción de la Iglesia por la del Estado. El gobierno social-azañista elaboró un plan educativo consistente en la construcción de escuelas y la elevación del sueldo de maestros y profesores. A los ayuntamientos se les exigió la donación de solares y la financiación de parte de la construcción de escuelas.
El Ministerio de Trabajo tenía como objetivo sintonizar las relaciones laborales con la Constitución. Para ello, hizo aprobar en las Cortes diversas iniciativas, como la ley de contratos de trabajo y la ley de jurados mixtos. La política laboral de Largo Caballero fue contestada por una patronal que consideraba excesivo el poder sindical derivado de estas medidas y por la CNT.
Las medidas reformistas del Gobierno movieron a la derecha más conservadora a considerar necesario dar un giro conservador a la República. Sanjurjo se sublevó en Sevilla en 1932, pero fracasó. Juzgado y condenado a muerte, el Gobierno le conmutó la pena de muerte por la de reclusión perpetua.
En enero de 1933, el campo andaluz se encontraba en un estado de agitación. Se produjeron numerosos movimientos huelguísticos, sofocados por las fuerzas gubernamentales. El más polémico fue el de Casas Viejas (Cádiz). La tensión parlamentaria que supuso provocó que Azaña dimitiera y Alcalá Zamora convocara elecciones para el 19 de noviembre. La CEDA y los radicales intentaron aglutinar el voto de la derecha tradicional, las clases medias, los católicos y los propietarios agrícolas. La izquierda y el centro republicano acudieron divididos. La CNT aconsejó la abstención a sus afiliados. Las elecciones proporcionaron el triunfo a la CEDA y al Partido Republicano Radical.
El Gobierno Radical-Cedista (1933-1935) se inició con un período convulso para la política. El partido de Lerroux tuvo que enfrentarse a su primera crisis: Martínez Barrio fundó la Unión Republicana. Posteriormente, los gobiernos radicales cayeron por sus tensiones internas, la presión de la CEDA y las disputas con la Generalitat de Lluís Companys. La CEDA obligó a Lerroux y a Alcalá Zamora a su entrada en el gobierno con varios ministros en 1934.
La entrada de la CEDA en el Gobierno fue considerada por el PSOE y otras fuerzas de izquierda como un “golpe contra la República”. En octubre de 1934 se produjo una huelga general, seguida en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, en las ciudades andaluzas y, sobre todo, en Asturias. La insurrección fracasó pronto ante la reacción del Gobierno, que declaró el estado de guerra e instauró la censura previa en los medios de comunicación.
En Cataluña, Lluís Companys declaró la República Federal Catalana e intentó negociar la adhesión del general Batet al movimiento. El Estatuto fue paralizado por el Gobierno central.
Asturias quedó separada del resto de España. En la región minera se formó un Comité Revolucionario y se proclamó la “República Socialista”. Durante 15 días, la zona minera de Asturias fue dominada por los comités locales revolucionarios y por las milicias del “Ejército Rojo”. El Gobierno inició una campaña de guerra para restablecer el orden. Tropas coloniales desembarcaron en Gijón bajo el mando del general Franco y acabaron con el levantamiento.
El Gobierno fue presionado por una extrema derecha que cada vez confiaba más en un acto de fuerza para la modificación del sistema político y que se aglutinó en torno a Calvo Sotelo. Además, sufrió sucesivas crisis parciales. Gil Robles ocupó el Ministerio de la Guerra.
Se tomaron medidas en varios ámbitos:
El líder radical fue advertido por el presidente de la República de la inminente salida a la luz pública de varios escándalos, entre ellos el del estraperlo y el de Nombela. Estos escándalos dificultaron las relaciones entre radicales y la CEDA.
El presidente de la República encargó la formación de un nuevo Gobierno a Manuel Portela Valladares, que convocó elecciones en febrero de 1936. La revolución de Asturias y su represión, la orientación autoritaria de las fuerzas derechistas y la aparición de partidos fascistas provocaron una dinámica de unión en las fuerzas republicanas. El 15 de enero de 1936 se firmó el pacto del Frente Popular, rubricado por el PSOE, el Partido Comunista de España, el Partido Obrero de Unificación Marxista (trotskista), la Unión General de Trabajadores, Izquierda Republicana, Unión Republicana, el Partido Sindicalista y el Partido Republicano Federal. La CNT no participó en el pacto, pero prestó su apoyo electoral a las candidaturas de la izquierda.
La derecha no presentó una alianza global ni un programa común. FE de las JONS presentó candidaturas en solitario, pero la escasa proyección del fascismo en España redujo sus posibilidades de obtener algún escaño.
Celebradas las elecciones, resultó vencedora la coalición de izquierdas. Azaña formó un Gobierno compuesto por republicanos de izquierda y apoyado en el Parlamento por socialistas y comunistas. Se dictó una amnistía para los presos políticos. Los militares considerados contrarios a la República fueron enviados a nuevos destinos. Se restauró el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Los campesinos ocuparon numerosas propiedades y el Ministerio de Agricultura se limitó a sancionar las ocupaciones efectuadas.
Las izquierdas acordaron la sustitución de Alcalá Zamora y Manuel Azaña fue elegido el 10 de mayo de 1936 nuevo presidente de la República. Ante la negativa de Largo Caballero a que Indalecio Prieto encabezara la presidencia del Gobierno, fue designado para ello Santiago Casares Quiroga.
El triunfo del Frente Popular provocó una doble polarización política. FE de las JONS vio acudir a sus filas a un gran número de nuevos afiliados. Por otro lado, el Partido Comunista experimentó un aumento similar en el número de sus militantes. Mientras tanto, la UGT y la CNT no daban tregua al Gobierno con sus huelgas. Militantes comunistas, anarquistas, socialistas y falangistas caían a diario en sangrientos duelos. FE de las JONS fue puesta fuera de la ley.
El teniente Castillo, de la Guardia de Asalto, fue asesinado a tiros en plena calle por unos pistoleros de derechas. Aquella misma noche, una patrulla de la Guardia de Asalto sacó de su casa a Calvo Sotelo y lo asesinó de dos tiros. La conspiración militar, que estaba en marcha desde hacía varios meses, ya no esperó más. El 17 de julio de 1936, las tropas de la Comandancia de Melilla se sublevaron contra el Gobierno de la República. Empezó la Guerra Civil.
El franquismo se define por la historiografía más reciente como nacional-católico. Entre sus características, podemos hablar de un nacionalismo reaccionario y autoritario. El Estado se configuró como centralista. El régimen de Franco adoptó el corporativismo sindical, inspirado por el partido único del régimen: Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Este partido, que a veces se confundía con el Estado, ejerció también su influencia en la cultura a través de emisoras de radio y periódicos que dominaban la opinión pública.
Su comprensión del nacionalismo español se basaba en el tradicionalismo católico, siendo la identidad fundamental de la patria. Las escuelas e institutos impartían la doctrina católica como asignatura obligatoria. El matrimonio eclesiástico era el único válido desde 1939. La Iglesia contaba con un presupuesto proveniente del Estado y sus jerarquías estaban representadas en las Cortes. Ejercía la censura de espectáculos, libros y otras publicaciones. La Iglesia concedió al Jefe del Estado el privilegio de presentación de obispos.
De todo ello se deduce el antiliberalismo y el anticomunismo del régimen, clave en el contexto de la Guerra Fría. En comparación con otros regímenes dictatoriales de Europa, se ha debatido si la dictadura de Franco era un sistema totalitario o autoritario. Ejemplos de regímenes totalitarios en Europa fueron el fascista en Italia, el nacionalsocialista en Alemania y el comunista en la URSS. Habiendo sido comparada la dictadura militar de Franco con estos regímenes, aún existen diferentes interpretaciones sobre si era autoritaria o totalitaria, lo que ha generado debates historiográficos.
La Real Academia de la Historia la define como totalitaria y filo-fascista. Autores como Paul Preston defienden su naturaleza totalitaria. Stanley G. Payne y Luis Suárez, entre otros, mantienen que fue un sistema autoritario, pero que la ideología no resultó ser el elemento fundamental del régimen y, además, se permitió cierta pluralidad política y cultural en los años finales de la dictadura.
El régimen franquista nunca fue un Estado totalitario al estilo de la Alemania nazi ni la Italia fascista. A diferencia de estos, buscó el apoyo del Ejército, la Falange, la Iglesia, la alta burguesía, las clases medias y numerosos campesinos. La Falange no influyó en la vida política. El régimen español no procedía del liberalismo. Se trataba de una “democracia orgánica”, con unas Cortes formadas por la familia, el municipio y el sindicato.
Los grupos que participaron en la sublevación de 1936 constituyeron el fundamento del nuevo sistema: son las “familias del régimen”: el Ejército, la Falange, diversos grupos católicos y los monárquicos franquistas.
El general Franco reunió en sí tres poderes: jefe del Estado, del Ejército y del partido único. Las Leyes Fundamentales institucionalizaron la dictadura. Las más importantes fueron:
La reacción ante el comienzo de la guerra, por parte de la diplomacia española, fue proclamar la neutralidad. El avance de los ejércitos alemanes y la entrada en la guerra de Italia en junio de 1940 forzaron un cambio en la posición española: en vísperas de la caída de París, pasó a ser de “no beligerancia”. La ascendencia en la dirección de asuntos exteriores de Serrano Súñer se confirmó con su nombramiento al frente de la diplomacia española en octubre de 1940.
Franco, ante la presión de Alemania para que España entrara en la guerra, exigió garantías de suministro de las materias primas necesarias para la reconstrucción del país y reivindicó la ocupación de Gibraltar, la adjudicación de la totalidad del protectorado marroquí y la ampliación de los territorios españoles en el Sáhara. La entrevista con Hitler en Hendaya no logró un acuerdo.
Con el inicio de la “Operación Barbarroja”, Franco decidió tratar de pagar la ayuda alemana en la Guerra Civil y aliviar la presión alemana para que entrara en la guerra. Con el paso del tiempo, la victoria incuestionable de los Aliados movió a un giro diplomático: Serrano Súñer fue sustituido por el general Jordana y se declaró una “neutralidad vigilante”, cuyos signos fueron la retirada de la División Azul del frente en 1943 y el acercamiento a las potencias democráticas, con la reafirmación del discurso anticomunista.
No obstante, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el Estado español no fue admitido en la ONU por “haber sido instaurado con la ayuda de las potencias del Eje” y, en 1946, los embajadores se retiraron de España, comenzando una larga etapa de aislamiento.
La respuesta del régimen al aislamiento y la condena de la ONU no se hizo esperar: la plaza de Oriente de Madrid fue el escenario, en 1946, de una gran concentración ante lo que se calificó como una “conspiración universal judeo-masónico-marxista”. Pero, con el desarrollo de la Guerra Fría, el régimen tuvo la oportunidad de salir de su aislamiento internacional gracias a su declarado anticomunismo. De manera que fue Washington quien motivó un cambio en el tratamiento hacia España, que desembocó en los acuerdos de 1953. Ese mismo año se firmó con la Santa Sede un concordato que consagró la confesionalidad católica del Estado español. Finalmente, España fue admitida en la ONU en 1955.
Muchas personas huyeron de España. La mayor parte de los exiliados en Francia terminaron hacinados en campos de refugiados. En el interior de España, el estado de guerra continuó hasta 1948. La promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas en 1939 abrió la vía para la represión de quienes habían prestado apoyo a la República. Otro capítulo lo constituyeron los depurados.
Algunos antifranquistas constituyeron una guerrilla, conocida como maquis, que se refugió en los montes.
Los monárquicos se aglutinaron en torno a don Juan de Borbón. Ante el fin de la Guerra Mundial, el 19 de marzo de 1945 se publicó el Manifiesto de Lausana, en el que don Juan propuso a Franco que renunciara al poder y reinstaurara la monarquía. Contó con el apoyo de generales como Varela y Orgaz. En 1948, en una entrevista entre don Juan y Franco, se pactó que fuera Juan Carlos quien sucediera a Franco a cambio de ser educado en España.
Los primeros conflictos relevantes en la universidad se iniciaron entre el SEU y los estudiantes que lo rechazaban. Los incidentes provocaron una purga general en la que fueron destituidos el ministro de Educación, Ruiz-Giménez, y el rector de la Universidad de Madrid, Pedro Laín Entralgo.
Se convocaron huelgas obreras, acompañadas de boicots populares, aprovechando la existencia de los sindicatos verticales. Destacó la de 1951. Durante el bienio 1956-1958 se reprodujeron huelgas como protesta contra la inflación y surgieron comisiones de obreros.
Los éxitos económicos y sociales del franquismo en los años 60 y 70 prepararon su liquidación. La oposición política tradicional estuvo liderada por el PCE. Sus militantes promovían movimientos estudiantiles, vecinales y sindicales. Trató de fomentar la unidad de clases y la “reconciliación nacional”.
El PSOE se renovó en el Congreso de Suresnes (Francia, 1974). Los nuevos dirigentes se trasladaron a España, con Felipe González como líder.
La protesta obrera comenzó a canalizarse a través de sindicatos no reconocidos por el régimen. El más importante fue Comisiones Obreras (CC. OO.), que surgió dentro de la organización sindical vertical del franquismo. Las huelgas obreras pasaron a ser cotidianas. A partir de 1973, la conflictividad social fue muy intensa.
Los conflictos volvieron a estallar en 1965 en la Universidad de Madrid. Contaron con el apoyo de numerosos profesores, siendo algunos expulsados de sus cátedras por su oposición al franquismo. El movimiento estudiantil sintonizó con organizaciones políticas clandestinas. A medida que se radicalizaba, la oposición universitaria se identificó cada vez más con organizaciones de extrema izquierda, de corte maoísta o trotskista.
La Iglesia Católica, imbuida del espíritu del Concilio Vaticano II (1962-1965) y la reconocida libertad religiosa, se distanció del régimen. Proliferaron declaraciones contra el franquismo. También mostró una actitud crítica hacia el régimen el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, arzobispo de Madrid.
Los movimientos vecinales y ciudadanos habían nacido a finales de los años 60. Eran asociaciones de vecinos clandestinas que se concentraban en las barriadas obreras y populares de grandes urbes como Madrid y Barcelona.
La organización terrorista más importante fue ETA, que defendía el independentismo radical y revolucionario en lo social. Desde 1964 usó tácticas de guerra revolucionaria que desembocarían en el terrorismo. Aparecieron otras organizaciones terroristas de extrema izquierda.
En junio de 1973 fue designado presidente del Gobierno Luis Carrero Blanco. En su gobierno, se produjo una recomposición de fuerzas, por lo que figuraron personajes que representaban el más puro inmovilismo franquista junto a ministros tecnócratas. El debate político se centró en asegurar la transición a la “monarquía del 18 de julio” ante la degradación física de Franco.
El 20 de diciembre de 1973, ETA asesinó a Carrero Blanco, lo que abrió una crisis en el Gobierno y entre aquellos que buscaban la continuación de la dictadura tras la muerte de Franco. Carlos Arias Navarro fue designado presidente del Gobierno en 1974. En su programa de gobierno se explicitaron algunas medidas, vistas como liberalizadoras y preparatorias de una transición hacia la monarquía. Pronto las promesas contrastaron con la dinámica del Gobierno, que ajustició en marzo de 1974 al anarquista Puig Antich y pretendió expulsar de España al obispo de Bilbao.
El exministro Girón publicó un artículo, conocido como el “gironazo”, en el que advirtió al Gobierno contra todo intento aperturista. El resultado de la presión ultra fue la destitución del ministro Pío Cabanillas, partidario de una apertura democrática.
A lo largo de 1975, la respuesta del Gobierno a la contestación social y política fue meramente represiva, publicando la ley antiterrorista. El rey de Marruecos, Hassan II, aprovechando el momento delicado del régimen, amenazó con la invasión de los territorios españoles del Sáhara Occidental, con la Marcha Verde. Franco empeoró y, el 18 de noviembre, el Gobierno español firmó un acuerdo tripartito por el que Marruecos y Mauritania se repartieron la colonia española.
El 20 de noviembre de 1975 murió el general Franco y el 22 de noviembre se produjo el juramento de Juan Carlos de Borbón como rey de España ante las Cortes franquistas.
Un grupo de intelectuales optó por huir de la represión franquista, pero no todos rompieron de forma definitiva con España. Destacan José Ortega y Gasset, Pedro Salinas y María Zambrano. En la cultura de la oposición o protesta, Buero Vallejo y Gloria Fuertes. En arquitectura destaca el Valle de los Caídos, con estilo neoherreriano. En pintura y escultura, Antonio Saura, Amalia Avia, Miró, Picasso y Dalí.