Transición del Modelo de Patronato al de Sujeto de Derechos:

1º Decreto Ley 10.067/83: Patronato de Menores

Título I – Del Patronato de Menores y su Ejercicio

Art. 1º – En jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, el Patronato de Menores es ejercido de forma concurrente y coordinada por los jueces de menores, asesores de incapaces y la Subsecretaría del Menor y la Familia.

Art. 2º – Para el ejercicio coordinado del Patronato de Menores, se entenderá que:

• a) El juez tiene competencia exclusiva para decidir sobre la situación del menor en estado de abandono o peligro moral o material, debiendo adoptar todas las medidas tutelares necesarias para dispensarle amparo.
• b) El asesor de incapaces, como representante del menor y de la sociedad, está investido de todas las atribuciones necesarias para controlar el cumplimiento efectivo de las normas destinadas a protegerlo.
• c) La Subsecretaría es la encargada de planificar y ejecutar, por sí o a través de las municipalidades, la política general de la minoridad, tanto en sus aspectos preventivos como en los relativos a la formación y reeducación de los menores internados en establecimientos de su dependencia o control, en ejecución de los mandatos de los tribunales del fuero.

Título II – Del Fuero de Menores

Capítulo I – Órganos

Art. 5º – El fuero judicial para menores de edad estará integrado por jueces y asesores con actuación exclusiva ante el mismo.

Los jueces y funcionarios del Ministerio Público serán designados y removidos de conformidad con las disposiciones constitucionales.

Capítulo II – De la Competencia

Art. 10. – Los juzgados de menores son competentes:

• a) Cuando menores de 18 años aparecieren como autores o partícipes de un hecho calificado por la ley como delito, falta o contravención.
• b) Cuando la salud, seguridad, educación o moralidad de menores de edad se hallare comprometida por actos de inconducta, contravenciones, o delitos de sus padres, tutores, guardadores, o terceros; por infracción a las disposiciones legales referentes a la instrucción y al trabajo; cuando por razones de orfandad o cualquier otra causa, estuviesen material o moralmente abandonados, o corrieren peligro de estarlo, para brindar protección y amparo, procurar educación moral e intelectual al menor y para sancionar, en su caso, la inconducta de sus padres, tutores, guardadores o terceros, conforme a las leyes que rigen en materia de minoridad y a las disposiciones de la presente.
• c) Para disponer todas aquellas medidas que sean necesarias para otorgar certeza a los atributos de la personalidad de los menores bajo su amparo, y lograr su más completa asistencia. En tal sentido podrán ordenar, entre otros actos, el discernimiento de la tutela, la concesión de la guarda, inscripción del nacimiento, rectificación de partidas, obtención de documentos de identidad, habilitación de edad, autorización para viajar dentro o fuera del país, ingresar a establecimientos educativos o religiosos, o ejercer determinada actividad.
• d) En las causas referentes al ejercicio, suspensión o pérdida de la patria potestad; adopción, y venia supletoria de los menores amparados por el juzgado.
• e) Cuando actos reiterados de inconducta de menores de edad obliguen a sus padres, tutores o guardadores, a recurrir a la autoridad para corregir, orientar y educar al menor.
• f) En las contravenciones cometidas por adultos en perjuicio de menores, con auxilio o en compañía de éstos.

2º Ley 26.061: De Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

Título I – Disposiciones Generales

ARTICULO 1° – OBJETO. Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte.

Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño.

La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.

ARTICULO 3° – INTERES SUPERIOR. A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.

Debiéndose respetar:

• a) Su condición de sujeto de derecho;
• b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta;
• c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural;
• d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales;
• e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común;
• f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.

Título V – Imputabilidad

Art. 34.-

No son punibles:

1. el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones.

En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del ministerio público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás.

En los demás casos en que se absolviere a un procesado por las causales del presente inciso, el tribunal ordenara la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que le hicieren peligroso;

el que obrare violentado por fuerza física irresistible o amenazas de sufrir un mal grave e inminente;
el que causare un mal por evitar otro mayor inminente a que ha sido extraño;
el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo;
el que obrare en virtud de obediencia debida;
el que obrare en defensa propia o de sus derechos, siempre que concurrieren las siguientes circunstancias:

• a) agresión ilegítima;
• b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla
• c) falta de provocación suficiente por parte del que se defiende.

Se entenderá que concurren estas circunstancias respecto de aquél que durante la noche rechazare el escalamiento o fractura de los cercados, paredes o entradas de su casa, o departamento habitado o de sus dependencias, cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor. Igualmente respecto de aquél que encontrare a un extraño dentro de su hogar, siempre que haya resistencia.

el que obrare en defensa de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias a) y b) del inciso anterior y caso de haber precedido provocación suficiente por parte del agredido, la de que no haya participado en ella el tercero defensor.

Art. 40.-

En las penas divisibles por razón de tiempo o de cantidad, los tribunales fijarán la condenación de acuerdo con las circunstancias atenuantes o agravantes particulares a cada caso y de conformidad a las reglas del artículo siguiente.

Art. 41.- A los efectos del artículo anterior, se tendrá en cuenta:

1. la naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y del peligro causados;
2. la edad, la educación, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o menor peligrosidad. El juez deberá tomar conocimiento directo y de visu del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho en la medida requerida para cada caso.