Sistema de Apéndices (1889-1946)

Tras un intento previo, el proyecto de un Código Civil español se retomó en 1880. La Comisión General de Codificación, a la que ya en 1875 se le había ordenado trabajar sobre la base del proyecto de 1851, recibió el mandato de incorporar a juristas de los territorios con Derechos forales propios: Cataluña, Aragón, Navarra, Provincias Vascongadas, Islas Baleares y Galicia.

El objetivo era que estos juristas preparasen diversas memorias detallando los principios e instituciones vigentes en sus respectivos Derechos forales. Se buscaba determinar cuáles debían mantenerse como excepciones al futuro Código Civil y de cuáles se podía prescindir. Este enfoque metodológico es conocido como el Sistema de Apéndices.

La finalidad de este sistema era doble:

• Crear un Código Civil que recogiera el Derecho común aplicable en gran parte del territorio.
• Mantener, «por ahora», los Derechos forales allí donde existiesen, con el compromiso de recoger cada uno de ellos en un Apéndice al Código Civil. Estos apéndices reflejarían las instituciones forales que no hubiesen caído en desuso.

Mientras se elaboraban estos Apéndices, el derecho civil aplicable en los territorios forales seguía siendo el contenido en sus textos históricos. En caso de laguna legal, se debía acudir supletoriamente al Código Civil. Además, se estableció que el Título Preliminar del Código Civil sería de aplicación general en todas las provincias del Reino, en lo relativo a los efectos de las leyes, sus reglas generales de aplicación y los estatutos.

No obstante, este sistema fracasó en gran medida. Solo se llegó a completar y aprobar el Apéndice del Derecho foral aragonés, mediante Real Decreto de 7 de diciembre de 1925.

Sistema de Compilaciones (1946-1978)

Tras la Guerra Civil Española, la cuestión foral se abordó nuevamente en el Congreso Nacional de Derecho Civil celebrado en Zaragoza en 1946, impulsado por figuras como Castán Tobeñas. Este congreso marcó el inicio del llamado Sistema de Compilaciones.

Se consideró necesario elaborar un único código para toda España que integrase:

«[…] las instituciones de Derecho común, de los derechos territoriales o forales y las peculiares de algunas regiones, teniendo en cuenta su espíritu y forma tradicional, su arraigo en la conciencia popular y las exigencias de la evolución jurídica y social».

Este nuevo sistema se planteó en dos fases:

1. Primera fase: Plasmar las instituciones forales vigentes en textos legales específicos para cada Derecho foral. A estos textos se les denominaría «Compilaciones», buscando evitar la connotación de subordinación que el término «Apéndice» confería a los Derechos forales respecto al Derecho común. En su redacción, se tendría en cuenta no solo la vigencia de las instituciones, sino también el posible restablecimiento de aquellas que, sin haber caído completamente en desuso, respondieran a las necesidades del momento. Se podrían utilizar como base los proyectos de Apéndices no aprobados, convenientemente revisados.
2. Segunda fase: Elaborar un Código Civil único para toda España que integrase el contenido de estas Compilaciones junto al Derecho común.

Se autorizó al Ministro de Justicia para nombrar comisiones de juristas encargadas de estudiar y redactar las Compilaciones. Entre 1959 y 1973, se promulgaron las Compilaciones correspondientes a los Derechos forales de Vizcaya y Álava (inicialmente conjunta, luego separadas), Cataluña, Baleares, Galicia, Aragón y Navarra. No se realizó una compilación para Guipúzcoa, al considerarse que no poseía suficientes instituciones propias susceptibles de ser compiladas en ese momento.

Sin embargo, la segunda fase del sistema nunca llegó a iniciarse; el Código Civil único que debía integrar Derecho común y foral no llegó a realizarse.

Desarrollo de los Derechos Civiles Forales y Especiales (Artículo 149.1.8ª de la Constitución de 1978)

La Constitución Española de 1978 estableció un nuevo marco. El artículo 149.1.8ª afirma que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación civil, «sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los Derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan».

Inicialmente, la interpretación de esta cláusula se centró en las Comunidades Autónomas a las que históricamente se les reconocía un Derecho foral de base territorial y que contaban con Compilaciones preexistentes: Aragón, Cataluña, Baleares, Galicia, Navarra y País Vasco (Álava y Vizcaya).

La referencia a «Derechos civiles especiales» abrió la puerta a otras situaciones, como la del Derecho civil valenciano, cuyas instituciones forales fueron mayoritariamente derogadas en 1707 tras los Decretos de Nueva Planta, aunque algunas pervivieron o fueron confirmadas posteriormente por su utilidad (existía, por tanto, un derecho histórico).

A partir de los años 90, la interpretación del artículo 149.1.8ª se amplió:

• Se reconoció la capacidad de conservar, modificar y desarrollar instituciones de derecho consuetudinario territorial que no habían sido incluidas en las Compilaciones (por ejemplo, en Guipúzcoa).
• Se incluyó a territorios a los que se había reconocido históricamente un Derecho foral, pero sin entidad suficiente en el pasado para ser compilado (Ej.: ¿Vizcaya? – Nota: El texto original menciona ‘VIc.’, cuya interpretación exacta es incierta en este contexto).
• Se admitió la competencia sobre instituciones de Derecho consuetudinario de ámbito local o comarcal, como el caso del Fuero del Baylío en Extremadura.

Contexto Constitucional Histórico (Resumen de Regímenes Políticos)

Nota: La siguiente lista resume características de diferentes periodos constitucionales/políticos en España, proporcionando un contexto general.

• 1812, 1814, 1820-1823 y 1836: Soberanía Nacional, Sufragio Censitario, Cortes Unicamerales, Monarquía, Estado Centralizado.
• 1837-1845: Soberanía Nacional, Sufragio Censitario, Cortes Bicamerales, Monarquía, Estado Centralizado.
• 1845-1869: Soberanía Nacional, Sufragio Censitario, Cortes Bicamerales, Monarquía, Estado Centralizado.
• 1869-1876: Soberanía Popular, Sufragio Universal Masculino, Cortes Bicamerales, Monarquía, Estado Centralizado.
• 1876-1923 y 1930-1931: Soberanía Nacional (compartida Rey/Cortes), Sufragio Censitario/Universal Masculino, Cortes Bicamerales, Monarquía, Estado Centralizado.
• 1931-1936: Soberanía Popular, Sufragio Universal, Cortes Unicamerales, República Democrática, Estado Autonómico (Integral).
• 1978-Actualidad: Soberanía Popular, Sufragio Universal, Cortes Bicamerales, Monarquía Parlamentaria, Estado Autonómico.