Portada » Historia » España en el Siglo XIX: Sexenio Democrático, República, Desamortización e Industrialización
El Sexenio Democrático fue uno de los periodos más agitados de la historia de España. Durante estos seis años, España experimentó el destronamiento de Isabel II, el intento de introducir una nueva dinastía (la de Saboya), la proclamación de la Primera República y la restauración de los Borbones.
Las causas de la revolución de 1868 fueron dos crisis principales: la crisis económica y la crisis política, que propiciaron el fin de la etapa de prosperidad.
La crisis política se manifestó en 1866 con la notable falta de apoyos a la monarquía isabelina. Militares, terratenientes, obreros y campesinos estaban descontentos con su reinado. En 1866, representantes de progresistas, demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo con el Pacto de Ostende, cuyo objetivo era destronar a Isabel II y convocar Cortes constituyentes por sufragio universal. El general Prim lideró esta conspiración, que en 1868 desembocó en un levantamiento contra el gobierno y la monarquía.
El 19 de septiembre de 1868, en Cádiz, se inició el levantamiento contra Isabel II, liderado por Prim, Serrano y Topete. La revolución se extendió rápidamente por todo el territorio, y las tropas reales fueron derrotadas por las de Serrano en el Puente de Alcolea, en Córdoba. Isabel II huyó a Francia, exiliándose allí. Se constituyó una junta revolucionaria y se proclamó un gobierno provisional de progresistas y unionistas, liderado por Serrano y Prim.
La Revolución de 1868, conocida como “La Gloriosa”, fue un levantamiento encabezado por los generales Prim, Serrano y Topete contra Isabel II, quien terminó exiliándose en Francia. Iniciada en Cádiz, la revolución se extendió rápidamente por el país, culminando en la victoria de los revolucionarios en la batalla del Puente de Alcolea. En Madrid, se formó una Junta revolucionaria que cedió el poder a Serrano, mientras Prim buscaba controlar la situación y evitar que republicanos y demócratas radicales lideraran el movimiento.
El Gobierno Provisional, formado por progresistas y unionistas, implementó medidas democratizadoras como la libertad de imprenta, el derecho de asociación y la eliminación de los impuestos sobre bienes básicos (los consumos). Además, se convocaron elecciones con sufragio universal masculino, resultando en la formación de unas Cortes Constituyentes en 1869. Estas redactaron una nueva Constitución para consolidar la nueva etapa política.
Una vez formado el gobierno provisional, se realizaron reformas como la implantación del sufragio universal masculino para mayores de 25 años y decretos democratizadores con la libertad de imprenta, asociación y supresión de impuestos al consumo. Posteriormente, se creó la Constitución de 1869, considerada la primera constitución democrática de la historia de España. Sus características principales son el establecimiento de la monarquía constitucional como forma de gobierno, el poder legislativo residiendo en las Cortes, el rey responsable a través de sus ministros, y la supremacía del poder legislativo sobre el ejecutivo. Además, el poder judicial se proclamaba independiente, se reconocía el sufragio universal masculino y amplios derechos individuales, como la libertad de expresión, enseñanza y culto, aunque con restricciones morales.
Debido a que la Constitución de 1869 definía al Estado español como una monarquía parlamentaria, el general Prim buscó un nuevo rey y eligió a Amadeo de Saboya. Amadeo enfrentó grandes dificultades, incluyendo escaso apoyo y el asesinato del General Prim, su único respaldo. Además, tuvo una gran oposición interna debido al inicio de la Tercera Guerra Carlista, la oposición de los republicanos y los restauracionistas borbónicos liderados por Cánovas del Castillo. A esto se sumaron los conflictos sociales y económicos provocados por las protestas obreras y campesinas, así como la Guerra de los Diez Años en Cuba. Finalmente, Amadeo de Saboya renunció al trono el 10 de febrero de 1873 debido a la ingobernabilidad.
Este suceso desembocó en la proclamación de la Primera República Española, cerrando así la época del Sexenio Democrático, un periodo de avances democráticos frustrados por divisiones políticas y conflictos internos.
Tras la renuncia de Amadeo de Saboya al trono el 10 de febrero de 1873, el Congreso y el Senado se reunieron, y Pi y Margall propuso la proclamación de la República. El 11 de febrero de 1873, se proclamó la República con Estanislao Figueras como presidente. Con la imposición de la República como sistema de gobierno, los republicanos se dividieron en dos bandos: los Unionistas, defensores de un Estado central fuerte, y los Federales, partidarios de una federación de regiones, derechos democráticos y laicismo.
La República tuvo un gran impacto en los sectores populares, que esperaban que el nuevo régimen satisficiera sus aspiraciones de forma inmediata, provocando la ocupación de ayuntamientos y la proclamación de juntas revolucionarias. Las aspiraciones de los sectores populares eran el reparto de tierras y la igualdad. Se formó un nuevo gobierno presidido por Pi y Margall, quien elaboró un nuevo proyecto de Constitución Federal en 1873, inspirado en la Constitución de 1869 en lo referente a garantías, derechos y libertades. También establecía a España como una República Federal compuesta por 17 Estados, incluyendo Cuba y Puerto Rico, con autonomía política y económica en cada Estado, además de la separación entre la Iglesia y el Estado, con la prohibición de subvenciones religiosas. Sin embargo, esta Constitución nunca llegó a ser aprobada.
El cantonalismo fue promovido por federales intransigentes que querían aplicar el federalismo desde abajo, proclamando cantones independientes con sus propios gobiernos y legislaciones. La revuelta comenzó el 12 de julio de 1873 con la proclamación del Cantón de Cartagena y se extendió por ciudades como Sevilla, Cádiz, Granada, Málaga, etc. La causa principal del cantonalismo fue la decepción ante la falta de avances de la República en el ámbito social y político.
El presidente Pi y Margall, defensor del federalismo, se negó a reprimir el movimiento y dimitió. Su sucesor, Nicolás Salmerón, inició una ofensiva militar contra los cantones, pero dimitió al negarse a firmar penas de muerte contra los cantonalistas. El cantonalismo fue el conflicto más grave y el que provocó una crisis en el gobierno. Además, la República heredó de Amadeo de Saboya otros conflictos como la Guerra de los Diez Años en Cuba, la Tercera Guerra Carlista y el creciente apoyo a la restauración borbónica liderada por Cánovas del Castillo.
Salmerón dimitió y fue sustituido por Emilio Castelar, un republicano unitario conservador. Gobernó por decreto, restauró la autoridad del Estado, reorganizó el ejército contra los carlistas, y cerró las Cortes. Sin embargo, al reabrir las Cortes, fue derrotado por los federales, lo que provocó el golpe de Estado del general Pavía el 2 de enero de 1874. Pavía disolvió las Cortes y entregó el poder al general Serrano, quien implantó una República conservadora, sin programa definido y con gobernación dictatorial.
La restauración borbónica, impulsada por Cánovas del Castillo, comenzó con el Manifiesto de Sandhurst en 1874, en el que Alfonso de Borbón se presentó como opción de estabilidad para España. En diciembre de 1874, se produjo el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto. Después de esto, Alfonso XII fue proclamado rey, terminando con la República. En definitiva, el intento republicano en España fracasó debido a profundas divisiones internas, conflictos sociales, levantamientos armados como el cantonalismo o la Tercera Guerra Carlista, y una falta de estabilidad política. Con la restauración borbónica, impulsada por Cánovas del Castillo y consolidada con la llegada de Alfonso XII, se trajo inestabilidad institucional, ya que se sacrificaban principios democráticos.
La propiedad de la tierra en España del Antiguo Régimen se concentraba en manos de la nobleza y la iglesia, con un sistema de tierras amortizadas que impedían su venta o división. Esto dificultaba el acceso del campesinado y limitaba la movilidad de la propiedad. Poco a poco, la tierra se fue convirtiendo en un bien escaso y de difícil acceso para el campesinado.
Uno de los principales objetivos de la revolución liberal burguesa fue movilizar toda esta tierra de manos de la nobleza y la iglesia para ponerlas en el mercado, aumentando así la productividad agraria y generando ingresos para la hacienda pública.
Uno de los principales cambios fue la desamortización, un proceso de expropiación y venta de bienes eclesiásticos y comunales. Una de las primeras desamortizaciones fue la de José I en 1809, condicionada por los momentos bélicos que padecía el país. Las dos desamortizaciones más importantes son:
Esta medida tuvo un fuerte impacto en la economía rural, ya que favoreció el latifundismo en el sur y privó a los municipios de campesinos de recursos esenciales. Además, limitó la inversión en la industrialización, reforzando una economía basada en la agricultura.
Las consecuencias de las desamortizaciones fueron mixtas. Por un lado, se logró liberalizar la propiedad de la tierra y se inició la creación de un mercado nacional. Sin embargo, los efectos negativos fueron más significativos. El campesinado perdió las tierras comunales, la Iglesia vio debilitadas sus fuentes económicas y la falta de modernización de la agricultura mantuvo bajos los niveles de productividad. Además, el sistema de latifundio se consolidó en el sur, mientras que en el norte terminaban los minifundios con capacidad de inversión. A lo largo del siglo, estos cambios estructurales marcaron el desarrollo agrario español. Aunque las desamortizaciones transformaron el sistema de propiedad, sus beneficios se concentraron en las élites y los grandes propietarios, dejando de lado al campesinado, lo que perpetuó los desequilibrios regionales y frenó la industrialización, ya que los intereses agrarios más conservadores siguieron dominando la economía del país.
La industrialización de España a lo largo del siglo XIX fue un proceso lento, discontinuo y desigual entre sus regiones, manteniéndose siempre por detrás de las potencias económicas de Europa, como Francia y Reino Unido, con una fuerte dependencia exterior en cuanto a financiación y tecnología. A pesar de ello, a finales de siglo es fácil observar los cambios que el liberalismo económico favoreció, y con estos cambios llegó también la transformación social, en cuanto a formas de vida y relaciones laborales, que influyen en el crecimiento en nuestro país del movimiento obrero.
Las causas de esta industrialización débil y tardía son múltiples. La geografía de la Península Ibérica no facilitaba la industrialización. La situación de la Península en un extremo de Europa y su forma maciza encarecía el comercio con el resto de Europa, especialmente en las zonas interiores. Su relieve accidentado y la disposición paralela de los principales ríos dificultaba las comunicaciones terrestres y fluviales.
Además, España no tenía grandes yacimientos de carbón. Al contrario que en Inglaterra, la burguesía española era débil, poco emprendedora y tenía poca influencia política. En parte por eso mismo, no hubo revolución agraria en España. Los grandes señores de tierras (sobre todo los nobles y la Iglesia, pero también la burguesía terrateniente) no invertían para mejorar la productividad. El pequeño campesino no tenía con qué invertir. Así que el sector agrario español no fue capaz de favorecer la industrialización como hizo en Inglaterra y otros países. Además, desde finales del siglo XVIII España sufrió una gran inestabilidad política y numerosas guerras. A lo largo del siglo XIX la legislación económica se debate entre las medidas de apoyo a la industria nacional, a través de restricciones al comercio internacional y aranceles proteccionistas, y medidas aperturistas y liberalizadoras, bajando aranceles para abrir el país a los productos y tecnología llegadas del exterior y favoreciendo la inversión extranjera en nuestra industria, destacando el Bienio Progresista de Isabel II (1854-1856) y el Sexenio Democrático (1868-1874). Pasando a los diferentes sectores industriales, el más potente en España fue el textil catalán. Esta se basó en la existencia en Cataluña de una burguesía muy activa ya desde antes del siglo XIX.
Además, se benefició de sus buenas comunicaciones con el resto de Europa (por mar y por cercanía a Francia) y de políticas proteccionistas (es decir, políticas que protegían al sector textil catalán de las importaciones textiles, especialmente de la potencia británica) Ya desde los años 30 la industria textil catalana incorporó la máquina de vapor, pero el gran despegue se produjo a partir de los años 40. Como resultado, Cataluña se convirtió en la región más industrializada de España y Barcelona en su ciudad más moderna. En Andalucía también existió una importante industria textil algodonera, que floreció durante los años centrales del siglo XIX en Málaga y Sevilla. Pero no pudo alcanzar un desarrollo comparable al de la industria catalana. La industria siderúrgica fue otro sector fundamental. Atravesó varias fases antes de asentarse del todo. Entre 1830 y mediados del siglo XIX dominó el sector la industria siderúrgica malagueña.Málaga fue pionera en la Revolución Industrial española: los primeros altos hornos industriales de España fueron los que instaló Manuel Agustín de Heredia en Marbella (Málaga). Pero la siderurgia malagueña no tenía buenos yacimientos de carbón cerca y la compra de carbón de zonas alejadas acabó encareciendo sus productos frente a la competencia, lo que acabó provocando la decadencia del sector.A partir de mediados del XIX el predominio en el sector siderúrgico comenzó a pasar a Asturias, que poseía los mejores yacimientos de carbón de la península. Pero a partir de 1880 el sector siderúrgico acabó concentrándose en Vizcaya, en el País Vasco.Lo curioso es que Vizcaya no tenía carbón, pero sí tenía mucho hierro, y este era fácil de exportar a Gran Bretaña. De esa forma, los barcos que navegaban a Gran Bretaña cargados de hierro de Vizcaya volvían cargados de carbón británico. Los altos hornos de Vizcaya lograron así carbón a precios muy bajos y un gran mercado para su hierro, gracias a lo cual prevalecieron sobre la competencia.
A partir de mediados del XIX el predominio en el sector siderúrgico comenzó a pasar a Asturias, que poseía los mejores yacimientos de carbón de la península. Pero a partir de 1880 el sector siderúrgico acabó concentrándose en Vizcaya, en el País Vasco.Lo curioso es que Vizcaya no tenía carbón, pero sí tenía mucho hierro, y este era fácil de exportar a Gran Bretaña. De esa forma, los barcos que navegaban a Gran Bretaña cargados de hierro de Vizcaya volvían cargados de carbón británico. Los altos hornos de Vizcaya lograron así carbón a precios muy bajos y un gran mercado para su hierro, gracias a lo cual prevalecieron sobre la competencia.Otro sector de gran importancia fue la minería. España es excepcionalmente rica en yacimientos mineros, pero el desarrollo de una minería competitiva necesitaba grandes inversiones en capital y tecnología, lo que hizo al sector muy dependiente de las inversiones extranjeras. Este capital extranjero protagonizó el gran boom de la minería desde la liberalización del subsuelo (1868), gracias a una legislación que daba grandes libertades a quienes invirtieran en minas. El mejor ejemplo fue la venta a perpetuidad del subsuelo de las minas de Riotinto (Huelva) a una empresa británica en 1873.El ferrocarril fue el gran motor de la industrialización en buena parte de Europa. Primero porque acortaba las distancias entre los sitios, integrando los mercados. Segundo, porque su construcción movía mucho dinero y tiraba de la minería y la industria siderúrgica.
Unido al desarrollo industrial y a la nueva sociedad de clases, se desarrolla en España, como en toda Europa, el movimiento obrero. Las masas jornaleras y los obreros industriales tomaron conciencia de la necesidad de asociarse para defender sus intereses. Paralelamente, penetraron en España, a partir de 1835, las primeras corrientes del socialismo utópico1, inspiradas en Fourier, que tuvieron cierto eco en Cádiz y en Madrid gracias a la labor de Joaquín Abreu y de Fernando Garrido, respectivamente. A ello siguió la difusión, desde mediados de la centuria, del republicanismo inspirado en Blanqui y sus planteamientos de sociedades revolucionarias, y en el federalismo de Proudhon. Los gobiernos de Isabel II persiguieron cualquier manifestación del movimiento obrero, pero desde los años finales de su reinado, y sobre todo durante el Sexenio Democrático, penetraron de forma significativa en España las ideas que alumbraba el movimiento obrero europeo. El impulso decisivo llegó tras la organización de la AIT (Asociación Internacional de Trabajadores), conocida como Primera Internacional, constituida en Londres en 1864. Con gran protagonismo de Karl Marx, la AIT preconizó una acción conjunta del proletariado, la abolición de la sociedad clasista y la mejora de las condiciones laborales, con particular atención al trabajo infantil y de la mujer.
En España, la Revolución de 1868 creó un clima favorable a la difusión de los ideales obreros, con lo que penetraron en la Península las ideas anarquistas y del socialismo marxista. El anarquismo2, promovido por Bakunin, fue difundido en España por el italiano Fanelli desde finales de 1868 y se plasmó en lacreación de la Federación Regional Española de la AIT, constituida en el Congreso Obrero de Barcelona de 1870. Paralelamente, la difusión del socialismo marxista3 fue impulsada por Paul Lafargue. Sin embargo, la escisión en el seno de la AIT entre anarquistas y marxistas restó efectividad al movimiento obrero; en España esta ruptura se materializó en el Congreso de Zaragoza (1872). Desde entonces, el movimiento obrero español optó mayoritariamente por el anarquismo, que tuvo mayor arraigo en Cataluña y en Andalucía occidental. Por su parte, el socialismo arraigó principalmente en Madrid, Asturias, País Vasco, Extremadura y Castilla-La Mancha. Con la crisis de la AIT, sometida a persecución por los gobiernos, el internacionalismo español quedó en la clandestinidad, desde donde prosiguió su actividad mediante la agitación y la propaganda, así como a través de algunas asociacionesde carácter societario, hasta la fundación por Pablo Iglesias del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1879, y su sindicato asociado, la Unión General de Trabajadores (UGT), en 1888