Portada » Historia » España en el Siglo XIX: Crisis, Guerra y Revolución Liberal
A comienzos del siglo XIX, España enfrentaba una profunda crisis, manifestada en:
Con la intención de aislar al Reino Unido, se firmó el Tratado de Fontainebleau (1807) entre Francia y España. Según lo acordado, el ejército francés entraría en España para someter a Portugal, pero en lugar de regresar a Francia, se asentaron en la península y solicitaron refuerzos. En febrero de 1808, llegó el lugarteniente de Napoleón, y Godoy planeó la huida de los reyes hacia América.
La huida se vio frustrada en marzo del mismo año debido a una revuelta, y en el Motín de Aranjuez (marzo de 1808) se logró encarcelar a Godoy y proclamar a Fernando como rey.
Carlos IV y Fernando comenzaron a tener conflictos entre ellos y con la nobleza, lo que los llevó a ir a Francia para resolver la situación.
Sin embargo, no solo no solucionaron el problema, sino que Napoleón los convenció para que le otorgasen la corona española, y procedió a entregarla a su hermano José. Para oficializar este acto, convocó a miembros de la nobleza y el clero, dando lugar a las Abdicaciones de Bayona (7 de mayo de 1808).
El pueblo estaba en un descontento general, no solo por la ocupación de las tropas francesas en toda la península, sino también por el viaje de Carlos y Fernando a Bayona. El 2 de mayo se inició la Guerra de la Independencia, un alzamiento popular. El general Murat ordenó fusilar a cientos de civiles como medida intimidatoria. Se establecieron Juntas Provinciales de Defensa, y así comenzó la Guerra de la Independencia.
1ª fase: 2 de mayo a 4 de noviembre de 1808
En junio de 1808, un ejército de 170.000 hombres llegó a España con la intención de dispersarse por toda la península, pero España ya se había preparado formando diversas Juntas Provinciales de Defensa, además de la Junta Central Suprema en septiembre de 1808, con el objetivo de coordinar la acción contra los franceses y solicitar ayuda a Reino Unido para internacionalizar el conflicto.
Estos levantamientos dieron lugar a una guerra que se prolongó hasta 1813. En esta primera fase, hubo enfrentamientos por toda la nación debido al amplio despliegue del ejército francés. El mariscal Dupont fue derrotado en la Batalla de Bailén (19-22 de julio de 1808).
2ª fase: 4 de noviembre de 1808 a enero de 1809
Después de la derrota en Bailén, el propio Napoleón, en menos de un mes, logró dispersar a las tropas españolas y volver a entrar en Madrid. José Bonaparte también regresó a la capital, mientras que la Junta Central se refugió en Sevilla y Cádiz.
Napoleón dictó decretos reformistas como la abolición de los derechos feudales, y tuvo gran dominancia en España, pero no llegó a terminar de invadirla debido a la ayuda de las tropas de Reino Unido.
3ª fase: enero de 1809 hasta 1812
Desde 1809 se practicó la táctica de guerra de guerrillas, una forma de resistencia popular ante el invasor francés, que consistía en grupos de unos 100 hombres que decidieron continuar la guerra por su cuenta, minando poco a poco a las tropas francesas, desgastándolas con ataques rápidos y aislados.
4ª fase: 1812 a marzo de 1814
En 1812, la guerra dio un giro definitivo, ya que Napoleón inició la campaña de Rusia, retirando a 50.000 soldados de la península para enviarlos a Rusia, lo que provocaría el desastre francés. Ese mismo año, Wellington desembarcó en Lisboa y comenzó la ofensiva hispano-inglesa, en la que destacó la Batalla de Arapiles (22 de julio de 1812).
Cuando Fernando VII abandonó España para ir a Bayona, dejó una Junta para que gobernase el país provisionalmente, pero esta no duró mucho debido al motín del 2 de mayo en Madrid.
Por su parte, José I estableció su corte en Madrid al apoderarse de ella, generando numerosos conflictos por parte de los patriotas españoles.
José I ocupó el trono de España, no como un rey absoluto, sino como un monarca que gobernase con las ideas de la Revolución Francesa. En 1808, se promulgó el conocido Estatuto de Bayona, el primer texto constitucional español.
Durante el verano de 1808, la formación de Juntas locales y provinciales se extendió por toda la nación. Finalmente, se constituyó en Aranjuez la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino.
El avance de las tropas francesas en los dos años siguientes obligó a la Junta a retroceder hacia el sur, llegando finalmente a Cádiz, donde se convertiría en un Consejo de Regencia, que gobernó en nombre de Fernando VII.
En junio de 1810, este Consejo convocó unas Cortes Nacionales en Cádiz, en las que se encontraban representadas diversas posiciones ideológicas, dando lugar a dos corrientes políticas: los liberales y los apostólicos o serviles.
De las leyes aprobadas por las Cortes de Cádiz, destacan:
La principal labor de las Cortes de Cádiz fue la redacción de una Constitución liberal, aprobada el 19 de marzo de 1812, conocida como “la Pepa”.
Es importante destacar de esta primera constitución:
De este texto hay que destacar:
En el Tratado de Valençay (11 de diciembre de 1813) se reconocía la integridad de España y se pedía benevolencia por los afrancesados. Pero las Cortes no reconocieron el tratado, ya que cualquier documento firmado por el rey en Francia era desestimado.
Fernando VII firma el Manifiesto de los Persas en Valencia, un documento que muestra desacuerdo con la constitución de 1812.
Este apoyo será decisivo para firmar el Manifiesto regio del 4 de mayo de 1814. En este se expresa su voluntad en tres líneas básicas: respeto a las libertades, pero bajo el mantenimiento de leyes, privilegios y fueros; rechazo del despotismo; y, por supuesto, anulación de la obra de Cádiz.
Cuando Napoleón fue derrotado, el absolutismo fue reafirmado en numerosos estados.
Esta vuelta al Antiguo Régimen llegó a anular alguna de las medidas ilustradas y reformistas de la época de Carlos III. Se desató una persecución hacia liberales y afrancesados. Los liberales fueron tan reprimidos que tuvieron que refugiarse en sociedades clandestinas secretas, como la Masonería.
La falta de apoyo llevó a los liberales a confiar más en la acción del ejército, en el que se infiltraron, y además tuvieron varios intentos de pronunciamiento liberal del ejército.
Para solucionar el problema de las colonias africanas, Fernando VII organizó un poderoso ejército en Cádiz y Sevilla para desembarcar hacia América. Sin embargo, los militares liberales se “pronunciaron” a favor de la constitución de Cádiz el 1 de enero de 1820.
Tras la aceptación de Fernando VII del triunfo de los liberales, volvió a entrar en vigor la constitución de Cádiz de 1812. Pero la aprobación de nuevas leyes posteriores a las que ya había dividió a los liberales en dos tendencias: los doceañistas (moderados) y exaltados (radicales). Después de una etapa de predominio moderado, el fracaso de la conjura absolutista de julio de 1822 llevó al poder a los liberales radicales.
Entre la labor legislativa del trienio merece destacarse el decreto desamortizador del 27 de septiembre de 1820 que suprimía mayorazgos, fideicomisos, patronatos, etc. y la Ley de Supresión de Monacales del 1 de octubre del mismo año, que contó con la activa oposición de la Iglesia Católica, lo que produjo que se reforzase su alianza con los sectores absolutistas. Esta alianza fomentó el anticlericalismo, los absolutistas se opusieron al Pronunciamiento de Riego y mantuvieron su lucha contra el nuevo régimen durante el Trienio: guerrillas realistas desde 1821 y revuelta fallida de la Guardia Real en 1822. El rey acudió a la Santa Alianza, solicitando su intervención para aplastar al gobierno liberal. En abril de 1823 un ejército francés conocido como los Cien Mil Hijos de San Luis invadió la península y en septiembre del mismo año Fernando VII volvió a gobernar el país como rey absoluto.
Aunque los liberales se opusieron a los Cien Mil Hijos de San Luis, solamente pudieron resistirse de abril a septiembre de 1823, refugiándose de nuevo y derrotados.
Se volvió a anular toda la obra legislativa de las Cortes de Cádiz y la que se había desarrollado durante el Trienio Liberal, tan solo la inquisición no fue repuesta. El rey comprendió que no podía volverse al antiguo régimen como si nada hubiese pasado, por lo que depositó su confianza en los la antigua política ilustrada y reformista.
A partir de 1830, cuando el problema sucesorio se planteó en toda su crudeza, el rey volvió a buscar el apoyo de los liberales (concesión de amnistía).
Pero esta política también contó con la oposición de los absolutistas más radicales que formaron una corriente política autónoma frente a la moderación de los gabinetes de Fernando VII, mientras aumentaba su confianza en su hermano Carlos. Aunque había algunos precedentes a partir de 1826 este distanciamiento con respecto a la política del monarca se tradujo en abierta oposición armada, con la aparición de nuevos movimientos guerrilleros en el norte de la península.
Según las costumbres de la monarquía española las mujeres podían reinar, a falta de un sucesor varón, pero la tradición de la dinastía Borbón impedía a las mujeres acceder al trono (Ley Sálica). Durante las Cortes de 1789 se aprobó la derogación de la Ley Sálica, pero este acuerdo nunca fue hecho público. El rey, se había casado tres veces, pero había llegado a la edad madura sin tener descendencia, careciendo de hijos el monarca, le sucedería su hermano Carlos.
Pero Fernando VII decidió casarse con su sobrina, María Cristina de Borbón, y al poco tiempo de celebrarse la boda, la reina quedó embarazada, dando a luz una niña, la princesa Isabel. El 29 de marzo de 1830 el rey dictó la Pragmática Sanción, que abolía la Ley Sálica, concediendo la corona a su descendencia directa.
En abril de 1833 el rey inició una política interesada en asegurar el trono a su hija; por un lado, obligó a los españoles a reconocer a su primogénita, Isabel, como futura reina de España, lo que no fue aceptado por su hermano Carlos que abandonó el país, y, por otra parte, intentó reconciliarse con los proscritos liberales en busca de apoyos para su hija. En septiembre de 1833 falleció Fernando VII, sin dejar resuelto el pleito sucesorio.