Esta coalición era débil, y pronto los progresistas se dividieron en dos: los que siguieron a Sagasta, más moderados y fieles a la colaboración; y los más doctrinarios que, encabezados por Ruiz Zorrilla, formaron el partido radical, al que se unieron los demócratas cimbrios.

Ante la incapacidad del Gobierno para legislar, Sagasta convocó nuevas elecciones para tratar de conseguir la mayoría. El resultado fue favorable a los sagastinos, sin embargo, un escándalo de apropiación indebida de bienes del Estado obligó a dimitir a Sagasta en mayo de 1872. Tras un efímero gobierno de Serrano, don Amadeo entregó su confianza a Ruiz Zorrilla, el líder de los radicales. Unas nuevas elecciones dieron una aplastante victoria a los radicales, pero la cómoda mayoría no se tradujo en un Gobierno estable y eficaz, a causa de los dos crecientes problemas que tenía planteado el país: la Guerra de Cuba y la Segunda Guerra Carlista.

El conflicto colonial surgió a raíz de la Revolución española de 1868 y fue consecuencia de la desidia y la falta de atención que los gobiernos liberales habían prestado a Cuba. La llamada Guerra Larga se inició con el llamado grito de Yara el 10 de octubre del 68, y terminó diez años después con la paz de Zanjón. Esta paz no era más que una tregua, pues las causas del conflicto no se resolvieron. El conflicto dinástico con los carlistas se inició porque el pretendiente Carlos VII quería presionar la elección del nuevo monarca. Don Carlos provocó una serie de levantamientos en las regiones del Norte, pero el gobierno lo derrotó en Orquieta y los carlistas tuvieron que capitular mediante la firma del Convenio de Amorebieta.

La inestabilidad creada por los conflictos bélicos fue fatal para el régimen, pero no el detonante de su caída. El detonante lo provocó el enfrentamiento entre el monarca y el Gobierno a causa del nombramiento del general Hidalgo de Quintana como capitán general de Cataluña. Hidalgo había participado en la rebelión del cuartel de San Gil en Madrid en 1866, y su elección provocó el rechazo en el seno del ejército, que desafió al gobierno. Ruiz Zorrilla tomó la resolución de castigar a los militares por ello y presentó un decreto para tal fin a don Amadeo, quien dudó ante la difícil alternativa, pues si lo firmaba se indisponía con los militares, y si no lo hacía, se enemistaba con los únicos políticos que aún le seguían siendo fieles. Tomó la decisión de firmar el decreto y abdicar del trono el 11 de febrero.

La Primera República Española (1873-1875)

Tras la abdicación de Amadeo I se formó una Asamblea para votar la reforma de la Constitución y legalizar el sistema republicano como forma de gobierno de la nación. La proclamación de la I República era el resultado de una alianza oportunista entre los republicanos y los radicales, que se dejaron convencer por la propuesta de Figueras de que la solución republicana era la única solución salvadora de la patria.

Figueras fue nombrado presidente del Consejo, del que formaban parte tres republicanos (Pi y Margall, Castelar y Salmerón), y cinco radicales.

Los dirigentes del partido republicano encontraron una oposición bicéfala: por un lado, los radicales que deseaban una República no federal, sino unitaria, y por otra, los federalistas extremistas, que deseaban la República federal. Este enfrentamiento provocó que la coalición republicano-radical fuera sustituida por un Ministerio formado exclusivamente por republicanos, lo que obligó a celebrar elecciones. El resultado de los comicios fue una aplastante mayoría de los federales, que nombraron a Pi y Margall presidente del Consejo.

El nombramiento como presidente del Gobierno de Pi y Margall no sólo no sirvió para controlar los excesos de los federalistas, sino que dio rienda suelta a los que querían llevar sus doctrinas a los extremos más radicales. Los excesos dieron lugar al fenómeno de los cantones. Los disturbios anticentralistas se extendieron desde Andalucía hasta el Levante, y su triunfo iba acompañado de la proclamación del correspondiente cantón y de la destitución de las autoridades que aún seguían fieles al poder central. El panorama derivó hacia una situación de violencia cuando estalló la insurrección en Cartagena. La proclamación del cantón de Cartagena se vio reforzado por las tripulaciones de los buques Almansa y Vitoria y por el regimiento Iberia. Para salvar la gravedad, Pi y Margall presentó a la Asamblea un proyecto de Constitución en el que la nación española asumía la forma de una República federal, integrada por diferentes Estados; aparte de las regiones peninsulares, se incluía a Cuba y Puerto Rico. El proyecto no fue aprobado y Pi y Margall dimitió.

Con el apoyo de los monárquicos fue elegido nuevo presidente Nicolás Salmerón, y pronto se dispusieron medidas de fuerza para acabar con la revolución cantonal. La utilización de la fuerza del Ejército por parte de Salmerón le atrajo el ataque de la Izquierda en las Cortes, lo que obligó a la dimisión del presidente.

Las Cortes confiaron la presidencia del Consejo a Emilio Castelar, que protegió a los monárquicos y pactó con la Santa Sede, lo cual significaba un importante golpe de timón para que la República se moviese hacia la derecha. La República se hacía conservadora y eso provocó la oposición de la izquierda, que provocó que el Gobierno fuera derrotado por dos veces en el Parlamento y creciera la posibilidad de que se restableciese el sistema federalista. Ante este peligro, el ahora capitán general de Madrid, Manuel Pavía, irrumpió en las Cortes el 3 de enero y acabó con las Cortes constituyentes republicanas.