Portada » Historia » Elecciones de 1977 y Constitución de 1978: Pilares de la Democracia Española
El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas en España desde 1936, con un 80% de participación. Venció Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición de partidos que reunía a los reformistas franquistas con socialdemócratas, liberales y democristianos (34% de los votos) en torno a Adolfo Suárez. El PSOE obtuvo el 29%; el PCE, un 9% y Alianza Popular (AP), encabezada por Manuel Fraga, el 8%. Los nacionalismos ganaron en Cataluña (Convergència i Unió (CIU), liderada por Jordi Pujol) y País Vasco (PNV). La izquierda radical no tuvo representación y apenas el franquismo no democrático. El juego político se establecía entre dos grandes partidos, de centro-derecha y de centro-izquierda, con otros dos más pequeños en los extremos. Por otra parte, Don Juan de Borbón había cedido a su hijo Juan Carlos sus derechos a la Corona en mayo de 1977, con lo que el rey tenía ya la plena legitimidad dinástica que le faltaba.
Tras las elecciones de junio de 1977 se restableció la democracia y comenzó la segunda etapa (1977-1979) del gobierno de Suárez. La UCD intentó gobernar en solitario estableciendo pactos con otras fuerzas políticas – el llamado consenso– para solucionar los principales problemas del país, especialmente la crisis económica, la redacción de una Constitución y los atentados terroristas de extrema izquierda y extrema derecha, que tenían como objetivo desestabilizar la democracia y conseguir un golpe militar.
En octubre de 1977 se firmaron los Pactos de la Moncloa por el Gobierno y los representantes de los principales partidos de la oposición, sindicatos y empresarios. Se alcanzaron acuerdos económicos básicos y de carácter sociopolítico. Los Pactos de la Moncloa consiguieron reducir el déficit exterior y bajar la inflación, pero su aplicación se vio limitada por la segunda crisis del petróleo (1979).
El Gobierno configuró 13 preautonomías, es decir, una autonomía provisional a las regiones cuyos representantes parlamentarios la solicitaran. El máximo responsable del proceso y su diseño fue Manuel Clavero, ministro para las Regiones. La primera autonomía fue la catalana. El 29 de septiembre de 1977 se restableció el Gobierno autonómico en Cataluña, volviendo del exilio su presidente, Josep Tarradellas. En el País Vasco se restableció el Consejo General Vasco el 6 de enero de 1978 y en Galicia, una Xunta de Galicia provisional en marzo de 1978, quedando así resueltos los casos de las tres autonomías históricas.
La Constitución democrática de 1978 fue resultado del consenso entre casi todos los partidos; para lograrlo el texto es extenso, detallado y algo ambiguo. Una ponencia formada por siete miembros redactó un anteproyecto, que fue debatido en las Cortes. La Constitución fue aprobada en referéndum el 6 de diciembre de 1978 con un 88% de votos a favor, y promulgada el 29 de diciembre. En el País Vasco hubo alto índice de abstención y los votos negativos supusieron el 23%. También fue rechazada por la extrema derecha.
La Constitución define a España como un «Estado social y democrático de Derecho«, recoge no sólo la tradición liberal sino también la republicana de la constitución de 1931, que incluía los derechos individuales y los sociales. Reconoce la soberanía popular. La forma de Estado es la monarquía parlamentaria. El monarca es el jefe del Estado, pero su poder está muy limitado: reina, pero no gobierna. Establece la división de poderes, con Cortes bicamerales -Senado y Congreso-, cuyos miembros son elegidos por sufragio universal (ciudadanos mayores de 18 años). España se define como una unidad nacional, pero se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, con amplias competencias y gobiernos propios -un nuevo modelo de Estado no centralista, en una situación intermedia entre la descentralización administrativa y el federalismo-. El castellano es la lengua oficial pero son lenguas cooficiales las regionales en su ámbito territorial. El Estado es no confesional, pero establece relaciones de cooperación con la Iglesia católica. Reconoce amplios derechos y libertades (a la vida -con la abolición de la pena de muerte-, a la libertad ideológica, de expresión, de reunión, de manifestación, de sindicación, a la huelga, entre otros). Incluye numerosos derechos de carácter social y económico (a la integridad, al pleno empleo, a la educación, a la Seguridad Social, a la propiedad privada, a la protección del medio ambiente, del consumidor, de la tercera edad, etc.).