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Sistema Político de la Restauración

1.1. Un nuevo sistema político

Los grupos conservadores recibieron con satisfacción la Restauración porque esperaban que la nueva monarquía devolvería la estabilidad política y pondría fin a todo intento de revolución democrática y social en España. Cánovas pretendía la vertebración de un nuevo modelo político que superase algunos de los problemas endémicos del liberalismo. Para conseguir su propósito, se propuso:

• Elaborar una constitución que vertebrase un sistema político basado en el bipartidismo.
• Pacificar el país, poniendo fin a la guerra de Cuba y al conflicto carlista.

La primera medida política de importancia fue la convocatoria de elecciones para unas Cortes constituyentes, pues la Constitución de 1869, defendida por las fuerzas políticas más democráticas, había quedado sin efecto tras la proclamación de la República. Pese a que Cánovas no era partidario del sufragio universal, dispuso que las primeras elecciones del nuevo régimen se hiciesen por ese sistema, aunque posteriormente debería volverse al sufragio censitario.

La Constitución de 1876: La Constitución elaborada en 1876 es una clara muestra del liberalismo doctrinario, caracterizado por el sufragio censitario y la soberanía compartida entre las Cortes y el rey. Se trataba de una constitución de carácter conservador e inspirada en los valores históricos tradicionales de la monarquía, la religión y la propiedad. La Constitución consideraba a la monarquía como una institución superior, al margen de cualquier decisión política. Constituía un poder moderador que debía ejercer como árbitro en la vida política y garantizar el buen entendimiento y la alternancia entre los partidos políticos. Por ello, se establecía la soberanía compartida y se concedían amplios poderes al monarca: derecho de veto, nombramiento de ministros y potestad de convocar las Cortes, suspenderlas o disolverlas sin contar con el gobierno.

Las Cortes eran bicamerales y estaban formadas por el Senado y el Congreso de los Diputados. La Constitución no fijaba el tipo de sufragio, pero una ley de 1878 estableció el voto censitario, limitado a los mayores contribuyentes. Sin embargo, en 1890, cuando estaba en el poder el partido liberal, se aprobó el sufragio universal masculino. En el Senado, la mitad de los senadores lo eran por derecho propio o vitalicio, lo que daba opción al rey y al gobierno a nombrar directamente a los senadores. La Constitución también proclamaba la confesionalidad católica del Estado, aunque toleraba otras creencias siempre que no se hiciese manifestación pública de ellas. En consecuencia, se restableció el presupuesto del culto y clero para financiar a la Iglesia. Asimismo, el nuevo texto constitucional contaba con una prolija declaración de derechos, pero su concreción se remitía a leyes ordinarias posteriores que, en general, tendieron a restringirlos, especialmente los derechos de imprenta, expresión, asociación y reunión.

Partidismo y turno pacífico

Antonio Cánovas del Castillo introdujo un sistema de gobierno basado en el bipartidismo y en la alternancia en el poder entre el conservador y el liberal, que renunciaban a los pronunciamientos como mecanismo para acceder al gobierno. Se aceptaba, por tanto, que habría un turno pacífico de partidos que aseguraría la estabilidad institucional mediante la participación en el poder de las dos familias del liberalismo y pondría fin a la intervención del ejército en la vida política. El ejército, que constituía uno de los grandes pilares del régimen, quedó subordinado al poder civil. Así, una Real Orden de 1875 estableció que la misión del ejército era defender la independencia nacional y que no debía intervenir en las contiendas de los partidos. Como contrapartida, se otorgaba a los militares una cierta autonomía para sus asuntos internos y se dotaba al ejército de un elevado presupuesto. De este modo, el turno pacífico eliminó del panorama político de la Restauración el problema de los pronunciamientos y el protagonismo de la presencia militar en los partidos y en la vida política española, que habían caracterizado la época de Isabel II.

El fin de los conflictos bélicos

La estabilidad del régimen se vio favorecida por el fin de las guerras carlistas y cubana. La Restauración borbónica privó a la causa carlista de una buena parte de su hipotética legitimidad y algunos personajes del carlismo acabaron reconociendo a Alfonso XII. Además, el esfuerzo militar del gobierno a lo largo de 1875 hizo posible la reducción de los núcleos carlistas en Cataluña, a pesar de que habían conseguido algunos éxitos militares en las batallas de Alpens y Castellfollit. La intervención del ejército al mando de Martínez Campos forzó finalmente la rendición de los carlistas en Cataluña, Aragón y Valencia.
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Sin embargo, el conflicto continuó unos meses más en el País Vasco y Navarra, donde fue trasladada la mayor parte del ejército gubernamental, que consiguió debilitar la resistencia navarra y vasca hasta su total rendición en 1876. En febrero de ese mismo año, Carlos VII cruzó la frontera francesa hacia el exilio y la guerra se dio por finalizada en todo el territorio. La consecuencia inmediata de la derrota carlista fue la abolición definitiva del régimen foral. De este modo, los territorios vascos quedaron sujetos al pago de los impuestos y al servicio militar, comunes a todo el Estado. Sin embargo, en 1878, se estipuló un sistema de conciertos económicos que otorgaba un cierto grado de autonomía fiscal a las Provincias Vascas, en virtud de la cual éstas pagarían anualmente a la administración central una determinada cantidad recaudada directamente por las Diputaciones Provinciales.

El final de la guerra carlista permitió acabar más fácilmente con la insurrección cubana (Guerra de los Diez Años, 1868-1878). Como resultado de la actuación militar y de la negociación con los insurrectos, en 1878 se firmó la Paz de Zanjón. En ella se incluía una amplia amnistía, la abolición de la esclavitud (aprobada en 1888) y la promesa de reformas políticas y administrativas por las que Cuba tendría representantes en las Cortes españolas. El retraso o incumplimiento de estas reformas provocaría el inicio de un nuevo conflicto en 1879 (Guerra Chiquita) y la posterior insurrección de 1895.

ENTIDAD DE LAS TRANSFORMACIONES AGRARIAS

La agricultura continuó siendo la base fundamental de la economía, aunque el sector agrario español permaneció en situación de estancamiento, resultando obstaculizado su pleno desarrollo especialmente por dos motivos:

• Factores naturales: físicos, edafológicos y climáticos. Los suelos peninsulares son pobres, rocosos y secos a causa de la baja pluviosidad. Además, la altitud peninsular provoca fuertes heladas que afectan negativamente a los cultivos.
• Factores sociopolíticos: La desigual distribución de la propiedad de la tierra en España condenaba a la extrema pobreza a la mayoría del campesinado.

Sin embargo, durante el reinado de Isabel II aumentó rápidamente la superficie de terreno cultivado, las desamortizaciones causaron la ocupación y roturación de tierras antes incultas y por ello creció constantemente la producción agraria total española (cereales, vid, olivo, etc.). Durante el siglo XIX, los liberales españoles llevaron a cabo una reforma agraria cuyos tres momentos básicos fueron:

• Abolición del régimen señorial.
• Supresión de los mayorazgos.
• Desamortizaciones de Mendizábal y Madoz.

La reforma agraria liberal persiguió sólo finalidades económicas:

• Liberalizar la agricultura para que el factor productivo tierra pudiera circular libremente en el mercado. Para conseguir esto era necesario acabar con los bienes amortizados o de «manos muertas»; así se denominaba en la terminología de la época a los bienes propiedad de entidades incapacitas por ley para venderlos o enajenarlos (aquí se incluían, por ejemplo, las tierras de la Iglesia, de los municipios y los mayorazgos).
• Eliminar obstáculos al desarrollo del capitalismo en la agricultura.
• Traspasar toda la tierra a manos de particulares, de propietarios privados individuales.

La última desamortización se realizó en 1855, aprovechando un período en que los progresistas ocuparon el poder; se promulgó una ley desamortizadora elaborada por el ministro de Hacienda, Pascual Madoz. Los objetivos de Madoz eran recaudar fondos para la Hacienda estatal y obtener ingresos para financiar obras públicas. La venta de las tierras municipales arruinó a los ayuntamientos y tampoco solucionó el crónico problema de la deuda pública. Esta desamortización perjudicó a los vecinos más pobres, lo que forzó a una parte de la población rural a emigrar a las ciudades. Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz afectaron al 20% del suelo español. El sector agrario no sirvió de estímulo al desarrollo industrial y a la modernización económica de España.

3.2. El proceso de industrialización y sus límites

Aunque España experimentó durante esta época un proceso de modernización y aceleración industrial, este fenómeno se concentró en Barcelona (sector textil) y en Bilbao, Oviedo-Gijón y Málaga (sector siderometalúrgico). El resto del país permaneció virtualmente desindustrializado. Comparando el caso español con la evolución de Inglaterra, Francia y Bélgica, observamos que la incorporación de España a la revolución industrial resultó tardía. Las causas que explican este retraso o fracaso de la industrialización en la España del siglo XIX son:

• Motivos políticos: la pérdida de los territorios americanos, la guerra de la Independencia, la inestabilidad durante el reinado de Fernando VII y las guerras carlistas más tarde.
• Escasez de carbón: Este mineral era de mala calidad y poco abundante en la península.
• Carencia de materias primas: Por ejemplo, el algodón, materia básica para la industria textil catalana, debía importarse enteramente.
• Deficiente red de comunicaciones: Además, la orografía hispana encarecía y dificultaba los transportes.
• Atraso tecnológico español.
• Falta de capitales nacionales.
• Dependencia técnica, financiera y energética del exterior.
• Debilidad del mercado interior español: a causa de la baja capacidad adquisitiva y de consumo de la mayor parte de la población, especialmente de la rural.
• Excesivo apego de los grupos industriales españoles a las protecciones arancelarias: cuya consecuencia fue la escasa competitividad en el mercado internacional de los productos manufacturados españoles por su mayor precio y su menor calidad.
• Estancamiento de la agricultura española.
• Resultados negativos de la desamortización: así mismo, la compra de tierras desamortizadas distrajo grandes sumas de capital que podrían haberse invertido en la industria.
• Factores socioculturales: como la ausencia de mentalidad empresarial o el elevado índice de analfabetismo, cuyo efecto económico consistió en dificultar a los trabajadores la ampliación de sus conocimientos.

Por sectores, es preciso destacar cómo en la industria siderúrgica se impusieron los modernos altos hornos para la producción de hierro utilizado para la fabricación de maquinaria textil, instrumentos agrícolas y material ferroviario. En el sector textil se introdujeron hacia 1840 la máquina de vapor y las máquinas de hilar. En cuanto a la minería, la intensificación de la explotación en los yacimientos de Huelva, Murcia y Ciudad Real. Durante el Sexenio Democrático se aprobó una legislación minera (1868-70) que supuso la desamortización del subsuelo español. La totalidad de los yacimientos mineros pertenecían al Estado, eran bienes nacionales, pero tras estas nuevas leyes fueron vendidas en pública subasta las minas estatales. La mitad del subsuelo minero acabó en manos de compañías extranjeras.

El ferrocarril: El protagonismo correspondió al ferrocarril, que resultó un nuevo medio de transporte de pasajeros y mercancías barato y rápido.

• Pautas financieras: El Estado no asumió la construcción de las líneas, que se realizó mediante concesiones gubernamentales a empresas privadas. Según fijaba la Ley General de 1855, el Estado otorgaba la construcción de cada línea en subasta a la empresa constructora que aceptara la subvención económica pública más baja. Se impuso como condición que a los 99 años de quedar finalizadas las líneas pasarían a ser propiedad del Estado. Este método seguido para efectuar las concesiones provocó la utilización de materiales de baja calidad en las construcciones; además, el Estado descuidó el rigor en las tareas de inspección de las obras. El resultado fue la realización de una deficiente infraestructura viaria (railes, traviesas y material móvil), que se estropeaba continuamente, haciendo necesarios cuantiosos gastos en reparaciones; por ello, las compañías de ferrocarril apenas obtuvieron beneficios económicos. Los elevados costes de financiación de las obras explican que las dos mayores compañías concesionarias de ferrocarril, MZA y NORTE, fueran francesas. Tampoco la industria española se vio favorecida por el desarrollo del ferrocarril, ya que gran parte del material (locomotoras, vagones) fue adquirido a empresas belgas, francesas e inglesas.
• Pautas de planificación: Se completó una red radial a escala nacional con centro en Madrid.
• Criterios estratégicos: Elección de un ancho de vía de 1,67 m de distancia entre carriles, distinto al del resto de Europa (1,44 m). El motivo era evitar que el ferrocarril fuese utilizado por un ejército extranjero, facilitando así la ocupación de la península; el recuerdo de la invasión napoleónica estaba cercano. Esta decisión resultó una equivocación técnica que contribuyó a aislar a la economía española de la europea. El motivo era que se pensaba que la orografía del terreno haría necesaria máquinas más potentes y grandes.