Introducción

El periodo que transcurre entre 1868 y 1874, conocido como el Sexenio Democrático, es una etapa convulsa y dinámica en la historia de España. Se suceden rápidamente hechos como la Revolución de 1868, el Gobierno Provisional y la elaboración de la Constitución de 1869, la monarquía de Amadeo I, la Primera República y el gobierno autoritario de Serrano. A pesar de la inestabilidad, este periodo se entiende como un bloque en el que se produce la consolidación del régimen liberal en España.

Este periodo coincide con una serie de acontecimientos históricos que se desarrollan en Europa, como el proceso de unificación de Italia y Alemania, el auge del movimiento obrero, el estallido de la Comuna de París (1871), etc. Acontecimientos que influyeron en la historia de nuestro país.

La Revolución de 1868

Las causas de la Revolución de 1868, que puso fin al reinado de Isabel II, se remontan a 1863 y son muy variadas. Podemos dividirlas en dos grupos: económicas y políticas, aunque ambas están relacionadas.

La situación económica se había ido deteriorando a partir de 1864. Se unieron la crisis de la industria textil, la de la construcción ferroviaria, el hundimiento de las Bolsas, la bancarrota de la Hacienda y una crisis de subsistencia por las malas cosechas (1866-1867). La consecuencia de esta situación fue el descontento generalizado entre los grupos dirigentes, que comprendieron que la política isabelina no les convenía, y la clase obrera, sumida en el paro, el hambre y la impotencia derivada de tanta represión gubernamental.

En 1868 casi nadie defendía la causa isabelina. La Reina se había ido apoyando alternativamente en los gobiernos conservadores de O’Donnell y Narváez, cuya única política consistía en el mantenimiento del orden y del sistema conservador de la Constitución de 1845. A los progresistas, encabezados por Prim, se unían ahora los demócratas y los republicanos, que veían en el advenimiento de una República el cambio decisivo hacia la democratización del país. Los dirigentes obreros también veían en la «revolución» la posibilidad de sacar adelante sus reivindicaciones. Al Pacto de Ostende, firmado por progresistas y demócratas, acabaron por sumarse los unionistas en 1867, tras la muerte de O’Donnell, convencidos de la inviabilidad del régimen isabelino.

Grupos sociales que apoyaron la Revolución

• Los grupos financieros e industriales apoyaron la revolución porque el régimen isabelino era incapaz de solucionar la crisis económica y crear un clima propicio para los negocios.
• Algunos miembros de la oligarquía terrateniente apoyaron la idea del cambio como posible solución al desorden social.
• Entre los militares, el recuerdo de la matanza del Cuartel de San Gil (1866) empujó a muchos de ellos a apoyar la conspiración.
• Las masas populares apoyaron decididamente el pronunciamiento por el paro existente, la miseria y la indignación por la corrupción generalizada de los gobernantes.

En realidad, «la Gloriosa» no fue una revolución popular, sino uno más de los pronunciamientos militares de la época, encabezado por los generales Serrano, Prim y Topete. El apoyo popular vino después, cuando los partidos organizaron Juntas Locales y Provinciales, entregaron armas a la población y organizaron a los llamados «Voluntarios de la Libertad».

El día 17 de septiembre el almirante Topete se sublevó en Cádiz, el General Serrano derrotaba a las tropas gubernamentales de Narváez en Alcolea y el día 29 la Reina atravesaba la frontera camino del exilio.

Pronto se demostró que los conspiradores no pretendían realizar una «revolución social». Su objetivo principal era acabar con el régimen isabelino, por este motivo las primeras medidas del Gobierno Provisional, presidido por Serrano, fueron encaminadas a restablecer el «orden social», disolviendo las Juntas locales y reclamando a los «voluntarios de la libertad» la devolución de las armas.

La Junta revolucionaria de Madrid procedió a autodisolverse e invitó a las demás a hacer lo mismo, aunque muchas de ellas se resistieron, conscientes de que significaba el fin de la revolución, pero una tras otra acabaron cediendo. A comienzos de diciembre la «normalidad institucional» era completa, y el gobierno pudo convocar elecciones a Cortes Constituyentes (sufragio universal masculino para mayores de 25 años, apenas un 24% de la población total).

La Constitución de 1869

La campaña electoral se desarrolló en medio de la polémica sobre la forma de Estado: Monarquía o República. Los representantes de la Unión Liberal y del partido Progresista, que eran mayoría en el gobierno, eran partidarios de la Monarquía. Los representantes del partido Demócrata estaban indecisos. Pese al apoyo explícito del Gobierno a la opción monárquica, la campaña transcurrió con plena libertad de opinión y de prensa. El censo se amplió de 400.000 votantes a casi 4 millones, originando el problema siguiente: más del 80% de la población masculina era analfabeta, lo que facilitó que el voto se inclinara hacia las preferencias de las autoridades locales.

El triunfo correspondió al bloque monárquico, aunque en las ciudades, excepto Madrid, triunfó la opción republicana. Constituida las Cortes, éstas procedieron a elaborar una nueva Constitución. Aprobada en junio de 1869, se estructura en 112 artículos y 11 títulos, siendo la primera constitución democrática de nuestra historia y una de las primeras en Europa.

Características de la Constitución de 1869

• Se reconoce la soberanía nacional, próxima al término de popular que los demócratas quisieron insertar, sin éxito, en el texto.
• Se establece un sistema de monarquía democrática y parlamentaria en la que el Rey tiene limitadas sus competencias.
• La división radical de poderes: el legislativo reside en las Cortes, el ejecutivo corresponde a los ministros, que responden de su gestión ante las Cortes, y el judicial a un cuerpo de jueces independientes. Se regula el acceso por oposición a la carrera judicial.
• Exhaustiva declaración de derechos, para evitar posibles restricciones por interpretaciones erróneas. Se establecían como derechos imprescriptibles: la libertad, la inviolabilidad de domicilio, derecho al voto, de residencia, libertad de enseñanza, expresión (se prohíbe la censura), reunión y asociación, siempre que no sean contrarios a la moral pública y no comprometan la seguridad del Estado.
• El sufragio universal para los varones mayores de 25 años. El Congreso se elegiría a razón de un diputado por cada 40.000 habitantes, y el Senado de forma indirecta, a través de compromisarios elegibles entre los mayores contribuyentes y las altas jerarquías del Ejército y de la Iglesia. Se mantenía un modelo conservador de Senado, para moderar las decisiones del Congreso.
• Regulación de Ayuntamientos y Diputaciones, concejales elegidos por sufragio y éstos eligen a los alcaldes.
• Se aprobó la libertad de cultos, a la que se oponían moderados y carlistas, pero también el compromiso del Estado de mantener el culto y clero católicos, contra la opinión de los republicanos.
• Por último, se incluía el compromiso de regular la situación de las colonias de ultramar, promesa ya vieja y siempre olvidada.

En su conjunto, la Constitución de 1869 establecía un régimen democrático, apto para incluir en él a todas las fuerzas políticas que habían participado en la revolución, dentro de un orden burgués.