El retorno de Fernando VII

Fernando VII vuelve al trono de España tras la finalización de la Guerra de Independencia y lo establecido en el tratado de Valençay en 1813. En este Napoleón lo reconoce como rey de España. Su regreso planteó el problema de integrar al monarca en el nuevo modelo político de carácter liberal, definido por las Cortes de Cádiz en la Constitución de 1812. La ideología absolutista del rey y su clara defensa de la vuelta de las instituciones propias del Antiguo Régimen contará con el apoyo de nobleza, Iglesia y parte del ejército, además de la adhesión mayoritaria de las clases populares. Esta situación va a favorecer un clima de confrontación entre liberales y absolutistas que se mantendrá durante todo el reinado.

Fase Absolutista (1814-1820)

Fernando había abandonado el país como monarca absoluto y debía volver como rey constitucional (según la constitución de 1812). Los liberales no creen en la buena voluntad del rey y quieren que llegue a Madrid y jure la constitución. El rey acepta temeroso de enfrentarse a los que durante seis años habían luchado por él, habían gobernado el país y habían resistido al invasor. Sin embargo, los absolutistas (nobleza, clero, parte del ejército y un grupo de diputados) quieren que vuelva como rey absolutista, para mantener los privilegios del Antiguo Régimen. El rey entra por los Pirineos y se dirige a Valencia donde le entregan el “Manifiesto de los Persas”, donde se hace una reivindicación de la monarquía de origen divino. También se pide la abolición de la Constitución de 1812, y la anulación de las leyes elaboradas por las Cortes de Cádiz. Es en definitiva una “invitación al golpe de Estado” que fue favorablemente recibido por Fernando VII y que lo impulso a reinstaurar el absolutismo. Cuando Fernando VII ve el apoyo mayoritario del pueblo y de los estamentos privilegiados, y la debilidad de los liberales, da un golpe de Estado y durante los seis años siguientes (1814-1820) gobernará aplicando los restablecidos principios del absolutismo. Por tanto se procederá, entre otras medidas, a la anulación de la obra de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de 1812, a la vez que se restaura el régimen señorial, el sistema gremial, se restablece el tribunal de la Inquisición y se devuelve al clero sus conventos y propiedades vendidas por el régimen anterior. Estas medidas se tomaron en un contexto difícil debido a los graves problemas en que se encontraba sumido el país: Problemas derivados de la guerra: desorden en el medio rural y decadencia de la agricultura, ganadería y manufacturas, comercio paralizado y la crisis de la Hacienda estatal, motivada por el descenso en la recaudación de impuestos y la desaparición de los ingresos procedentes de América por el inicio de los movimientos independentistas. Problemas asociados al mantenimiento de los privilegios del Antiguo Régimen, al mantener los privilegios de clase, se cierra el camino a una reforma fiscal y se impide el comienzo de la industrialización, por lo que el equilibrio financiero solo podía mantenerse a costa de reducir los presupuestos y de convertir a España en una potencia de segunda fila. Problemas políticos debidos a la radicalización entre liberales y absolutistas, ya que son excluyentes al subir al poder, dejando al otro en la clandestinidad. Se persiguió sistemáticamente a los elementos liberales, lo que obligó a éstos a organizarse en sociedades secretas y a intentar acabar con el absolutismo mediante repetidos pronunciamientos. Inmediatamente fueron detenidos o asesinados los principales dirigentes liberales, mientras otros huyeron hacia el exilio. Los sucesivos gobiernos del rey fracasaron, al no tener un programa coherente y por la incapacidad de la denominada camarilla, grupo próximo al rey pero con nula solvencia para atajar los graves problemas del periodo. Ante este panorama se produce la oposición de la burguesía liberal y clases medias urbanas que reclaman la vuelta a la Constitución de 1812 También parte del ejército, antiguos guerrilleros, crean un sector liberal y quieren reformas. Esta oposición se manifiesta en: pronunciamientos liberales (Mina, Lacy…), algaradas en las ciudades, amotinamientos campesinos. En enero de 1820, el coronel Riego (en Cabezas de San Juan, Sevilla) dispuesto a marchar a América con las tropas se sublevó y recorrió Andalucía proclamando la Constitución de 1812. El pronunciamiento triunfa por la debilidad del gobierno y se abre un nuevo periodo de gobierno liberal.

Trienio Liberal (1820-23)

El golpe de Riego, la pasividad del ejército, la actuación de los liberales en las ciudades y la neutralidad de los campesinos obliga a Fernando VII a ser un monarca constitucional. Regresan los liberales del exilio. Fernando VII nombra un nuevo gobierno, éste proclama: una amnistía y convoca elecciones. En las nuevas Cortes, con mayoría de liberales, se inicia el restablecimiento del régimen liberal. Entre los liberales presentes en las Cortes hay dos tendencias: Doceañistas (liberales moderados) Son los protagonistas de las Cortes que proclamaron las Constitución de 1812, aconsejan una política moderada de reformas, para no enfrentarse al rey y la nobleza y no asustar a los propietarios burgueses. Dan la revolución liberal por instaurada y son defensores de aplicar el texto constitucional sin necesidad de retoques. Veinteañistas (exaltados) Son los que han hecho triunfar la revolución de 1820 y quieren continuar con el proceso revolucionario. Para ello estiman necesaria la reforma en un sentido progresista de la Constitución. Se enfrentan al rey y quieren reformas rápidas. Se apoyan en los liberales de las ciudades, parte del ejército, intelectuales y prensa. La presencia de estas dos tendencias, tendera a debilitar a los liberales y a ralentizar la labor del gobierno, que ya tenía frente si a una importante oposición de grupos absolutistas. Las nuevas Cortes toman las siguientes medidas: – Abolición de los gremios y establecimiento de la libertad de industria. – Supresión de los señoríos jurisdiccionales y de los mayorazgos. – Supresión del diezmo y desamortización de las tierras de la Iglesia – Reforma del sistema fiscal, del código penal y del funcionamiento del ejército. – Supresión de la Inquisición Con estas leyes pretenden acabar con el feudalismo, sacar tierras a la venta, implantar el capitalismo, liberalizar la industria y el comercio y desarrollar la burguesía comercial e industrial. Sin embargo, todo este amplio programa liberal va a despertar una amplia oposición: Fernando VII vetaba todas las leyes que podía. Conspiró desde el primer momento dentro y fuera de España (pidió ayuda a los países absolutistas). Los campesinos: las leyes capitalistas de los liberales no cumplieron sus deseos que eran el reparto de tierras y las rebaja de los impuestos. Por el contrario, la abolición del régimen señorial implica la desaparición del vínculo señor-campesino y suponía la expulsión de las tierras (ya no podían pagar los impuestos en especie, sí en dinero. Cada vez más pobres). Nobleza y clero: perjudicados por la supresión del diezmo, la venta de los bienes de los monasterios y la supresión de los señoríos. En este clima de enfrentamiento, la Santa Alianza prepara un ejército – los Cien Mil Hijos de San Luís. Francia es la encargada de dirigir la invasión. Entran casi sin resistencia militar española y reponen a Fernando VII como monarca absoluto. Nada pudieron hacer los liberales antes unas tropas que duplicaban a las suyas, y ni siquiera consiguieron movilizar al pueblo en la defensa de un régimen que no había calado en la sociedad española.

Década Ominosa (1823-33)

Esta vuelta al absolutismo fue seguida de una feroz represión contra los liberales y de nuevo gran parte de ellos marchó al exilio. Se depuró la administración y el ejército, se crearon comisiones de vigilancia y control, y un verdadero terror se extendió por todo el país. Con las manos libres, el rey invalidó toda la legislación del Trienio, y puso fin a este segundo intento de revolución liberal. Surgen los Realistas Puros, son los absolutistas más radicales que apoyaban a Carlos Isidro (hermano de Fernando VII). Son el sector más reaccionario y clerical del absolutismo, que desconfiaban de Fernando VII, al que acusaban de transigir demasiado con los liberales. Más tarde recibirían el nombre de carlistas. La labor gubernamental realizada durante el periodo tuvo un mayor alcance que la llevada en el periodo anterior de gobierno absolutista. La mayor preocupación del rey fue el problema económico. Había déficit del Estado (emisión de deuda pública y petición de préstamos al extranjero). Se crea el Consejo de Ministros y se reorganiza la Hacienda, estableciéndose el presupuesto anual del Estado. Se crea la Bolsa y el Ministerio de Fomento y se promulga el código de comercio. Se establecen una serie de medidas para controlar el gasto público, y se pide la colaboración de la burguesía (liberales moderados) financiera e industrial. También se aplica una política proteccionista en defensa de la industria textil catalana. Este acercamiento a los liberales fue mal visto por nobleza y clero, descontentos con el rey porque no había repuesto la Inquisición, querían que castigara más a los liberales. Los descontentos se agrupan alrededor de Carlos María Isidro (Fernando VII todavía no tenía ningún hijo).