Portada » Historia » El Reinado de Isabel II en España: Transformaciones Políticas y Sociales
Soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, como aparece en el artículo 35: «El Rey y cada uno de los cuerpos colegisladores tienen la iniciativa de las leyes.». Por una división de poderes, en la que el poder ejecutivo era fuerte, mientras que el poder legislativo residía en el Rey al igual que el ejecutivo, se puede ver claramente en el artículo 14: «El número de senadores es ilimitado: su nombramiento pertenece al Rey.». En el artículo 22: «Para ser diputado se requiere ser español seglar, haber cumplido 25 años, disfrutar de rentas procedentes de bienes raíces, o pagar contribuciones directas a la cantidad que la ley electoral exija.» En el poder legislativo, las Cortes eran bicamerales (Congreso y Senado), en la que el Senado era elegido por el Rey, y el Congreso mediante un sufragio censitario muy restringido; todos ellos legislan junto con el Rey.
Se reconocen los derechos y libertades del individuo, pero estos derechos eran limitados (ya que eran conservadores moderados). Existía la exclusividad de la confesionalidad católica del Estado; esto se encuentra en el artículo 11: «La religión de la Nación española es la católica, apostólica, romana; el Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros.» Se asignó la designación de los alcaldes mediante elección gubernativa (la asignaba el Rey); esto se plasmó en el artículo 72: «En cada provincia habrá una diputación provincial elegida en la forma que determine la ley y compuesta del número de individuos que esta señale.»
Otras medidas adoptadas en esta década fueron la amplia legislación dirigida a favorecer a la oligarquía. Se aprueban leyes restrictivas que censuran a la imprenta y a las elecciones por sufragio censitario. Se creó la Guardia Civil en 1845, fundada por el Duque de Ahumada; este cuerpo servía para mantener la calma en la calle y que no hubiera desorden social. Hubo una serie de reformas legales, en las que se encontraba el código penal, vigente hasta hace muy poco; también reforzaron el centralismo y la hacienda favorable a la oligarquía terrateniente. Se firmó el Concordato de 1851, haciendo reconocer a Isabel II como regente a cambio del control de la educación, la censura y una serie de bienes a la Iglesia.
En este periodo, se fundó un nuevo partido: el Partido Demócrata. Se caracterizaba por la soberanía popular representada por las Cortes; el voto era universal, pero solo para los hombres. Este partido surgió de una división del Partido Liberal Progresista. Los poderes que limitaban al Rey fueron mínimos. Los demócratas apoyaban los poderes locales elegidos democráticamente; también apoyaban a la Milicia Nacional. Este partido contó con el apoyo de clases medias y bajas.
Narváez cada vez tenía un gobierno más autoritario; a esto se le une el estallido de la Segunda Guerra Carlista por querer casar a Isabel II con un carlista, oponiéndose estos. Las consecuencias de esta inestabilidad fueron fuertes tensiones contra Narváez, ya que los progresistas querían subir al poder. Hicieron un pronunciamiento en Vicálvaro, llamándolo la Vicalvarada, encabezada por los generales O’Donnell y Dulce, a lo que se le sumó la firma del Manifiesto de Manzanares, en la que se exigía tener un gobierno progresista cuanto antes; fue firmado por Cánovas del Castillo. Esto provocó la dimisión de Narváez y el fin del partido moderado.
Tras la dimisión de Narváez, la Reina encarga la formación de un nuevo gobierno al general Espartero, progresista que vuelve de su exilio. Es el comienzo de una nueva etapa: el Bienio Progresista (1854-1856). Se creó un gobierno de coalición presidido por Espartero, formado por progresistas y por O’Donnell, creando el nuevo partido Unión Liberal. La Constitución de 1856, de carácter progresista, no llegó a entrar en vigor, por lo que se la conocía como la «non nata». En este mismo periodo, se crearon una serie de leyes como la Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias, la Ley de Ferrocarriles y, por último, la Ley de Desamortización de Madoz. En 1855, este fue el segundo gran proceso desamortizador que creó la venta de bienes municipales, cuya venta dejó sin tierra a muchos campesinos, lo que originó la hostilidad con la Santa Sede, los moderados, los carlistas e incluso la Reina; a esto se le añadió la deuda pública, lo que descontento a las clases populares por el elevado coste de la vida. Había un clima de conflictividad social provocada por los impuestos de consumo y las quintas, que dieron lugar a una serie de motines. La pérdida de popularidad del gobierno y la oposición conservadora desembocan en la dimisión de Espartero, haciendo que la Reina llamara a O’Donnell para formar gobierno. La intervención de O’Donnell comenzó por disolver el parlamento, iniciándose otra etapa moderada con predominio de la Unión Liberal.
Se inicia ahora el gobierno de la Unión Liberal (1858-1863). La última etapa del reinado de Isabel II se caracterizó por el retorno del…