Portada » Historia » El Reinado de Isabel II: Consolidación del Régimen Liberal en España
El reinado de Isabel II se caracterizó por intentar destruir el antiguo régimen y todas sus estructuras socio-políticas y económicas. Mediante distintas constituciones (1837, la no nata de 1845, y la de 1856), se estableció la soberanía nacional, la división de poderes, la independencia de la justicia y la limitación del poder real. El reinado comenzó con la Guerra Carlista, de carácter sucesorio tras la muerte de Fernando VII. El triunfo del liberalismo hizo posible una monarquía constitucional y parlamentaria, la conversión de la propiedad colectiva en privada (desamortizaciones), y la libertad de comercio e industria, dando inicio al capitalismo en España. Sin embargo, el favoritismo, nombrando gobernantes moderados, impidió la alternancia en el poder con los progresistas, propiciando pronunciamientos militares (como la Granja o Vicalvarada).
Este periodo se divide en dos grandes etapas:
La transición entre el estado absolutista de Fernando VII y el liberal de Isabel II estuvo protagonizada por dos grupos políticos: los monárquicos reformistas (destaca Javier de Burgos) y los liberales moderados (entre ellos Martínez de la Rosa). El texto jurídico fundamental fue el Estatuto Real de 1834, que no se considera una constitución, sino una «tercera vía» entre liberalismo y absolutismo. En esta fase se realizaron algunas reformas: diseño de una división territorial en provincias (Javier de Burgos), liberación del comercio, la industria y los transportes, libertad de imprenta (con censura previa) y renacimiento de la milicia nacional. Los carlistas contribuyeron a la inestabilidad política. Por su parte, los progresistas promovieron un liberalismo popular, con la creación de juntas locales (1835-1836), provocando violentas revueltas.
El cese en el gobierno de Juan Álvarez Mendizábal provocó un pronunciamiento militar: el de los sargentos de la Granja de San Ildefonso (1836). La sublevación dio lugar a la Constitución de 1837, realizada por progresistas. Se retomaron las medidas desamortizadoras del Trienio Liberal. La más importante, promovida por Mendizábal, fue la desamortización de los bienes del clero regular (1836-1837), que conllevó la supresión de numerosas órdenes religiosas. Sus objetivos eran conseguir financiación para sufragar la deuda pública y los gastos de la Primera Guerra Carlista. Para lograrlo, convirtió la propiedad vinculada del antiguo régimen en propiedad libre. Como consecuencia, los terratenientes que adquirieron los bienes desamortizados constituyeron un apoyo social y político para el régimen isabelino. En estos años se decretó la desaparición de los señoríos y los mayorazgos (1836-1837), y se suprimió la Mesta y los gremios. Los progresistas tuvieron problemas para consolidarse frente a los moderados, que contaban con el apoyo de la reina regente. Finalmente, recurrieron a una insurrección militar, encabezada por Espartero.
El general Espartero desplazó a la reina María Cristina como regente y respaldó a los progresistas. Se impuso un régimen de liberalismo autoritario apoyado en el ejército. El carácter autoritario suscitó la oposición de políticos progresistas. El poder del regente provocó la aparición de rivales dentro del ejército, como Juan Prim, Serrano y Narváez. Entre las actuaciones políticas del gobierno de Espartero destacaron: retomar las leyes de Mendizábal (desamortización de los bienes del clero secular y abolición del diezmo), lo cual suscitó la oposición de la Iglesia y el Papado; y el intento de firmar un acuerdo de libre comercio con el Reino Unido, lo que generó enemistades con Francia y la industria textil catalana, que reivindicaba una mayor protección para sus productos e imposición de altos aranceles aduaneros para obstaculizar la importación de tejidos británicos.
Durante la mayoría de edad de Isabel II se procedió a la auténtica construcción del nuevo estado liberal. A diferencia de la época de regencia, el protagonismo correspondió a los políticos moderados.
En 1844, formó gobierno el general Narváez, líder de los moderados y protagonista de la década. En esta etapa destacan la estabilidad política, la Constitución de 1845, la centralización administrativa y legislativa, la reforma de la Hacienda y el acercamiento a la Iglesia católica. Narváez estableció un sistema político estable pero oligárquico, en el que el pueblo apenas estaba representado, primaba el orden sobre la libertad, las Cortes fueron suspendidas, el gobierno falseaba resultados electorales, existía corrupción administrativa y se marginó a los progresistas. Los gobiernos moderados promovieron la Constitución de 1845, que reforzó los elementos conservadores de la de 1837. Afirmaba la soberanía compartida entre las Cortes y el rey, limitaba la libertad de imprenta, aumentaba el poder de la corona, el Senado estaba formado por un número limitado de miembros designados por el monarca y el Congreso era elegido mediante sufragio censitario. Se implementó la centralización administrativa y legislativa para controlar la Administración provincial y local.