Portada » Historia » El Reformismo Político Durante el Reinado de Alfonso XIII: Maura y Canalejas
Durante el reinado de Alfonso XII (1875-1885) y la regencia de María Cristina (1885-1902), el sistema ideado por Cánovas del Castillo, amparado en el turnismo político y la Constitución de 1876, había traído una cierta estabilidad a España, pero a costa de una falta de libertades en el contexto de una democracia corrupta basada en el encasillado, el caciquismo y el falseamiento electoral. El régimen de la Restauración había logrado su objetivo de poner fin a las guerras en la Península y terminar con la influencia del Ejército en la política, pero había generado un descontento social palpable en el crecimiento del movimiento obrero y los nacionalismos periféricos que alcanzó su punto culmen en 1898 con la derrota militar frente a Estados Unidos y la consecuente pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas.
El desastre del 98 abrió en España un gran debate entre intelectuales, escritores y políticos sobre los males que sufría el país (miseria, ignorancia, analfabetismo, mal reparto de la riqueza, atraso con respecto a Europa…) que dio origen al movimiento regeneracionista. El regeneracionismo (mal llamado “revisionismo”), era un movimiento intelectual que proponía la puesta en marcha de un gran número de reformas políticas, económicas y educativas con el fin de modernizar el país. Dentro del movimiento regeneracionista, que alcanzó una especial relevancia durante los primeros años del reinado de Alfonso XIII (1902-1931), cabe distinguir dos tendencias: una de oposición al sistema de la Restauración, representada por figuras como Joaquín Costa (Oligarquía y Caciquismo, 1901); y otra practicada desde el poder por los líderes de los partidos dinásticos, como el conservador Antonio Maura y el liberal José Canalejas.
En el campo conservador, el impulsor del regeneracionismo fue Antonio Maura, presidente del Gobierno en 1903-1904 (“gobierno corto”) y en 1907-1909 (“gobierno largo”). Maura defendía la “revolución desde arriba”, es decir, la reforma del régimen de la Restauración desde las instituciones para conseguir así el apoyo de las masas y evitar la tan temida “revolución desde abajo” liderada por el movimiento obrero. Para ello, su programa político se basó en cuatro pilares:
De su labor política cabe destacar:
Aprobación de la Ley Electoral de 1907, que pretendía poner fin al caciquismo y al falseamiento electoral. Esta ley introducía el sufragio obligatorio; la elección automática en caso de haber un único candidato; nuevas condiciones para ser candidato, que dificultaban las candidaturas no pertenecientes a los partidos dinásticos; y el traslado al Tribunal Supremo de aquellas actas electorales en las que se apreciaran irregularidades graves. Sin embargo, estas medidas no acabaron con el caciquismo y no lograron integrar a nuevos grupos sociales en política.
A las ya creadas Ley de Accidentes de Trabajo y Ley sobre Condiciones de Trabajo de Mujeres y Niños (1900), o la Ley de Descanso Dominical (1904), se aprobaron la creación del Instituto Nacional de Previsión (1908) su cometido era facilitar los seguros sociales y dar una pequeña pensión de jubilación a los trabajadores que habían cotizado durante su vida laboral activa; y la Ley de Huelga (1909), más orientada a controlar las huelgas que a garantizar el derecho a ejercerlas, razón por la que su incumplimiento fue frecuente.
Ley de Administración Local de 1909, que daba cierta autonomía a los municipios y permitía la agrupación de diputaciones provinciales en mancomunidades. Sin embargo, los efectos sobre la vida política local fueron muy limitados.
Maura no pudo concluir su proyecto político de reformas a causa de lo sucedido durante la Semana Trágica de Barcelona (1909), una protesta contra el envío de tropas reservistas a Melilla que derivó en una violenta revuelta con levantamiento de barricadas, corte de líneas telegráficas, telefónicas y de ferrocarril y quema de iglesias, conventos y colegios religiosos que se extendió por diversas localidades catalanas. Ante esta situación, el Gobierno declaró el estado de guerra y reprimió duramente a los manifestantes, con un balance de más de setenta muertos, cientos de heridos y miles de detenidos, entre ellos el pedagogo anarquista Ferrer i Guardia, cuya injusta condena y posterior ejecución trajo consigo una oleada de protestas dentro y fuera del país que empujó a Alfonso XIII a destituir a Maura como presidente del Gobierno.
Entre 1910-1912 el presidente del Gobierno fue José Canalejas, perteneciente al ala más radical del partido liberal, cuyas medidas pusieron el acento en la reforma social, la intervención estatal en la economía, la separación de la Iglesia y el Estado y la democratización del régimen:
La Ley de la Silla, la jornada laboral de nueve horas en las minas y la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres en fábricas y talleres fueron algunas medidas; pero la supresión del impuesto de consumos, que gravaba los productos de primera necesidad; y el establecimiento del servicio militar obligatorio (1912) que ponía fin a la posibilidad de pagar un canon para evitar ir a la guerra fueron las medidas de mayor trascendencia.
Mediante la “Ley del Candado” 1910, que restringía el establecimiento de nuevas órdenes religiosas en España, pero que fue suprimida dos años más tarde.