El Estado socialdemócrata sueco y su impacto

Suecia fue pionera en el desarrollo de un modelo de Estado social que, tras la Segunda Guerra Mundial, se consolidaría como el Estado del Bienestar. Este sistema destacó por sus políticas sociales avanzadas y sus innovadoras relaciones laborales, basadas en el diálogo y el consenso entre trabajadores y empresarios.

Las fuerzas sociopolíticas

El asociacionismo obrero sueco se caracterizó por su unidad y moderación. La Confederación General de Trabajadores (Landorganisation o LO), fundada en 1899, fue clave en este movimiento y estuvo estrechamente vinculada al Partido Socialdemócrata. Este vínculo permitió una relación fluida y colaborativa entre las fuerzas laborales y políticas, lo que promovió un modelo reformista, no revolucionario. Aunque surgieron otros sindicatos especializados, como la DACO (1931) o la TCO (1937), estos no fragmentaron al movimiento obrero. Incluso la aparición del Partido Comunista no generó divisiones sindicales significativas.

La LO se organizó como una institución centralizada. Aunque las agrupaciones tenían autonomía en sus negociaciones, debían informar al comité confederal, y cualquier huelga significativa requería su aprobación. Por su parte, los empresarios también formaron una organización unitaria: la Unión de Empleadores Suecos (Svenska Arbetsgivareföreningen o SAF), creada en 1902, que exigía a sus miembros obtener aprobación previa para cualquier acuerdo. Esta estructura unificada fomentó la estabilidad en las relaciones laborales.

Relaciones laborales y política social

El modelo sueco sentó precedentes para el Estado del Bienestar al establecer marcos de diálogo entre capital y trabajo. Uno de los hitos tempranos fue el “Compromiso de Diciembre” de 1906, que permitió a los empresarios contratar y despedir libremente, mientras que los sindicatos obtuvieron el derecho a negociar las condiciones laborales. Sin embargo, una huelga general en 1909 interrumpió la paz social.

En la década de 1930, el Estado intervino directamente para garantizar la estabilidad laboral. En 1928 se aprobaron la Ley de Convenios Colectivos y la Ley del Tribunal de Trabajo. Estas normativas otorgaron un rango legal a los convenios colectivos, prohibiendo huelgas o cierres patronales durante su vigencia. Además, el Tribunal de Trabajo resolvía conflictos derivados de la interpretación de los acuerdos, con representación de ambas partes y mediadores imparciales.

Las políticas sociales también avanzaron significativamente. En 1913 se estableció un sistema de pensiones para la vejez, en 1916 se aprobó una ley de seguro obligatorio contra accidentes laborales, y en 1918 se introdujo la jornada laboral de ocho horas.

Crisis económica y reformas de 1932

En 1931, una grave crisis económica llevó a grandes manifestaciones, que culminaron en violencia y varios muertos. Este evento debilitó al gobierno liberal, lo que permitió al Partido Socialdemócrata ganar las elecciones de 1932. En coalición con el Partido Campesino, implementaron políticas reformistas basadas en el aumento del gasto público, empleo estatal, obras públicas y subsidios agrícolas. Estas medidas, que anticiparon el keynesianismo, se centraron en estimular la economía sin nacionalizar el sector productivo. El Estado también reguló actividades económicas y fomentó el pleno empleo, reduciendo el desempleo drásticamente entre 1933 y 1937.

Entre las reformas sociales destacaron la ley de 1934, que introdujo un seguro de desempleo subvencionado por el Estado, y las leyes de 1935 y 1937, que mejoraron el sistema nacional de pensiones. En 1938 se garantizó por ley dos semanas de vacaciones pagadas.

El Acuerdo de Saltsjöbaden y el modelo sueco

El Acuerdo de Saltsjöbaden de 1938 consolidó el marco de relaciones laborales en Suecia. Este pacto entre la LO y la SAF estableció normas para la negociación colectiva, prohibió huelgas y cierres patronales durante las negociaciones y exigió que cualquier despido fuera comunicado previamente al sindicato para buscar un acuerdo. También se creó el Consejo de Mercado de Trabajo, integrado por representantes sindicales y empresariales, como institución de arbitraje.

Tras la Segunda Guerra Mundial, el modelo sueco se convirtió en una referencia global, ejemplificando cómo el diálogo y el consenso entre sindicatos, empresarios y políticos podían sustentar un Estado del Bienestar sólido. La moderación de todas las partes involucradas y el protagonismo de los sindicatos en las negociaciones fueron elementos clave para su éxito, con una intervención estatal limitada pero efectiva. Suecia se consolidó así como la cuna del Estado del Bienestar moderno.