Portada » Historia » El Ejército y las Constituciones en la España del Siglo XIX: Un Análisis Comparativo
La Primera Guerra Carlista (1833-1840) se puede relacionar con otros conflictos similares en Europa y América Latina, ya que fue una guerra civil motivada por tensiones políticas, dinásticas y sociales. En este tipo de conflictos, el ejército desempeñó un papel clave, no solo como fuerza de combate, sino también como un instrumento político.
En primer lugar, se puede comparar con la Guerra de Sucesión Española (1701-1714), ya que ambos conflictos surgieron por disputas dinásticas. En la Primera Guerra Carlista, la lucha fue entre los partidarios de Carlos María Isidro (carlistas) y los liberales isabelinos (partidarios de Isabel II). Al igual que en la Guerra de Sucesión, los ejércitos representaban divisiones sociales y territoriales profundas. El ejército carlista defendía el tradicionalismo rural, mientras que el ejército isabelino simbolizaba la modernidad liberal y urbana.
También guarda semejanzas con la Guerra Civil Inglesa (1642-1651), donde las divisiones político-religiosas y sociales marcaron el enfrentamiento. Mientras que en España la lucha era entre el tradicionalismo absolutista y el liberalismo, en Inglaterra se enfrentaron realistas y parlamentarios. En ambos casos, los ejércitos no solo combatieron, sino que contribuyeron a consolidar nuevas estructuras políticas.
Otra comparación es con las Guerras de Independencia en América Latina (1810-1825), en las que se enfrentaron sectores conservadores, ligados a la monarquía y la Iglesia, con sectores liberales que buscaban establecer nuevas formas de gobierno. En España, los carlistas representaban el antiguo orden, mientras que los liberales querían modernizar el país. En ambos casos, los ejércitos fueron fundamentales para la represión o el avance de los bandos en conflicto.
Finalmente, la Primera Guerra Carlista tiene semejanzas con la Guerra Civil Estadounidense (1861-1865), ya que ambos conflictos presentaron divisiones territoriales y sociales claras. En Estados Unidos, los estados del sur defendían tradiciones agrarias, mientras que el norte apostaba por la industrialización y la centralización, algo similar a la lucha entre carlistas y liberales en España.
En la Primera Guerra Carlista, el ejército desempeñó un papel crucial. Estuvo dividido ideológicamente, ya que algunos oficiales veteranos de las guerras napoleónicas apoyaron a Carlos, mientras que otros se unieron al bando liberal de Isabel II. Además, las fuerzas carlistas, aunque menos profesionalizadas, utilizaron guerrillas y el apoyo rural para resistir al ejército isabelino, que contaba con mejores recursos y una estructura más centralizada. Este conflicto también consolidó al ejército isabelino como herramienta clave para establecer el Estado liberal y profesionalizar las fuerzas armadas, garantizando el nuevo orden político. En resumen, el ejército no solo definió el resultado militar de la guerra, sino que también ayudó a configurar el modelo político y social de España.
La Constitución de 1812, conocida como “La Pepa”, fue redactada durante la Guerra de Independencia contra Napoleón y marcó el inicio del constitucionalismo español. Se basaba en la soberanía nacional, estableciendo que el poder residía en la nación y no en el rey. Reconocía derechos como la igualdad ante la ley, la libertad de imprenta y la propiedad privada, aunque mantenía el catolicismo como religión oficial sin tolerancia para otros cultos. Dividía claramente los poderes: el legislativo recaía en las Cortes unicamerales, el ejecutivo en el rey y el judicial en los tribunales. En cuanto al modelo territorial, era centralista, eliminando los fueros regionales y unificando la administración.
La Constitución de 1837 surgió en un contexto de compromiso entre progresistas y moderados, durante la regencia de María Cristina. También reconocía la soberanía nacional, pero con mayor protagonismo para el rey, quien recuperaba prerrogativas como el veto suspensivo y la capacidad de disolver las Cortes. Se ampliaron derechos como la libertad de prensa, la inviolabilidad del domicilio y la abolición de privilegios nobiliarios. Aunque el catolicismo seguía siendo la religión oficial, se toleraba el culto privado de extranjeros. El legislativo se dividió en dos cámaras (Congreso y Senado), marcando un equilibrio de poderes. Territorialmente, seguía siendo centralista, aunque permitía cierta descentralización en ayuntamientos y diputaciones.
La Constitución de 1845, promulgada por los moderados durante el reinado de Isabel II, representó un retroceso conservador. Aunque hablaba de soberanía nacional, esta se compartía con el rey, quien asumía un papel dominante en la política. Los derechos reconocidos fueron más limitados que en la de 1837: se restringieron las libertades de prensa y asociación, y el catolicismo volvió a ser exclusivo sin tolerancia para otras confesiones. El Senado dejó de ser electivo y pasó a ser designado por el rey, quien también tenía capacidad para disolver las Cortes. En el modelo territorial, reforzó el centralismo al aumentar el control del gobierno central sobre ayuntamientos y diputaciones.
Por último, la Constitución de 1869 fue el texto más progresista del siglo XIX, redactado tras la Revolución Gloriosa que destronó a Isabel II. Afirmaba que la soberanía residía exclusivamente en la nación, sin concesiones al monarca. Reconocía derechos individuales y colectivos como la libertad de culto, de prensa, de asociación y de enseñanza, además de garantizar la inviolabilidad del domicilio. Establecía una monarquía democrática con un legislativo bicameral, compuesto por un Congreso y un Senado, ambos electivos, mientras que el rey tenía un papel limitado como jefe de Estado. Territorialmente, seguía siendo centralista, pero con mayor autonomía para ayuntamientos y provincias.
En conjunto, la Constitución de 1812 fue pionera en sentar las bases del liberalismo español. La de 1837 supuso un equilibrio entre avances progresistas y el poder monárquico. La de 1845 reflejó un retroceso hacia el conservadurismo, mientras que la de 1869 representó el punto culminante del liberalismo y la democratización en España.