Portada » Historia » El Bienio Reformista de la Segunda República Española: Un Periodo de Transformaciones y Tensiones
El Bienio Reformista se caracterizó por un intento de modernización del Estado español desde una perspectiva de izquierdas, con reformas que generaron una gran división social. Sin embargo, la crisis económica mundial de 1929 y sus repercusiones en España dificultaron la implementación de estas reformas y aumentaron la conflictividad social.
Tras la aprobación de la Constitución de 1931, Niceto Alcalá-Zamora fue elegido presidente de la República, y Manuel Azaña lideró un gobierno conformado por republicanos de izquierda, socialistas y nacionalistas catalanes y gallegos. Su objetivo principal era la transformación política, económica y social de España dentro de la legalidad, para lo cual se aprobaron leyes como la Ley de Defensa de la República (1931), destinada a combatir cualquier amenaza al régimen.
Se intentó solucionar la pobreza del campesinado, acabar con el latifundismo y redistribuir tierras. Se creó el Instituto para la Reforma Agraria (IRA) para gestionar la expropiación de tierras mal cultivadas o improductivas, indemnizando a sus propietarios, salvo en el caso de los «Grandes de España». Sin embargo, la aplicación de la reforma fue limitada por su complejidad técnica, falta de presupuesto y la oposición de terratenientes y sectores conservadores. Esta tensión llevó a ocupaciones ilegales de tierras por parte de campesinos, lo que generó disturbios.
Se reconoció la autonomía de Cataluña con la aprobación del Estatuto de Nuria (1932), estableciendo competencias en educación, economía y orden público. Francesc Macià fue el presidente de la Generalitat. No obstante, la oposición del ejército y sectores conservadores provocó un intento de golpe de Estado liderado por el general José Sanjurjo en 1932.
El Estatuto Vasco fue rechazado por su carácter tradicionalista y confesional. Su tramitación quedó paralizada hasta 1936, mientras que los estatutos de otras regiones, como Galicia o Andalucía, quedaron en proyectos debido a la Guerra Civil.
El gobierno buscó limitar el poder de la Iglesia y secularizar la sociedad. La Constitución de 1931 estableció la no confesionalidad del Estado y la libertad de cultos. Se aprobaron la Ley del Divorcio (1932) y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas (1933), que eliminaban la financiación estatal a la Iglesia y prohibían la enseñanza religiosa en centros educativos. También se disolvió la orden de los jesuitas y se eliminaron símbolos religiosos de los edificios públicos. Esto provocó un fuerte rechazo por parte de la jerarquía eclesiástica, que movilizó a los sectores católicos en contra de la República.
Se promovió una educación laica, mixta, obligatoria y gratuita, con un gran esfuerzo en la construcción de escuelas y el aumento del presupuesto en educación. Sin embargo, los problemas económicos limitaron la implementación de estas medidas. Para compensar la falta de acceso a la cultura en zonas rurales, se crearon las Misiones Pedagógicas, con intelectuales como Federico García Lorca y Antonio Machado, que llevaban teatro y actividades culturales a los pueblos.
Bajo la dirección de Francisco Largo Caballero, se aprobaron varias leyes para mejorar las condiciones laborales:
Estas reformas fueron rechazadas por los empresarios y sectores conservadores.
Se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de orden público leal a la República. El malestar dentro del ejército llevó al intento de golpe de Estado del general Sanjurjo (1932) y a la formación de la Unión Militar Española (UME), organización clandestina de militares derechistas.
Las reformas dividieron profundamente a la sociedad. La oposición conservadora incluyó a sectores eclesiásticos, militares, terratenientes y empresarios. En respuesta, surgieron grupos como:
Por otro lado, la izquierda también se dividió. Mientras que la CNT se fracturó entre moderados y la FAI (más radical), el PCE exigía reformas más profundas. La UGT, aunque apoyaba al gobierno, sufrió tensiones internas. Esto llevó a huelgas y levantamientos campesinos, como el de Castilblanco (Badajoz, 1931) y el de Arnedo (La Rioja, 1932), donde la represión causó varias muertes.
El 10 de agosto de 1932, el general Sanjurjo intentó un golpe de Estado en Sevilla, que fracasó. Sin embargo, los sucesos de Casas Viejas (Cádiz, enero de 1933) marcaron el declive del gobierno. Durante una revuelta anarquista, la Guardia Civil y la Guardia de Asalto ejecutaron a 25 personas, lo que generó una gran crisis política. Los socialistas retiraron su apoyo a Azaña, lo que llevó a la disolución del gobierno.
El 19 de noviembre de 1933 se convocaron nuevas elecciones, en las que votaron por primera vez las mujeres en España. Así terminó el Bienio Reformista, dando paso a una etapa más conservadora.