Tema 3. Proceso de desamortización y cambios agrarios

1. INTRODUCCIÓN.

PRINCIPIOS DEL LIBERALISMO

Según la doctrina liberal, los hombres deberían ser felices. Para alcanzar dicha felicidad es necesario poseer unos bienes que aseguren tanto el presente como el futuro. Desde esta perspectiva la propiedad se convierte en un derecho natural, pues se trata del medio imprescindible para alcanzar la felicidad.

Ya que todos los hombres buscan la felicidad, es necesario que gocen de total libertad y se encuentren en igualdad de oportunidades. Atendiendo a esto, el Estado debe garantizar:

– La propiedad privada

– La libertad

2. LA DESAMORTIZACIÓN

De acuerdo con estos razonamientos, la revolución liberal burguesa actuó sobre el sistema de tenencia y propiedad de la tierra, logrando cambios significativos.

En el Antiguo Régimen gran parte de la tierra era de manos muertas, es decir, estaban fuera del mercado. Pertenecían a la Iglesia o a los municipios. Además de no tributar no podían ser vendidas. Al encontrarse fuera del mercado se obstaculizaba su capitalización y mejora. por lo que era necesario proceder a la desamortización de la tierra, pues ésta, en gran parte, se encontraba amortizada, es decir, fuera del circuito comercial, y vinculada a una familia (señorío nobiliario) o institución (Iglesia y ayuntamientos). A esta situación jurídica atribuían los liberales su escasa productividad, además de su encarecimiento, por el reducido volumen de tierras en el mercado. En el siglo XVIII los reformistas ilustrados, preocupados por maximizar los beneficios procedentes de la explotación de la tierra, trataron, tímidamente, de cambiar el sistema señorial de propiedad. Pero habrá que esperar al siglo XIX para que se produzcan verdaderos cambios en el sistema de propiedad y tenencia de la tierra.  Hay que decir que aunque el proceso se remonta a Godoy, la desamortización fue obra, fundamentalmente, de los gobiernos liberales durante el reinado de Isabel II y su objetivo fundamental no fue llevar a cabo una auténtica reforma agraria, sino recaudar dinero para reducir la deuda pública.

Para llevarla a cabo  fue necesario desvincular los bienes de la nobleza y desamortizar los bienes eclesiásticos y municipales:

– Mediante las desvinculaciones se liberan las tierras de los patrimonios vinculados, pasando sus titulares de usufructuarios a propietarios, pudiendo de este modo vender libremente sus posesiones. Para poner en marcha las desvinculaciones eran necesarias otras medidas legales previas:

Abolir los señoríos, lo cual implicaba acabar con las relaciones de dominio de los señores sobre los habitantes de sus territorios.

Convertir la tierra en propiedad particular y libre.

Suprimir los mayorazgos. Era ésta una institución de origen medieval mediante la que se asegura la integridad de los patrimonios, transmitiéndose estos al primogénito, que quedaba como usufructuario, no pudiendo vender los bienes heredados y debiendo transmitirlos íntegros a sus herederos.

– A través de la desamortización el estado nacionaliza los bienes, eclesiásticos o civiles (de los municipios) para su posterior venta en subasta pública.

Con estas medidas se pretendía, en definitiva, aumentar el número de propietarios, los cuales, mediante la aplicación de su trabajo, aumentarían su riqueza, y con ello su felicidad, al tiempo que contribuirían a aumentar la riqueza nacional.

En una desamortización se pueden distinguir grosso modo varios pasos:

– En primer lugar se promulgan leyes para proceder con las desvinculaciones de los bienes nobiliarios y la desamortización de los bienes eclesiásticos y municipales.

– A continuación el estado se apropia de dichos bienes, dejando de este modo de estar en manos muertas (fuera del mercado) para convertirse en bienes nacionales susceptibles de ser vendidos en el mercado.

– Finalmente esos bienes salen a la venta en subasta pública.

 Los beneficios obtenidos por el Estado español fueron destinados principalmente a amortizar la dilatada deuda pública.

3. EL PROCESO DESAMORTIZADOR EN ESPAÑA( la legislación desamortizadora)

La desamortización se produjo de manera discontinua, siendo impulsada o frenada según el signo político de los gobiernos constituidos.

Desde 1767 (año en que los jesuitas fueron expulsados de España por el gobierno ilustrado durante el reinado de Carlos III) hasta 1924 (cuando Calvo Sotelo derogó definitivamente las leyes sobre la desamortización) pasaron a manos privadas casi 20 millones de hectáreas, el 39% de la superficie del Estado.

Pueden distinguirse una serie de fases en este largo proceso desamortizador:

– Desamortización de Godoy (1798), ministro de Carlos IV.

– Desamortización de José I y de las Cortes de Cádiz (1811-1813)

– Desamortización del Trienio Liberal (1820-1823)

– Desamortización de Mendizábal (1836-1851)

– Desamortización de Madoz (1855-1924)

Una de las primeras desamortizaciones eclesiásticas se llevó a cabo en tiempos de Carlos IV, hacia 1798. El estado obtuvo permiso de la Santa Sede para expropiar determinados bienes. Así, Godoy autoriza  en 1798 la desamortización de los bienes de la suprimida Compañía de Jesús y de las obras pías (hospitales, hospicios, casas de misericordia, etc.) para, con el dinero recaudado por su venta, hacer frente al pago de la deuda pública en un contexto de guerras. Se vendió entonces la sexta parte de las propiedades de la Iglesia.

Durante la Guerra de Independencia (1808-1814) el gobierno de José I por un lado y las Cortes de Cádiz por otro decretaron nuevas desamortizaciones, que al igual que las que se pusieron en marcha durante el Trienio Liberal (1820-1823), no tuvieron casi ninguna repercusión debido a la reposición del absolutismo monárquico. No obstante, su importancia radica en que sirvieron de precedente a las desamortizaciones liberales posteriores. De hecho, durante el Trienio Liberal se aplicó el decreto de 1813 (supresión de monacales y desamortización de la mitad de los bienes de propios y baldíos). También se procedió a desvincular los señoríos, que se transformaron en propiedad privada plena, y a suprimir el mayorazgo. Si  bien, como hemos mencionado anteriormente, con la vuelta a la restauración absolutista, durante el reinado de Fernando VII,  anularía toda esta obra.

Las desamortizaciones posteriores serán las más importantes de todas, debido a la importancia de los bienes a los que afectaron y a la transcendencia que tuvieron. Nos referimos a la desamortización de Mendizábal (1835) y a la desamortización de Madoz (1855). Las analizaremos a continuación con un poco más de detenimiento:

3.1. Desamortización de Mendizábal (1836)

También denominada eclesiástica, debido al importante volumen de bienes pertenecientes a la Iglesia a los que afectó.

Mendizábal actuó durante el Bienio Progresista (1835-1837), primero como primer ministro, más tarde como ministro de Hacienda. Es la época de la I Guerra Carlista, conflicto en el que se estaba decidiendo la continuidad de Isabel II en el trono, y con ello la continuidad del nuevo estado liberal.

Con el objeto de poder financiar la guerra, así como para poder respaldar las futuras peticiones de préstamos a instituciones extranjeras con las que financiar los proyectos de desarrollo liberales, era necesario disminuir la deuda pública existente. Estos fueron motivos suficientes que permitieron legitimar la publicación del Decreto desamortizador de febrero de 1836 impulsado por Mendizábal, a través del que se ponían en venta todos los bienes del clero regular (frailes y monjas). Al año siguiente, en 1837, otra ley amplió los bienes afectados a los del clero secular.  Sin embargo, la caída de los progresistas imposibilitó su aplicación hasta 1841, durante la Regencia de Espartero.

Con la venta en lotes de la tierra, creía Mendizábal que se constituiría una masa de pequeños y medianos propietarios, base del propio desarrollo económico del país. Además, consideraba que los adquirientes procurarían mejorar las técnicas de cultivo para hacer más rentable su explotación y que la mejora de la agricultura redundaría en un crecimiento económico general.

Para desamortizar los bienes de manos muertas, se procedió a nacionalizar dichos bienes, por lo general sin indemnización, y a venderlos en subasta pública. Aunque las tierras debían ser divididas en lotes, no siempre se cumplió con este requisito, ni las comisiones encargadas del proceso se aseguraron de impedir que un mismo comprador -o sus intermediarios-  compraran varios lotes.  Y como consecuencia del gran tamaño de los lotes sacados a subasta sólo los más pudientes pudieron participar en las compras. El campesinado no pudo participar en las subastas debido a su incapacidad económica.  El decreto de Mendizábal admitía como forma de pago (además de metálico) los títulos de deuda pública, muy devaluada, tras entregar al contado el 20% del importe total y pudiendo aplazar el resto entre 8 y 16 años. Salieron beneficiados los poseedores de deuda pública, es decir, la burguesía; además, de ese modo se recaudó menos de lo previsto, si bien el Estado pudo amortizar una parte de su deuda.

Como consecuencia de la desamortización se desarrolló en España una nueva clase propietaria, una burguesía agraria, que identificaría sus intereses con el mantenimiento y la estabilidad del nuevo régimen liberal. Por otra parte, la desamortización trajo consigo la ruptura de las relaciones diplomáticas con Roma.

Entre 1836 y 1844 se puso a la venta más del  60% del patrimonio de la Iglesia y se recaudaron cerca de 3.500 millones de reales. Desde esa fecha, con los moderados al frente del gobierno, la desamortización se suspendió.

3.2. Desamortización de Madoz (1855)

A través de la Ley de Desamortización general, de 1 de mayo de 1855, durante el Bienio Progresista, en el reinado de Isabel II,  se pusieron en venta los bienes eclesiásticos que no habían sido afectados en la etapa desamortizadora anterior, así como los bienes de los pueblos, los denominados bienes de propios, con cuyo arrendamiento se sufragaban los gastos de los concejos, y los bienes comunales o baldíos, que eran aprovechados libremente por los vecinos, constituyendo una parte bastante importante de las economías domésticas campesinas.

Su finalidad esencial era recaudar fondos para la construcción del ferrocarril y acabar con una forma de propiedad propia del pasado. En este caso sólo se aceptó dinero en efectivo como forma de pago, un 10% al adquirir las propiedades. Por lo que sólo se aceptó el pago en metálico, Salvo en contadas excepciones.  Al pagarse los bienes por su valor real, la burguesía no mostró tanto interés como en la desamortización anterior. Además, y especialmente a partir de 1870, comenzaron a aparecer en España nuevas opciones de inversión que ofrecían intereses más altos a la burguesía. No obstante, respecto a  su valor económico, esta desamortización duplicó a la de Mendizábal, con casi 5.000 millones de reales recaudados,  y su aplicación se extendió hasta 1924, aunque el grueso de las ventas de hicieron entre 1855 y 1867. 

El campesinado participó en mayor medida en las compras, al menos esto es así en las zonas centro y norte peninsular. En el sur, el gran tamaño de las fincas sacadas a subasta continuó impidiendo al pequeño campesino acceder a las subastas.

4. CONSECUENCIAS DEL PROCESO DESAMORTIZADOR y valoración.

Las desamortizaciones, aunque no produjeron una auténtica reforma agraria, capaz de sentar las bases para el desarrollo económico, tuvieron importantes repercusiones, tanto en la agricultura como en otros campos.

En primer lugar se modificó el régimen jurídico de la propiedad de la tierra, liberalizando su compraventa y trasformando la propiedad vinculada en libre y plena.

No cambió, sin embargo la estructura de la propiedad que, por el contrario, vio consolidada por las desamortizaciones. En la España septentrional se mantuvo el predominio de la pequeña y mediana propiedad, pues muchos cultivadores pudieron agrandar sus propiedades, o adquirirlas si eran arrendatarios. Pero en el centro y sur, donde existía ya una estructura latifundista, aumentó la gran propiedad, en parte por que la nobleza conservó todo su patrimonio, ahora desvinculado. Además, las fincas de la Iglesia y los municipios que salieron a subasta, fueron adquiridas por quienes tenían recursos, en metálico o en títulos de deuda pública. Los compradores eran ya grandes propietarios o miembros de una burguesía más interesada en adquirir un bien seguro y de prestigio (seguía relacionándose la propiedad de la tierra con la nobleza) que en invertir en las tierras adquiridas para hacer de ellas una empresa productiva. Estos motivos explican que en las zonas latifundistas hubiese muchos absentistas entre los compradores, mientras que en el tercio norte predominaran los propios vecinos. En consecuencia, la tierra no quedó repartida de manera equitativa entre la sociedad. El objetivo no era llevar a cabo una reforma agraria, sino recaudar dinero para respaldar los planes del estado.

El crecimiento de la superficie cultivada derivó en un aumento de la producción, pero no de la productividad ya que a penas se modernizó la agricultura y las roturaciones afectaron a tierras de escasa fertilidad, dando lugar pronto a rendimientos decrecientes y precios poco competitivos. Los nuevos propietarios no introdujeron mejoras técnicas por no poder afrontar esta inversión o por no estar interesados, al ser absentistas y disponer de abundante mano de obra barata.

Afectó también a la organización del paisaje al roturase baldíos, dehesas y bosques, con la consiguiente deforestación y perjuicio para la ganadería. Se introdujeron, además, cambios en el sistema de cultivo, condicionando de ese modo la evolución de la agricultura española. Así, el policultivo de subsistencia fue sustituido por un monocultivo comercial, cerealista en las mesetas y viticultor en Cataluña y olivarero en Andalucía.

No se consiguió paliar el problema de la hacienda pública, en parte debido al sistema de pagos, pues los títulos de la deuda pública se aceptaron por su valor nominal mientras que se encontraban muy devaluados.

Los principales beneficiados fueron la nobleza y la burguesía urbana. Los primeros porque vieron transformado el señorío territorial en propiedad privada plena; los segundos porque fueron los principales compradores. Surgiría en consecuencia, una nueva burguesía agrícola que tratará de emular el estilo de vida y los comportamientos propios de la vieja nobleza.

Por el contrario, salieron perjudicados la Iglesia, los ayuntamientos y los campesinos pobres. No  se consiguió crear una clase de pequeños propietarios adictos al liberalismo, puesto que los campesinos no pudieron comprar las tierras y los contratos de arrendamiento impuestos por los nuevos propietarios endurecieron sus condiciones, cuando no expulsaron a estos arrendatarios para explotar directamente las tierras mediante el trabajo de jornaleros, cuyo número se estima pudo elevarse por encima de los dos millones. Los municipios perdieron sus ingresos por el arriendo de los bienes de propios y ya no contaban con los terrenos comunales que servían de medio de subsistencia a los campesinos más pobres, que vieron empeorar su vida. Ello explica que el carlismo arraigase entre los pequeños campesinos del norte, defensores del mantenimiento de las tradiciones forales, y el anarquismo prendiera pronto entre los jornaleros del sur, deseosos del reparto de la tierra.  Fueron los propietarios más acomodados se unieron al liberalismo, formando una nueva aristocracia terrateniente.

Finalmente, debe recordarse el expolio del patrimonio artístico y cultural, pues los conventos e iglesias desamortizados, al perder a sus moradores, en la mayor parte de los casos se vinieron abajo; sus enseres, mobiliario y obras de arte, se perdieron o mal vendieron, muchas veces a extranjeros y a una precio irrisorio.  Los compradores, en la mayoría de los casos, no pudieron o no quisieron mantener este patrimonio. En las ciudades, sin embargo, este patrimonio pasó a manos del Estado, que reutilizó los edificios expropiados, algunos como museos en los que exhibir los objetos artísticos también nacionalizados. El derribo de otros inmuebles trasformó el aspecto de las ciudades, ahora ensanchadas con plazas y avenidas.

En conclusión, no se aprovechó para hacer una reforma agraria, como propuso el diputado Florez Estrada, para quien el Estado debía alquilar la tierra a los pequeños campesinos y destinar esos ingresos al sostenimiento de la deuda pública. Sólo se buscaba beneficiar a  la burguesía comercial y financiera, que era el apoyo social del nuevo régimen. Por el contrario, los grandes perjudicados fueron los pequeños campesinos, los municipios y la Iglesia. Los compradores no invirtieron en la modernización de la explotación agraria ni se creó una clase de medianos propietarios. No se dieron las circunstancias favorables para que la agricultura sirviera de base a la Revolución Industrial al no existir un mercado interior, debido al escaso poder adquisitivo de la población.

5. TRANSFORMACIONES AGRARIAS Y DESAMORTIZACIÓN EN ANDALUCÍA

La desvinculación no supuso una modificación de la estructura económica vigente hasta entonces. Los viejos señores se convirtieron en propietarios, aumentando incluso sus patrimonios con la compra de los bienes de propios, comunales o baldíos y eclesiásticos.

La estructura de la propiedad prexistente salió fortalecida, consolidándose el  latifundismo especialmente  en la Baja  Andalucía.

La transferencia de fincas afectó a una quinta parte del territorio andaluz total, aunque su importancia varía según zonas.

Se aprecia, grosso modo, una clara continuidad en la producción, tipos de cultivos y técnicas empleadas. La producción aumentó en torno al 5%, aunque debido en mayor medida al aumento de la superficie cultivada que al aumento de la productividad. Esto se debió fundamentalmente a la existencia de un sistema de explotación agraria que ofrecía grandes beneficios a los pocos propietarios existentes, que explotaban una mano de obra muy abundante y barata con el menor coste de inversión posible. El buen funcionamiento de este sistema hacía innecesario su cambio. Dicho cambio comenzaría a ser demandado por el proletariado agrario una vez que empezaran a tomar conciencia de clase y se organizaran en torno a concepciones políticas, socialistas y anarquistas fundamentalmente.