Desamortizaciones en España: Transformación de la Propiedad y Consecuencias (Siglo XIX)

Concepto de Desamortización

En un sentido liberal, la desamortización se define como la transformación de la propiedad amortizada (aquella que no podía ser vendida ni dividida) en propiedad libre. Desde una perspectiva histórica, se refiere a la incautación estatal de bienes raíces de propiedad colectiva amortizada, ya sea eclesiástica o civil. Tras la nacionalización y posterior venta, estos bienes pasaban a formar una nueva propiedad privada, con plena libertad de uso y disposición.

Se trata, por lo tanto, de un proceso político y económico de larga duración en España que pretendió la formación de una propiedad coherente con el sistema liberal. Es decir, la instauración de la propiedad libre, plena e individual que permitiera maximizar los rendimientos y el desarrollo del capitalismo en el campo.

Antecedentes de las Desamortizaciones

Durante el gobierno de Godoy, se inició un proceso desamortizador al permitir la venta al Estado de tierras de la Iglesia a cambio de vales reales. El gobierno de José I suprimió algunas órdenes religiosas y vendió sus bienes. De manera similar, las Cortes de Cádiz proyectaron la supresión de órdenes monacales con la misma intención. Con la vuelta de Fernando VII, la cuestión se paralizó.

En el Trienio Liberal (1820-1823), se suprimieron los mayorazgos y se dictó la Ley de Monacales, por la cual se suprimieron la mayoría de las órdenes religiosas y sus bienes fueron subastados a particulares. Sin embargo, el retorno del absolutismo dejó nuevamente en suspenso estos decretos.

En 1836, se suprimieron definitivamente los mayorazgos y, en 1837, se puso en práctica la Ley de Señoríos. Esta ley supuso la desamortización señorial, que convertía las tierras señoriales en propiedad particular y libre, pero no implicaba la incautación de las mismas por el Estado. También se suprimieron los derechos de la Mesta.

La Desamortización Eclesiástica de Mendizábal (1836)

En octubre de 1835, Juan Álvarez Mendizábal publicó un decreto por el que se suprimían las órdenes religiosas y se nacionalizaban sus bienes territoriales. En febrero de 1836, otro decreto ponía en venta los bienes de las órdenes eclesiásticas extinguidas. Este hecho supone el primer gran proceso desamortizador en España. Inicialmente, afectó a los bienes del clero regular y, a partir de 1840, con Espartero, se sumaron también bienes del clero secular.

Los objetivos de la desamortización de Mendizábal eran:

1. Sanear la Hacienda Pública: Solucionar el déficit y la deuda del Estado.
2. Obtener fondos militares: Financiar un ejército para ganar la guerra contra los carlistas, que se encontraba en su momento más decisivo.
3. Movilizar la propiedad: Favorecer el acceso a la tierra de sectores burgueses que pudieran capitalizarla, modernizarla y revalorizarla.
4. Crear una nueva clase de propietarios: Generar un grupo de propietarios agrícolas vinculados a la causa liberal y que le sirvieran de apoyo, buscando un mejor reparto de la propiedad con cierto contenido social.
5. Debilitar a la Iglesia: Desmantelar el poder económico de la Iglesia y mermar su influencia contrarrevolucionaria, así como castigarla por su apoyo al carlismo.

El sistema de venta fue el de subasta pública. La mayor parte de las tierras fueron acaparadas por terratenientes y burgueses, que eran los únicos con liquidez en ese momento. El pago se realizaba en plazos: un 20% al momento de la compra y el 80% restante en 16 años con un interés del 5%. También se admitía el pago con vales del Estado, aunque en este caso el plazo era de 8 años y el interés del 10%. Este sistema se justificaba por la urgencia de la guerra y la situación desesperada de la Hacienda Pública, pero imposibilitaba el objetivo social de un mejor reparto de la propiedad.

Las ventas, realizadas a un precio medio del 223%, se llevaron a cabo a buen ritmo hasta 1844. Con los moderados en el poder, el ritmo decreció hasta suspenderse en 1851 como consecuencia del Concordato con la Santa Sede. Entre 1836 y 1844, se vendieron propiedades eclesiásticas, primero solo del clero regular y, después, algunas del secular.

La Desamortización General de Madoz (1855)

El ministro de Hacienda, Pascual Madoz, inició la segunda gran fase desamortizadora con la Ley de Desamortización General. Esta ley ponía en venta todos los bienes de propiedad colectiva amortizada, en lo que se conoció como la desamortización civil o municipal. Consistió en la nacionalización y venta en pública subasta de los bienes de los Ayuntamientos, tanto los bienes propios como los comunales. Afectó a bienes del clero, instituciones públicas, la beneficencia y la Corona. Se liquidaron todos los bienes amortizados, alcanzándose el valor más elevado en ventas de todo el proceso desamortizador.

La nueva ley introdujo algunas novedades: el producto de las ventas se destinó a subvencionar obras públicas, en especial el ferrocarril. Además, solo se aceptaba dinero en metálico como forma de pago.

Valoración de Conjunto de las Desamortizaciones

La desamortización rompió la organización jurídica existente, haciendo aptas las tierras para ser vendidas. Con la introducción de la propiedad privada y la libertad de mercado en el sector, se iniciaba una nueva etapa en la agricultura española. Sin embargo, los resultados fueron decepcionantes en varios aspectos:

• Consecuencias económicas: La deuda pública se redujo y el Estado pudo sanear la Hacienda. No obstante, la mayor parte de los capitales españoles quedaron «enterrados» en tierras, impidiendo su inversión en sectores más productivos como la industria.
• Consecuencias políticas: Se desmanteló el poder económico de la Iglesia, pero el Estado se comprometió a financiar los gastos del culto y del clero, aumentando la carga presupuestaria. Además, la tensión con el Vaticano aumentó con las medidas de Madoz, que violaban los acuerdos del Concordato de 1851. Los ayuntamientos quedaron sin recursos y dependientes de la Administración Central.
• Consecuencias sociales: La mayor parte de las tierras pasaron a manos de nobles y burgueses, reforzando la clase latifundista y creando una nueva clase burguesa urbana. Los campesinos humildes fueron los más perjudicados: pocos pudieron acceder a la propiedad y la mayoría se convirtieron en jornaleros. Las familias más pobres quedaron sin recursos, agravando las condiciones de vida en el mundo rural y estimulando el rencor hacia el liberalismo. Las duras condiciones de explotación generaron tensiones sociales que aumentaron con la conciencia proletaria y las organizaciones obreras en el campo. En resumen, la desamortización no logró crear una amplia clase media agraria, aunque sí contribuyó a sustituir la estructura social señorial-campesina del Antiguo Régimen por una estructura capitalista.
• Consecuencias culturales: La desamortización provocó un importante expolio de bienes culturales, especialmente en los monasterios, tanto en obras arquitectónicas como en bienes muebles.

Transformaciones Agrarias en el Siglo XIX

Durante el siglo XIX, la agricultura siguió siendo esencial en la economía española, aunque en situación de estancamiento debido al atraso técnico y a la desigual distribución de la propiedad. Se trataba de una agricultura de subsistencia basada en el cultivo del cereal, con técnicas agrarias tradicionales como la rotación trienal, el arado romano y el desconocimiento del uso de abonos. Los agricultores disponían de poco capital para mejorar su equipo y escasos medios auxiliares. La situación se agravaba por las trabas de la ganadería trashumante, como la prohibición de roturar tierras de pastos o cercar fincas, y por reglamentaciones que limitaban la comercialización de productos o intervenían en su precio.

La agricultura española presentaba signos inequívocos de atraso. La falta de inversión y de mejoras técnicas mantenía sistemas tradicionales inadecuados para las crecientes necesidades de la población. La escasez de capitales, tanto en grandes como en pequeñas explotaciones, favorecía el inmovilismo y los cultivos extensivos basados en el barbecho.

La agricultura se había convertido en un problema económico y social acuciante. Esta situación no fue bien resuelta por las medidas reformistas del régimen liberal, como la abolición del régimen señorial y el proceso de desamortización.

Se produjo una ampliación de las tierras cultivadas y de la producción agraria, centrada en los cereales, la vid y el olivo. Esta expansión estuvo acompañada de la desforestación.

El cereal fue el principal cultivo. En 1931, el valor de la producción de cereales representaba más del 40% del total. A finales de los años 20, el precio del trigo en España era más de un 50% superior al del mercado internacional, obligando a la población urbana a consumir alimentos a precios mucho mayores. Otros cultivos tuvieron una trayectoria más dinámica, como la expansión de la viticultura en La Rioja y Cataluña, y la mejora de la venta del aceite de oliva. También aumentó el cultivo de la naranja.